El ex fiscal del ‘caso Nevenka’, José Luis García Ancos, anuncia que se retira ‘por depresión’ tras ser linchado mediáticamente por cuestionar a la denunciante en un agresivo interrogatorio

José Luis García Ancos, fiscal en el juicio contra el alcalde de Ponferrada por acoso sexual a Nevenka Fernández, afirmó ayer que sus convicciones no las cambia «ni Dios ni el fiscal general del Estado». Sus palabras eran la respuesta a la apertura de diligencias sobre su actuación en este caso, ordenada por la Fiscalía General del Estado. García Ancos afirmó que ha actuado al dictado de su conciencia y que le quieren culpar de «haber matado a Manolete, cuando es una bobada como la copa de un pino».Nadie puede entrar en la conciencia del fiscal jefe de Castilla y León, pero sí se puede enjuiciar su comportamiento profesional en este caso. Y su comportamiento ha estado trufado de parcialidad, machismo, comentarios improcedentes y alusiones de mal gusto contra la testigo y presunta víctima, Nevenka Fernández. Cualquier observador imparcial del juicio podría haber llegado a la conclusión de que García Ancos actuaba como defensor del alcalde y no como fiscal. Las convicciones son libres e intocables, pero el fiscal está obligado a seguir unas reglas de juego que García Ancos no ha respetado. En lugar de ejercer la acusación para esclarecer el presunto acoso contra Nevenka, se ha dedicado a demoler las declaraciones de la testigo y a cuestionar sus motivaciones.Ha demostrado que tiene prejuicios y que no es la persona adecuada para desempeñar la acusación pública en un asunto como éste.Debería ser sancionado no por las convicciones en las que se escuda sino por su intolerable proceder.

La imparcialidad exigida por el estatuto del ministerio público a sus miembros brilló por su ausencia en el interrogatorio desconsiderado, insidioso y desbordante de prejuicios machistas al que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sometió a Nevenka Fernández durante el juicio en que se dilucida su denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Ponferrada y procurador por el PP en las Cortes regionales, Ismael Álvarez.

Los servicios de inspección de la Fiscalía General del Estado han reaccionado con rapidez abriendo diligencias informativas sobre ese comportamiento. Pero más allá de lo que estas diligencias establezcan, esa forma de interrogar a una testigo, denunciante además del caso y presunta víctima, como si fuera la acusada, pone en entredicho el papel constitucional del fiscal como defensor de la legalidad y, consecuentemente, su continuidad en el juicio. ¿Cómo no sospechar que el fiscal ha pretendido con ese interrogatorio restar crediblidad a la denuncia y facilitar la exculpación del acusado? Se supone, además, que si el ministerio público se sumó en su día a la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Ponferrada fue porque la consideró fundada. ¿A qué viene, entonces, un interrogatorio cuya finalidad parece haber sido desactivarla?

Ante las reacciones de indignación que ese comportamiento ha provocado, el fiscal jefe de Castilla y León ha replicado que la tarea del ministerio público es buscar la verdad. Nada más cierto. Pero la verdad en un proceso se busca con preguntas claras y concretas sobre los hechos sometidos a juicio y no con suposiciones indelicadas, si no vejatorias, que confunden e intimidan al testigo. Nevenka Fernandez sintió que el interrogatorio intimidatorio e inquistivo del fiscal pretendía poco menos que hacerla sentirse culpable del acoso sexual denunciado, y así fue percibido por el público asistente al juicio, que prorrumpió en aplausos cuando el presidente del tribunal, con una tardanza inexplicable, recordó al representante del ministerio público que la interrogada ‘es un testigo, y no el acusado’.

El ministerio fiscal sanciona las faltas de respeto y la desconsideración entre sus miembros. Con no menos rigor debe castigar ese comportamiento cuando quienes lo sufren son personas implicadas en un proceso y cuya comparencia a juicio tiene muchas veces connotaciones psicológicamente dolorosas.

Ya decían Tertuliano, San Pablo o San Agustín que la Mujer constituye en sí misma una incitación al Mal, y algunos insignes representantes de nuestra Justicia parecen aferrarse sin reservas a esa máxima tan conveniente para el género masculino, que ha marcado de forma indeleble la columna vertebral de nuestro pensamiento occidental.¿No es así, señor García Ancos, fiscal jefe de Castilla y León? A juzgar por sus palabras, «mis convicciones no me las cambia ni Dios», y por su actuación en el juicio que se sigue en el caso de Nevenka Fernández y el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, tal vez parece que estuviera usted impregnado hasta los tuétanos de esos prejuicios misóginos y persuadido en lo más hondo de su ser de la culpabilidad de la denunciante.

La cuestión es: ¿Nevenka es culpable de acusar en falso a su presunto acosador o, como parece deducirse de su interrogatorio, el delito de la ex concejala consiste en estar en posesión de un culo irresistible a la lujuria masculina y no salir corriendo ante determinados manoseos, dejando atrás sin rechistar empleo, sueldo, dignidad y prestigio?

Ignoro de qué lado se inclinará la balanza judicial en esta causa, pero es algo que carece de importancia porque, antes de pronunciarse, la Justicia ya ha resultado gravemente dañada en una parcela empapada tras muchos siglos de lluvia. Y es que las cifras resultan estremecedoramente elocuentes: según datos de la Fiscalía General del Estado, en el año 2000 se presentaron en España 397 denuncias por acoso sexual; una más que en 2001 y una cifra sencillamente irrisoria si se contrasta con el informe elaborado ese mismo año por el sindicato Comisiones Obreras, en colaboración con la Unión Europea y el Instituto de la Mujer, según el cual el 18,3% de las mujeres trabajadoras españolas (equivalente a 999.363, de acuerdo con el censo de población femenina ocupada) ha sufrido o sufre alguna situación de este tipo. ¿Cómo se explica la abrumadora desproporción existente entre casos declarados a los encuestadores y casos registrados en la Fiscalía? Sencillamente, porque esas agresiones no se denuncian. Porque las víctimas de esos abusos humillantes, degradantes para quien los padece, vividos, en muchos casos, desde la vergüenza y la culpa, y particularmente difíciles de demostrar ante los tribunales, desconfían lisa y llanamente de la acción de la Justicia. Y la actuación del fiscal José Luis García Ancos no va a contribuir, desde luego, a restablecer la credibilidad perdida. ¿O alguien piensa que, después de asistir a través de los medios de comunicación al implacable tercer grado infligido a la testigo por el representante del Ministerio Público, con el beneplácito más o menos disimulado del juez encargado de proteger sus derechos, va a haber muchas voluntarias dispuestas a pasar por lo mismo?

Hasta 1966, la ley prohibía a las mujeres en España ingresar en la carrera judicial y fiscal, así como practicar la medicina forense, porque «la sensibilidad femenina no puede levantar un cadáver», según se decía en la exposición de motivos. La primera mujer que vistió una toga en nuestro país no lo hizo hasta 1977, y todavía hoy sólo hay una representante del sexo femenino en el Tribunal Supremo, donde se sientan nada menos que 89 magistrados.Y eso se nota, ¡ya lo creo que se nota!, en su manera de impartir justicia. Es verdad que las cosas van cambiando, que en la base de la pirámide la situación hoy ya es de equilibrio e incluso de ligera ventaja para la mujer, y que la mayoría de los varones condena severamente comportamientos tan indignos como el del mencionado fiscal castellanoleonés, que se enfrenta desde ayer a unas diligencias informativas abiertas en el servicio de Inspección de la Fiscalía, donde al parecer hay un clamor de repulsa ante su actuación.

Pero ahí están los hechos y su repercusión devastadora: otra mujer condenada, otra mujer escarnecida y millones de mujeres silenciadas.

El fiscal José Luis García Ancos fue apartado ayer por Jesús Cardenal del caso que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos contra el alcalde de Ponferrada por un presunto delito de acoso sexual contra la ex concejala Nevenka Fernández. El fiscal general del Estado tomó esta decisión a propuesta de la inspección y en cumplimiento del artículo 23 del Estatuto, que permite la sustitución de un fiscal por otro en el transcurso de un juicio «si razones fundadas así lo aconsejan».

En el caso de García Ancos, las «razones fundadas» son evidentes.No sólo por el vergonzoso interrogatorio al que sometió a la presunta víctima del acoso sexual, que dejaban patentes sus prejuicios machistas. Es que, ante el escándalo y el rechazo social unánimes que suscitó su actuación, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Castilla y León persistió empecinadamente en el error, haciendo declaraciones públicas a cada cual más impresentable y justificando su injustificable comparación de la ex concejala con las «cajeras de Hipercor a las que le tocan el culo». El informe de la inspección destaca como especialmente graves las declaraciones de García Ancos a una emisora de radio en las que dijo que peor que su actuación había sido la de un testigo que en la vista oral había insinuado que «Nevenka, siendo una colegiala, era una putilla».

Es difícil encontrar una explicación razonable para la conducta de este fiscal que firmó el escrito de acusación contra Ismael Alvarez, por un presunto delito de acoso sexual, para el que pedía de 12 a 24 fines de semana de arresto y una indemnización de un millón de pesetas para Nevenka Fernández. Ello resulta completamente contradictorio con su actuación en la vista, donde ejerció un «acoso procesal» según la inspección contra la ex concejala.

La reacción de García Ancos a su relevo en este juicio «no me arrepiento, nada de arrepentirse» indica que el fiscal está perplejo y no entiende lo que le está pasando. Y esto es lo grave del asunto, que un hombre que ocupa un cargo de tanta responsabilidad actúe ante un delito sobre el que existe una alta sensibilidad social guiado por unos prejuicios hacia las mujeres que quizá sean humanamente explicables por la generación a la que pertenece el fiscal, pero que son intolerables en su actuación como funcionario del Ministerio Público.

Se puede afirmar que seguramente no tenía otra opción ante la gravedad y las repercusiones del asunto, pero es lo cierto que Cardenal ha actuado con agilidad y diligencia al apartarle del caso. Ahora habrá que ver cuál es el resultado del expediente disciplinario abierto a García Ancos. Existe, incluso, la posibilidad de que sea apartado temporal o definitivamente de la carrera por falta muy grave.

Hermano del magistrado del Tribunal Supremo García Ancos, que hizo carrera política en el Ministerio de Defensa en los tiempos de Narcís Serra, el fiscal José Luis García Ancos carece de su inteligencia y padece de incontinencia verbal. Es un hombre sin pelos en la lengua. Mucho más libidinosa que viperina, desde luego, a juzgar por el morboso interrogatorio que sometió a Nevenka Fernández y las posteriores insinuaciones sexuales sugeridas en los medios de comunicación.

Tanto que no ha dejado otra opción, incluso a un hombre de las características de Jesús Cardenal, que la de propinarle un certero puntapié en el culo por considerar, entre otras peculiares ideas, como una obligación laboral añadida que las empleadas de Hipercor tengan que dejarse tocar el culo «para llevar el pan a sus hijos».

Tras humillar a la víctima de un incalificable acoso sexual e insultar reiteradamente a un colectivo de trabajadoras, la Fiscalía General del Estado se ha visto obligada a relevarle en la forma más expeditiva posible.

Al fin y al cabo, los fiscales también tienen culos sobre los que estampar la patada del relevo. Ni corto, ni perezoso, la propinada por el fiscal general del Estado es de la que hacen época.

Pero, el fiscal general del Estado es demasiado tímido en la elección de los adjetivos calificativos con los que describe la conducta del fiscal relevado.

Porque si bien es cierto que las preguntas y declaraciones de García Ancos pecan de «sorprendentes, desafortunadas y despreciativas», no lo es menos que, tanto unas como otras, se inscriben en un evidente contexto de servilismo político hacia la condición de alcalde de Ponferrada de quien se sienta en el banquillo de los acusados.

Fue tan implacable con la testigo, tratada como acusada, como exquisito con el acusado, tratado como víctima. Como los ciclistas, inclinado hacia arriba y pisando hacia abajo, García Ancos se pasó con Nevenka Fernández tanto como se quedó corto con Ismael Alvarez.

Puede que arrastre algún déficit personal desde su juventud, pero su factor humano, por triste que sea, no lo explica todo.Quizá, su condición de fiscal jefe de Castilla y León en un juicio contra el alcalde de Ponferrada añada alguna explicación supletoria de su impresentable conducta profesional.

Tal vez en el hambre sexual del pasado, combinada con las ganas de comer política del presente, se encuentre la última motivación.

Precisamente por ello, el edil de Ponferrada acaba de recibir en el trasero de García Ancos una sonora bofetada en su rostro.De hecho, Jesús Cardenal le envía un nítido mensaje. Sus líos de faldas no son ni van a ser asumidos. Se ponga como se ponga no es Ponga y, por lo tanto, que cada palo aguante su vela.

El relevo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Castilla y León, García Ancos, preludia la caída, dimitida o cesada, de Ismael Alvárez. Porque le indica claramente que no va a poder seguir contando con el hambre y las ganas de comer del fiscal.

Suponemos que si llegara a oídos de García Ancos que una empleada de supermercado no se ha dejado tocar el culo por su jefe, iniciaría diligencias de oficio contra ella. Y nos imaginamos perfectamente el interrogatorio: ‘¿Usted por qué no se ha dejado manosear por el jefe de departamento de charcutería, pese a irle en ello el pan de sus hijos? ¿Acaso está buscando que este tribunal le retire la custodia de los niños?’. El tal García Ancos, que no sabemos cómo ha llegado a fiscal jefe de Castilla y León (y la verdad es que nos da miedo averiguarlo), tiene dentro de su cabeza una organización social en la que las clases trabajadoras se distinguen de las clases medias en que las primeras no pueden hacer con su culo lo que les venga en gana, sino lo que decida su patrón.

Resulta muy tranquilizador vivir en un país en el que los tocaculos están protegidos por las instituciones públicas. En cualquier otro sitio, un tocador de señoras sería perseguido por acosador sexual y se taparía la cara con un jersey al entrar en la Audiencia. Y un fiscal partidario de someter a este tipo de humillaciones a las trabajadoras no cualificadas habría sido apartado fulminantemente de la carrera. Aquí nos hemos limitado a apartarle del caso, y porque no pidió disculpas (aún va diciendo por ahí que cuando acosaba como un violador a la testigo sólo buscaba la verdad). Sabíamos, por las extravagancias de Cardenal, cómo se llega a fiscal general del Estado, pero no teníamos ni idea de lo que había que estudiar para ser fiscal jefe de Castilla y León.

Ya lo sabemos, y hemos de decir, por utilizar un lenguaje que no desmerezca del de García Ancos, que estamos acojonados. Este individuo nos ha sumido en una inseguridad jurídica notable. El Gobierno debería aprovechar las reformas en curso para dejar bien claro a partir de qué nivel académico o laboral una trabajadora podría negarse a que le toquen el culo. García Ancos vive en un mundo en el que los jefes pueden disponer de una parte u otra de tu anatomía en función del puesto que ocupes en el escalafón. Lo malo es que el mundo de ese peligroso sujeto es el nuestro, por lo que pedimos a las autoridades que se aclaren cuanto antes. Viva el orden.