3 noviembre 1988

Buruaga será el nuevo responsable del informativo estrella de RNE

El director de RNE, Cavero, destituye a Antonio Casado como responsable de ‘España a las 8’ por negarse a leer un texto de ETA

Hechos

El 2.11.1988 fue destituido D. Antonio Casado como responsable de la tertulia de la mañana de RNE ‘España a las 8’.

Lecturas

ERNESTO SÁENZ DE BURUAGA, NUEVO RESPONSABLE DE ‘ESPAÑA A LAS 8’

Tras el despido del Sr. Cavero, el periodista D. Ernesto Sáenz de Buruaga se convirtió en el nuevo responsable del programa ‘España a las 8’ y su tertulia ‘Escrito en el Aire’.

escritoenelaire Los componentes de la tertulia ‘Escrito en el Aire’ de RNE. De izquierda a derecha: D. Ernesto Sáenz de Buruaga, D. Pedro Calvo Hernando (de pié), D. Pedro Altares (sentado), D. Carlos Barral (de pié)  y D. Ignacio María Sanui, todos ellos considerados próximos progresismo y, por tanto, al Gobierno de D. Felipe González (PSOE).

25 Noviembre 1988

Información y terrorismo

Antonio Casado

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El debate sobre la información y terrorismo se ha convertido en una discusión bizantina. No alumbrará nada nuevo si se sigue planteando como un conflicto entre el Gobierno y la prensa. Los medios de comunicación deben estimular el libre fluido de la información. Ni el Gobierno puede pretender el silencio de los medios a la hora de difundir noticias relacionadas con el terrorismo, ni los periodistas rasgarse las vestiduras cuando el Gobierno reclama beligerancia contra el terrorismo. Todo ello es lógico, tiene sentido y está ne la naturaleza de las dos instituciones.

Estoy tentado de referirme a ETA como la tercera ‘institución’ en discordia. Una institución diabólica instalada en los medios de comunicación y en la vida española con una presencia de primer orden. En su naturaleza está seguir asesinando, seguir reclamando una negociación política y seguir esperando muy fundamentalmente la correspondiente difusión de todo ello. En el Reino Unido, la señora Thatcher, poco dada a matizar, ha prohibido por decreto las entrevistas a miembros del IRA y a quienes les apoyan. ¿Y quién demonios es un primer ministro para limitar de un plumazo autoritario el libre fluido de la información en una comunidad democráticamente organizada? No es aceptable una medida similar en España. Ni sel e ha pasado por la cabeza, afortunadamente, al Gobierno de nuestro país.

La opción Thatcher ataca, no ya el fuero de la prensa, sino al misma esencia de la democracia. Hay que descartar una cosa así. Pero también hay que descartar la posibilidad de llegar a conclusión alguna en un debate áspero e inútil entre el poder y la prensa. El periodista no debe renunciar jamás a su función crítica y de control frente al poder. Vale la pena entonces continuar el debate sobre información y terrorismo en España, pero entre los propios periodistas. Un debate interno que, prescindiendo del poder y de lo que el poder espera de nosotros, trate de responder a esta pregunta: ¿qué podemos hacer para evitar la plusvalía publicitaria del terrorismo sin incumplir nuestro deber de informar?

Un debate entre los propios periodistas sería más clarificador. De momento, no tendríamos el confortable recurso declamatorio contra la restricción informativa que le gustaría a LGobierno. En eso estaríamos siempre de acuerdo. Contra cualquier limitación del fluido informativo, siempre estaremos de acuerdo, especialmente si la limitación viene desde el Gobierno. ¿Y si eliminamos del debate la posición del poder y nos enfrentamos a la propia responsabilidad del estamento periodístico, como institución social? Un pilar de la democracia es la libertad de ofrecer y recibir información. Otro es la voluntad y la capacidad de las instituciones para defenderla activamente. Si aceptamos que la prensa es beligerante en la defensa del sistema democrático – aunque sólo sea por instinto de supervivencia como prensa libre – hemos de aceptar que algo debemos hacer los periodistas para que el terrorismo no nos utilice en su provecho.

No es fácil que nos pongamos de acuerdo en una línea de tratamiento para la información relacionada con el terrorismo. Podríamos intentarlo en nombre de nuestro compromiso en la defensa de las libertades amenazadas por ETA. Pero mientras no haya un mínimo consenso corporativo, hay que fiar en la responsabilidad individual del periodista: como profesional, como ciudadano y como ser humano. Como profesional se debe a la noticia. Como ciudadano, está su compromiso en defensa de las libertades. Como ser humano, sólo siendo de corcho puede dejar de sentirse solidario con los miles y miles de familias a las que ETA ha llevado a la desgracia.

A mi juicio, los medios de comunicación están amplificando en demasía los argumentos que favorecen el terrorismo y a quienes lo apoyan políticamente. Por ejemplo: “¿Dónde estaba el interés informativo de la última oferta negociadora de ETA, cuando sabíamos que el Gobierno la venía rechazando en todos los idiomas, y, por tanto, no tenía ninguna posibilidad de ser escuchada en aquellos términos? Sin embargo, aquel comunicado de ETA el pasado 2 de noviembre ocupó lugares de privilegio en todos los medios de informativos.

En todos menos en uno: “España a las 8”, correspondiente a su emisión de aquella mañana. Su director se negó alegando personales razones de conciencia. Fue fulminantemente destituido, sin que en la mismísima radio pública le sirviera de nada su apelación formal a la cláusula de conciencia reconocida en la Constitución. Mientras no haya un cierto consenso entre la propia profesión periodística a la hora de tratar informativamente las noticias relacionadas con el terrorismo, deberíamos respetar al menos un comportamiento individual. A mí me parece razonable.

Antonio Casado

06 Noviembre 1988

El 'harakiri' del mensajero

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

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LA NEGATIVA del director del espacio España a las ocho, de Radio Nacional, a informar sobre el último comunicado de la organización terrorista ETA, acogiéndose a la cláusula de conciencia, y su destitución por este motivo han sacado a la luz pública el nunca cerrado debate sobre las relaciones entre información y terrorismo. En todos los países democráticos que tienen que hacer frente al embate del terror el problema se plantea con recurrencia sistemática: ¿hasta qué punto es lícito informar sobre las actividades de grupos que tienen como fin acabar con el sistema democrático? O, dicho de otra manera, ¿no estaría justificado imponer límites a la divulgación de noticias referentes a los terroristas y su entorno e impedir así hacerles el juego en su guerra de propaganda?En este debate, que se manifiesta hoy en todo su apogeo en el Reino Unido, España no es una excepción; los problemas que subyacen en las citadas preguntas están permanentemente presentes en los medios políticos y periodísticos. Las recetas que se ofrecen para su tratamiento son múltiples y contradictorias; las que se dan en los sectores sociales más sensibles a los valores democráticos difieren, lógicamente, de las que se barajan en los ámbitos del poder, en los niveles gubernamentales directamente manchados en la lucha antiterrorista o entre los partidarios de la seguridad por encima del resto de las señas de identidad de una sociedad de libertades. No es extraño que haya sido precisamente en estas zonas donde se prodiguen los apoyos a la actitud del hasta ahora responsable de España a las ocho, por más que la invocación en este caso de la cláusula de conciencia parezca improcedente, además de implicar una confusión conceptual.

La cláusula de conciencia es un derecho fundamental reconocido en la Constitución que, aunque falto de regulación legal, es directamente invocable y aplicable. En lo que se refiere a la profesión periodística, y en tanto se procede a una determinación positiva de su contenido, hay coincidencia en que se trata de un arma legal a la que puede recurrir el periodista para proteger su integridad profesional y deontológica de cualquier imposición ideológica contraria a su conciencia., o de manipulaciones informativas que no respeten los principios éticos del periodismo, de los que la veracidad es el más relevante.

Ampararse en este derecho para retener una noticia o para negarse a elaborarla no sólo es un abuso hacia los receptores de la información, sino que constituye un ataque al propio derecho de información que la jurisprudencia constitucional ha declarado prevalente -en cuanto generador de una opinión pública libre esencial para la democracia- sobre otros derechos fundamentales de contenido más subjetivo.

Si hay alguien que está obligado a respetar el derecho de la sociedad a estar informada, éste es el profesional de la información, por más que, como en el caso del terrorismo, sienta repugnancia por la noticia de que es transmisor. Matar al mensajero es el deseo oculto de todos aquellos que no admiten que se desvele su incapacidad en la resolución de los problemas públicos. Que sea el propio mensajero quien se haga el harakiri es un acto de entreguismo a la política del silencio informativo y la negación de lo que constituye la esencia de la profesión periodística.

Por lo demás, y a reservas de que un debate de fondo arroje más luz sobre el asunto, los problemas que plantea la información sobre el terrorismo deben ser resueltos, antes que nadie, por los propios periodistas. Son ellos, y no discutibles medidas de los Gobiernos, quienes mejor pueden establecer, en diálogo abierto con la sociedad, la diferencia entre información y mensaje en la actividad terrorista.