El ‘Comando Donosti’ de ETA asesina al concejal del PP, Manuel Zamarreño, sustituto del también asesinado José Luis Caso

El asesinato del concejal de Rentería Manuel Zamarreño, a punto de cumplirse un año del de Miguel Ángel Blanco, interpela la conciencia cívica de este país, especialmente la de las instituciones, los partidos y la ciudadanía del País Vasco. Un sistema político en el que se produce el asesinato de un concejal de un determinado partido cada dos o tres meses no puede considerarse normal. Ahí sí que hay un déficit democrático, y la primera preocupación de todos los partidos debería ser hacerle frente desde la máxima unidad. Hasta ahora, sin embargo, no ha sido así, y de ello se han beneficiado quienes tratan de condicionar la vida democrática mediante el miedo.Es cierto que a veces hay que parlamentar con el enemigo, pero en tales casos no deja de considerársele tal. La situación de Euskadi no sólo es dramática, sino absurda. Algunos dirigentes políticos relevantes han llevado su confusión personal al punto de tratar como amigos a quienes consideran legítimo matar a los representantes de los partidos rivales. Sin duda, no bastan las soluciones policiales. También es preciso un rearme moral: acabar con esta confusión que lleva a ser más comprensivo con los etarras presos que con sus víctimas y con el brazo político de ETA que con el partido en que militan los ediles asesinados, y que hasta en días como el de ayer se sienten obligados a invocar los crímenes de los GAL, cometidos hace 12 años, antes de decidirse a condenar los de ETA.

Para cuando la banda terrorista asesinó al concejal de Rentería José Luis Caso, en diciembre de 1997, el PNV y otras fuerzas con responsabilidades de gobierno ya habían roto, con pretextos interesados, el compromiso de no colaboración con HB que habían suscrito tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Les preocupaba más la unidad abertzale que por entonces impulsaba el sindicato nacionalista ELA que las amenazas que ETA deslizaba contra los partidos no abertzales. Veinte días antes del asesinato de Caso, un comunicado de ETA advertía que todos «los representantes políticos del PP, hasta el último concejal», están «implicados hasta el cuello en la guerra para destruir a Euskal Herria como nación». Que Manuel Zamarreño, un padre de familia en paro, antiguo calderero, se dedicase a ese menester es algo que sólo los más tontos de entre los muy fanáticos podrían tomarse en serio. Pero ya antes de tomar posesión como sustituto de Caso le quemaron el coche, y Herri Batasuna se querelló contra él por haber afirmado que los concejales de dicha formación podían haber pasado a ETA la información para el atentado. El anterior edil asesinado por ETA, Tomás Caballero, de Pamplona, también había sido objeto de una querella de HB por haber criticado su complicidad con ETA.

El 13 de abril, al cumplirse cuatro meses del asesinato de Caso, su compañera de corporación Concepción Gironza anunció su intención de renunciar. Quince días antes, ETA había colocado una bomba en el portal de su casa. Entre ambos hechos, el 6 de abril, el sindicato ELA firmaba con LAB -el sindicato de HB- un manifiesto en el que se cuestionaba abiertamente el régimen autonómico como incapaz de satisfacer las aspiraciones de los vascos y el sistema político general como tramposo. Solo la degradación moral producida en los últimos años explica que personas en otros aspectos ecuánimes puedan afirmar que son las víctimas quienes están interesadas en que no desaparezca el terrorismo. O en asegurar con total seriedad que el día en que ETA deje de interferir podrá abordarse «sin complejos», «sin pudor», el problema de los jueces que no saben euskera.

¿Puede alguien seguir considerando que no hay relación entre la sistemática deslegitimación de las instituciones por parte de personas con gran influencia social y la persistencia de sectores que consideran legítimo el recurso a la violencia para obtener objetivos políticos? La movilización del año pasado tras el asesinato del concejal de Ermua dio a entender que la mayoría no sólo estaba contra ETA, sino contra sus cómplices, y también, contra quienes, yendo a lo suyo y afirmando solemnemente que no tienen nada que ver con ETA, no dejan, sin embargo, de facilitar a los terroristas la dosis mínima de legitimidad que necesitan para convencerse de que actúan en nombre de la nación vasca.

Es cierto que no existe una fórmula garantizada de acabar con ETA. Pero, en igualdad de condiciones, la decencia exigiría, como mínimo, no confraternizar con los que consideran que matar concejales es un método legítimo de lucha política.

Ayer, precisamente ayer, pocas horas antes de que se celebraran los funerales por el séptimo concejal del PP asesinado por ETA, va el señor Arzallus, el del Rh y acusa al PP, PSOE y diversos medios informativos de estar linchando al PNV y anuncia que ‘toma nota’.

¿Linchar al PNV?

¿Tomar nota?

Pero ¿qué dice este señor? A él si que se lehan cruzado los cables y no al pobre desgraciado del avión.

Linchar, señor Arzallus, es ‘castigar a muerte y sin proceso’.

Y eso es lo que los amigos de HB, esos con los que usted negocia, esos con los que usted coquetea, hicieron con Zamarreño, Caso, Iruretagoyena, Jiménez, Caballero, Ordoñez.

Eso es lo que los amigos de sus amigos de HB, hicieron con 800 ciudadanos sin otro pecado que ser españoles y caerles mal a los amigos de sus amigos de HB.

Dan asco sus palabras, señor Arzallus. Sus palabras y usted. Su hipocresía. Su cinismo. Su corazón de piedra ante tanto dolor, ese negro corazón que le hace decir que tener a ETA es como quien tiene una úlcera sangrante.

Vaya y dígalles a tantas y tantas familias que el padre, la madre, el marido o el hijo que reposa de por vida en un cementerio sin posibilidad de reagrupamiento no fue asesinado de un tiro en la nuca o con un coche bomba. No, nada de eso. Murió de una úlcera sangrante.

Lo digo y lo repito tantas cuantas veces sea preciso. No acabaremos con ETA mientras existan partidos que actúen como el suyo y obispos, rebosantes de amor cristiano, que no quieran celebrar funerales por un asesinado por ETA porque eso ‘crispa’ a la sociedad.

María Consuelo Reyna

Manuel Zamarreño rindió el pasado sábado un emotivo homenaje a los seis concejales del PP asesinados en un mitin del PP en Almuñecar (Granada). No podía imaginarse que estaba entonando su propio réquiem: una bomba adosada a una motocicleta segó ayer su vida a pocos metros de su domicilio, cuando salía de comprar pan.

Todo atentado es igual de dramático y de condenable moralmente. Pero éste, por su dimensión humana y política, es especialmente repugnante. Zamarreño llevaba 35 días como concejal del PP en Rentería, tras haber aceptado sustituir a José Luis Caso, asesinado por ETA en diciembre pasado. Lamentablemente, las medidas de seguridad adoptadas no fueron suficientes, pese a que la víctima había comentado a su esposa la sospecha de que la banda preparaba una acción criminal contra él.

El ensañamiento de ETA con los representantes del PP en la localidad guipuzcoana no sólo es una demostración de fuerza, en el peor sentido de la palabra. Constituye una clara intimidación hacia los cuadros y los militantes de este partido en el País Vasco. Es evidente que ETA persigue por métodos gansteriles hacer imposible la implantación democrática del PP, en unos momentos en que las encuestas vaticinan un importante ascenso de esta formación en las próximas elecciones autonómicas de octubre. En esta situación de tremendo riesgo físico, no va ser nada fácil para el PP encontrar personas dispuestas a poner su nombre en las listas a los ayuntamientos o al Parlamento vasco.

ETA ha demostrado que puede matar a cualquiera. Lo lógico sería que todas las fuerzas democráticas cerraran filas ante tan terrible evidencia. Y de hecho, hasta hace muy poco tiempo, así había venido siendo. Con todos los reparos que se le quieran poner, los partidos democráticos habían formado un frente unido contra los violentos, con el Pacto de Ajuria Enea como escudo.

Pero esta unidad se ha resquebrajado en los últimos meses, en los que ha ido emergiendo un nuevo escenario político según se acercaban las elecciones. El PNV -todos sus dirigentes lo hicieron ayer- sigue condenando de manera tajante la violencia, pero simultanea este discurso con la conveniencia de mantener un diálogo político con HB.

Los dos partidos nacionalistas, PNV y EA, con el apoyo frecuente de la organización de IU en el País Vasco, se han aliado tácticamente con la coalición abertzale en el Parlamento de Vitoria, votando juntos en asuntos como el reagrupamiento de los presos vascos, la Ley del Deporte y el referéndum para Treviño.

Hace pocos días, Arzalluz invitaba al PSOE a dejar el Gobierno tripartito vasco, mientras las cabezas visibles del PNV lanzaban duros ataques contra la política antiterrorista de Mayor Oreja. Nunca, ni siquiera en la época de UCD, había existido una tensión similar entre los partidos de ámbito estatal y los nacionalistas.

Ayer, la Asociación de Víctimas del Terrorismo pedía públicamente una ruptura del Gobierno con el PNV si éste prosigue los contactos con «los que se regodean del dolor de las víctimas». La pregunta es inevitable: ¿mantendría la cúpula del PNV el diálogo con HB si sus concejales y sus diputados estuvieran en el punto de mira de los asesinos?

Los dirigentes del PNV deben meditar sobre esta cuestión y despejar cualquier actitud ambigua. No parece demasiado coherente condenar los atentados y sentarse a la vez en la misma mesa con los que los justifican y alientan. Especialmente desafortunadas fueron las palabras de su portavoz, Joseba Egibar, que defendió proseguir los contactos con HB con el argumento de que el crimen de ayer «no tiene nada que ver» y que también la coalición abertzale les critica a ellos por «estar gobernando con los GAL».

Habría que recordarle a Egibar la declaración institucional de Ajuria Enea, leída por el lehendakari Ardanza al día siguiente del asesinato de Miguel Angel Blanco, en la que textualmente se afirmaba: «No podremos actuar conjuntamente en la defensa de ninguna causa, por legítima que sea, con quienes, con su palabra de apoyo o su silencio cobarde, se han hecho cómplices de tan abominable asesinato».

Y habría que recordarle también a Egibar y al PNV que los responsables de los GAL se sientan hoy en el banquillo del Tribunal Supremo y que la banda dejó de matar hace 12 años. Utilizar la guerra sucia contra ETA como coartada de una estrategia política es un disparate del mismo calibre de los que hacen lo contrario: aprovechar la muerte del concejal Zamarreño para justificar a posteriori los crímenes de los GAL.

Esto es lo que hizo ayer José Barrionuevo, que se ofreció a Mayor Oreja y pidió que el general Galindo salga de la cárcel para «colaborar a que terminemos con situaciones como las de hoy». Agarrándose a la invitación del ex ministro, Galindo anunció horas después que piensa depositar hoy la fianza para abandonar la prisión. Cualquier demostración de barbarie de la banda terrorista les viene como anillo al dedo a quienes consintieron, promovieron y dieron cobertura a los GAL. Y viceversa: el discurso de Barrionuevo y Vera da alas a los violentos. Los extremos se tocan.

ETA no podía ni soñar, hace unos meses, que las cosas se iban a desarrollar tan favorablemente para sus intereses. Sigue matando, pero HB, su brazo político, ya no tiene que sufrir la estigmatización que le supuso el asesinato de Miguel Angel Blanco. El espíritu de Ermua y los acuerdos de Ajuria Enea son hoy virtual papel mojado. La división de los partidos democráticos ha abierto una peligrosa dinámica que sólo favorece a los violentos, que, a estas horas, se están frotando las manos por el penoso espectáculo de recriminaciones y confrontación de las últimas semanas.

Cuando el Defensor del Lector se echó a la cara la primera página de EL PAÍS del viernes 26 de junio, se apercibió de inmediato de que la fotografía que la ilustraba era una de las llamadas a crear polémica y, que no era descartable que provocara la perplejidad, el descontento o incluso el rechazo entre no pocos lectores. La imagen del cuerpo semidesnudo del concejal del Partido Popular en Rentería, Manuel Zamarreño, yaciendo entre dos coches tras ser asesinado por esbirros de ETA, se situaba en esa zona estrecha y de contornos indefinidos en la que no pocas veces se superponen o chocan el derecho de la sociedad a estar informada y los derechos individuales de la persona.Efectivamente, algunos lectores se pusieron desde el primer momento en contacto telefónico con el Defensor del Lector para expresar su protesta -en algún caso su indignación- por la publicación de la fotografía. Otros lectores, más reflexivamente, recurrieron al correo electrónico para argumentar su desacuerdo con consideraciones dignas en todo caso de ser analizadas. De todas ellas destacan tres: la fotografía desprende morbo y sensacionalismo, vulnera los derechos a la intimidad y a la imagen de las personas y realza la actuación criminal de los terroristas. «Gracias por obsequiarnos con una buena dosis de morbo para acompañar el horror de la noticia del día», afirma Ana Hidalgo. «Manuel Zamarreño tenía derecho a que respetásemos su propia imagen, incluso después de muerto, y todos aquellos que le conocieron en vida tenían derecho a recordarle de pie y no como uno de los macabros trofeos de ETA», señala por su parte Sandra Lozano, de Madrid. Y desde Los Arcos, Navarra, Mariola Urrea muestra su sorpresa por la publicación de una fotografía del «más puro estilo sensacionalista que, lejos de añadir un ápice de información al titular, viola sin pudor alguno el derecho a la intimidad de una persona y de toda su familia». Del mismo tenor era el resto de los mensajes llegados a esta sección. Por su parte, Jesús María Echevarría, de Madrid, tras mostrarse «convencido de que los criminales se habrán sentido eufóricos al ver el resultado de su acción y lo guardarán como un trofeo», recuerda que este periódico se mostró públicamente en contra de publicar la última imagen de Diana de Gales.

Hasta aquí, muy resumidas desde luego, las reflexiones que les ha suscitado a estos lectores la publicación de la fotografía del concejal asesinado por ETA. Como es lógico en estos casos, el Defensor del Lector pidió al director de EL PAÍS, Jesús Ceberio, que explicara a los lectores el proceso de reflexión que llevó al periódico a decidirse por la publicación de una fotografía que, en principio, podía resultar controvertida.

He aquí la respuesta del director de EL PAÍS: «A la luz de las cartas recibidas, creo que fue un error publicar esa fotografía. La visión directa del cadáver, con el añadido de su desnudez, ha tenido para muchos lectores un efecto agresivo insoportable que anula su alto valor informativo».

«Es una foto sin duda muy impactante, que lo dice casi todo sobre el desvalimiento de aquellos a los que ETA ha puesto en la diana y sobre la extrema crueldad de los terroristas. Pero un lector añade con razón que supone también una invasión innecesaria del último reducto de intimidad de la víctima. Es un aspecto que no valoré en su justa medida, aunque sí fue objeto de amplia discusión. Sucede con frecuencia en los periódicos que una foto o un artículo plantean un conflicto entre información e intimidad. En contra del criterio que apliqué, muchos lectores han sentido que en este caso debería haber primado el respeto a la dignidad de la víctima, puesto que el hecho era lo bastante trágico como para necesitar el énfasis de una fotografía tan dura, que consideran incluso rayana con el sensacionalismo».

«Hoy no elegiría esa imagen para la primera página del diario. Sólo me queda una última duda: el diario Egin, cuya vecindad con los autores del atentado es de sobra conocida, dio en su primera plana una fotografía de la víctima que había sido manipulada informáticamente para ocultar su desnudez y su rostro. ¿Lo hizo por sensibilidad hacia el concejal asesinado, o porque la imagen directa del fallecido era una mala propaganda para los autores del atentado?».

La explicación del director de EL PAÍS da una idea cabal a los lectores de lo difícil que es tomar decisiones en esa zona fronteriza en la que confluyen derechos como el de la información, sin el cual no hay democracia, y los individuales de la persona. Sólo una conciencia profesional vigorosa y alerta puede evitar que se tomen decisiones equivocadas. Pero, a veces, ni siquiera eso basta para impedir el error, sobre todo si la decisión debe tomarse con la premura que exige el quehacer periodístico.

En este caso había elementos que, en principio, podían llevar a no valorar suficientemente los derechos individuales de la víctima. No es necesario insistir, por haber estado a la vista de todos los que han querido verlo en el escaso tiempo que ejerció como concejal de Rentería, sobre la dimensión pública del compromiso político voluntariamente asumido hasta la heroicidad por Manuel Zamarreño. Un compromiso que, por las circunstancias que lo rodearon, fue más allá de la representación concreta de los vecinos que le eligieron, para extenderse a todos los ciudadanos vascos y españoles que están con la democracia como sistema de convivencia y de resolución de conflictos, y en contra de la dictadura de los violentos.

La muerte de Manuel Zamarreño no ha sido, pues, como no lo fue su compromiso político, un asunto estrictamente personal. Y no sólo y principalmente por el modo en que se produjo. Es una muerte que concierne a todos los demócratas, que, sin duda, se han sentido identificados con esa imagen casi religiosa del concejal del PP tendido sin vida en el lugar del atentado, como la de alguien que ha sido sacrificado en el altar del odio y de la intolerancia que ETA y sus cómplices se empeñan en mantener levantado en la España democrática.

No otra cosa que sentimientos de solidaridad y de piedad provoca esa imagen en quienes la contemplan. Y de adhesión ilimitada a los altos ideales democráticos de la persona que la encarna. Quizá ello explique, más que motivos de sensibilidad, ese tratamiento informático de la fotografía por parte de Egin al que se refiere el director de EL PAÍS.

Pero, aun siendo fundadas estas consideraciones, los periodistas debemos ser conscientes de que existe un reducto íntimo de la persona -mayor o menor, según las circunstancias- que ninguna razón informativa justifica desvelar. La última imagen de Manuel Zamarreño debió ser preservada de la mirada pública. Bastaba con saber que su cuerpo semidesnudo yacía entre dos coches en el lugar donde los asesinos de ETA le tendieron su trampa mortal.