Herri Batasuna saca a miembros de ETA en su anuncio electoral acreditando oficialmente su vinculación con la banda armada

ETA ES una organización criminal que asesina, secuestra, extorsiona y destruye con diversos pretextos: ecológicos (autovía de Leizarán), sociales (traficantes de droga), políticos (la alternativa KAS). No hace falta ninguna investigación del ministerio fiscal para saber esto. Por tanto, la emisión de un vídeo de ETA en la campaña de un partido político es claramente ilegal, cualquiera que sea su contenido. No podrá, en consecuencia, emitirse en los espacios electorales de Herri Batasuna (HB) ni exhibirse en los mítines de ese partido, como han anunciado sus dirigentes. Los jueces competentes y las fuerzas de seguridad deberán adoptar las medidas precisas para que no se produzca esa vulneración de la ley. Ello planteará problemas, pero siempre será preferible abordarlos que mirar para otro lado.Esto último es lo que se ha hecho frecuentemente con el argumento de que actuar contra este tipo de provocaciones de los amigos de ETA era hacerles el juego; que lo que persiguen es que se hable de ellos, y de su vídeo. También se ha sostenido que lo que pretenden es la criminalización de la opción que representan, para justificar así el recurso a vías violentas. Otras veces se ha admitido la necesidad de hacer algo, pero se ha considerado que el momento no era oportuno: porque había unas elecciones a la vista, porque había contactos con HB, porque se rumoreaba que ETA preparaba una tregua. Hoy sabemos que la sensación de impunidad en que se mueve ese mundo ha sido un factor decisivo en la reproducción generacional de la violencia. También se sabe que la dinámica de la permisividad tiene su propia lógica, y que cualquier concesión coyuntural es considerada por los provocadores terreno conquistado: a la siguiente aumentarán la dosis.

Así hemos llegado a donde ahora estamos. Un punto en el que ni la policía ni la judicatura pueden garantizar el derecho de manifestación de quienes piden la liberación de un hombre secuestrado, y en el que se anuncia en rueda de prensa que los que acaban de matar a Fernando Múgica van a defender desde un vídeo emitido por las televisiones públicas su alternativa; es decir, los argumentos en nombre de los cuales consideran justificado, entre otras cosas, asesinar a políticos de otros partidos. Aplicar la ley es ahora la principal medida antiterrorista imaginable. Y exigir que así se haga, una obligación moral de todos los partidos democráticos, comenzando por los que compiten con HB en el País Vasco.

Jon Idígoras no atendió ayer el requerimiento del juez Garzón. Dice la Mesa Nacional de HB que Idígoras no es el único responsable del vídeo en el que se concede la palabra a ETA; que lo son todos los integrantes de ese órgano dirigente. Vana excusa: si lo son todos, lo es él también. Debería acudir ante el juez y darle cuenta de esa responsabilidad colectiva. HB afirmó ayer que no tiene por qué dar cuenta de sus actos ante «ninguna instancia judicial española». Sin embargo, ha recurrido a los tribunales «españoles» siempre que ha creído que eso podía reportarle algún beneficio. La prueba es que ayer mismo los defensores de Idígoras se apresuraron a presentar recurso contra la decisión de Garzón. Si creen que los tribunales «españoles» no valen y «carecen de legitimidad», deberían ser coherentes y actuar como si no valieran nunca y no valieran para nadie. Los dirigentes de HB están llevando más y más lejos su desafío, confiando en que los problemas políticos que podrían derivarse de una actuación judicial contra ellos sirvan de elemento de disuasión. No debe ser así. Es necesario demostrar -con ellos como con los responsables de los GAL, en el extremo opuesto- que la Justicia es igual para todos. Que no puede impartirse a la medida, en función de consideraciones y conveniencias políticas.

UNA COSA es opinar y otra amenazar; una cosa es la libre expresión de unas ideas y otra ampararse en la libertad de expresión para cometer delitos como instar al asesinato o justificar los crímenes de los terroristas; una cosa es defender un programa en un mitin y otra «ceder la voz a ETA» en un vídeo apologético de la violencia. El Gobierno ha apremiado al fiscal general a actuar contra HB, la cara legal de ETA, por colaboración con banda armada y asociación ilícita. Por su parte, el juez Garzón ha citado como imputado a Jon Idígoras, representante legal de HB, en relación al vídeo que ese partido pretendía incluir en sus mítines y espacios electorales. Pensamos que no debe haber bulas para nadie. Por eso, y con independencia de cuál sea su destino en la vía judicial, consideramos acertadas esas iniciativas.Sobre todo, porque van claramente en el sentido de acabar con la excepcionalidad de hecho de que viene disfrutando el entorno de ETA. Ahora que tiende a admitirse que el problema principal de la democracia española es la impunidad de ETA y alrededores, el estado de excepción a que tienen sometida a la población vasca, lo más urgente es acabar con cualquier sensación de pasividad por parte de las instituciones frente a ese desafío permanente a la legalidad, al Estado democrático y a los derechos de los ciudadanos. Los abogados de HB alegarán lo que consideren oportuno ante los tribunales: si no es cierto que estaban amparando o justificando a ETA, o colaborando con sus pistoleros frente a los ertzainas que intentaban detenerlos, o defendiendo la utilidad del recurso a atentados sangrientos, que lo digan así, en voz alta, ante el tribunal. Y si, como acostumbran, no se presentan a declarar, que sean detenidos y llevados ante los jueces. Y que declaren con todas las garantías que el Estado de derecho ofrece a los ciudadanos. Si el resultado es o no la disolución -que no ilegalización- de HB, es algo que deberán dilucidar los tribunales. Pero lo que no es posible es aplazar una vez más, por temor o en nombre de discutibles argumentos de oportunidad, el sometimiento a la ley que rige para los demás ciudadanos de las personas cuya responsabilidad en delitos concretos se acredite.

QUE HERRI Batasuna (HB) es la plataforma de complicidad legal con ETA es sólo un secreto para quien prefiera ignorar certezas. Siempre fue así. Pero ahora ya ni siquiera se oculta. Existe un comite de enlace entre la cara legal y la ilegal que se llama Coordinadora KAS, en la que está directamente representada ETA, y que emite comunicados y concede conferencias de prensa. Y los dirigentes de esa coordinadora copan desde hace años la mayoría de los puestos de la dirección de HB: algo que en su día fue visto críticamente desde el nacionalismo democrático y comentado también desfavorablemente por la prensa. Si, pese a ello, HB ha encontrado amparo legal, es porque la naturaleza del sistema trata de ganar para la democracia a las fuerzas políticas que no se hallan en ella. La experiencia demuestra que tal vocación tuvo éxito a veces. Pero siempre es difícil encontrar el equilibrio entre ese deseo de integración democrática y el riesgo de favorecer los planes de quienes tratan de acabar con la libertad.La provocación de Idígoras al negarse a comparecer ante el juez con el argumento de que HB «no reconoce la legitimidad del Estado español» confirma que lo más urgente ahora es acabar con la sensación de impunidad de que goza esta gente. Idígoras ha sido convocado como representante legal de HB. Que el resto de los dirigentes de ese partido se hagan corresponsables de la supuesta ilegalidad es irrelevante. Es cierto que HB realiza actos ilegales con gran frecuencia. Y que casi siempre quedan impunes. También es cierto que desde hace algunos años sus dirigentes ni siquiera tienen a bien presentarse cuando los convocan los jueces. Pero el hábito de incumplir la ley no otorga el derecho a seguir haciéndolo. Lo que procede es aplicar la legislación vigente a las actuaciones concretas. de sus miembros si su legalidad ofrece dudas: ceder la voz a ETA para la difusión de un vídeo de propaganda terrorista en plena campaña electoral, la presencia de encapuchados etarras en sus mítines, las amenazas o incitaciones a la violencia en los medios son actuaciones de las que deben responder penalmente sujetos concretos.

Si el resultado de la investigación es o no la disolución de HB es algo que tendrán que decidir los jueces, de acuerdo con las leyes y con independencia de la opinión que al respecto puedan tener los partidos nacionalistas, el Gobierno o la Mesa de Ajuria Enea. Algunos de los efectos que hoy lamentamos provienen precisamente de la relativización de la ley en nombre de consideraciones de oportunidad coyuntural. Hoy sabemos, además, que muchas de esas consideraciones -evitar el victimismo en campaña, no favorecer su ansia de llamar la atención- han resultado secundarias respecto al efecto principal derivado de la pasividad: que la nueva generación radical considere un derecho inalienable quemar furgonetas policiales, impedir el derecho de manifestación de los de más, desfogarse a costa del mobiliario urbano o cobrar cuotas mafiosas a los establecimientos. O integrarse en un comando de ETA para cosechar muertes. Desmentir esta perversa impresión, haciendo cumplir la ley, es tina de las capitales tareas dQ este momento.

EL DIRIGENTE de Herri Batasuna Jon Idígoras ingresó ayer en prisión por orden del juez Garzón. Se trata, y así hay que destacarlo en primer lugar, de una medida legal, pero que es, además, ejemplar y pedagógica. El simple hecho de la detención ya había generado no pocas voces en contra por parte de algunos sectores políticos -sin contar, por evidentes, a sus propios compañeros de formación- que cuestionaban la decisión judicial, con el argumento de que se regalaba a HB un plus de protagonismo en la campaña electoral que sólo puede beneficiarle. Es un riesgo a asumir. Es el precio a pagar por un mensaje que esperaba la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, quizá especialmente en Euskadi, y que es tan simple corno que la ley es válida para todos, incluidos los miembros de la Mesa Nacional del brazo político de ETA. Aunque pueda favorecer sus expectativas electorales, se tiene que actuar contra Herri Batasuna cuando comete delitos. Y sin criterios de supuesta oportunidad.La prueba de lo lejos que hemos llegado en el terreno de la impunidad la dio ayer otro dirigente de HB, Floren Aoiz. Dijo a los periodistas que no comparecería ante el juez -que le había citado en relación a un escrito amenazador dirigido al delegado del Gobierno en Navarra- «porque así lo ha decidido la Mesa Nacional». Seguir aplazando la aplicación de la ley y dejar que sean los dirigentes de HB quienes decidan cuándo la cumplen es suicida. El clima de permisividad en que se han movido estos individuos es el principal factor ¿le la violencia callejera que lamentan hoy los políticos y la inmensa mayoría de la población de Euskadi.

Por eso resultan especialmente desconcertantes algunas reacciones que invocan esos criterios de oportunidad para criticar la decisión judicial de detener a Idígoras. «Se le está haciendo la campaña a HB gratuitamente», ha dicho Garaikoetxea. Para el portavoz del PNV, Joseba Egibar, «se trata de un error de bulto en cuanto a oportunidad política». También ha dicho que «nunca se ha demostrado y no se demostrará la relación orgánica entre ETA y HB». Teniendo en cuenta que fue el propio Idígoras quien hace años dijo que «votar a HB es votar a ETA», esa relación ofrece escasas (Judas. Si ello se traduce o no en una evidencia judicial está por ver, pero es difícil negar que ceder el espacio electoral para la difusión. de propaganda de ETA es al menos un indicio de colaboración digno de ser considerado por la justicia.

Es lógico que los defensores de HB aleguen que no existe relación orgánica entre ETA y HB, pero sorprende que :sea el PMV el que se erija en abogado de ese partido. Arzalluz ]ha puesto como ejemplo de actitud sensata ante el terrorismo la de los laboristias británicos que apoyan toda decisión del Gobierno conservador en relación al IRA. Lo dijo poco antes de reconocer que había ordenado al diputado del PNV en el Parlamento Europeo que se abstuviera de votar a favor de las extradiciones de dos etarras que había pedido el Gobierno español a Bélgica. El propio Arzalluz ha descalificado la opinión de Aznar de que los nacionalistas deben demostrar que ante todo son demócratas. Triste. Porque es de lo más sensato que ha dicho el líder del PP últimamente.

Desde luego, mucho más razonable ese comentario que su desafortunada intervención de Palma de Mallorca sobre la manifestación del lunes en Madrid, al decir que era el símbolo del fracaso de los socialistas durante 13 años. ¿Cómo se puede despachar la movilización de cientos de miles de ciudadanos de manera tan mezquina? El mensaje de unidad de los manifestantes era una invitación a que los partidos no supediten el frente contra el terrorismo a sus intereses electorales. Ni Arzalluz ni Aznar parecen haberlo entendido. Y no menos condenable es la reacción del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, al aprovechar unas declaraciones sobre la detención de Idígoras para añadir más leña al fuego acusando a Aznar de «manipulación obscena de la manifestación». Nada hay más inútil y peligroso, en este momento, que caer en el sectarismo y confundir de nuevo adversarios políticos y enemigos de la democracia.