5 junio 1983

Guerra mediático-financiera en las islas Canarias

El diario LA PROVINCIA pide la dimisión del dueño de CANARIAS 7 Juan Francisco García Hernández como Director de La Caja canaria

Hechos

El 5.06.1983 el periódico LA PROVINCIA publicó el editorial «Un director que bloquea el cambio» sobre D. Juan Francisco García González, director general de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

05 Junio 1983

UN DIRECTOR QUE BLOQUEA EL CAMBIO

LA PROVINCIA

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La lectura del comunicado emitido ayer por el Consejo de Administración de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, que reproducimos literalmente en las páginas produce la penosa impresión – tantas veces repetida, y a todos los niveles – que la realidad política, social y española en los últimos meses – de una frontal resistencia al cambio necesario en las instituciones públicas. Resistencia inútil en el proceso de renovación y modernización de la sociedad española, significada en el hecho mismo de que el director de ‘la Caja’, don Juan Francisco García González, no haya conseguido el voto unánime del Consejo en el apoyo y defensa de su gestión, rompiendo así, en buena hora, la práctica de las unanimidades y aclamaciones que es consustancial de los sistemas y estructuras antidemocráticos.

Esa ‘mayoría’ conseguida por el director como respuesta a una crítica libre y responsable expresa que el cambio ha comenzado a entrar en ‘la Caja’. Y en ese cambio hay que profundizar llegando a las últimas consecuencias, para que la Institución, que es de todos y a todos debe servir por igual, actúe en paralelo con la sociedad libre, plural, representativa y democrática que ha consagrado el refrendo popular a la Constitución Española de 1978. Porque es lo cierto que en esa ‘mayoría residual’ del pasado, sin duda legalmente constituida en lo formal con mecanismos estatutarios que cambiará muy pronto el ministro Boyer, según reiteradas veces se viene anunciando, siguen vigentes casos tan singulares como el de que entre los vocales representantes de los impositores en el Consejo se cuenten empleados de la Enditad – e incluso nada menos que el director general adjunto – cuando existe un número de consejeros expresamente reservado a los representantes del personal.

Es obvio que todo esto va a cambiar; es inevitable y, por supuesto, indispensable no solo a efectos de imagen y credibilidad sino también en orden a conseguir rendimientos óptimos de la Institución. Y algo que deberá cambiar en el maniobrerismo personalista que no sólo en esta ocasión sino en circunstancias pesadas, ha tratado de salir al paso de la libre información y la crítica honesta ‘aplastándolas’ en la invocación institucional.

LA PROVINCIA defiende y ha defendido siempre a la institución por encima de las personas y ha elevado la voz para preservar a la Caja Insular de Ahorros de los efectos negativos que sobre ella proyectan los malos gestores. El sentido personalista autoritario y dictatorial del poder nos ha acostumbrado tristemente al sórdido espectáculo de proyectar por elevación sus errores a la esencia misma de las instituciones; si se trata de un dictador, la crítica que contra él se ejerza es delito de lesa patria; si es un ejecutivo ensoberbecido hasta el delirio de confundir su gestión con el sentimiento de la propiedad patrimonial, será la Institución a la que sirve la que daba sufrir la crítica, calificada de ‘ataque’ o de ‘campañas’ para confundir a ingenuos. Pero, ¿quién cae ya en esa trampa en la España constitucional que todos hemos construido con tanto sacrificio y con tanta esperanza?

LA PROVINCIA no ha dicho jamás que ‘la Caja’ esté en peligro, sino que puede ser mucho mejor gestionada, administrada y dirigida. Dada la naturaleza de los estatutos por los que se rige, es claro que esa trayectoria depende en enorme medida de los actos y decisiones de su Dirección, por lo que nuestra crítica ha tenido en todo momento por exclusiva destinataria a esa Dirección, no a la entidad en sí, que respetamos, admiramos y estimamos por encima de toda duda, ni a su personal, cuya honestidad, eficacia y estabilidad a cubierto de cualquier contingencia defendernos y defenderemos siempre, tanto en la normalidad como cuando reivindica sus derechos.

Desde nuestras páginas se han ofrecido informaciones analíticas en las que, con la más absoluta transparencia y sinceridad, de advertía que la deficiente gestión de La Caja. Por lo que respecta al ejercicio de 1981, esos análisis estaban respaldados por dictámenes de expertos de la categoría del catedrático de Econometría de la Universidad de Ginebra, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y despachos privados de auditores. En lo que atañe al ejercicio técnico, tomando como base los balances publicados por la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Pero por haber sido dificultada desde la Dirección de ‘la Caja’ la difusión del a Memoria y la cuenta de resultados de dicho ejercicio, LA PROVINCIA ejercitará su derecho requiriendo notarialmente al señor García González para que nos haga entrega de las mismas. Porque se da la esencial circunstancia de que esa cuenta, esa Memoria y esos balances son PÚBLICOS por Orden Ministerial de Economía y Comercio de 13 de abril de 1981, como pública, y no privada, ni societaria es la propia institución. Con esos documentos completarán los expertos pertinentes el análisis iniciado en nuestras páginas.

Pero estamos dispuestos a dejar de lado los números y las cifras; estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a la crítica partiendo del análisis, ahorrando al lector la complejidad del análisis financiero. Nos bastará con que una auditoría externa, realizadacon la solvencia y la independencia exigibles, ponga las cosas en su sitio y nos convenza a todos, a ustedes y a nosotros, de que ‘la Caja’ está siendo convenientemente dirigida. ¿Estaría dispuesta la Dirección a pedir y llevar a cabo esa auditoría? ¿Por qué no la ha requerido hasta el momento la ‘mayoría’ del Consejo de Administración?

En definitiva: en 1982 fuimos objeto de las más insoportables injurias y condenas por actuar con honestidad en defensa de la Institución y de su fundamental futuro. Ahora se nos responde con un comunicado lleno de falsedades en cuanto a nuestra conducta y plagado de inexactitudes e interpretaciones forzadas. Pero no vamos a ceder un milímetro en la defensa de la Institución llamada Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura; no vamos aflojar en el apoyo a su persona, que merece todo el respeto y la más estricta consideración, a salvo de ‘réplicas’ que no hacen sino convocar al ‘lobo’. Y, por descontado, no retrocederemos ni por error en el ejercicio de nuestra fundamental libertad constitucional, que es la de informar sean cuales fueren los contenidos críticos de esa información siempre que respeten el honor de las personas, al que jamás hemos faltado, y cuando se refieran a los actos de una gestión que siempre puede ser falible y, a nuestro juicio, lo es esencialmente en este caso.

Estamos en democracia, señores. Aprendan a digerirla quienes aún se resisten a entenderla y la bloquean con sus actitudes.

06 Junio 1983

¿QUÉ LE PASA A LA PROVINCIA CON LA CAJA?

CANARIAS 7

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El principal propietario de Prensa Canaria es, también, promotor de un banco.

La campaña de prensa desatada el domingo 29 por el periódico LA PROVINCIA contra la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y que fue denunciada por el Consejo de Administración de esta entidad de ahorro tras su reunión del pasado sábado – véase CANARIAS 7 de ayer – tiene unas motivaciones políticas y económicas que quedan muy lejos de los sentimientos de altruismo crítico que los directivos de Prensa Canaria, editora de LA PROVINCIA y DIARIO DE LAS PALMAS, entre otros medios de comunicación, pretenden hacer aparecer ante la opinión pública del archipiélago.

El principal propietario de la editorial Prensa Canaria, Francisco Javier Moll de Miguel – un empleado medio de la Banca Garriga Nogués, de Barcelona, que llegó a Las Palmas a finales de 1978 para hacerse cargo de la consejería delegada de Prensa canaria y que se enriqueció al poco tiempo – es, además de vicepresidente y consejero delegado de la editorial, principal promotor del Banco de las Islas Canarias, de cuyo Consejo de Administración actual forma parte, y detenta un importante paquete de acciones de la entidad bancaria.

Tomando como base este dato, la campaña que LA PROVINCIA y el DIARIO DE LAS PALMAS mantiene desde hace años – y que ha arreciado desde hace nueve días – contra la Caja Insular tiene una razón bien clara y lejana de las pretensiones argüidas hasta ahora por el rotativo de Prensa Canaria: la descalificación de los gestores de la Caja, que se han hecho incómodos a las pretensiones político-económicas del señor Moll.

¿QUÉ LE PASA A LA PROVINCIA CON LA CAJA?

Los lectores de Prensa de Las Palmas están asistiendo en las últimas semanas a una violenta campaña desatada por los periódicos de Prensa Canaria, y en especial por su máximo portavoz, LA PROVINCIA, contra la Caja Insular de Ahorros Gran Canaria, Lanzarote y Fuenteventura y sus órganos gestores. Hasta ahora CANARIAS 7 ha mantenido una postura meramente receptiva a las aclaraciones y puntualizaciones que la Caja ha realizado a través de todos los medios de comunicación en uso de su derecho a salir al paso de estos pretendidos intentos de desprestigio. Pero tras el comunicado de denuncia aprobado el pasado día 4 por el Consejo de Administración de la Caja (ver CANARIAS 7 del 5 de los corrientes) y la extraña interpretación que hace de él LA PROVINCIA en su edición de ayer domingo, entendemos que los lectores deben tener un conocimiento más completo de los antecedentes y realidades que dieron lugar a tan contundentes acuerdos de la Caja, por lo que iniciamos la publicación de los datos recabados por nuestro periódico sobre la trayectoria informativa y editorial seguida por LA PROVINCIA, así como de los móviles de su grupo propietario.

Un viejo aforismo asegura que los ríos hacen ruido únicamente en el momento en que por su cauce corre el agua. Raro es, pues, el río que suena cuando su cauce está seco.

La referencia al refrán viene a cuento del análisis económico y del artículo, firmado este último por un conocido militante del PSOE, aparecidos en LA PROVINCIA el domingo 29 y el martes 31 de mayo, respectivamente. En ambos trabajos, LA PROVINCIA, que se ha destacado en numerosas ocasiones por un antichicharrerismo acérrimo, parece descubrir que de las dos Cajas de Ahorros existentes en el Archipiélago, tras la fusión de las de Tenerife y La Palma, la única que funciona, cumple sus objetivos y ofrece a sus impositores una imagen clara de su gestión en la tinefeña. Muy curioso.

La percha inicial, que decimos los periodistas al referirnos a lo que nos sirve para explicar un razonamiento o escribir un reportaje, era un contencioso surgido entre las dos Cajas canarias por una cuestión formal de nombre y que ha dado aclarado en un comunicado que aprobó la Federación Canaria de Cajas de Ahorros que fue hecho público el pasado 2 de junio.

Pero de la percha, LA PROVINCIA pasó sin solución de continuidad a pedir cabezas. Analizó, aunque de forma incompleta y, por tanto, mal intencionada, los datos del balance ofrecido por la Caja de la provincia de Las Palmas, para que se viese que la Caja tinerfeña había crecido más y mejor y, como conclusión del silogismo – o por mejor decir, sofisma – pedir encubiertamente el primer día y abiertamente el segundo, que los gestores de la Caja insular de Ahorros dejasen sus puestos en beneficio de una gestora que llevaría adelante sus funciones hasta que se creará una Caja de ámbito regional que aparentemente propugnaba LA PROVINCIA.

A partir de aquí, las cosas empiezan  a estar más claras. No se trata, como pudo parecer en un principio, que LA PROVINCIA, y sobre todo, su grupo propietario, se hayan pasado al bando del chicharrerismo y ahora se dediquen a elogiar contra su inveterada y en ocasiones grosera costumbre, lo que se hace en la isla de enfrente. Tampoco se trata de que hayan descubierto que los gestores de la Caja Insular de Ahorros sean unos incompetentes y que, por ello, pidan su dimisión. Se trata, mucho más sencillamente, de pedir que salten cabezas de la Caja sin aportar razones objetivas que no sean su particular, parcial e interesada interpretación de los resultados de la gestión realizada en los últimos años, por lo que inmediatamente el lector podría preguntarse qué oscuros intereses han motivado lo anterior.

Pero si el lector de los trabajos periodísticos del domingo 29 y el martes 31 pasados en LA PROVINCIA está avisado, podría hacer otra lectura de los artículos y averiguaría realmente lo que el grupo propietario de Prensa Canaria no quiere desvelar, por razones obvias.

Detrás de LA PROVINCIA y del DIARIO DE LAS PALMAS, esto es, los dos periódicos que edita Prensa Canaria, está su hombre fuerte, Francisco Javier Moll de Miguel, un mallorquín catalanizado que llegó a Las Palmas a finales de 1978 para hacerse cargo de la consejería delegada de los dos diarios y que hoy ocupa además el cargo de vicepresidente. Y se da la circunstancia de que Francisco Javier Moll se encuentra fuertemente ligado al Banco de las Islas Canarias en cuya fundación fue destacado miembro de su grupo promotor y que, en la actualidad, ostenta un puesto en su Consejo de Administración. Además, el señor Moll posee un importante paquete de acciones del citado Banco que le conveirte, también, en hombre fuerte de la entidad bancaria.

Esta relación evidencia del señor Moll con LA PROVINCIA y el Banco de las Islas Canarias, y que ha dado origen en ocasiones, a chascarrillos, chistes y situaciones confusas, le imprime a los trabajos publicados en los periódicos de Prensa Canaria un nuevo matiz. Está claro que, en el terreno financiero, la Caja Insular de Ahorros y el Banco promovido por Francisco J. Moll son competidores director y cualquier ocasión de desprestigio del rival bien aprovechada, puede redundar en un beneficio para el atacante. Y a eso parece que quiere jugar el señor Moll a través de los diarios de Prensa Canaria. Si no, ¿para qué manipular unos datos, unas cifras y un enfrentamiento formal entre las Cajas de Tenerife y Las Palmas para pedir, lisa y llanamente, la dimisión de unos gestores que pueden lllegar a ser molestos para una institución determinada, sino es lo que son ya?

Si llegamos a esta conclusión, bien nos podemos explicar entonces el tratamiento que la Caja Insular de Ahorros ha recibido por parte de LA PROVINCIA y el DIARIO DE LAS PALMAS en los últimos años, que ha caído en el desprestigio directo de la Institución de Ahorro, como denuncia el Consejo de Administración en su comunicado del pasado día 4.

En este punto, pues, nos encontramos con que los trabajos publicados por LA PROVINCIA  el domingo 29 y el martes 31 pasados no constituyen un hecho aislado. Más bien hay que empezar a pensar en la posibilidad, si no en la absoluta convicción de que se trata de la orquestación interesada de una campaña de Prensa – de aquellas que nos enseñaron en la Escuela de Periodismo que existían – con un objetivo claro: quitar de en medio a los gestores de la Caja Insular de Ahorros, que están molestando con sus resultados financieros al principal promotor del Banco de las Islas Canarias y propietario en su práctica totalidad de los periódicos de Prensa Canaria.

No hay que olvidar tampoco que los Órganos Rectores de la Caja han denunciado, también, otro hecho muy significativo: el haberse negado ‘a comprometerse en proyectos y participación en Instituciones Financieras de reciente aparición patrocinadas por el referido grupo por carecer de las garantías objetivas que normativamente demanda una correcta administración’ (apartado 3 del comunicado del Consejo de Administración). Cuestión ésta tan grave a nuestro juicio que sería muy positivo que la Caja la ampliase y aclarase para la definitiva comprensión que debe tener la opinión pública de esta continuada campaña de desprestigio de la que es objeto, como única Institución financiera canaria de nuestra provincia.

Y es que – argumentando como hacía LA PROVINCIA al referirse el domingo 29 a la Caja General de Ahorros de Tenerife – Prensa Canaria, junto con el Banco de las Islas Canarias podría buscar el hegemonismo político, económico y de influencia social en el Archipiélago y, para eso, más que manipular historias de la Caja Insular de Ahorros, con todo lo que ello significa o puede llegar a significar para sus impositores y para su colectivo de trabajadores, lo que tendrían que hacer los propietarios de ese periódico es entrar en el juego políticamente establecido y jugar limpiamente. Otros sistemas, como los hasta ahora utilizados por dicho grupo, pertenecen por fortuna a otras épocas y no estamos aquí para añorar viejos tiempos de infausto recuerdo.

FRANCISCO J. MOLL: DE EMPLEADO MEDIO A MULTIMILLONARIO

La figura de Francisco Javier Moll aparece aquí como muy importante a la hora de querer explicarnos la petición de cabezas de los gestores de la Caja que hace LA PROVINCIA.

Era el señor Moll un empleado medio de la Banca Garriga Nogués, de Barcelona, que a los pocos meses de su llegada a Las Palmas, y a pesar de su condición de empleado medio – y, por tanto, financieramente suponemos que en una situación de muy baja disponibilidad de fondos para grandes operaciones económicas – se presenta como propietario de acciones desembolsadas de los dos periódicos por valor de más de trescientos millones de pesetas, según nuestras informaciones. En poco tiempo es propietario, además, de un complejo residencial y de varios apartamentos en la Playa de las Burras, en el Sur de Gran Canaria; un lujoso piso en Las Palmas; una suntuosa reisdencia en la estación de deportes de invierno de Baqueira Beret, en la provincia de Lérida; un yate de recreo que después cambió por otro, valorado en más de cincuenta millones de pesetas, atracado en Pasito de seguridad; una inmobiliaria, y un importante paquete de acciones desembolsadas del Banco de las Islas Canarias, entre otros bienes de los que CANARIAS 7 ha tenido conocimiento.

Resulta muy difícil entender cómo un empleado medio puede, en el corto espacio de tiempo de pocos meses, ascender económicamente de tal forma a través de dos diarios de provincia y lograr una fortuna personal de las características descritas.

No ha faltado quien al hablar de Francisco Javier Moll se ha referido a él y a sus hombres de confianza – entre los que destaca Guillermo García Alcalde, cerebro gris y muñidor político del que ya trataremos – con calificativos como el de mafia, entre otros que no estimamos prudente repetir aquí. Pero la cita viene a cuento de que, de otra forma, no se podría entender el vertiginoso ascenso económico del señor Moll.

No es nuestra intención, tampoco, dar por cierto el contenido de algunos escritos que fueron repartidos por buzones de Las Palmas a finales de 1981 y principios del 82 en los que se hablaba de una clara maniobra de grupos de presión encabezados por Francisco J. Moll para hacerse con el control de la economía canaria a través del Banco por él promovido – creado sobre las cenizas del poco importante Banco Catalán de Crédito Corporativo – y apoyado por sus periódicos de Prensa Canaria con claras ambiciones de poder político de cara al Cabildo, el Gobierno de Canarias e, incluso, representantes de la Administración Central en el Archipiélago.

Otro tanto de incredulidad deberíamos adoptar frente al as informaciones que llegaron a comentarse en determinados círculos de que el patrimonio personal del señor Moll había salido inicial y ´nicamente del patrimonio social de la editorial Prensa Canaria a base de retirar fondos directamente sin la correspondiente distribución de resultados con la correspondiente evasión fiscal. Y si esto hubiese sido cierto, bueno sería que la Inspección de Hacienda lo aclarase.

Finalmente puede quedar ratificado, además, el papel jugado en toda esta operación por Francisco J. Moll en lo que respecta a su identificación con el Banco de las Islas Canarias, entidad que como tal nos merece todos los respetos así como sus empleados, el hecho de que algunos miembros canarios del inicial Consejo de Administración de la citada entidad bancaria fuesen obligados a abandonar su cargo por no aceptar los sistemas empleados por el grupo patrocinado por el propio señor Moll.

24 Enero 2021

La Batalla

Guillermo García-Alcalde

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LA BATALLA…

Un grupo mercantil  llamado “Inforcasa” saca en octubre de 1982 el diario “Canarias 7” El promotor, Juan Francisco García González, preside el consejo sin dejar de ser director general de la Caja Insular de Ahorros de Canarias. La inspiración aparente del proyecto es disponer de un medio informativo que contrarreste  el “monopolio” de EDITORIAL PRENSA CANARIA en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. La mayor parte de los accionistas son indiferentes a esa motivación, pero responden a la llamada porque parece dimanar de la Caja de Ahorros, por entonces fuente financiera de todos ellos.  García González pretexta la fundación del Banco de las Islas Canarias, que organiza  Javier Moll de Miguel como experto bancario, a  petición de numerosos empresarios disconformes con los comportamientos  de García González.  A éste se le ofrece, en encuentro personal, tomar el paquete de acciones que desee, invitación que rechaza por mero silencio. El Banco de las Islas  Canarias abre sus oficinas en todo el Archipiélago. Preside el Consejo el historiador Antpnop Rumeu de Armas, por entonces presidente de la Real Academia Española de la Historia y entre sus consejeros está José Rodriguez Ramírez, editor y director del periódico “El Día” líder en Tenerife. El accionariado se hizo muy amplio en poco tiempo y y la actividad financiera muy intensa. Moll no quiso aceptar cargo alguno, e incluso vendió sus acciones para dejar perfectamente claro que el asesoramiento fundacional había sido un favor técnico prestado a quienes se lo pidieron.

García González se limitó a copiar todos los pasos editoriales, tecnológicos y de marketlng del matutino de EDITORIAL PRENSA CANARIA, pero lo  más definitorio de sus contenidos fue durante años el odio a LA PROVINCIA, a su presidente-propietario y a Guimmero García-Alcalde, su director general. Las campañas alcanzaron un elevadísimo nivel de hostilidad y ofensas indescriptibles, antes y después del momento en que García González fue abruptamente desposeido de la dirección de la  Caja por el Gobierno Autonómico. Todo esto redundó en mayor odio y más furibundas campañas, que nunca consiguieron desplazar a LA PROVINCIA de su liderazgo en difusión y publicidad.

Tras un encuentro y conversación fortuitos en 2004 comenzó una etapa de diálogo, muy débil y desconfiada en principio, pero bastante bien enfocada a una colaboración que acabó en acuerdo para préstamos en papel-prensa o tecnología en casos de avería o retraso en la llegada de los barcos papeleros desde el norte de  Europa y, lo más importante, la creación a medias de Totaldis, empresa dedicada a la distribución de los periódicos en todo el Archipiélago.

Informaciones recientes (aún no confirmadas), aseguran que Canarias7 ha sido vendido a Vocento, compromiso de mantener activos a sus cuadros actuales de mando durante un cierto tiempo.