El Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, vuelve a publicar una carta para desmentir informaciones del diario EL PAÍS

Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, ha instruido por escrito a todas las fiscalías a que se pronuncien a favor de la extradición de los mafiosos italianos que hayan sido condenados en ausencia en su país. La iniciativa de Cardenal supone un giro radical, ya que hasta ahora las fiscalías de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional se pronunciaban en contra de la extradición de los delincuentes italianos juzgados en rebeldía. Esta posición garantista, que ahora pretende corregir Cardenal, facilitó que la flor y nata de la Mafia italiana haya encontrado en España su refugio más seguro.

Cambio imprescindible

Los capos (jefes) de la Mafia italiana refugiados bajo el sol español observan con inquietud cómo el paraíso del que disfrutan desde hace años comienza a perder la mayor de sus virtudes: el blindaje legal que durante años les ha proporcionado una confortable situación de impunidad.La iniciativa de la Fiscalía General del Estado pretende solventar las dificultades legales para extraditar a los mafiosos hasta que entre en vigor el acuerdo de un espacio común de justicia suscrito en Madrid el pasado 20 de julio entre Ángel Acebes, ministro de Justicia, y su homólogo italiano, Piero Fassino. Un ambicioso acuerdo, el primero en la Unión Europea, que obliga a modificar las leyes de ambos países.

La circular de Cardenal se ha remitido después de que la Junta de Fiscales de Sala, órgano de asesoramiento técnico de la Fiscalía General del Estado, estudiara y aprobara un informe de la secretaría técnica en el que se recomienda a los fiscales que apoyen las extradiciones de mafiosos y delincuentes italianos juzgados en rebeldía.

La postura de los fiscales es contraria a la adoptada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y por el Tribunal Constitucional, que no reconocen los juicios en ausencia celebrados en Italia. Este último ha rechazado la extradición de importantes jefes de la Mafia si no se les garantiza un nuevo juicio en su país, algo a lo que los jueces italianos se niegan.

La Junta de Fiscales se reunió el pasado 25 de septiembre y, tras estudiar el documento, se mostró favorable a apoyar estas reclamaciones de Italia, el país que más extradiciones solicita a España y que en 1995 declaró tener 15.000 delincuentes huidos.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que se ha estimado la validez de los juicios en rebeldía italianos porque en el ordenamiento jurídico español están previstos estos juicios, aunque sólo sea para penas de un año de prisión. Y porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo los reconoce válidos tras las modificaciones que en su día hizo Italia en su Código Procesal. Antes de esos cambios, Italia fue objeto de varias condenas por dicho tribunal.

Un portavoz de la Fiscalía General del Estado señala que las instrucciones que acaba de remitir Cardenal eran imprescindibles para que el acuerdo hispano-italiano en la lucha contra la Mafia sea efectivo. «No podemos ser más garantistas que ellos , porque incurriríamos en un fraude de ley. Los delincuentes se estaban aprovechando de esta situación».Pero la recomendación de Cardenal a sus fiscales tiene especial relevancia en el caso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la del Tribunal Constitucional. Ambas se mostraban hasta ahora firmes en su postura contraria a reconocer los juicios en rebeldía celebrados en Italia. En su opinión, no se garantizan los derechos de defensa del procesado. Por este y otros motivos, estas dos fiscalías han rechazado esa clase de extradiciones. A partir de ahora, ambas seguirán el criterio acordado por la junta.

El pasado mes de mayo, 1.089 órdenes de detención de mafiosos condenados en ausencia en Italia y reclamados para su extradición habían sido anuladas por la policía española, al atender la recomendación de Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, según desveló EL PAÍS. Fungairiño no reconocía los juicios en rebeldía y estaba en contra de dichas extradiciones, por lo que recomendaba a la policía que en estos casos no atendiera las peticiones de los jueces italianos.La Oficina Sierene española, buzón policial para recibir los requerimientos de los 13 países firmantes del Acuerdo de Schengen, había colocado el flag de anulación a 1.089 mafiosos y criminales italianos que podían pasearse por España sin temor a ser detenidos. Su orden de detención, válida en casi toda Europa, en España era papel mojado.

La postura de Fungairiño y de la policía era única en Europa, según denunció el Ministerio de Justicia italiano en una carta dirigida al Consejo General del Poder Judicial. Entre los mafiosos cuya orden de detención se anuló en territorio español figuraban 124 de los 210 criminales más peligrosos de Italia.

Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional anulaba la extradición de Domenico Paviglianitti, acusado de 113 asesinatos, y de Giovanni Greco, perseguido por dos crímenes, al entender que habían sido juzgados en ausencia y que sus derechos de defensa fueron vulnerados.

Armando Spataro, ex fiscal antimafia y miembro del Consejo Superior de la Magistratura italiana, señaló que esas sentencias «atraerían a los capos hacia España como abejas a un panal de miel». Otras voces, como la de Leoluca Orlando, alcalde de Palermo, denunciaron que «España se iba a convertir en el paraíso de la impunidad».

La postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y del Constitucional provocó la protesta del Gobierno italiano y acaparó la cumbre que José María Aznar y su homólogo italiano, Giuliano Amato, celebraron en junio. Tras las denuncias de este periódico y como gesto de «buena voluntad», Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, levantó el bloqueo a 831 de las 1.089 órdenes de detención embargadas. Desde entonces, 12 delincuentes italianos, varios de ellos mafiosos, han caído en las redes policiales españolas.

54 DELINCUENTES RECLAMADOS

Italia reclama a 54 destacados mafiosos que por distintas circunstancias ya han sido detenidos en España y cuyo destino está en manos de la Audiencia Nacional, el órgano jurisdiccional que trata las extradiciones, y del Tribunal Constitucional, que resuelve los recursos que presentan sus abogados.Casi todos estos delincuentes han sido juzgados en ausencia en su país y han sido condenados a penas muy elevadas, por lo que los jueces italianos piden su entrega para que las purguen. Una comisión hispano-italiana examina sus casos para buscar una salida legal y conseguir su entrega.

La circular que Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, ha remitido a las fiscalías, en la que pide que apoyen las peticiones de extradición de delincuentes juzgados en ausencia en Italia, puede cambiar el destino de estas personas que vinieron a España en busca de un refugio cálido y seguro.

Hasta ahora, los miembros de la Mafia italiana se beneficiaban de la interpretación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, contraria a la de los jueces de ese órgano, y de la del propio Tribunal Constitucional. En ambos ámbitos no se reconocían los juicios en ausencia celebrados en Italia y se rechazaban sus extradiciones. Por ese motivo, los mafiosos que se ocultaban aquí continúan residiendo en España. Y los que se fugan de su país, aconsejados por sus abogados, eligen este destino como el más seguro.

Tras el cambio de postura de la fiscalía queda la incógnita de cuál será la respuesta del Constitucional.

En el EL PAÍS del pasado día 12, el periodista José María Irujo, además de titular «Cardenal ordena a los fiscales que apoyen todas las extradiciones de mafiosos italianos», inserta un ladillo que reza: «La postura del fiscal Fungairiño, contraria a los juicios en ausencia, era única en Europa».No es cierta tal afirmación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional nunca ha sido contraria a los juicios en ausencia o en rebeldía, sino a la negativa a prestación de garantía efectiva de nuevo juicio, que es bien distinto. La Fiscalía ha venido informando siempre a favor de las extradiciones basadas en juicios en ausencia o en rebeldía a solicitud de Bélgica, Francia y Portugal, porque dichos países garantizan o prevén ex lege la repetición del juicio cuando el reclamado es entregado al Estado requirente.

Por otra parte, en el ámbito europeo, Francia también ha venido denegando solicitudes de extradición formuladas por Italia en casos de juicios en rebeldía sin garantía de nuevo juicio. El último caso, el Tribunal de Apelación de Córcega, al negarse Italia a prestar garantía de nuevo juicio a un condenado en rebeldía por el asesinato de Aldo Moro. Lo que ocurre es que eso es menos conocido.

Eduardo Fungairiño Bringas