30 noviembre 2002

El ex secretario de Estado norteamericano Henry Kisinguer presidirá la Comisión que, por mandato del presidente Bush, investigará los atentados del 11-S

Hechos

Fue noticia el 30 de noviembre de 2002.

30 Noviembre 2002

Ciudadano K

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El antiguo secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger presidirá la Comisión que, por mandato del presidente Bush, investigará los atentados del 11-S. Nadie espera que vaya a hacerlo, pero si se remontase lo suficiente, Kissinger podría ayudar a esclarecer los efectos de la política exterior diseñada por él a lo largo de los años setenta en el surgimiento posterior de figuras como la de Bin Laden.

Bush se había resistido a crear una Comisión de este tipo, como le venía pidiendo el Congreso, por temor a que pusiera en evidencia la magnitud de los fallos de los servicios secretos y de seguridad. Por ejemplo, la conexión saudí: 15 de los 19 terroristas identificados tenían esa nacionalidad, y la mujer del embajador fue utilizada para canalizar entregas de dinero. Fue Kissinger el primero en advertir que si los servicios secretos no habían sido capaces de prevenir lo ocurrido significaba que sería necesario un nuevo servicio. También fue de los primeros en lamentar que la obsesión por la política interior hubiera llevado a los estadounidenses a «ignorar al resto del mundo».

Una investigación seria sobre el 11-S no podría dejar de constatar los fallos de inteligencia, pero también los de una política exterior, que ha tenido efectos como el surgimiento de Al Qaeda, criatura póstuma de los movimientos integristas armados por Estados Unidos contra la URSS en Afganistán.

Bush no quiere, sin duda, llegar tan lejos, y por eso ha definido como objetivos de la Comisión mejorar el servicio hacia el futuro antes que indagar los errores del pasado. Si se trata de no indagar en el pasado, nadie mejor que Kissinger, cuya trayectoria y ocupaciones actuales como consultor de empresas interesadas en relacionarse con el poder no hacen de él un adalid de la independencia de criterio. Y no parece que pueda llegarse muy lejos sin incomodar a los funcionarios públicos a los que la comisión tendría que interrogar.