El ‘comando Andalucía’ de ETA asesina a Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en Sevilla y a su esposa, Ascensión García

ETA ha llevado hasta el final la lógica de su amenaza contra todos los cargos públicos del Partido Popular. El doble asesinato de Sevilla extiende la intimidación a cualquier familiar y a todo el territorio español. Pero por duro que sea el trance no hay otra respuesta que la unidad de los demócratas y la eficacia de las fuerzas de seguridad. No cabe recurrir a los mismos métodos que emplean los terroristas ni ceder a sus exigencias. Aun a sabiendas de que no hay forma material de proteger individualmente a los 25.000 cargos públicos del PP y a sus familiares.De acuerdo con el sondeo de urgencia realizado ayer por EL PAÍS, los ciudadanos exigen sobre todo a los partidos acabar con las querellas que rompen la unidad democrática y que ETA interpreta como una confirmación de su acierto estratégico. Pero el momento exige también respaldar la firmeza del Gobierno en su negativa a ceder al chantaje.

¿Qué tendrán que ver un concejal de Sevilla y su mujer con los derechos de Euskal Herria invocados ayer por los amigos de ETA para explicar el asesinato de Alberto Jiménez-Becerril y Asunción García? ¿Cuál será el delito por el que tres niños de corta edad pasaron ayer de hijos a huérfanos? Hace años que los terroristas renunciaron a justificar cada crimen en particular. Eso lo dejan a los portavoces de su brazo político. Pero, dado que la elección de la víctima no guarda relación alguna con su comportamiento individual, esos intérpretes tampoco saben qué decir y se limitan a recitar lo de los derechos inalienables de Euskal Herria. Como si no existiera un Gobierno vasco desde hace 18 años, y como si el concejal de Hacienda de Sevilla fuera culpable de que los ciudadanos de Euskadi lleven esos mismos años resistiéndose de forma activa a votar a los intérpretes de ETA.

Los disparos de los terroristas han interrumpido una vez más el debate sobre cómo combatirles. Una polémica que últimamente había derivado hacia la cuestión de si la Ertzaintza es suficientemente eficaz para proteger a los concejales vascos del PP, y otras cuestiones conexas. Una protección completa para todas las víctimas potenciales de ETA es imposible. ¿Cuántos policías se necesitarían sólo para cubrir las espaldas de los concejales del PP en los 8.000 municipios españoles? ETA ya había avisado de sus intenciones con el atentado fallido contra dos ediles de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Y el intento del otro día en Santa Cruz de Campezo, Álava, demuestra que tampoco retroceden ante la posibilidad de que la víctima sea un familiar. El debate estaba mal planteado, y nadie parecía tener interés en superarlo. Lo ha zanjado ETA por el procedimiento acostumbrado: el tiro en la nuca.

Cuando el único objetivo es aterrorizar al mayor número de personas, basta con carecer de escrúpulos para alcanzarlo. Ayer, la misma mano que acababa de asesinar a Alberto Jiménez-Becerril efectuó un segundo disparo que atravesó la cabeza de Ascensión García. Si no hacía falta una razón para matar al concejal, ¿por qué iba a ser necesaria para asesinar a su mujer? Cuanto más inexplicable sea el crimen, mayor será la inquietud sembrada. De la lectura de los textos internos de ETA se deduce que la mayoría de las veces desencadenan sus ofensivas sin saber muy bien por qué, más allá de esa mención a laextensión del sufrimiento.

Cuentan con que la ansiedad creada desencadene reacciones que acaben dando algún sentido político a sus crímenes. Por ejemplo, que personas aparentemente responsables sugieran la posibilidad de reimplantar la pena de muerte, o de decretar medidas de excepción, o la sustitución de la policía autonómica por la Guardia Civil, etcétera. Quien acostumbre a escuchar las emisoras de radio tras cada atentado sabe que esas reacciones están aseguradas. También las de aquellos que tras una frase fuerte del tipo «hay que coger el toro por los cuernos» acaban, propugnando rendirse a ETA, «porque así no podemos seguir». Nada tranquiliza tanto a los terroristas como la combinación de ambas ocurrencias. Les encanta escuchar propuestas que interpretan como la prueba de. un regreso al pasado y les permite alimentar la esperanza de que tal vez matando un poco más serán los propios miembros del PP quienes exigirán del Gobierno que se plíegue a sus exigencias.

La idea de que si no se puede vencer a los terroristas hay que sumarse a ellos es profundamente inmoral, pero no novedosa. El último atentado coincidió ayer con la celebración del Día Mundial de la Paz, en conmemoración del aniversario del asesinato de Gandhi. Pero había otro aniversario: hace 65 años, el 30 de enero de 1933, subía al poder Adolf Hitler. En los cinco años anteriores, su partido había pasado del 2% al 33% de los votos. Ese ascenso fue el resultado de la acomodación por parte de las fuerzas políticas conservadoras, a las exigencias de, la minoría nazi. Ante la renuncia de esas fuerzas a defender sus propios programas, la gente acabó respaldando a quien con más energía- y violencia- defendía el suyo.

No hay palabras para condenar la iniquidad del doble asesinato de ayer de ETA en Sevilla. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, sean cuales sean sus convicciones, ha tenido que sentir espanto y horror ante este crimen a quemarropa, que ha costado la vida a Alberto Jiménez-Becerril, por ser concejal del PP, y a Ascensión García Ortiz, por ser su esposa. Dejan tres niños de corta edad.

A ellos se refirió Aznar al comenzar su comparecencia: «Siento la mirada de esos tres hijos que nos preguntan: ¿Qué váis a hacer?». Un comentario muy parecido al del lehendakari Ardanza, que se interrogaba: «¿Qué estamos haciendo los políticos? ¡Qué vergüenza!». Tras el atentado, los principales dirigentes de los partidos realizaron reflexiones autocríticas similares a éstas, lamentando la polémica sobre los escoltas de días pasados pero culpando, de paso, a las otras formaciones.

Efectivamente, los recientes reproches resultan nimios frente a la magnitud de esta brutal acción, que, por enésima vez, pone a las fuerzas políticas frente a sus responsabilidades. Difícilmente se podrá avanzar de forma perceptible en la lucha contra ETA si no hay una unión entre los partidos democráticos, que deben dejar a un lado, de una vez por todas, sus legítimas e inevitables diferencias ideológicas para ponerse todos juntos a trabajar contra la banda.

ETA sabe muy bien a quién apunta. Tras asesinar a tres concejales del PP en el País Vasco en un plazo de siete meses, ha querido demostrar con la muerte de Jiménez-Becerril y su esposa que ningún representante o cargo público del PP está seguro en lugar alguno de la geografía española. Hasta ayer, los amenazados eran los cerca de 250 concejales y dirigentes populares vascos. A partir de hoy, la banda quiere transmitir el mensaje de que lo están los 24.000 concejales que tiene el partido en el Gobierno en todo el Estado.

Lo que la organización terrorista persigue con esta estrategia está muy claro: crear un clima de desaliento y pesimismo en la sociedad y en las instituciones para forzar al Gobierno a negociar con los violentos desde una posición de desventaja. Pero no lo pueden ni lo deben conseguir. Como resaltó Aznar, hay que responder a este «desafío completo» con la ley en la mano y con la unión de todos los demócratas.

La lucha contra ETA tiene, en primer lugar, una vertiente policial, que cobra un mayor relieve cuando se producen hechos como los de Sevilla. Las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza tienen que hacer lo posible y lo imposible para detener a los criminales y ponerles a disposición de la Justicia. Pero también deben asumir la protección de las vidas de los dirigentes o cargos electos que, por su filiación o el lugar donde residen, se convierten en blancos perfectos de la banda.

A este respecto, es obvio que el Estado no puede poner escoltas a esos 24.000 concejales del PP pero ello no constituye excusa para que no se proteja -sea la Ertzaintza o la Policía Nacional- a aquellas personas que corran un riesgo especial en el País Vasco. Es evidentemente mucho más peligroso ser concejal en Rentería o Irún que en un pueblo manchego.

En el dominio policial, hay otra cosa que se puede hacer: extremar la cooperación con Francia, que sigue siendo el refugio de la dirección y el aparato logístico de ETA. Es cierto que los comandos actúan en España pero el cerebro que los dirige y la financiación que los arma se hallan fuera. Sea deteniendo a los terroristas o haciendo imposible su siniestro trabajo, la eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza es esencial.

Desde el punto de vista político, también se pueden y se deben adoptar iniciativas que fortalezcan el frente de la paz y debiliten a los violentos. Pero sin olvidar que el Estado sólo puede ser generoso cuando los terroristas renuncien a imponer su voluntad por las armas.

Combatir el terrorismo requiere una extrema frialdad. Por ello, el Gobierno y los partidos democráticos no deben sucumbir a la tentación del fatalismo o el derrotismo. Visto el problema con perspectiva, es mucho lo que se ha avanzado en el plano político y social en la lucha contra la banda. Existe un enorme consenso popular en el repudio de las soluciones violentas, como ayer demostraron las reacciones espontáneas de rechazo a los asesinatos de ETA. La responsabilidad de los líderes políticos es retomar ese consenso y avanzar unidos contra la violencia, que es lo que exige la infinita mayoría de los ciudadanos.