El Consejo General del Poder Judicial suspende a la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, principal defensora de Jesús Gil Gil

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene materia que investigar en los juzgados de Marbella. Hace tiempo que en la ciudad pionera de la aventura política de Jesús Gil y de su Grupo Independiente Liberal (GIL) se detectan extraños comportamientos judiciales que ponen en entredicho la imagen de independencia e imparcialidad de la justicia. En 1993, la titular de uno de los juzgados marbellíes apuntaba (a raíz de un procedimiento penal por supuesta estafa inmobiliaria contra el antiguo funcionario de esos juzgados Juan Ramírez, padre de la actual juez decana de la ciudad) la posible existencia de una red de corrupción judicial relacionada con clanes y grupos de la Mafia siciliana residentes en la Costa del Sol. Aquella juez terminó siendo inhabilitada. Pero lo que el órgano de gobierno de los jueces no hizo, o hizo con extrema tibieza en los años 1993-95, no va a poder dejar de hacerlo ahora ante la denuncia en toda regla que acaba de poner sobre su mesa la Fiscalía Anticorrupción. El panorama que describe la denuncia, a partir de investigaciones judiciales, de la Fiscalía Antidroga y del Servicio Central de Estupefacientes, sobre la implantación de clanes mafiosos en Marbella, en particular, y en la Costa del Sol, en general, es para preocupar a las autoridades del Estado. Pero que la juez decana de Marbella ejerza sus funciones en la misma ciudad en la que su familia tiene amplios intereses relacionados, según la Fiscalía, con negocios de su alcalde, Jesús Gil, y de diversos clanes mafiosos, y en la que su hermano ejerce de abogado o asesor de estos mismos negocios e intereses, es un asunto que atañe específicamente al CGPJ.

Podría ocurrir que, de acuerdo con la letra de la ley, la juez decana de Marbella no incurra en incompatibilidad, si la ciudad tiene a fecha de 1 de enero de 1998 los 102.000 habitantes que certifica su alcaldía en lugar de los 98.000 que señala el Instituto Nacional de Estadística. Pero que Marbella tenga 2.000 habitantes por encima o por debajo de los 100.000 -la cifra que la ley orgánica del Poder Judicial pone como límite para que un juez pueda ejercer en la ciudad donde él o sus familiares tengan intereses económicos- es irrelevante para la cuestión de fondo: la obligada y exigible imparcialidad del juez en el ejercicio de sus funciones. Aunque nada recriminable hubiera en la conducta de la juez de Marbella desde el punto de vista legal, habría mucho que reprocharle desde la ética profesional o de la ética a secas. No se puede desechar sin más la aseveración de la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de que esta juez nunca debió ejercer en Marbella, y que, en todo caso, debió abstenerse motu proprio de resolver asuntos relacionados con su familia.

Este hecho recuerda la pasividad con que actuó en el caso el anterior CGPJ. ¿Cómo se permitió que, a poco de cubrir sus primeros destinos, esta juez recalara en Marbella? Entonces la ciudad no llegaba ni con mucho a los 100.000 habitantes y era clara la incompatibilidad legal en que incurría. ¿Cómo es posible que ninguna instancia judicial cuestionara su nombramiento en 1995 como decana, con la facultad, entre otras, de decidir sobre el reparto de asuntos? No se trata, a priori, de cuestionar la rectitud de su proceder profesional. Son la independencia y la imparcialidad objetivas del juez las que están en entredicho. Que la juez de Marbella no se sienta condicionada por esos intereses próximos no impide que su imagen de juez independiente e imparcial esté en cuestión. Esta sospecha arroja sombras sobre la imparcialidad de su decisión de apartar al juez Santiago Torres del llamado caso Atlético, en el que está implicado el alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. Y ello al margen de que, efectivamente, se hayan vulnerado las reglas en el reparto de dicho caso.

El fiscal anticorrupción ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial una denuncia contra la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, a la que acusa de faltas muy graves y de incurrir en incompatibilidad. Según el artículo 393 de la ley del Poder Judicial, los jueces no pueden ejercer en una población en la que algún pariente posea intereses económicos que pueda obstaculizar el imparcial ejercicio de su función. El documentado informe de Carlos Jiménez Villarejo demuestra que el hermano de la magistrada, su padre, su madre y su primo tienen importantes negocios en Marbella. El texto de la denuncia, que consta de 29 páginas, no tiene desperdicio. Es un relato pormenorizado y que recoge, con todo lujo de detalles, las conexiones existentes entre los familiares de la juez con clanes de la mafia siciliana. Nada más y nada menos. A través de una tupida red de sociedades mercantiles, que se detallan en el documento, el hermano de la magistrada y su padre son socios de presuntos delincuentes internacionales acusados de tráfico de drogas, extorsión, chantaje y tráfico de armas. En el año 97, ya fue incoado un expediente disciplinario por incompatibilidad contra la juez, del que salió bien librada gracias a una chusca maniobra de Jesús Gil. Como la ley establece que la incompatibilidad sólo afecta a jueces que ejerzan en localidades con menos de 100.000 habitantes, el Ayuntamiento cambió el censo y lo situó en 102.050 vecinos, aunque dicha revisión fue rechazada por el Gobierno. Según el fiscal, los mafiosos relacionados con la familia de Ramírez se comprometieron a pagar las campañas del alcalde. Todo ello arroja bastante luz acerca de las causas por las que Pilar Ramírez quiere apartar del caso Gil al juez Torres. El Consejo del Poder Judicial debe abrir una investigación cuanto antes.

HACE TIEMPO que el Consejo General del Poder Judicial debió tomar cartas en el asunto de la juez decana de los juzgados de Marbella, Pilar Ramírez. Sencillamente, porque resulta escandaloso que una juez ejerza la jurisdicción en una ciudad donde sus familiares tienen importantes intereses económicos y que, además, intervenga judicialmente en asuntos que les afectan. La situación no es de ahora, aunque se ha ido agravando con los años, y era conocida, al menos en sus rasgos generales, por las altas instancias judiciales. Por eso resulta sorprendente que denuncias anteriores se resolvieran por medio de expedientes meramente superficiales. La inspección del Consejo acaba de realizar por primera vez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una investigación a fondo de los hechos. Y la conclusión es la que se sospechaba: los negocios de la familia de la juez (padre, hermano y marido) existen realmente y la juez decana de Marbella ha actuado en casos judiciales que afectan directamente a sus familiares o en los que éstos intervienen en calidad de asesores y representanes legales. La inspección apunta incluso una posible prevaricación en unas diligencias en las que actuaba como parte el Ayuntamiento de Marbella. Este asunto no sólo sería perseguible en el orden disciplinario, sino también en el penal.

El Poder Judicial deberá estudiar a partir del próximo lunes estos hechos y tomar decisiones. La inspección propone la inmediata suspensión cautelar de la juez en sus funciones, su traslado forzoso a otra ciudad por incompatibilidad y la apertura de cinco expedientes informativos por falta muy grave, que podrían acarrear su expulsión de la carrera judicial. Evidentemente, ni la suspensión cautelar ni el traslado forzoso presuponen la culpabilidad. Tampoco la apertura de los expedientes informativos, en los que deberá ser oída. Lo que parece insostenible es que pueda continuar adscrita a los juzgados de Marbella, a la luz de la incompatibilidad que establece la ley para actuar como juez en poblaciones de menos de 100.000 habitantes donde sus familiares directos tengan negocios y/o actúen ante los tribunales. Ése es exactamente el caso de la juez Ramírez. Y si hoy puede discutirse si Marbella ha superado o no ese umbral de población, no hay ninguna duda de que la juez ha ejercido durante una década en situación de incompatibilidad legal. Este hecho no sólo pone en cuestión su imagen de juez imparcial e independiente, sino la de la justicia misma. El Consejo debe obrar en consecuencia.

El Consejo General del Poder Judicial dio ayer un paso decisivo para acabar con la impunidad de Jesús Gil. La Comisión Disciplinaria decidió abrir un expediente por dos faltas muy graves contra la juez decana marbellí, Pilar Ramírez, e inició el procedimiento para su suspensión cautelar de funciones. La decisión del máximo órgano de los jueces demuestra la pertinencia y adecuación de la denuncia del fiscal Anticorrupción contra la magistrada y deja en evidencia los argumentos de quienes decían que era imprescindible una querella. Jiménez Villarejo decidió acudir a la vía disciplinaria que era la adecuada. El Consejo ha considerado que la juez incurre en incompatibilidad para ejercer su cargo en una población en la que sus familiares directos tienen intereses económicos. Y la expedientan también por no haberse abstenido en casos en los que estaban implicados miembros de su familia. Tanto o más importante a estos efectos que las sanciones contra la juez es el fallo de la Comisión Disciplinaria que ratifica la competencia de Santiago Torres para instruir el caso Gil. Se trata del triunfo de un magistrado al que la decana ha intentado apartar de la instrucción del sumario alegando que había violado las normas de reparto. Resulta especialmente significativo que en el plazo de unos días, el CGPJ haya decidido sancionar a la decana y el Ministerio del Interior haya destituido al comisario jefe de Marbella. En el esquema típico de la novela, el cine y -a lo que parece- la realidad, una ciudad controlada por la Mafia se caracteriza por que el acalde tiene comprados al policía y al juez. Como en Marbella.

LA DECANA de los juzgados de Marbella, Pilar Ramírez, ha sido apartada cautelarmente de la actividad jurisdiccional por seis meses. La medida, adoptada ayer por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, está directamente relacionada con la apertura de dos expedientes informativos por otras tantas faltas muy graves: ejercer en una ciudad de menos de 100.000 habitantes en la que familiares directos tienen negocios y/o actúan ante los tribunales, lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial considera un supuesto de incompatibilidad legal, y actuar en casos relacionados con sus familiares, lo que contraviene una de las causas claras de abstención que obligan a jueces y magistrados.Mientras dure la tramitación de los expedientes, si es que no concluyen con su separación definitiva de la carrera judicial, la juez Ramírez no podrá ejercer ni como titular del Juzgado número 3 ni como decana de los juzgados de Marbella. La medida es congruente con la gravedad de los hechos que se le imputan y que afectan al núcleo mismo de la función jurisdiccional. Habría sido un contrasentido que pudiera seguir dictando sentencias mientras se resuelven sus expedientes. La suspensión cautelar no prejuzga, desde luego, su culpabilidad, pero es coherente con las sospechas de infracción de obligaciones legales que pesan sobre la juez.

Cabe extrañarse de que se haya tardado tanto tiempo en acabar con una situación que se remonta a sus inicios como juez de Marbella, hace más de una década, sin que los órganos de inspección de los tribunales- los del Poder Judicial y los de la Audiencia de Málaga- se hayan dado por enterados. Es cierto que la situación de la juez Ramírez se ha agravado con los años conforme los negocios y las actividades forenses de sus familiares crecían y se confundían. No era tanto la actuación de una juez concreta la que estaba bajo sospecha, sino la justicia misma como poder independiente del Estado de derecho.

Como ha sucedido con los jueces que prevarican, tampoco parecían existir hasta no hace mucho los jueces merecedores de expulsión de la carrera judicial por faltar gravemente a sus obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones. Pero haberlos, haylos. Desde hace algunos años esta sanción severa, pero prevista en la ley, como lo está el delito de prevaricación en el Código Penal, comienza a aplicarse: resulta que algunos jueces hacen tal dejación de sus deberes que, por el bien de la justicia y de los justiciables, no merecen seguir siendo jueces. Ha sido el caso de la ex juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, a la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido separar de la carrera judicial por no haberse abstenido en un procedimiento de quiebra de la empresa Puerto José Banús de Andalucía la Nueva, SA, relacionada con negocios familiares, y por haber dado un trato de favor al Ayuntamiento de Marbella incompatible con la imparcialidad exigible a un juez.La ya ex juez Ramírez había sido suspendida cautelarmente en julio pasado, abriéndosele dos expedientes informativos por otras tantas faltas muy graves:ejercer en una ciudad de menos de 100.000 habitantes como Marbella, en la que familiares directos (padre, hermano y marido) tienen negocios y/o actúan ante los tribunales, lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial considera un supuesto de incompatibilidad legal, y actuar en casos relacionados con sus familiares, lo que contraviene una de las causas de abstención que obligan a jueces y magistrados. El Consejo del Poder Judicial considera probado que la ex juez Ramírez cometió ambas faltas, aunque se la expulsa de la carrera sólo por la segunda. Por la primera se la suspende por un año en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo Judicial ha juzgado mucho más grave, dentro de la máxima gravedad de las dos faltas, la de no haberse abstenido Ramírez en una causa en la que tenía, como mínimo, un interés indirecto. En el expediente se da como probado que «las relaciones de las sociedades que los familiares de la magistrada han administrado, participado o representado se han desarrollado en algún caso con el Ayuntamiento de Marbella». Un ayuntamiento con el que, según se afirma, esas sociedades tenían suscritos convenios urbanísticos. De ahí que se le imponga la sanción más grave de las previstas en el orden disciplinario. De todas formas, si favoreció a una de las partes en la causa, el Ayuntamiento de Marbella, podría haber también materia de orden penal. No se trata, pues, sólo de una cuestión de ética, que, desde luego, lo es, como han alegado algunos de los vocales contrarios a la expulsión para justificar la impunidad de la conducta considerada, sino de una manifiesta vulneración de reglas básicas del estatuto del juez. Así lo ha apreciado la mayoría de vocales del Consejo.

Con su decisión, el órgano de gobierno de los jueces cierra un caso escandaloso que, si bien circunscrito a Marbella, ha puesto en entredicho durante más de una década a la justicia como poder independiente del Estado de derecho. Cabe denunciar, en todo caso, la pasividad con que actuó el anterior Consejo Judicial cuando aparecieron los primeros indicios de lo que estaba pasando, así como los reflejos corporativos del grupo de vocales que han votado en contra de la expulsión, lanzando el mensaje verdaderamente preocupante de que una actuación judicial como la que durante años ha sido piedra de escándalo en Marbella no desentona de la función de juez. Pero sería el colmo del escándalo que esos reflejos, minoritarios en el seno del CGPJ, cristalizaran más tarde en decisiones jurisdiccionales que echaran por tierra los esfuerzos por limpiar la justicia de comportamientos que la empañan. No sería la primera vez que el corporativismo judicial se tomase la revancha, por vía de recursos, en instancias más receptivas a la presión gremial.