El diario EL PAÍS critica al juez instructor de Filesa, Marino Barbero, que es defendido por el diario ABC y Martín Prieto (DIARIO16)

BONIFACIO DE LA CUADRA , MadridLa intrepidez justiciera con que actúa en las últimas semanas el catedrático de Derecho Penal Marino Barbero Santos , magistrado del Tribunal Supremo designado por su Sala Segunda para instruir el caso Filesa, es considerada entre los detractores de este polémico juez una consecuencia de su inexperiencia en la investigación penal, aparte de su talante ególatra. A quienes le califican de recién llegado, Barbero -un extremeño de 63 años, padre de cinco hijos- contestaba así ayer, a preguntas de este periódico: «Por sus obras los conoceréis, ea uno es ca uno».

Muchos de sus compañeros aseguran que Barbero estará encantado de la persecución de ue es objeto en los últimos tiempos por los periodistas. Sin embargo, de la carrera de varios vehículos en pos del juez, ocurrida ayer por las calles de Madrid, el magistrado comenta: «Es angustioso. Yo respeto el trabajo de ustedes, pero ahora uno comprende a Isabel Preysler y a otros personajes».Lo ocurrido ayer, según informa Julio Martínez Lázaro, de que el juez del caso Filesa tuvo la humorada de darse una pasada en coche ante la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, cuando era objeto de una implacable persecución por una veintena de periodistas a bordo de media docena de vehículos y una moto, tras salir el Palacio de Justicia a las cuatro de la tarde.

Barbero subió a su vehículo in detenerse frente al cordón de fotógrafos y cámaras de televisión que le había esperado durante toda la mañana. Los periodistas le siguieron expectantes ante la posibilidad de que el juez instructor se dirigiese a la sede el PSOE. Dos horas antes, había vencido el último plazo dado por Barbero para que el partido socialista entregase sus actas y su contabilidad.

El conductor del juez se percató desde un primer momento de la persecución, y tras dar un rodeo para pasar ante la sede del PSOE, aceleró y la caravana se disolvió.

Juez desde la cátedra

Barbero entró en la carrera judicial hace siete años directamente desde la cátedra, gracias a los votos del sector del Consejo General del Poder Judicial propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista. Uno de los entonces consejeros, muy próximo al PSOE, se lamentaba ayer en privado de aquella propuesta como magistrado del Tribunal Supremo del hoy juez del caso Filesa. La razón de la designación fue la de tratarse de un jurista «de reconocido prestigio» y el prestigio jurídico de Barbero es poco dudoso, al menos a nivel internacional. Tiene todos los títulos, preside o vicepreside numerosas organizaciones internacionales de penalistas y está en posesión de gran cantidad de condecoraciones.

En España, su prestigio como jurista es menos indiscutible y, sobre todo, se cuestiona su cualificación como aplicador del derecho y, en especial, como juez instructor. La situación administrativa de Barbero es calificada de «peculiar», según fuentes socialistas, ya que está en la Universidad en servicios especiales, a la vez que se considera en «dedicación exclusiva» a la carrera judicial, que comparte, según él mismo señala, con Ia recepción de lauros académicos por investigaciones anteriores», el último de ellos, la imposición de la medalla de académico de Buenos Aires en la Universidad de Salamanca, el pasado 26 de octubre. Considerado como un hombre de derechas, tiene como principal mérito progresista su vieja dedicación contra la pena de muerte, en plena etapa franquista, cuando eran pocos los que se atrevían a enfrentarse con el sistema. Igualmente, se apunta en su haber la ideología de izquierdas de sus dos principales discípulos -Luis Arroyo e Ignacio Berdugo-, quienes, por cierto, siguen hablando de usted a quien para ellos es «don Marino».

Broncas

Su carácter apacible y conversador -excepto, ahora, para hablar del caso Filesa, del que no dice una palabra- se convierte a veces en crispado y, según quienes le conocen desde hace tiempo, son frecuentes las broncas que tienen como protagonista a Barbero. Una de ellas ocurrió en Roma, en 1982. Barbero había sido designado por el Gobierno de UCI) director del Instituto de Estudios Jurídicos en Roma.

Cuando llegaron los socialistas al poder y se le relevó, su irritación fue tan grande que se quedó con la llave de la sede del organismo y hubo que buscar a un cerrajero para entrar. Otra anécdota de Barbero, ésta en Alemania fue un altercado en un aparcamiento, en el que se le intentó limitar el estacionamiento de su vehículo.

Sus compañeros del Supremo le acusan de no haberse asesorado suficientemente, a pesar de ser la del caso Filesa la primera instrucción que acomete. A éstas y otras críticas, Barbero asegura que no desea contestar: «Yo no digo nada. Me parece fantástico todo lo que oigo. Si no sé, con el paso del tiempo ya aprenderé. Por sus obras los conoceréis. Cá uno es cá uno. Por lo demás, yo soy un viejo demócrata, cosa que pocos pueden decir».

El diario gubernamental EL PAÍS honró ayer al juez instructor del caso Filesa, Marino Barbero con un ataque desmesurado. Bajo el título ‘Un juez ególatra y justiciero’, el diario adicto arremetió contra el magistrado del Tribunal Supremo y cuestionó su cualificación como ‘aplicador del Derecho y, en especial, como juez instructor’.

He conversado con responsable del diario EL PAÍS, que para nada están de acuerdo con un perfil siniestro sobre el juez Marino Barbero, hoy en las primeras páginas por su investigación sobre Filesa y lo que subyace en este caso, que no es otra cosa que la corrupción con la que prácticamente todos los partidos políticos sufragan sus extravagancias electorales. Algo estará pasando en la Asociación Española de Derechos Humanos para que entre sus socios eméritos continúe figurando el ponente parlamentario de la Ley Corcuera y para que uno de sus periodistas [Bonifacio de la Cuadra] jaleado y premiado meta un gol a su periódico dibujando a nuestro juez investigador como un villano.

Salvada la honorabilidad del primer periódico español [EL PAÍS], tundida por un redactor irresponsable, ocupémonos del juez y sus asuntos. Barbero es un intelectual de lo suyo, que es el Derecho, que a su edad ha tenido la modestia de bajar hasta la calle para levantar sumarios. No creo yo que pase nada porque en este país emerjan jueces de derechas y me atrevería a escribir que pocos de entre ellos, puestos a escogerlos, nos saldrán violentos revolucionarios de izquierda. La de juez es una profesión sosegada en la que caben todos los matices y en la que están de sobra todos los extremos. Tildar al juez de Filesa, de derechista, es una vileza aunque le asista toda la razón para serlo, si fuera de su placer. Pero el caso es que su definición se ha echado a rodar interesadamente cuando el caballero ha comenzado a ejercer su oficio con la libertad a la que la Constitución le obliga, texto legal que no sólo nos ampara, como creemos, sino que también nos obliga.

El juez Barbero, por lo que yo sé, es tan de derechas como Pablo Castellano, que pleó por elevarlo a lo más alto del Poder Judicial, pensando sólo en sus méritos académicos. Las simpatías del PSOE sobre él han sido grandes y numerosas, hasta que, espantados, advirtieron que su independencia no era doblegable, y que tanto le daba investigar la corrupción de los unos o la de los otros. Este hombre no es más que un juez que está abriendo un sumario, y ya veremos en qué queda. Sobre él están cayendo todas las solemnidades del poder para negarle lo que es más humilde ciudadano tiene en la boca y en sus ojos, y que no es más que la financiación ilegal de los partidos, tema que por harto conocido aburre a las ovejas y a los ciudadanos ya tomados también por borregos.

Nuestro juez hace una gran espada para pedirle al Banco de España datos a cuyo acceso tiene todo el derecho del mundo, y tan viles hemos sido que hemos obligado a su Gobernador, un aúlico como Luis Ángel Rojo, a debutar en su cargo poniendo en cuestión a Barbero. Mariano Rubio metió la patita hasta su corvejón, pero jamás se hubiera prestado a tamañas torpezas. Si así siguen las cosas, a lo peor acabaremos añorándole. No es que estén cundiendo los nervios en la sede del PSOE, sino que tanta es la nota de su desazón que quince mil millones de pesetas, recabados del Estado, no le bastan, tal como el PP, ni para gastos menudos. Disparados en rarísimas necesidadades santuarias, se han corrompido a ellos mismos, a toda su parentela política y hasta el común de la sociedad, que sigue intentando pescar en ruin barca. Cero en conducta, y cien años de honradez tirados estúpidamente a la basura. Los socialistas franceses se han autoamnistiado. A algunos políticos italianos les ha dado por suicidarse antes de ser puestos presos por la justicia. Aquí en España o elecciones ya o asumimos que alguien importante acaba en la cárcel. Esas tonterías suficientes de Andreotti de que en este pueblo manca finezza, a ninguna parte van. La política italiana es un juego de escoleraes ante la nuestra. Si yo fuera el juez Barbero, ante cuya honestidad quiero descubrirme, ya estaría buscándome un bufete y dejaría de rascar ne ese pasillo sin fondo en el que se está metiendo. La clase ha salido muy lista, pero da cero en conducta.

A mi regreso de un viaje de trabajo, me entero de que en el periódico que dirige – aprovecho para darle la enhorabuena – apareció la semana pasada un artículo de Martín Prieto, en el que me llama ‘redactor irresponsable’ y me acusa de ‘meter un gol’ a EL PAÍS por el perfil del magistrado del Tribunal Supremo instructor del caso Filesa, Marino Barbero publicado el 13 de noviembre último bajo el título ‘Un juez ególatra y justiciero’.

Me emociona comprobar que Martín Prieto guarda tan buenos recuerdos de su etapa de mando en EL PAÍS que, por inercia tal vez se apresta a salvar ‘la honorabilidad del primer periódico español, tundida’ por mí. Eso dice. Pero no necesitamos salvadores ni en el país ni, desde luego en EL PAÍS. Y lo que es de aurora boreal, viniendo de quien me conoce es que trate de defender a costa mía, la inequívoca línea contra la corrupción que mantiene el periódico y sus responsables. Tal línea, en el caso FIlesa y en todos los demás, se defiende sola. Ahí están los editoriales y las informaciones, entre otras, las mías.

Por lo que se refiere al perfil del magistrado Barbero – ¿habrá que explicarle al ‘emepé’ que un perfil describe al personaje pero no opina sobre lo que este personaje hace? – Martín Prieto desfigura lo que yo escribí cuando señalé que es ‘considerado como un hombre de derechas’ al mismo tiempo que relaté algunos de sus méritos progresistas entre ellos escribía yo ‘su vieja dedicación contra la pena de muerte, en plena etapa franquista, cuando eran pocos los que se atrevían a enfrentarse con el sistema’.

Pues Martín Prieto estima que eso es ‘tildar al juez de Filesa de derechista’, lo que califica como ‘una vileza’ y le da motivo suficiente para hilvanar un párrafo de defensa de alguien que no ha sido atacado, sino descrito. Lo más peyorativo que escribí de Barbero fue que es ególatra, porque tengo datos de que incurre en ese pecado venial de la vanidad. También dije que es el primer caso que instruye – afirmación comprobable – y que, por ese motivo, se cuestiona su cualificación como instructor, a lo que el propio magistrado responde con ironía, en el mismo perfil: ‘Si no sé, ya aprenderé. Por sus obras los conoceréis’.

¿En qué datos se basa el articulista para calificar mi descripción de Barbero como perfil siniestro y asegurar que en él se dibuja a este magistrado tal como un villano? ¿En las anécdtoas que le muestran a veces crispado, a pesar de su carácter apacible y conversador? ¿En el relato de la pasada que se dio por la sede del PSOE, perseguido por los periodistas motorizados o en el comentario que me hizo sobre aquella angustiosa carrera: «Ahora uno comprende a Isabel Preysler»?

¿Dónde está la villanía? ¿En la narración de su prestigio jurídico internacional? ¿En el reflejo de su situación administrativa? ¿En el dato de la última condecoración impuesta? ¿En la ideología de izquierdas de sus dos principales discípulos o, quizá, en que ambos le siguen llamando ‘don Marino’? Lo que probablemnete ha ocurrido es que Martín Prieto, como tantos otros, no conoce al magistrado y está impresionado como todos, por la ‘intrepidez justiciera’ – con esas palabras se iniciaba el perfil – de este juez. Ese desconociiento es comprensible. No lo es que desconozca a quienes trabajaron codo a codo con él.

Gracias, querido director, por la publicación de esta réplica y reciba un abrazo fuerte.

Bonifacio de la Cuadra

EL JUEZ Marino Barbero lleva tres años enredado en una instrucción, la del caso Filesa, de la que no parece capaz de salir. Por si fuera poco, el fiscal encargado del caso le ha ayudado a introduciese en un laberinto indescifrable. La pasada semana, nuevos altos directivos de bancos y empresas fueron citados a declarar como inculpados bajo la acusación de que donaron dinero al PSOE a cambio de unos inexistentes informes.Las donaciones a los partidos no constituyen delito, pero deben hacerse con arreglo a una serie de re quisitos establecidos por la ley. Filesa se ha convertido en un caso en la medida en que esas pautas legales pudieron no ser respetadas; pero es un sarcasmo que se haga responsables de ello, en pie de- igualdad con los dirigentes socialistas que presuntamente propicia ron la irregularidad, a los responsables de las empresas acusados de realizar la donación. Y si se considera que el requerimiento de ayuda financiera a fondo per dido por parte del poder político se aproxima más a un chantaje que a una petición amistosa, los banqueros y empresarios habrían sido las víctimas, no los beneficiarios, de esa presión.

La inculpación de los donantes sólo tiene sentido si se considera que, por propia iniciativa, intentaron sobornar al poder político para obtener algo a cambio. Nada en el asunto de Filesa indica tal cosa, pese a los intentos de algunos personajes por sembrar dudas al respecto. Y resultaría muy chocante que mediante la carambola de Filesa puedan llegar a ser acusados de apropiación indebida banqueros caracterizados por una gestión ortodoxa y honesta, al tiempo que financieros que arruinaron sus empresas mientras se enriquecían personalmente circulan por el escenario nacional sin que ningún fiscal se interese -que se sepa- por sus casos.

Los directivos de las empresas que supuestamente dieron dinero deben declarar lo que sepan sobre el asunto a fin de dilucidar su alcance. Ya lo hicieron, como era lógico, en calidad de testigos. Declararon que los supuestos informes no se encontraban en su poder, eufemismo equivalente a admitir su inexistencia. Poco les habría costado presentar algún papel preparado ad hoc para evitarse preocupaciones. No lo hicieron. Resulta irónico que por ello ahora sean convocados como inculpados.

Una de las asignaturas pendientes de la transición democrática en España es, casi dos décadas después, la financiación de los partidos. Desde sus primeras andanzas recurrieron a métodos irregulares. Desmesuradas burocracias internas y gastos electorales fuera de control han convertido a los partidos en sacos sin fondo que han apelado a todo tipo de irregularidades: comisiones por obras, donaciones bajo fórmulas que rozan la extorsión, autoconcesiones, créditos fallidos que no se ejecutan, etcétera.

La comisión del Congreso para estudiar la financiación de los partidos tiene ante sí una tarea capital a fin de que la corrupción no se instale definitivamente en nuestra vida política. Seguramente es más importante para el futuro resolver la asignatura pendiente de un marco legal y transparente de financiación que enfangarse indefinidamente en averiguar quién se en lodó más en el pasado. El reconocimiento por Roca y Arzalluz de que todos los partidos se financiaron irregularmente extiende esa consideración al conjunto de fuerzas parlamentarias. Todas están representadas en la comisión del Congreso. Es el marco adecuado para crear un sistema que garantice la transparencia y el control público. Es una responsabilidad que recae es pecialmente sobre PSOE y PP, porque son previsible mente los que gobernarán el país por muchos años. Nada tiene que ver esto con la impunidad de los presuntos delitos cometidos en los años anteriores, puesto que algunos de los casos más notorios de corrupción ya están en los tribunales. Los jueces se encargarán de dilucidar quiénes y cómo establecieron las vías para obtener dineros al margen de la ley. Claro que si la instrucción sumarial sigue el último derrotero amenaza con sentar en idéntico banquillo a chantajistas y chantajeados. Tendremos así otro macroproceso en ciernes, que confundirá a los ciudadanos y reducirá aún más su confianza en la justicia.