El ex presidente catalán, Carles Puigdemont, detenido en Alemania y forzado a permanecer ahí mientras dure su procesamiento

La policía alemana puso fin ayer al periplo europeo protagonizado por el fugado Puigdemont para humillar al Estado español y mantener viva la farsa de una república que ha roto en dos a la sociedad catalana. La detención del ex presidente de la Generalitat nada más cruzar la frontera que une Dinamarca con Alemania para regresar a su mansión de Waterloo (Bélgica) desde Finlandia fue reconfortante. Desde que el líder independentista colocó al Parlament al margen de la ley el pasado 6 de septiembre, y en estos casi cinco meses de fuga, la sociedad española ha seguido estupefacta su circo. Es tranquilizador constatar, por fin, que en un Estado de derecho nadie está por encima de las leyes, que la Justicia funciona con los ritmos que imponen los jueces y que la cooperación policial europea es una realidad.

Puigdemont ha pasado su primera noche en arresto provisional en el centro de Neumünster (Norte de Alemania). Quien quería burlar las leyes y el sentido común como aspirante a presidir la Generalitat en el exilio se enfrenta ahora a un negro horizonte judicial del que difícilmente podrá escapar. Puigdemont está procesado desde el pasado viernes -día en el que el juez Pablo Llarena reactivó la euroorden de detención- por los delitos de rebelión (penado con hasta 30 años de cárcel) y malversación. A diferencia de lo que ocurría con Bélgica, en Alemania el Código Penal tipifica un delito similar, el de alta traición contra el Estado Federal, castigado con pena perpetua revisable a los 15 años. Además, el hecho de que el Supremo cuente ahora con un minucioso auto de procesamiento en el que se detalla cómo Puigdemont y el resto de los requeridos por la Justicia urdieron un plan para atentar contra la integridad del Estado español complica la estrategia de sus abogados. Una vez que hoy declare ante el juez alemán, debería ser entregado a España en un plazo de 10 a 60 días.

Desde que tomó las riendas de la Generalitat, como sustituto de Artur Mas, Puigdemont se ha sentido impune en todos los pasos que ha dado hacia la independencia unilateral. Ha sido desafortunado que acusado por la Justicia española de un delito tan grave como el de rebelión, en estos últimos meses haya contado con la complicidad implícita de Bélgica en su desafío. Prueba de hasta qué punto sentía que iba a salir indemne, han sido sus viajes a Suiza, Dinamarca o Finlandia. En este último país estaba el viernes, cuando se hizo público el auto de su procesamiento, lo que le obligó a trazar un complejo itinerario de regreso a Bélgica que no ha sido capaz de completar.

Con Puigdemont detenido y otros huidos del procés a punto de ser entregados, como Clara Ponsatí, es hora de que el independentismo recapacite. A estas alturas ya deben saber que fuera de la ley sólo hay lágrimas.

Como con cualquier otro individuo objeto de una orden europea de detención, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido por la Policía alemana e ingresado en un centro penitenciario, a la espera de comparecer ante un juez. Las mismas prisas y el sigilo con el que el dirigente separatista abandonó Finlandia, nada más conocerse que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, había reactivado la solicitud internacional de busca y captura, demuestra que era muy consciente de su precaria situación legal y de que en la mayoría de las legislaciones penales europeas, como la finesa, están claramente tipificados los delitos de rebelión o, en su defecto, de alta traición. Asimismo, que Puigdemont creyera que iba a poder despistar a los servicios de Inteligencia del Estado español, forma parte de esa sensación de falsa impunidad con la que se ha desenvuelto hasta ahora y que, todo hay que decirlo, ha sido una característica de la mayoría de los dirigentes políticos enredados en la intentona golpista en Cataluña. Es de esperar que, poco a poco, se vaya abriendo paso en la conciencia colectiva del separatismo catalán la inexorabilidad de la Justicia ante unas conductas delincuenciales que, sin ir más lejos, en países como Alemania pueden ser castigadas con la cadena perpetua.

Ahora, con el final de la escapada de Carles Puigdemont, a quien tarde o temprano seguirán los otros fugados –ayer, la Policía escocesa pidió a la ex consejera Clara Ponsatí que se entregara en cumplimiento de la euroorden– parece llegada la hora de que el nacionalismo catalán se apreste a pasar página y a buscar una salida, desde el respeto a la legalidad y a las instituciones, al bloqueo político que paraliza Cataluña. Nada más inútil y absurdo que mantener una situación de aparente rebeldía, que no encuentra eco en las calles del Principado, jugando al filo de la ley y con la muleta de unos discursos pretendidamente incendiarios, como el del presidente del Parlamento autónomo, Roger Torrent, que no tienen otra virtualidad que la de ofender la inteligencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos, atónitos ante la catarata de insultos, injurias y falsedades de quien, por más que nos pese, representa a una Institución del Estado. El único planteamiento racional, pues, pasa por dejar que la Justicia actúe en el ámbito en que es soberana, como corresponde a una democracia avanzada en la que rige la separación de poderes y se respeta la independencia judicial, y regresar al campo de la política, que es el campo de lo posible. Si para ello es preciso que individuos como Roger Torrent den un paso al lado, serán las direcciones de los partidos nacionalistas, ERC y PDeCAT, quienes tomen la decisión. Pero, en cualquier caso, ya sea mediante la articulación de una nueva mayoría en la Cámara catalana o mediante apoyos puntuales a la actual, puesto que es imposible contar con las CUP, se debe partir desde el compromiso del inexcusable respeto a la Constitución y al Estatuto, que es lo mismo que decir a la legalidad. A partir de ahí, todas las opciones de diálogo y negociación con el Gobierno están abiertas, como ha reiterado hasta la saciedad el presidente Mariano Rajoy, para afrontar los problemas que tienen los ciudadanos de Cataluña, cuyos indicadores económicos y sociales, como hoy publica LA RAZÓN, reflejan una preocupante situación de estancamiento, cuando no de simple declive.

Hay que insistir en ello: Carles Puigdemont es ya historia, triste historia, que no puede condicionar el futuro de Cataluña.

El ‘expresident’ Carles Puigdemont se encuentra en una prisión alemana en espera de presentrase este lunes ante un juez, después de ser detenido en Alemania tras entrar en el país desde Dinamarca procedente de Helsinki, adonde había viajado para dar una conferencia. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena activó el viernes la euroorden de detención una vez dictado el procesamiento de los dirigentes independentistas.

A priori, la detención en Alemania es una mala noticia para Puigdemont, ya que el Código Penal alemán prevé penas de diez años de prisión a cadena perpetua para un delito muy similar al de rebelión, que se le imputa en España a Puigdemont, y condenas de uno a diez años para los casos menos graves. Alemania es uno de los países con una colaboración policial más activa con España y, además, las relaciones entre Mariano Rajoy y Angela Merkel son excelentes.

Todo parece indicar que la escapada de Puigdemont ha llegado a su final. Si la justicia y las autoridades alemanas lo entregan a España habrá terminado el llamado Espacio Libre de Bruselas del que se habla en el hasta ahora fallido pacto de investidura entre Junts per Catalunya y ERC como uno de los pilares de la «construcción de la República». La Casa de la República ubicada en Waterloo tampoco tendrá sentido alguno.

La detención de Puigdemont –debido en parte al error de creer que podía viajar libremente por la UE estando perseguido por la justicia en España— provocó ayer manifestaciones de miles de personas en Barcelona, en las que se pidió a Alemania que no entregue al ‘expresident’ por estar acusado de «delitos inventados», y en las que lamentablemente volvió a haber incidentes frente a la Delegación del Gobierno, con varios detenidos y decenas de heridos.

La justicia se pronunciará, pero, aunque el relato de Llarena puede ser discutible, es una temeridad hablar de «delitos inventados». Lo que el independentismo debería hacer, después de las comprensibles protestas por la detención, es asumir de una vez la realidad y prepararse en serio para elegir un ‘president’ y formar un Govern que saque a Catalunya del bloqueo político. Y, por supuesto, oír a las voces que claman que el movimiento independentista ha sido y debe continuar siendo pacífico. Los incidentes sucedidos no deben ser más que hechos aislados y no un intento de paralizar el país.

La detención ayer por la mañana de Carles Puigdemont en Alemania ha sido un nuevo y duro golpe de la justicia contra la estrategia desplegada por el independentismo tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El arresto conduce, además, a una situación de difícil gestión emocional justo en un momento en el que tanto Junts per Catalunya como ERC intentan recomponer sus filas tras los últimos encarcelamientos y ajustar sus estrategias hacia una vía más posibilista que la planteada durante la campaña electoral del 21-D. Lejos queda ya la aspiración de ­Puigdemont de presidir el consejo de la república desde su casa de Waterloo y su protagonismo en la internacionalización del conflicto catalán ha pasado de las conferencias académicas y las reuniones políticas al ámbito ­judicial.

La legislación alemana, a diferencia de la belga, contempla delitos de carácter similar a los que imputa a Puigdemont el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y por eso puede atender la petición de extradición. El Código Penal alemán establece penas de entre diez años y cadena perpetua para el delito de alta traición contra la federación de estados alemanes. El Código Penal alemán entiende por alta traición el intento “con violencia o por medio de violencia” de perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania o de “cambiar el orden constitucional”. Asimismo, la ley alemana castiga con pena privativa de la libertad de uno a diez años a quien hubiera preparado una determinada operación de alta traición contra el país.

Al abandonar Catalunya, Puigdemont había elegido Bélgica por su legislación garantista ante los delitos que se le imputaban, pero con su reciente viaje a Suiza y después Finlandia corrió un riesgo innecesario, que se ha revelado fatal para él, una vez que el viernes el juez Llarena, al concluir la instrucción del proceso, activó las órdenes europeas e internacionales de detención contra su persona y contra los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí –que se halla en Escocia y también puede ser extraditada–, Meritxell Serret y Lluís Puig, que asimismo huyeron en su día a Bélgica, así como contra Marta Rovira, que presumiblemente se halla en Suiza, igual que Anna ­Gabriel.

El curso del proceso independentista –máxime tras la detención en Alemania de Puigdemont– se sitúa por completo en manos de la justicia, que, en su momento, deberá dictaminar sobre las actuales presunciones de culpabilidad imputadas por el juez Llarena.

Que quien ha ejercido la máxima magistratura de una institución como la Generalitat se encuentre en estas circunstancias sólo puede ser motivo de tristeza y amargura. La detención del expresident Puigdemont ha provocado indignación en el independentismo, visible en las masivas manifestaciones que tuvieron lugar ayer, pero es preciso hacer un llamamiento a la serenidad y pedir a las fuerzas políticas que profundicen en el diálogo y en la búsqueda de soluciones. Para ello, es fundamental que Catalunya pueda disponer de un gobierno con voz propia. No es el momento de idear nuevos pulsos que no conducen a ninguna parte y sólo contribuyen a perjudicar a quienes están en prisión provisional. Lo ocurrido ayer reafirma una vez más que la simple actuación de la justicia no es la solución para el conflicto catalán, sino que esta debe venir de la necesaria iniciativa política para abrir un camino de diálogo y concordia que debe empezar por la recuperación de las instituciones de autogobierno.

La carrera de héroe es duradera si el empaque de las ideas o la reciedumbre de la voluntad de quien aspira a consagrarse como tal no admiten discusión. Es el caso de Nelson Mandela, tantas veces puesto de ejemplo mítico por el secesionismo catalán: de forma aviesa porque el líder surafricano aspiró a (y logró) cohesionar a sus conciudadanos; no a fragmentarlos, como ha hecho aquel. Pero en ausencia (o debilidad) de ambas condiciones, una tercera resulta indispensable, el control de resortes de poder.
Carles Puigdemont disponía de ellos en Waterloo. Atesoraba los mecanismos políticos y sentimentales necesarios para subyugar a su tropa y obligarla a roturar su surco, so pena de acusación de deslealtad o traición: el débil cemento que fraguaba la inestable confluencia de las distintas y enfrentadas familias indepes.

De repente, su caída —de una cotidianeidad abrumadora, ¡en una gasolinera!— resulta políticamente estrepitosa. No solo porque convierte su nutrida caja de herramientas en un conjunto vacío. Sino también porque ahora se le volverá, adversa, la frase que dirigió por radio contra Oriol Junqueras el 19 de enero: “Evidentemente no se puede ser presidente si uno es presidiario; entre presidiario y presidente, prefiero ser presidente”.

La caída de Puigdemont obedece a un error de cálculo, causado muy probablemente por un exceso de confianza en sus propias ensoñaciones.

Quiso creer que Europa entera, contra toda evidencia ofrecida por sus gobernantes e instituciones, amparaba su aventura. Y que así, sus circunstanciales refugios en Bélgica o en Suiza no constituían la excepción a la norma, sino la norma misma. Quiso creer que el Estado de derecho español, incluso el propio Estado, es un fiasco, un aparato desvencijado e inútil, que igual que no encontró las urnas del 1-O no le detectaría en sus viajes escandinavos. Quiso convencerse de que la democracia española era de deficiente calidad, y por ende, débil, por tardofranquista. Y fácilmente aislable. Un día la comparó, sin tino, con la semidictadura de Turquía. Olvidaba que Ankara ha perdido 2.889 casos en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, por 98 España (y 722, Francia). Quiso convencerse de que el derecho a la autodeterminación orientado a la secesión imperaba en la UE; cuando no lo recoge así ninguna Constitución europea y los altos tribunales de Italia (29/4/2015) y Alemania (16/12/2016) prohibieron sendos referendos de separación.

La detención de Puigdemont se suma a la triste prisión de tantos de sus colaboradores. Es hora de convertir los fuertes sentimientos de dolor (y los inversos de alivio), en aprendizaje sereno de la lección sobre lo que no debe hacerse: decretar revueltas contra la democracia y la autonomía. Desmadejado y descabezado el procés, el soberanismo solo sobrevivirá si vuelve a los raíles de la ley. Y ojalá convenza a sus entusiastas más sanguíneos de que la convivencia exige evitar toda violencia.

La detención de Carles Puigdemont ayer en Alemania cierra una semana negra para el independentismo, que primero se vio incapaz de invertir Jordi Turull antes de que compareciera ante el Supremo, y después asistió con impotencia y rabia al encarcelamiento de Turull , Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell mientras Marta Rovira emprendía el camino hacia Suiza. La justicia alemana deberá decidir ahora si entrega Puigdemont a las autoridades españolas en un proceso que puede alargarse varias semanas, pero los expertos consultados por el ARA coinciden en que la probabilidad de que se acepte la extradición es alta.

La ciudadanía volvió a mostrar ayer su indignación en las calles y, pese a la elevada emocionalidad del momento, los incidentes fueron mínimos. Es muy importante que todas las movilizaciones que se hagan ahora, cuando las cosas van mal, sean pacíficas y cívicas, porque sabemos que hay un interés objetivo de las autoridades judiciales españolas a vincular el proceso catalán con la violencia. Es clave no caer en esta trampa, que no sólo complicaría el futuro judicial de los encarcelados y procesados, sino que abriría la puerta a una ola de represión mucho más fuerte.

Es la hora de actuar con la máxima inteligencia y la cabeza fría. Y el primer paso debe ser la investidura de un presidente independentista efectivo que recupere las instituciones y ponga la Generalitat al servicio de todos los ciudadanos, y en especial de aquellos que ven sus derechos civiles y políticos más básicos afectados. Dejar más tiempo la Generalidad en manos del gobierno español y el 155 es de una miopía imperdonable.

La estrategia de España es muy clara: con sus provocaciones y actuaciones desproporcionadas e injustas busca que el independentismo deje de ser un movimiento pacífico y transversal y se convierta en uno violento y crispado, de modo que pueda aplastar fácilmente utilizando la fuerza. No se debe cometer este error. El único camino posible es el de la ampliación de las mayorías, la solidaridad con los represaliados y la denuncia internacional de los excesos de la justicia española. En este sentido, la detención de Puigdemont en Alemania, así como los procesos abiertos en Gran Bretaña (Clara Ponsatí), Bélgica (Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig) y Suiza (Marta Rovira), deben ser una oportunidad para convertir la ofensiva judicial española contra el Proceso en un problema europeo, en una cuestión de derechos humanos y civiles. Siendo conscientes, sin embargo, que a última hora los estados se protegen entre ellos y los sistemas judiciales funcionan según una mecánica propia. Pero al menos se les debe poner en evidencia y concitar el máximo de simpatías en la opinión pública internacional.

A estas alturas ya sabemos que la ofensiva judicial y policial española no se detendrá. Y enfrentarse a ellos directamente es suicida. Es hora de repensar la estrategia del soberanismo para adecuarla al nuevo contexto. Reincidir en los mismos errores cometidos hasta ahora sólo empeorará la situación.

La noticia de que el president Carles Puigdemont ha sido detenido este domingo en Alemania cuando regresaba en coche desde Finlandia, después de varios días de estancia en el país nórdico invitado por un grupo de diputados, tiene aún más preguntas que respuestas. Tiempo habrá para conocer los detalles de un desplazamiento por carretera, en principio prescindible, cuando se hubiera podido realizar de otra manera. También para analizar con detalle la evolución de las órdenes de extradición del resto de políticos catalanes porque, en estos momentos, la suerte de muchos de ellos aún no se conoce ni en su fase inicial.

Es normal que en estos momentos haya un gran desasosiego en la sociedad catalana —más allá de las posiciones independentistas— por la suerte que pueda correr el president, que no podemos olvidar es el vértice de una persecución policial, judicial y mediática española sin precedentes en Europa. Todo, además, avalado eficazmente a partir de un falso relato de los hechos que sucedieron el pasado septiembre con las concentraciones frente a la Conselleria d’Economia y también con el referéndum del 1 de octubre, celebrado en medio de una excepcional violencia de la policía española y que ahora se trata de ocultar. Ha sido la instalación de esta gran mentira de la derecha extrema española en la opinión pública, apoyada acríticamente por la izquierda más desnortada del continente e incapaz de hacer frente a un discurso claramente involucionista, la que los ha conducido a esta sonrojante situación. Un president de Catalunya detenido en Alemania, un candidato oficial del Parlament para ser elegido president, Jordi Turull, encarcelado en plena investidura, situación en la que también se encuentra una parte muy significativa del Govern, máximos dirigentes de entidades soberanistas, etc.

Pese a la extrema preocupación que provoca la gravedad de los hechos hay que confiar en la justicia de los diferentes estados de la Unión, los pronunciamientos de sus dirigentes políticos y la posición de su opinión pública. Que todo ello unido tumbe la mentira oficial y se descarten las extradiciones por delitos inexistentes.

La detención del president también debe abrir un tiempo de reflexión en la elección en el Parlament de un candidato después de los comicios del 21-D. No parece que esa sea la prioridad si el resultado final tiene que ser seguir el guion que el Gobierno español quiere.

La situación ha dado un nuevo giro impresionante en muy pocas horas. En las detenciones y exilios del viernes y en la sesión del parlamento de ayer, les ha seguido un domingo inesperado. La detención del presidente de la Generalitat en Alemania y la activación de la euroorden contra todos los consejeros ha causado un impacto político monumental y ha puesto la cuestión catalana en el epicentro de la política europea. Pero mucho más importante es que en setenta y dos horas ha cambiado la dinámica que se había instalado en nuestro país después del 21-D.

Con esto, tenemos una nueva oportunidad. Las grandes movilizaciones de esta tarde muestran la existencia de una parte importante de la sociedad dispuesta a todo. La sesión de ayer en el Parlamento demostró que el extremismo de Llarena ha dejado tocado y dividido el bloque del 155. Y las reacciones internacionales, en Escocia y Suiza principalmente, pero también en Alemania, hacen ver que la tensión política es el punto máximo y que España no se saldrá fácilmente.

Para forzar esta situación, Cataluña tiene siquiera tres vías claras, sobre las que ya hablan los partidos políticos. La primera es la investidura de un gobierno catalán bien pronto que esté en condiciones de encabezar la reacción popular. Juntos por Cataluña y la CUP están de acuerdo en que hay que devolver al punto de partida, es decir, a la investidura del presidente Carles Puigdemont. Cualquier otra decisión tras las movilizaciones de ayer sería muy difícil de entender, a pesar de las dificultades legales evidentes del caso. El parlamento debe ser soberano: no debe aceptar ninguna chantaje y ha de invertir el presidente. Luego hay que nombrar un gobierno de unidad, del consenso más amplio posible y con tantos partidos como sea posible, que dirija la resistencia de Cataluña en el Palau de la Generalitat.

También hay que poner sobre la mesa de manera inmediata el recurso de la huelga general. Primero, para hacer visible la oposición del país no sólo a la detención de Puigdemont sino a todas las consecuencias del golpe de Estado iniciado por Mariano Rajoy el 20 de septiembre. Pero también para demostrar de forma inequívoca en España quien tiene la capacidad de controlar el país, como ya se hizo en octubre y noviembre pasado. Y para hacerlo ver claro también en la Unión Europea, actor imprescindible de la solución a la crisis por ahora.

Y, finalmente, hay una movilización permanente en todo el país en los próximos días. Hay que aprovechar el impulso y la corriente de indignación que las detenciones y los exilios han desatado. Hay que recuperar la calle y continuar impugnando las tesis de los partidarios del 155, ahora que ya se ha puesto de relieve en el parlamento que incluso algunos de los que lo firmaron dan cuenta de que esta decisión, la de intentar eliminar la democracia en Cataluña, puede ser el error final de España.

Ahora es la hora de recuperar lo que se dejó a medias en octubre. Los políticos tienen un papel determinante, pero nosotros, cada uno de nosotros y todos juntos, aún más. Tenemos que estar juntos y unidos, parlamento y ciudadanía, en defensa del mandato democrático del 1 de octubre, del 27 de octubre y del 21 de diciembre. Y lo tenemos que hacer entendiendo que todos somos parte del mismo movimiento. Ahora no puede ser que el parlamento, ni su presidente, vuelven a frenar lo que la ciudadanía ha votado.

Algo parece segura, pero, a estas alturas. Miércoles, alguien podía pensar que el conflicto que estalló en octubre con la proclamación de la República Catalana iba en proceso de remisión, que podía convertirse en crónico y durar mucho tiempo. Pero ahora está claro que pasarán cosas muy graves e importantes estas próximas horas. Cosas que pueden romper el esquema que España quería arrancar, si es que no la han roto ya. Afuera y dentro.

Pero mucha cosa depende de qué hacemos los ciudadanos. Casi todo. Al respecto, hay que aplaudir la rápida reacción de la ANC y los CDR. Las movilizaciones de hoy son muy importantes y muy impresionantes. Ahora es el momento de poner el motor al máximo y llevar la situación a un punto en que la estrategia judicial española se encuentre desbordada por la política. Ellos quieren obligar Cataluña a pasar por una vía jurídica que ya se ha visto que es una farsa. Cataluña ha de forzar la situación a un extremo tal que se imponga la necesidad de una solución política al conflicto.