El ex Presidente de Navarra Gabriel Urralburu (PSOE) y su consejero Antonio Aragón condenados por corrupción

El ex presidente socialista de Navarra Gabriel Urralburu fue condenado ayer a 11 años de cárcel acusado de cohecho continuado y fraude fiscal. La sentencia considera probado que Urralburu y su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón, junto con las esposas de ambos, el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán y el testaferro de todos ellos, Jorge Esparza, se concertaron para repartirse el dinero ilegalmente obtenido de varias constructoras en concepto de comisiones por la adjudicación de obras públicas.Hace dos años, en una de sus últimas entrevistas como presidente del Gobierno, Felipe González confesaba que cuando aparecieron las primeras noticias sobre esa derivación del caso Roldán se habría dejado «atravesar por un cuchillo» antes de creer que Urralburu era un corrupto. Seguramente muchos socialistas, incluso algunos que nunca se fiaron de Roldán, por ejemplo, habrían compartido con González esa incredulidad inicial. Mejor dicho, esa credulidad hacia la palabra de honor empeñada por Urralburu cuando proclamaba su inocencia ante los primeros indicios que le vinculaban con los negocios de Roldán a través del testaferro Esparza. Muchos socialistas han reconocido que el caso de Urralburu, que desde la presidencia de Navarra montó un negocio de enriquecimiento personal, es el que más depresión les ha producido por tratarse inequívocamente de uno de los suyos.

La primera reacción de los corruptos, en Italia como en España, suele ser siempre la de la dignidad ofendida: ¿cómo pueden pensar eso de mí? Luego viene la incredulidad: no es posible que esto me esté pasando a mí. El desenlace suele ser el deseo desesperado de dar marcha atrás. Ése ha sido el recorrido de Antonio Aragón, por ejemplo, que en mitad del juicio corrigió parcialmente sus declaraciones anteriores para reconocer entre sollozos que había aceptado regalos en metálico de las constructoras, y pidió perdón por ello. En el caso de Urralburu, sin embargo, no se ha apreciado signo alguno de arrepentimiento y únicamente sorprendió que acusara de todo el manejo a su mujer. Sin duda, como una argucia procesal destinada a difuminar la relación entre su cargo público y las comisiones por él cobradas. El tribunal ha rechazado esa añagaza y considera probado que fueron el ex presidente de Navarra y los otros miembros de la trama los destinatarios de los más de 700 millones de pesetas pagados por ocho constructoras a modo de comisiones ilegales. Lo más repugnante de todo el asunto es la utilización del terrorismo como pretexto: como coartada moral, justificando con la amenaza de ETA la opacidad de las cuentas y la trama financiera montada por el testaferro (tal vez el personaje más increíble de todos); pero también como coartada material, para cobrar comisiones en relación con la seguridad de las obras de la autovía de Leizarán, por ejemplo.

Frente a esa falta de vergüenza, hay que felicitarse porque se haya hecho justicia y porque se haya demostrado que las instituciones deben funcionar con arreglo a un criterio de desconfianza democrática: lo contrario a la credulidad.

A medio camino entre la ceremonia y el drama, al modo inacabable de una representación de la Tetralogía wagneriana, el presidente-ponente del Tribunal que a lo largo de tres meses y medio ha visto la trama navarra del ‘caso Roldán’ leyó ayer, durante cinco horas, y ante un público tan expectante como exhausto, la práctica totalidad de los 142 folios de la sentencia, mientras los abogados del dramatis personae – ausentes de la escena – iban inquietándose increscendo conforme la lectura de los hechos probados abocaba a una sentencia inevitablemente desfavorable. Al final cayó el telón con penas prácticamente idénticas a la solicitadas por el fiscal, desde los once años de cárcel para el ex presidente de la Comunidad Foral, y los siete y medio para su consejero de Obras Públicas, a los dos y medio para su esposa.

Su delito, en estricto sentido judicial, haberse puesto de acuerdo con el ex director de la Guardia Civil y con su testaferro para cobrar a las constructoras una comisión del 5% de las sumas contratadas, y ocultarlo en varias sociedades patrimoniales creadas por loos sentenciados y sus esposas (delitos de cohecho y contra la Hacienda Foral). Su culpa política –p pues también en política hay responsabilidades, aunque tanta inhibición nos lo haga olvidar a veces – haber ofrecido Navarra al rey Midas de la cleptocracia, Luis Roldán, para que corrompiese en ella cuanto tocase. Lo cual incluye las empresas extorsionadas, la imagen pública de la Administración Foral e, inevitablemente, al PSOE, que puso en tan peligrosas manos la confianza  que le fue otorgada de buena fe por los navarros. Hasta qué punto es más culpable el corruptor por su insidia que el corrompido por su debilidad, o viceversa, es asunto difícil de determinar, y de naturaleza casi metafísica. Lo que sí está claro son dos cosas. Primero, la capacidad de descomponer el tejido político, económico y social – pues ese en el sentido literal de la metáfora de la corrupción – de lo que durante años fue en España un modelo de gestión, auspiciado por un acrónimo pretendidamente socialista y obrero. Y después, de lo que ayer concluyó fue la representación de un drama histórico, y como tal indisolublemente unido a una época: la de los Gobiernos de dicho partido.

Pero sería precipitado dar por terminada del todo aquella etapa en la que el enriquecimiento personal y el arbitrio legal fueron norma en muchos despachos, cuando quedan aún tantos juicios pendientes. Habrá quien ante la evidencia de los hechos probados invoque la defensa grandilocuente de ‘la mejor acción de gobierno’ que los siglos hubieran visto, porque obviamente eso sí que es discutible. Pero entretanto los amigos de Midas van a prisión, alguno como el consejero condenado, admite su culpa – no todo iba a ser Vera o Barrionuevo: hay otros estilos – y es lícito preguntarse cuánto van a tardar algunos en tildar de político el juicio, decir que no hay pruebas, etc. Total, ya tienen el discurso ensayado: sólo se trata de ir aplicándolo a sucesivas sentencias.

Normalidad judicial. Secuestradores y ladrones, camino de la cárcel. Barrionuevo y Vera, por un lado. Urralburu, Roldán y Aragón, por el otro. Secuestraron los unos. Al abrigo del Ministerio del Interior de Felipe González. Robaron los otros, desde el cobijo del Gobierno autónomo del PSOE de Felipe González. Normalidad. La ley, recordaba hace tres días el Presidente del Supremo, Javier Delgado, sanciona actos concretos: la biografía o linaje de los delincuentes no cuenta en las sentencias. Actos concretos: secuestro y robo. Ejecutados por individuos con esenciales responsabilidades de Gobierno. Hombres de la más alta confianza de aquel que presidió el país durante 13 años. Ese mismo que juzga hoy a la justicia «inicua».

Es el inicio de un desvelamiento. Si sabemos conducirlo, al fin ese podrido sistema institucional que España heredó de 40 años de dictadura podrá ser barrido. Es nuestra última ocasión de acceder a lo que la Historia nos negó siempre: un Estado moderno. Porque el Estado ha sido casi siempre, en la España contemporánea, poco más que cobertura y blindaje de diversas mafias. Lo fue bajo la dictadura. Lo ha sido -en modo mucho más funcional- bajo los años socialistas. Blindaje de redes delictivas minuciosas. De algunas de sus actividades, secuestro (Barrionuevo / Vera) y robo (Sala, Roldán, Urralburu…), podemos ya hablar en firme y con los delincuentes tras las rejas. Otros crímenes aguardan aún la luz. Son los más negros: tortura, desaparición, asesinato, cal viva… La aplicación española -a la escala reducida que se juzgó adecuada- del modelo Videla de terrorismo de Estado. No son crímenes autónomos. El modelo González era una máquina de guerra forjada mediante la superposición de hallazgos represivos argentinos y modelo de partido mexicano sobre los cimientos, aún sólidos, del franquismo. Cuando, hace apenas un año, propuse analizar ese felipismo como «la fase superior del franquismo». No faltó cabeza huera para hacer oír sus retóricos sollozos en la Carrera de San Jerónimo. Ahora es un dato sólo; no una hipótesis. Barrionuevo y Vera: secuestradores convictos. Roldán, Sala, Aragón, ladrones condenados. ¿González? ¿Qué síntoma más pleno del franquismo de González que su fascista arremetida contra lo que él llama una «justicia inicua»?

Con Rodríguez Ibarra, llamando al golpe de Estado de los 30.000 somatenes que impidan la ejecución de una sentencia firme, entramos en tiempos duros. Muy duros. Fascinantes también. La Justicia española ha vivido amargas historias de sumisión y humillaciones. Hoy, el honor de este país está en sus manos. También, la responsabilidad histórica de completar aquello que en 1975 fue imposible: el cierre de un tiempo en que el Poder Ejecutivo decidía acerca del Derecho y los derechos. El honor de este país está en manos de sus magistrados. Y, con él, el horizonte de la Historia española. Es hora de que la cárcel se trague a los inicuos. Hora de asistir a su desmorone «en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada».