El Congreso de los Diputados inicia la tramitación del nuevo Estatut que proclama a Catalunya como ‘nación’ dentro de España

“La libertad de enseñanza no existe en Cataluña. No se respetan los derechos de los padres”. “Se producen graves lesiones al derecho de propiedad”. “La Generalidad orpime a los ciudadanos en un proceso de corte totalitario”: “La forma de fomentar el comercio es multar a los comerciantes por rotular en castellano”. “La bandera española ha sido retirada de varias consellerías”. “La Generalidad desarrolla con saña una limpieza lingüística de raíz totalitaria”.

A estas conclusiones llega un informe que publica esta semana la revista ÉPOCA, eficazmente dirigida por Alfonso Basallo. El nuevo Estatuto, que establece como Gobierno para los catalanes un régimen intervencionista y opresor, se ha puesto en marcha anticipadamente. El tripatirto actúa ya de forma que recuerda al nacional-socialismo, al nazismo.

La enseñanza del castellano ha sido erradicada de hecho en la inmensa mayoría de escuelas, colegios y universidades. En los formularios de preinscripción y matrícula se ha eliminado la casilla en la que se interrogaba sobre la lengua habitual. No existe la asignatura castellano. El tripartido nacionalsocialista quiere pasar del bilingüismo al monolingüismo catalán.

Se ha puesto en marcha una policía lingüística que multa con saña a los comercios que mantienes su rótulos en castellano. Los expedientes se multiplican en una política totalitaria y opresora. Universidades extranjeras abandonan Cataluña para no ceder a la inmersión catalanista. Los empresarios están austados. Pero callan. Sólo un sector cada vez más numeroso de intelectuales, encabezados por Boadella, está haciendo frente a la opresión nacional-socialista. El clima político se hace irrespirable. El antiespañolismo es lo políticamente correcto y ay de quien se salga de él. El tripartido, al mejor estilo del PRI mexicano, se está adueñando directa o indirectamente de los medios de comunicación escritos, hablados y audiovisuales.

Eso sí, aquí no pasa nada. Zapatero I el de las mercedes, como la marquesa Eulalia de Rubén Dario, sonríe, sonríe, sonríe. Y Maragall, el francófono, se recrea en la majadería de llamar Elionor a la Infanta recién nacida.

Luis María Anson

Arrancaba temprano el día del “Estatuto basura” – en madrugadoras palabras de Federico Jiménez Losantos en la COPE – el día en que Luis María Anson firmaba que “el tripartido actúa ya de forma que recuerda al nazismo” (LA RAZÓN). Animado día. Un día en que el Parlamento español era el protagonista mediático: vienen los catalanes.

De buena mañana, en el Parlamento abrieron cámaras y micrófonos TV3 (Josep Cuní) y Catalunya Radio (Antonio Bassas), mientras TVE, TELECINCO y ANTENA 3 nutrían sus tertulias de políticos y periodistas catalanes. Diríase que los medios audiovisuales catalanizaban España. ¿Todos? No: una irreductible comando jaleaba así a Mariano Rajoy: “Tiene usted detrás a mucha gente. El partido es difícil, sí, pero ¡a por ellos, que son… son muchos, pero cobardes! ¡Ánimo!” Hablaba el belicoso Losantix, secundado por Pedro J. Ramírez, que recelaba así de la validez democrática del Parlamento: “Todos los grupos criticarán al PP, ¡es como si Zapatero hablase 14 veces!”. Ramírez ya se quejó del Parlamento español en ’59 Segundos’ (TVE) por parecerle que iba a aplastar la voluntad de la mayoría de los españoles. Desde luego que sería mucho más barato y práctico cerrar el Parlamento y preguntarle a este periodista lo que desean los españoles en cada momento.

Antonio Bassas, por su lado, insuflaba ánimo a los cobardes – De Madre, Mas y Carod – desde Catalunya Radio: les deseaba la mejor suerte ‘en nombre de los catalanes’. (…) Los tres habían pactado los tiempos de sus parlamentos y los había cronometrado, como Carod le explicó a Xavier Bosch (RAC1). (…) Hasta hace cuatro días, decir en el PSC que Catalunya era nación hubiera sido impensable.

El artífice de tal conversión, Pasqual Maragall, se desvanaba mientras en ‘La Mirada Crítica’ de Vicente Vallés (TELECINCO) en explicar que ‘cuando en Gran Bretaña se habla de Gales o Escocia en la Liga de Naciones. ¡No pasa nada! ¿Por qué tiene que pasar por aquí?”. Por el rugby hacia la nación. Pedagogía en una España que se resiste: “¡Le costará convencer a España de esto, señor Maragall!”, sentenciaba Vicente Vallés, estirado.

Josep Cuní (TV3), con fondo de cortinajes, cordonería y borlas, tuvo en su tertulia a Carlos Dávila y Miguel Ángel Rodríguez, que agitaron miedos apocalípticos a costa de Estatut, ante lo que Enric Juliana confesó: “Uno viene con ánimo de hacerle algún repaso al Estatut, pero cuando ves llover tantos palos cuesta ser autocrítico…”. Y al final, se lió: Dávila se erigió en víctima y se quejó de lo mucho que le han insultado desde la SER y desde PRISA. El periodista de EL PAÍS Lluis Basset le desmintió, y se acaloraron en una discusión a medio centímetro un nariz de la otra para espanto de Josep Cuní, que apenas pudo calmarles. Como está el patio…

Pues envenenando y enconado. Fotos como la de Dani Duch ayer en este diario, con la pintada ‘catalanes’ en un supermecado de Madrid, hablan de responsabilidades mediáticas que conviene señalar. Y está haciéndolo con valentía Luis del Olmo, que acusa a Pedro J. Ramírez “de hacerle el juego a los saboteadores del cava y otros productores catalanes” por haber publicado EL MUNDO el infame listado, “o adrede o porque se coló…”

Y a la una de la tarde comenzó en el Parlamento la sesión que las principales emisoras de radio y televisión transmitieron en directo, con los discursos de Artur Mas (centrado en el sentido de Estado de Catalunya y CiU), Manuela de Madre (apelando al federalismo integrador) y Carod Rovira (¡citando a Azorín en el ABC!). Pues bien, para Ignacio Villa, jefe de informativos de la COPE (al que ’59 Segundos’ ha hecho famoso), los tres discursos “no han rebajado un ápice su nacionalismo, han sido independentistas, insultantes y agresivos”. Azorín incluido.

El aspecto más positivo del debate sobre la toma en consideración del proyecto de reforma del Estatuto catalán celebrado ayer fue la disposición al pacto mostrada por los representantes -dos nacionalistas y una socialista- de los partidos proponentes en nombre del Parlamento de Cataluña. Disposición a admitir modificaciones en el proyecto y a que el resultado final encaje en el marco constitucional. Esa doble disposición es un argumento decisivo para aceptar que, cualesquiera que sean sus defectos, incluyendo la posible inconstitucionalidad de algunos o muchos de sus artículos, el texto merece ser tomado en consideración. Y esto -y no su articulado concreto- es lo que se debatía y decidía ayer.

Esa doble disponibilidad supone un cambio respecto a las posiciones mantenidas en su momento por los nacionalistas catalanes, y también, contra lo que argumentó Rajoy, una diferencia sustancial con los planteamientos del llamado plan Ibarretxe. En este caso se partía de la afirmación de que las Cortes deberían limitarse a convalidar lo que hubiese aprobado el Parlamento de la comunidad autónoma; en el buen entendimiento de que si algunos aspectos de la propuesta chocasen con preceptos de la Constitución, habría que reformarla; y si no se aceptaba ese planteamiento, o se modificaba sustancialmente la propuesta, se consultaría directamente a la población. Algo verdaderamente incompatible no ya con la Constitución sino con cualquier lógica federal o autonómica.

Pues bien, esto es lo que ha cambiado. Artur Mas argumentó que el texto debía ser tomado en consideración como base para un pacto renovado por ser el resultado de un consenso democrático en el que se habían respetado «las leyes y la Constitución». Que esto último sea discutible, como reveló el debate, no anula lo esencial: la voluntad de negociación y de adecuación al marco legal. «Venimos a negociar, no a imponer», dijo por su parte la socialista Manuela de Madre, que pidió a todos los grupos su «implicación» en esa negociación para que el Estatuto lo sea «de toda la Cámara». También Carod Rovira habló de pacto, aunque Puigcercós lo matizara luego diciendo que la negociación tendría el límite de no «desnaturalizar» lo esencial de la propuesta.

Esa disposición al pacto no elimina los motivos de inquietud que plantea el texto que ha llegado a las Cortes. El tono conciliador empleado por Zapatero no le impidió señalar con claridad los límites que el proyecto ha rebasado, lo que obligará a enmendarlo. Ante todo, el sistema de financiación. La responsabilidad del Estado como garante del principio de solidaridad y de la igualdad de derechos de todos los españoles le impide renunciar a sus competencias en materia de redistribución y le obliga a disponer de impuestos propios. Pero también los otros motivos de divergencia señalados por la Comisión de expertos y que asumió la dirección del PSOE en relación con el aumento y blindaje de competencias, la relación bilateral con el Estado, etcétera.

Zapatero desveló su fórmula sobre la definición de Cataluña: «Cataluña tiene identidad nacional», que salva la objeción de que no se puede emplear la misma expresión para referirse al todo, la nación española, y a sus componentes. Pero lo importante es que en el debate se precise que de la definición no se deriven derechos especiales distintos a los que reconoce la Constitución en relación con los hechos diferenciales. Como resumen de su posición, el presidente del Gobierno se comprometió a que la constitucionalidad del texto se manifieste en el respeto de tres principios: libertad para que los ciudadanos puedan vivir su identidad sin imposiciones; igualdad de derechos; solidaridad entre los territorios que garantice la cohesión del conjunto.

Previamente Zapatero había hecho una defensa de la eficiencia social y económica de la descentralización política propiciada por el Estado de las Autonomías. Ello dio pie a Rajoy para iniciar su discurso preguntándose por qué había que cambiar el marco institucional si todo había ido tan bien con el modelo actual. Cáustico y afilado, el líder del PP argumentó que si su partido se hubiera callado no habría habido las propuestas de corrección del proyecto surgidas en el PSOE y otros sectores de la opinión pública. Consideró imposible en todo caso constitucionalizar con enmiendas un texto que responde a una lógica incompatible con el principio de que la soberanía reside en el pueblo español y es indivisible. Pero plantear el debate en términos de soberanías contrapuestas sólo conduce al conflicto.

Más inteligente parece tomar la palabra a los proponentes para encontrar un equilibrio entre las dos mayorías, la del Parlamento catalán y la de las Cortes, reflejo a su vez de las respectivas opiniones públicas, según revelan las encuestas. La alternativa que planteó Rajoy: devolver el texto o tramitarlo como reforma constitucional es escasamente realista. Otorgar además a la propuesta votada por casi el 90% de los diputados del Parlamento catalán el mismo trato que al plan Ibarretxe, que llegó tras una elaboración unilateral desde el Ejecutivo autonómico, prosperó gracias al voto de un partido ilegal vinculado a ETA y ni se planteaba su compatibilidad con la Constitución española, sería regalar una baza al soberanismo vasco, ahora que emprende la retirada.

Fue significativa la amargura manifestada por los tres ponentes catalanes por lo que Carod consideró «tópicos y prejuicios» sobre los catalanes. Y especialmente la apelación que Duran Lleida dirigió a los obispos españoles desde su condición de creyente para pedirles que pongan término a la siembra de odio y confrontación que se realiza a diario desde alguno de sus medios de comunicación. El dirigente demócrata cristiano manifestó que siente «todo este cúmulo de atrocidades como la antítesis del Evangelio».