El director de Aviación Pedro Tena demanda al director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, por no publicar su carta de rectificación

Le agradeceré inserte en su diario la siguiente rectificación al artículo aparecido en la página 50 de EL PAÍS del 22 de marzo de 1984 bajo el epígrafe Pedro Tena habla de desconocimiento de los auditores de la Intervención del Estado.

1. En ningún momento, durante la breve entrevista que mantuve con su redactor don Carlos Gómez en el despacho del director general del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, di lugar, ni directa ni indirectamente, a entender que los autores de la auditoría realizada al citado organismo tuvieran desconocimiento de las materias de su competencia tratadas en la misma.

2. El asunto tratado con don Carlos Gómez fue, por mi parte, el referente a la recaudación de las tarifas por ayudas y servicios a la navegación aérea, que, para evitar malentendidos, le fue resumido en nota escrita, con la expresa aclaración de que dicha nota se refería exclusivamente al artículo aparecido en EL PAÍS el día 20 de marzo de 1984, en los aspectos que trataban sobre dicha materia.

3. La nota citaba, en lo referente a la fiscalización de las recaudaciones efectuadas por Eurocontrol, el artículo duodécimo del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, que establece la fiscalización preceptiva de dichas liquidaciones por parte de la Intervención General del Estado, deshaciendo así el equívoco creado por el citado artículo del 20 de marzo, del que parecía deducirse que dicha fiscalización no estaba prevista ni se ejercía.

4. Finalmente, señor director, lamento que la línea editorial repetidamente por ese periódico insista en no rectificar las informaciones, a todas luces erróneas, suministradas por EL PAÍS a raíz de los trágicos accidentes ocurridos a finales del pasado año, y ello no por miedo a una crítica que la Administración es la primera en realizar, sino porque dicha línea va en desdoro de un periódico cuyo esfuerzo informativo en otros campos he apreciado personalmente, y por que el prestigio que merecidamente había adquirido su periódico debe mantenerse en beneficio del derecho del pueblo español a una información exacta, completa y veraz.

Pedro Tena

Director General de Aviación Civil.

El periodista William Carley, que publicó el pasado día 6 en el periódico estadounidense The Wall Street Journal una información sobre desviaciones de trayecto cometidos por pilotos españoles en las rutas del Atlántico Norte, disponía de documentos con el sello de registro de entrada en la Dirección General de Aviación Civil, a cuyo frente figura Pedro Tena, según han declarado algunas de las personas que tuvieron acceso a los citados documentos. la estadística de desviaciones se publica periódicamente -en el último informe se hacían referencia a 33-, pero sin hacer referencia concreta a las compañías que las protagonizan. Esta información concreta sólo se facilita a la compañía infractora y la Administración.

De las 33 desviaciones registradas en la última estadística -publicada el pasado 1 de marzo de 1983 y relativa a desviaciones registradas en los 15 meses anteriores-, sólo han sido difundidas a través de los medios de comunicación las relativos a Iberia.En el diario estadounidense, se afirmaba que también otras compañías, como Delta, Aeroflot y Lufthansa, han registrado desviaciones en alguno de sus vuelos, pero no se concretaba ni la cantidad de los errores de cada una ni el tipo de desviación.

La compañía española se considera gravemente perjudicada por la difusión de sus errores (ver EL PAIS del 16 de diciembre de 1983 y del pasado día 9), que en ninguno de los casos afectó a la seguridad de los viajeros, como reconocen los organismos internacionales.

La compañía Iberia entiende que la difusión de sus errores lesiona su imagen ante los posibles pasajeros en un mercado fuertemente competitivo como es el del Atlántico Norte. Anualmente, se realizan unos 120.000 vuelos entre EE UU y Europa por el Atlántico Norte.

Entre los documentos manejados en la información del diario norteamericano, figura una carta enviada por A. White, de la Subsecretaría de Aviación Civil británica, a la Dirección General de Aviación Civil, en la que se comentan los errores de los pilotos españoles.

Una copia de la carta, que ya fue entregada también a varios periodistas españoles a finales del pasado año por Pedro Tena, fue manejada por Carley para realizar la información. Iberia sólo pudo disponer de esta carta, que estaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, después de ser difundida a través de los medios de comunicación.

En opinión de altos cargos de Iberia, la difusión desde Aviación Civil de errores registrados en vuelos de la compañía desde Europa a EE UU ha supuesto un paso más en el ambiente de fricciones existente desde hace meses entre la Dirección General de Aviación Civil y la compañía, si bien existían ya numerosos precedentes.

Entre estos precedentes, las fuentes informantes citan el hecho de que los aviones de Iberia gastan anualmente cerca de 600 millones de pesetas más en combustible, debido a que Aviación Civil no suscribe con las autoridades militares un acuerdo para restringir las zonas áreas de exclusivo uso militar en la denominada Área Terminal de Madrid. Esas zonas exclusivas para los militares existen debido a la presencia en dicha terminal de los aeropuertos militares de Torrejón y Getafe. Extraoficialmente, Iberia y los militares están de acuerdo en restringir esas zonas, pero el acuerdo definitivo debe suscribirlo un organismo llamado Cidetra, integrado por autoridades militares y de Aviación Civil. El hecho de no suscribir oficialmente el acuerdo obliga a los aviones que se acercan a Barajas a efectuar recorridos más prolongados, lo que origina mayores gastos de combustible.

Igualmente, recuerdan que, a los pocos días de llegar Pedro Tena a la Dirección de Aviación Civil a finales de 1982, se dictaron unas nueva normativa antiruidos para el despegue de los aviones, considerada descabellada por Iberia.

La norma fue suspendida varios meses después por considerarla ineficaz, pero los meses que estuvo en vigor supuso a la compañía española unos gastos adicionales de unos 400 millones de pesetas, ya que, entre otras cosas, exigía la realización de los despegues a mayor potencia de motores que la habitual.

La compañía aérea española está integrada orgánicamente en el Instituto Nacional de Industria (INI), del Ministerio de Industria, pero depende de Aviación Civil, integrada en el departamento de Transportes, a la hora de hacer las programaciones de vuelos, recibir inspecciones, contar con los controladores aéreos, disponer de permisos de aterrizajes o despegues y otras actividades fundamentales para la compañía. Dentro de las fricciones existentes entre ambas partes, personas del sector aeronáutico afirman que España es el único país en el que la Administración no apoya sin paliativos a la principal compañía aérea de la nación.

Pilotos sin examen

Según estas fuentes informantes, la actitud de Tena frente a Iberia tiene unos claros antecedentes personales. El día 29 de octubre de 1982, un día después de las elecciones generales que dieron el triunfo al PSOE, Pedro Tena viajaba en un vuelo de Iberia desde Ginebra a Madrid y, en un papel especial para escribir cartas que facilita la compañía a bordo de sus aviones -lleva en e mem rete a rase «Abordo de un avión de Iberia»-, redactó unas largas «impresiones» sobre lo que, en su opinión, debía hacerse en Iberia.La carta fue enviada al entonces presidente de Iberia, Felipe Cons, quien interpretó, como otras personas, que quizás Tena esperaba que, tras las elecciones, sería nombrado presidente de la compañía, extremo que no se produjo.

Meses más tarde, ya como director general de Aviación Civil, realizó gestiones, según personas que conocieron los hechos directamente, para que, sin hacer el correspondiente examen, ingresaran como pilotos de Iberia dos pilotos que años atrás no habían sido admitidos en la compañía.

Iberia exigió que los dos pilotos realizaran el examen, pero estos entregaron el primer ejercicio en blanco y fueron eliminados. Días más tarde, los dos pilotos, Javier Aguado y Francisco Martínez Elorza, fueroti,nombrados por Tena inspectores de vuelo.

La primera inspección que realizó uno de ellos, en las proximidades del aeropuerto de Heathrow (Gran Bretaña), fue a unos de los pilotos de Iberia miembro del tribunal que años atrás había rechazado su solicitud de ingreso en la compañía. Tena, que es ingeniero aeronáutico, también pretendió hace años ingresar en Iberia, según aseguran compañeros de su promoción.

La información aparecida el pasado día 9 en EL PAIS, en la que se denunciaba que funcionarios de la Adminstración habían facilitado datos sobre los errores de Iberia al The Wall Street Journal ha supuesto un nuevo motivo de fricción entre la compañía y autoridades del Ministerio de Transporte, del que depende Aviación Civil.

El propio titular de Transportes, Enrique Barón, y el secretario general de Turismo, Ignacio Fuejo, han dado instrucciones a diversos organismos y entidades de la Administración para que no faciliten a los medios de comunicación informaciones y datos que pongan de relieve las tensiones y fricciones.

Enrique Barón e Ignacio Fuejo han hecho hincapié especial en que no se faciliten ese tipo de datos a EL PAIS. Una de estas personas opina que este periódico realiza «ataques sistemáticos a Aviación Civil», y la otra entiende que desde estas páginas se utiliza de forma «sensacionalista» la información sobre temas aeronáuticos.

DEMOS POR buenas las cuentas hechas por la sección de Economía de EL PAIS o las que ha presentado el presidente de Iberia en su junta general de accionistas. Las pérdidas, en cualquier caso, son escalofriantes: 32.000 millones en el primer caso; más de 29.000 en el segundo. El déficit de Iberia se ha multiplicado por cuatro en el último ejercicio, esto es, en el período en que ha sido titular ejecutivo de la compañía Carlos Espinosa de los Monteros. En unos momentos en que bastantes de las más significativas compañías aéreas occidentales re montan una parte importante de sus problemas, resulta demoledor recurrir a la secuencia de resultados’ en los últimos ejercicios de Iberia: en 1979 se perdieron 2.590 millones de pesetas; en 1980, 6.080 millones; en 1981, 3.580 millones; en 1982 (año en el que el entonces presidente, Felipe Cons, declaraba con una gran visión del futuro: «En 1983 Iberia no tendrá números rojos»), 8.124 millones, y en el ejercicio pasado, en tomo a los 30.000 millones de pesetas, según las versiones. La auditoría que la Intervención General del Estado ha realizado en la compañía, pese a todas las matizaciones y limitaciones que hacen sus autores (de las que en parte responsabilizan a las ‘importantes debilidades del sistema de control administrativo-contable de la compañía») supone un serio palmetazo a la presentación financiera de las cuentas anuales de Iberia. El caso más llamativo -que supone el incremento de las pérdidas anunciadas en más de 5.000 millones de pesetas- es el ajuste que la Intervención hace para eliminar el efecto neto en la cuenta de resultados de la actualización de la flota y los préstamos correspondientes en moneda extranjera. Los auditores explican que la actualización de los préstamos al tipo de cambio de cierre sería aceptable bajo principios de contabilidad, generalmente aceptados, con cargo a la cuenta de gastos amortizables. La revalorización de la flota, aunque podría mejorar la presentación financiero-patrimonial de la sociedad, es difícilmente justificable, de acuerdo con los principios contables recogidos en las disposiciones legales aplicables en este país, y no es seguido en la práctica por las entidades mercantiles españolas. En ningún caso, según los autores de la auditoría, esta última actualización podría hacersecon abono a los resultados del ejercicio.

Sin embargo, la auditoría (de cuya lectura general y sus números es fácil deducir una desastrosa gestión de los actuales gerentes de Iberia) no es más que una anécdota en la procelosa acumulación de dificultades en el seno de la compañía. Es muy difícil seguir inculpando a la manida crisis energética, a los altos costes de los, carburantes o a los elevados salarios de los trabajadores del hecho de que en las líneas aéreas españolas se pierdan más de 87 millones diarios. Si añadimos que el nivel de prestaciones es desastroso, pensamos que el presidente del INI y el ministro de Industria deberían explicar su pasividad ante el caso.

Con los resultados conocidos sigue siendo urgente una política de reconversión laboral y de reestructuración de todas las debilidades organizativas históricas -no hay que olvidar que la herencia del pasado es, en este caso, una realidad tangible-, pero cada vez parece más inmediato ex¡gir las responsabilidades de sus actuales gestores, en cuyo pasivo figura el hecho de haber multiplicado por cuatro las pérdidas de Iberia en sólo 12 meses. Por lo mismo, resulta chocante que en un contexto como el que atraviesa la compañía de bandera de nuestro país el colectivo de pilotos organice una huelga indefinida y, los responsables del Ministerio de Transportes continúen sus ajustes de cuentas particulares con los tripulantes de los aviones, mientras el principio de autoridad ha llevado a tapar políticamente eventuales responsabilidades en los accidentes de Barajas el pasado año. Los bolsillos de los contribuyentes serán quienes soporten esta cadena de despropósitos.

El director del diario EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, ha sido citado a declarar ante el juez de primera instancia número 6 de Madrid, a raíz de las acciones emprendidas por el director general de Aviación Civil, Pedro Tena, quien exige la publicación en este periódico de una carta suya de rectificación que envió el pasado día 18. Se trata de uno de los primeros casos en que una persona, acogiéndose a la ley 2/1984 reguladora del derecho de rectificación, acude a los tribunales para intentar difundir una carta. Cebrián ha sido citado a juicio verbal para mañana por la mañana.

La carta que pretende publicar Tena fue redactada por este director general a raíz de dos informaciones y un editorial publicados en este periódico los días 9 y 18 de este mes. Las informaciones estaban encabezadas con los títulos Funcionarios españoles filtraron los errores de Iberia denunciados en Estados Unidos (día 9) y Aviación Civil proporcionó a un periodista de EE UU información que perjudicaba a la compañía Iberia (día 18). El editorial, titulado Iberia, caída en picado, fue difundido el mismo día 18.Tena envió una primera carta a EL PAÍS, acogiéndose al derecho de rectificación, el pasado día 9, en la que se refería a la información publicada ese mismo día. Cebrián decidió no publicar la carta, por entender que su contenido no se refería a datos concretos incluidos en la correspondiente información y, por el contrario, Tena hacía descalificaciones globales como ésta: «Dichas informaciones (se refería a la del día 9), al igual que. otras publicadas anteriormente por EL PAÍS sobre los mismos temas, no se corresponden con la realidad».

Tras la información publicada el pasado día 18, el director general de Aviación Civil envió una nueva carta de rectificación en similares términos a la remitida el pasado 9 En esta segunda carta, Tena precisaba que existía animus injuriandi (deseo de injuriar) en la información, y calificaba de «audaz» a este periódico por difundir «inexactas» «injuriosas e, imprudentes y, por supuesto, falsas».

Ante esta segunda carta de Tena, el director de EL PAÍS le remitió un breve escrito, en el que entre otras cosas, le decía: «Los escritos de rectificación (los dos enviados por Tena) no desvirtuan los hechos contenidos en la información publicada por EL PAÍS, y desbordan por completo la apelación a la ley. Sus cartas incurren, además, en opiniones, juicios de valor y apreciaciones subjetivas que hacen inviable el pretendido derecho. Por otra parte, rechazo cualquier clase de animus injuriandi a institución o persona alguna en las informaciones y opiniones publicadas por este periódico».

Tras esta contestación, Tena dirigió al juzgado de primera instancia de Madrid un escrito, en el que asegura que, tras el grave accidente ocurrido en el aeropuerto de Barajas al chocar en pista un avión de Iberia y otro de Aviaco, EL PAÍS inició «una campaña cuyo objetivo es, obviamente y como se demostrará a continuación, hacer llegar a la opinión pública el mensaje consistente en señalar que el mencionado aeropuerto es inseguro y que la responsabilidad de dicho accidente radica en órganos de la Administración, y en particular de la Dirección General de Aviación Civil».

Añade Tena en su escrito a los jueces que este diario «viene manteniendo una línea editorial injustificadamente alarmista y que perjudica la tranquilidad del viajero». Asimismo, el director general de Aviación Civil niega que él haya facilitado «a varios periodistas españoles» una carta de un técnico aeronáutico inglés apellidado White en la que se ponen de relieve varios errores cometidos por aviones de Iberia en las rutas del Atlántico norte.

Con respecto a esta última cuestión, alguno de esos periodistas españoles que recibieron de manos de Tena la carta de White aún conservan en su poder la copia entregada por el director general, precedida incluso de un resumen en castellano redactado, al parecer, por el propio Tena. De los escritos enviados por el director general de Aviación Civil también se desprende que él no ha perjudicado a Iberia, pero en la misma información del día 9 de junio se decía que, según Tena, la División de Operaciones de Iberia «no forma suficientemente a los pilotos», frase que no ha sido rectificada.

Tena, por otra parte, niega que desde Aviación Civil se hubiera facilitado informaciones perjudiciales para Iberia al periodista estadounidense Willíam Carley, que publicó el pasado día 6 un amplio reportaje en The Wall Street Journal sobre errores de Iberia en el Atlántico norte. Sin embargo, el periodista mostró a un directivo de Iberia documentos desfavorables para la compañía en el que estaba estampado el tampón de la Dirección General de Aviación Civil.

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Madrid, ha desestimado la demanda formulada contra Juan Luis Cebrián, director de EL PAIS, por el director general de Aviación Civil, Pedro Tena, quien pretendía rectificar opiniones vertidas en un editorial y el contenido de una información, publicados el 18 de junio de este año bajo el título «Iberia, en picado» y «Aviación Civil proporcionó a un periódico de EE UU información que perjudicaba a la compañía Iberia».

Tena ha sido condenado a pagar las costas del juicio. Él juez Enrique Carreras estima en su sentencia que no cabe la rectificación pretendida por Tena, porque no se ajusta a los hechos de la información y expresa en cambio juicios de valor y porque es lícita la crítica a los funcionarios públicos.La primera de las pretensiones de Pedro Tena era la de rectificar la opinión expresada en el editorial de que «resulta chocante que en un contexto como el que atraviesa la compañía de bandera de nuestro país (se refiere a Iberia), el colectivo de pilotos organice una huelga indefinida y los responsables del ministerio de Transportes continúen sus ajustes de cuentas particulares con los tripulantes de los aviones, mientras el principio de autoridad ha llevado a tapar políticamente eventuales responsabilidades en los accidentes aéreos de Barajas del pasado año».

El juez estima que la rectificación ha de limitarse a los hechos de la información que se pretende rectificar, hechos que no se mencionan en la carta (enviada por Tena al director de EL PAIS), que se limita a expresar juicios de valor», y cita entre ellos la consideración que hace Tena de que existe animus injuriandi personal del periódico, o la afirmación de que la Dirección General de Aviación Civil no ajusta cuentas contra persona alguna del medio aeronáutico». En cuanto a si existe o no animus injuriandi el juez afirma que no puede ser tenido en cuenta en este procedimiento, que debe limitarse exclusivamente a la recficación.

Un editorial

El juez considera lícita la crítica a la actuación de los funcionarios públicos, cualquiera que sea su categoría, si bien debe contenerse dentro del respeto que merecen los cargos, y añade que en este caso de autos el editorial no ataca concretamente al demandante, sino que se refiere en general a los responsables del Ministerio de Transportes, que no ejercitan, por otra parte, el derecho de rectificación. Concluye que por tratarse de un editorial se limita a fijar la opinión del periódico ante unos hechos o situaciones no concretas, cuya rectificación no procede.Solicitaba también Pedro Tena la rectificación de la información cuando se refería a que «su actitud frente a Iberia tiene unos claros antecedentes personales», entre ellos, el que pretendiera sin éxito hace años ingresar en Iberia, según aseguran compañeros de su promoción. El juez desestima la pretensión por estimar que la crítica no se excede de los límites tolerables.

Hoy se verá en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid otra demanda de Pedro Tena contra el director de EL PAIS. El director de Aviación Civil pretende rectificar la información publicada en este periódico el 9 de junio sobre la filtración por parte de funcionarios españoles a la Prensa norteamericana de los errores de vuelo cometidos por Iberia en el Atlántico Norte.