El ex presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, detenido en una investigación sobre venta ilegal de armas

Carlos Menem no podrá disfrutar en Siria la segunda luna de miel con su joven esposa chilena. El ex presidente argentino se encuentra desde ayer bajo arresto domiciliario (haber cumplido 70 años le libra de la cárcel), impuesto por el juez que investiga la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su mandato. El magistrado le considera jefe de una organización ilegal de la que también formaban parte su cuñado, Emir Yoma, el ex ministro de Defensa Antonio Erman y el ex jefe del Ejército general Martín Balza. Todos están detenidos a la espera de juicio por un sumario de 20.000 folios que se instruye desde 1995, en el que también figuran otros dos ex ministros.

El líder justicialista ha sido acusado de autorizar la venta de 6.500 toneladas de armamento a Zagreb, en 1991 y 1993, y a Ecuador, en 1995. Sobre ambos países regía un embargo internacional decretado por la ONU. En Croacia, por las guerras de descomposición yugoslavas. En Ecuador, por su enfrentamiento fronterizo con Perú. A la vez que vendía armas a una de las partes, el Gobierno de Menem mediaba en el conflicto entre Lima y Quito, que no finalizó hasta 1998, y desplegaba a sus cascos azules en Croacia. Un solvente semanario de Zagreb asegura que los negocios se hacían a través de un argentino-croata condenado por crímenes durante la Segunda Guerra Mundial y con el encubrimiento de Miroslav Tudjman, hijo del dictador y por entonces jefe de los servicios secretos de su país.

Menem ha sido uno de los políticos latinoamericanos más carismáticos de los años noventa, pero la ética nunca ha sido el fuerte de este peronismo heterodoxo y modernizador del Estado. El contrabando de armas fue uno de los más graves escándalos de dos mandatos (1989-1999) llenos de ellos. Como en otros casos recientes de dirigentes que han creído estar por encima de la ley, su suerte ha acabado quebrándose.

Menem comenzó a preparar su regreso al poder antes incluso de traspasar la banda presidencial a Fernando de la Rúa. Si resulta culpable de un delito que puede acarrear hasta 10 años de cárcel, sus posibilidades de volver a escena son nulas. Pero su detención tampoco es una buena noticia para De la Rúa. El justicialismo controla el Senado y la mayoría de los gobiernos regionales, y lo que menos necesita Argentina en su tercer año de recesión, y con un clima social encendido, es la movilización opositora en torno a la causa añadida de un martirologio.