El ex alcalde de Camas, Agustín Pavón, de Izquierda Unida, es condenado a 14 meses de prisión por un caso de soborno

El escándalo de presunta corrupción desatado en el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Camas puede ser calificado como un caso más de especulación urbanística de los que proliferan en el país; desgraciadamente, otros muchos son tapados y no llegan a salir a la luz. Esta clase de actuaciones ilícitas no deben ser consideradas como práctica generalizada, pero es innegable que dañan sobremanera el prestigio de la profesión política -resulta irónico en estos momentos que el Congreso se apreste a regular el desempleo político- y la credibilidad de los partidos. Y en la corruptela de Camas, en la que están envueltos el alcalde y al menos tres concejales, no salen precisamente muy airosas las fuerzas que gobiernan el municipio: PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista. Todo ello ilustra lo peligroso de las coaliciones antinatura y la necesidad de castigar más el transfuguismo político.

No hay otra solución que la aplicación de la ley para prevenir la tentación del dinero fácil a un cargo público, o de introducir normas disuasorias más eficientes que sancionen el pago de comisiones ilegales o regulen mejor la financiación de los propios partidos. Sin embargo, algo falla cuando son cada vez más frecuentes los casos de conductas irregulares y de intentos de soborno a políticos en grandes o pequeñas poblaciones. Que un intermediario se acerque a un concejal y le ofrezca «resolver tu vida, la de tu hija y la de 20 generaciones de tu familia», como ha sucedido en Camas con una edil expulsada de IU, es una muestra de la seguridad y la confianza del corruptor de que no va a ser denunciado; y de que, en no pocas circunstancias, ética y política son conceptos contrapuestos. En este caso, la edil tentada puso inmediatamente el hecho en conocimiento de la policía.

La corruptela de Camas trasciende, según parece y algunos de los implicados atestiguan, a esta localidad. Afecta a una veintena de pueblos de la comarca sevillana de Aljarafe, por lo cual no resulta irrazonable la conveniencia de que el propio Parlamento andaluz abra una investigación ante las acusaciones de que se ha desatado una ley de la selva en lo que respecta a la falta de protección, frente a la especulación inmobiliaria y la descarada alegría con la que los ayuntamientos recalifican el suelo público, infringiendo la ley, como es el caso de Marbella.