El director de la SER, Daniel Gavela, replica por escrito a EL MUNDO por acusar al Grupo PRISA de incumplir la ley

EL marco legal español se le ha quedado estrecho al grupo PRISA, presidido por Jesús de Polanco y dirigido por el consejero delegado Juan Luis Cebrián, en su galopada hacia la adquisición de una parte cada día mayor del «pastel» de los medios de comunicación en este país. Las últimas y fulgurantes operaciones de toma del control de Antena 3 de Radio vulneran «frontalmente», según juristas especializados en este sector, la legislación vigente sobre ofertas públicas de adquisición de valores (OPAS) y la Ley de la Televisión Privada, y «de forma más matizada» -debido a la complejidad de la estructura de propiedad de las emisoras hoy en la órbita de PRISA- la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT). Los organismos encargados de hacer cumplir esas leyes -la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el caso de las OPAS, y el Ministerio de Transportes, en los otros dos casosno han iniciado, públicamente al menos, ninguna acción, siquiera informativa, sobre las presuntas infracciones del marco legal vigente. PRISA debería haber hecho una OPA sobre buena parte de las acciones de Antena 3 que están en Bolsa, y no lo ha hecho, en contra de lo que exige la legislación bursátil vigente. PRISA está presente en el accionariado de dos cadenas privadas de televisión, Canal Plus y Antena 3, y la Ley de la Televisión Privada lo prohibe taxativamente. PRISA sobrepasa en treinta ciudades españoles -a través de emisoras propias, participadas o arrendadas- el máximo de tres emisoras en un mismo ámbito de difusión que permite la LOT.

No es la primera vez que se critica la anuencia de los poderes públicos a las operaciones de PRISA, y su olvido de la legislación vigente aplicable a sus operaciones: desde la concesión de Canal Plus (canal de pago, cuando la ley de la Televisión Privada no preveía esa fórmula), hasta la reciente venta directa a PRISA por el Estado -y a un precio inferior al de mercadode su participación minoritaria en la cadena SER, sin ofrecer a los dueños primitivos de esas acciones, expropiadas en su día, la posibilidad de recuperarlas. En este caso la Administración explicó que «nadie más que PRISA se había interesado por esas acciones». Sin embargo, es ahora, en el caso de Antena 3 de Radio, cuando se produce una acumulación sin precedentes de infracciones o presuntas irregularidades, recalcan los juristas especializados. El oscurantismo reina. ¿Qué participación real tiene PRISA en A-3? ¿Cuánto ha pagado por ella? Nadie lo dice. Y es en estos mismos momentos cuando Cebrián está desarrollando una vigorosa campaña de denuncia de «la corrupción» que, a su juicio, asola al mundo del periodismo en España. La semana pasada, ante la asamblea general de Sociedad Interamericana de Prensa, en Madrid, el consejero delegado de PRISA denunciaba «un fenómeno especial de atentado a la libertad de expresión: la corrupción de ciertos periodistas que anida a veces en medios de gran tradición y prestigio y que nadie se atreve a denunciar». Cebrián no fue más preciso en su identificación de los presuntos corruptos. Accionistas minoritarios de Antena 3 de Radio, mientras tanto, se dicen «expoliados» tras la compra por PRISA de más del 35% de la cadena a un precio que nadie ha anunciado oficialmente y sin proceder a una OPA. Esta es obligatoria, ya que esa empresa radiofónica cotiza en Bolsa y PRISA ha adquirido más del 25% de sus acciones. Una OPA hubiese permitido, al menos, a una parte de esos pequeños accionistas vender también sus acciones a PRISA, al mismo precio que el pagado al grupo Godó y a Prensa Española. El Real Decreto 1197/1991, que establece el régimen de las OPAS, estipula las modalidades de éstas, encaminadas a proteger al accionista del mismo tipo de operación privilegiada que se ha producido en el caso de Antena 3. Precisa el decreto que . el comprador de más del 25% de una empresa cotizada en Bolsa debe hacer una OPA sobre al menos otro 10%. Como solo la cuarta parte de las acciones de Antena 3 cotiza en Bolsa, ese 10% equivale al 40% de las acciones que están en el mercado. Estas medidas legales pretenden proteger a los accionistas y evitar tratos de favor a accionistas que se beneficien de un mejor precio de venta de sus acciones, por el mero hecho de contratar un mayor paquete accionarial o de gozar de una más próxima relación con el adquiriente de las mismas, rompiendo así la homogeneidad y transparencia de la Bolsa de Valores en la que se negocian dichas acciones. La ley también pretende garantizar el derecho que poseen todos los accionistas de abandonar una inversión cuando cambia el control de la sociedad. Directa o indirectamente, PRISA posee ya más del 35% en Antena 3 Radio: el 23,5% a través de su participación en Inversiones Godó y un 11,97 por las acciones adquiridas a Prensa Española; en un caso, por pacto amistoso; en el segundo, bajo la amenaza de unas acciones legales de la editora de ABC. Se cree que PRISA ha comprado las acciones al 1100 o 1150%, es decir a unas 5.750 pesetas por acción, que es el doble de la cotización actual en Bolsa (620-640% aproximadamente, es decir unas 2.500 pesetas por acción). Estas cifras demuestran que ha habido una discriminación clara entre los accionistas que han vendido a PRISA y los que lo hacen a través de la Bolsa. Desde el 23 de julio, día en que José María García anunció su marcha y en que las acciones de A-3 cotizaban a 960 pesetas, no se volvieron a cotizar un solo día más hasta dos meses más tarde, a finales de septiembre, que lo hicieron a 640 pesetas, casi lo mismo que su valor de salida a Bolsa (que fue de 620). A través de la Deutsche Bank, uno varios inversores, españoles extranjeros, han venido desde entonces con la compra de títulos de A3 a ese precio. Ha causado sorpresa entre quienes han acudido al propio «holding» de Polanco, en busca de información sobre su entrada en A3, la opacidad informativa de sus portavoces. PRISA, tradicionalmente, ha tenido a gala una gran transparencia sobre sus operaciones.

La situación de las cadenas de televisión Antena 3 y Canal Plus equivale, según los juristas consultados, a otra infracción por parte de PRISA. La Ley de Televisión Privada, en su artículo 10 del capítulo II, indica que no pueden participar directa o indirectamente las sociedades «que sean titulares de otra concesión así como las que participen mediante acciones o controlen efectivamente otra sociedad concesionaria». Como Antena 3 de Radio posee el 12,5% de Antena 3 TV y como PRISA participa en Antena 3 de Radio y también en Canal Plus (en este caso, con el tope legal del 25%, aunque algunas fuentes aseguran que posee incluso algo más), el grupo de Polanco y Cebrián está participando desde hace cuatro meses en dos canales de TV. Asimismo, esta sería una de las razones de que PRISA no haya concretado aún su participación en La Vanguardia, prevista en su acuerdo con Javier de Godó, ya que el diario barcelonés posee también un 12,5% de Antena 3 TV. Finalmente, la tercera infracción: tras la entrada de Polanco en Antena 3 de Radio, PRISA pasa a controlar más de 350 emisoras privadas, sobre un total -variable según las fuentes que se consulten- de alrededor de 800. Polanco puede así participar en casi la mitad de las emisoras del sector privado. Pero hay observadores que elevan esa proporción a más de un 90%, ya que consideran que tanto Onda Cero -propiedad de la Organización Nacional de Ciegos Españolescomo la COPE -que pertenece a la Conferencia Episcopal- tienen un accionariado atípico, compuesto por instituciones de Derecho público -una organización asistencial y la cúpula de una confesión religiosa- y no por personas fisicas o empresas mercantiles.

La COPE parece, en estos días, haber renunciado a su ampliación de capital, que hubiese «privatizado» en parte la cadena de radio episcopal. En términos de audiencia las emisoras de la cadena SER (40 Principales, Cadena Dial, Radio Minuto y Convencional) y Antena 3 de Radio (Convencional, Radio 80 y é) obtuvieron conjuntamente en la última oleada del EGM 10.623.000 oyentes de los 16.654.000 que supone la audiencia total de la radio española, tanto pública como privada. Esto representa casi un 65% de la audiencia total controlada por el EGM. Esta situación, de por sí, refleja un monopolio, denunciado a escala europea en una reciente resolución del Parlamento de Estrasburgo y, en España, por el propio Tribunal de Defensa de la Competencia, del que se espera un pronunciamiento

Estimado señor director: En el suplemento Comunicación del día 9 de octubre EL MUNDO publicaba un extenso artículo, titulado «Prisa, por encima de la ley», sobre el que, ante tan grave acusación y a pesar de la norma de conducta de este grupo de no responder a ataques periodísticos de ningún género, he de exigirle una rectificación. En primer lugar debo manifestarle que la compra por el Grupo Prisa de una participación minoritaria de Inversiones Godó se hizo desde el más estricto respeto a la legalidad. Desde el primer momento, el Grupo Prisa hizo pública la necesidad de que Inversiones Godó consiguiera hacer efectiva la venta de las acciones de Antena 3 Televisión, propiedad de Antena 3 Radio, para cumplir lo dispuesto en la ley de televisión privada. Así consta en el contrato de adquisición de las acciones de Inversiones Godó. Este compromiso se ha hecho saber a las autoridades competentes y a los medios de comunicación que se han interesado en ello. Por otro lado, la entrada de Prisa en Inversiones Godó no se encuadra, según los informes jurídicos que obran en nuestro poder, en ninguno de los supuestos que, conforme a la legislación vigente, determinan la obligación de realizar una opa. Al margen de ello, y en aras a una política de transparencia hacia el resto del accionariado, Prisa ha informado y entablado conversaciones con todos los accionistas y grupos de accionistas significativos de esa cadena de emisoras, ya. sean titulares de acciones que coticen en Bolsa o no. Este hecho está al alcance de cualquier periodista que hubiera querido investigarlo. Por lo que respecta a la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, hay que hacer constar igualmente que la participación de Prisa en Inversiones Godó no vulnera ninguna de sus disposiciones, al determinar sólo una presencia minoritaria e indirecta en el accionariado de Antena 3 Radio. Finalmente, y por replicar a otro de los puntos en que se centra el informe de EL MUNDO, esta operación nada tiene que ver con el fantasma del monopolio que se agita desde las páginas de su periódico. La Existencia de cinco radios públicas de completísima cobertura, más la Ser, la cadena Cope, Onda Cero, Antena 3, Cadena Ibérica, el elevado número de cadenas autonómicas y la multiplicación que está en curso de las radios municipales, convierten a España en un mercado radiofónico particularmente plural y competitivo y si acaso aquejado de una atomización excesiva. Sostener lo contrario es negar la evidencia. De las 2.698 emisoras existentes en España, a las que hay que sumar las 500 licencias municipales (que pueden llegar hasta 3.000 en un futuro no lejano), la Ser agrupa tan sólo 254 emisoras; de ellas únicamente 144 son de su titularidad. Por lo que respecta a Antena 3, agrupa 134 emisoras de las cuales únicamente 90 son de su titularidad. Las restantes concesiones pertenecen a empresas asociadas o participadas de forma minoritaria o paritaria por Antena 3, en las que tiene como socios a grupos de comunicación tan plurales como Comecosa, La Voz de Galicia o Ultima Hora de Baleares, que además llevan la gestión de las cadenas regionales correspondientes. Otros grupos de propiedad distinta como el de Prensa Canaria o el Diario de Navarra se limitan a alquilar para sus concesiones la programación de Antena 3. Descubrir un monopolio entre tanta diversidad es un verdadero ejercicio de la imaginación. Lamento tener que dirigirle esta carta que hubiera podido obviarse de haber sido consultado previamente, -como aconseja la más elemental profesionalidad-, sobre el contenido de una información plagada de errores y juicios temerarios. Tuvieron que pasar cinco días desde su publicación, hasta que uno de los periodistas firmantes del informe se dirigiera a alguien de Prisa, invitándole a dar el punto de vista de este grupo. Espero que, consecuentemente, publique usted esta carta. Le informo, además, que Prisa se reserva las acciones legales a que pueda dar lugar la publicación del reportaje objeto de esta rectificación. Cordialmente le saluda,

La nota de Prisa, empresa editora del diario El País, no desmiente, en realidad, ningún punto de la información de EL MUNDO sobre la entrada de esa empresa en el accionariado de Antena 3 de Radio y los conflictos legales que ello suscita. Esa información citaba textos legales precisos, y resaltaba los aspectos en los que esa operación empresarial entraba en conflicto con ellos. La réplica no aporta datos que demuestren la inexactitud de lo publicado por este periódico. EL MUNDO se refería a tres disposiciones legales: la Ley de la Televisión Privada, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) y el Decreto 1197-1991 sobre Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPAS). Sobre la presencia simultánea en dos cadenas de televisión privadas -caso de Prisa, debido a su participación en Antena 3 de Televisión y en Canal Plus-, que la Ley de la Televisión Privada excluye expresamente, la réplica afirma la intención de Prisa de abandonar el accionariado de A-3 Televisión. Sin dudar de esa intención, no se puede tampoco ignorar que cuatro meses después de sus acuerdos con el grupo Godó, Prisa sigue presente en A-3 TV. Mientras lo esté, estará contraviniendo la legislación vigente, que no prevé períodos de carencia durante los cuales se permita a una misma empresa o persona física participar en varias cadenas de televisión privadas. Una declaración de intenciones como la que hoy hace Prisa no equivale a un desmentido, sino, bien al contrario, a una confirmación de lo publicado por EL MUNDO.

En tomo a la LOT, el aspecto ambiguo ya recalcado en la información de EL MUNDO -la existencia en las cadenas de radio de emisoras de titularidad distinta o arrendadas, o asociadas- es el que resalta Prisa en su respuesta. No se puede ignorar, sin embargo, que la gestión de Antena 3 de Radio ha sido confiada en las últimas semanas a personas nombradas por Prisa, con la participación del consejero delegado de ésta, Juan Luis Cebrián, en todo el proceso. Todo ello enmarca claramente, tanto a Antena 3 de Radio como a la Ser, en el ámbito del grupo Prisa. Este grupo no es, pues, un mero accionista minoritario de A-3 Radio, como la réplica asevera, sino su principal gestor. A eso, no sólo a las mayorías accionariales, se refiere la expresión «control de una cadena». La LOT, en su espíritu tanto como en su letra, pretende evitar la concentración, y por ello impone un tope máximo de tres emisoras pertenecientes a un solo grupo en cada mercado. Entre la Ser y Antena 3 de Radio sobrepasan ese tope en 30 ciudades españolas, como informaba EL MUNDO.Los argumentos de Prisa para demostrar que no existe en España ningún proceso de concentración radiofónica -afirmando incluso que subsiste una excesiva atomización- ignoran que, de todas las cadenas ajenas que cita, sólo la muy minoritaria Cadena Ibérica pertenece al sector privado. El resto es de titularidad pública (RNE, emisoras autonómicas) o de propiedad institucional (COPE, Onda Cero). En toda Europa, cuando se habla de concentración empresarial, la referencia es al sector privado. Y en la radio española, más del 90% de ese sector pertenece hoy al bloque SerAntena 3, gestionado por Prisa. Finalmente, el desmentido de Prisa sigue sin aclarar una de las incógnitas del proceso de entrada de ese «holding» en Antena 3 de Radio: no informa del porcentaje de las acciones de A-3 Radio que hoy posee Prisa, ni -por lo tanto- desmiente la aseveración de EL MUNDO, según la cual hoy Prisa es propietaria de más del 25% de Antena 3 de Radio. Ese umbral ha sido sobrepasado, según las fuentes consultadas por este diario, tras la adquisición por Prisa de un 49% de Inversiones Godó -propietaria de más del 47% de las acciones de A-3 Radio- y la posterior compra a Prensa Española, por parte de Inversiones Godó, de otro 11,47% de la cadena radiofónica.

El pasado 19 de septiembre, ABC informaba de la venta del paquete de Prensa Española al «grupo formado por PRISA e Inversiones Godó». Por encima del umbral del 25% es obligatorio, tratándose de una empresa que cotiza en Bolsa, proceder a una OPA sobre otro 10%, OPA que Prisa no ha efectuado. La réplica de esta empresa sólo dice que sus informes jurídicos indican que tal OPA no era obligatoria en su caso. Pero el Decreto 1197-1991 establece esa obligatoriedad sin excepciones, siempre que se sobrepase el citado umbral. El portavoz de Prisa, que -en contra de lo que manifiesta- ha sido consultado repetidas veces por un redactor de EL MUNDO desde que este diario inició la investigación de la operación de Antena 3, afirmó que no estaba autorizado a revelar qué porcentaje de las acciones de Inversiones Godó había sido adquirido por el grupo que preside Jesús de Polanco. En su carta sigue sin esclarecer este dato fundamental para evaluar toda la operación. Es una operación que representa, a juicio de EL MUNDO, un paso trascendental en el proceso de concentración de los medios informativos españoles.