El Gobernador e Texas, George W. Bush, firma la ejecución de David Long causando críticas de los detractores de la pena de muerte

LAS AUTORIDADES de Tejas hicieron que los médicos mantuvieran con vida a David Long durante los 25 minutos que duró su traslado desde el hospital a la penitenciaría, para asegurarse de que podrían ejecutarlo. El condenado había intentado suicidarse la víspera, pero esas autoridades, empezando por el gobernador, George Bush jr., decidieron que debía morir en la forma prevista por la ley: mediante inyección letal.Es absurdo, pero toda ejecución lo es. Esa forma de asesinato legal, la pena de muerte, está vigente todavía en 72 países, y se aplica en 40. El año pasado hubo 1.625 ejecuciones capitales en el mundo (y 2.300 conmutaciones). La UE acordó presentar ante las Naciones Unidas una iniciativa por la que se insta a esos países a establecer una moratoria en la aplicación de dicha práctica inhumana. Amnistía Internacional apoyará la iniciativa con la recogida de 20 millones de firmas. El abolicionismo avanza en todo el mundo. Excepto en EE UU.

Desde la reimplantación de la pena de muerte, en 1977, ha habido en ese país 591 ejecuciones; 500 de ellas en los últimos 9 años y cerca de un centenar en 1999, cifra no alcanzada desde 1951. Que la actitud favorable a la pena capital sea un factor potencial de popularidad de los gobernantes es una muestra inocultable de degradación moral; la misma que se manifiesta en la resistencia a las leyes restrictivas de la posesión de armas, por ejemplo. Ha habido ejecuciones de personas con facultades mentales disminuidas, de jóvenes que eran casi niños cuando cometieron los crímenes. El individualismo extremo en nombre del cual se justifican esas crueldades revela una moral enferma: la justicia no puede ser equivalente a ausencia de piedad (y mucho menos, a venganza).

Ayer se celebró el Día de los Derechos Humanos. Considerar que Caín debe morir porque mató no sólo supone negar lo que esa conmemoración representa, sino desandar el camino recorrido durante milenios en favor de la civilidad: de la humanización de los instintos más primitivos y crueles de nuestra especie.

La pena de muerte es un acto inmoral en sí, que, además, una vez ejecutada, no tiene vuelta atrás ni corrección posible. El gobernador de Tejas, George Bush, candidato republicano a la Casa Blanca, está en otra onda de razonamientos y poco parece importarle este tipo de consideraciones o la polémica levantada por la reciente ejecución de Gary Graham en la prisión de Huntsville. Casi dos décadas después del asesinato por el que se le acusó a los 17 años de edad, Graham recibió una inyección letal, pese a todas las dudas que se cernían sobre su caso, pues fue condenado sin prueba material alguna, por la declaración de un solo testigo que dice que le reconoció a una cierta distancia. Bush no movió un dedo para aplazar o conmutar la ejecución.Tampoco lo ha hecho en las 134 anteriores que se han producido en Tejas -el Estado que acumula una tercera parte de la aplicación de condenas a muerte en EE UU- desde que llegara a gobernador hace poco más de cinco años. La de Graham ha sido la tercera en dos semanas, y están previstas otras 15 de aquí a las elecciones presidenciales de noviembre. Bush, que este mes accedió por vez primera a suspender una ejecución a la espera de una prueba de ADN, sigue creyendo firmemente en la utilidad disuasoria de la pena capital, pese a que nada avale la tesis de que aplicarla impida otros crímenes o contribuya a salvar vidas.

No hay muchas diferencias sobre este tema crucial entre los aspirantes a la Casa Blanca. El vicepresidente demócrata Al Gore no sólo defiende abiertamente la pena de muerte, sino que se acaba de permitir declarar que «para ser honestos, en este debate hay que reconocer que siempre va a haber un pequeño número de errores». Ni a él ni a Bush les faltarían datos para poner en tela de juicio estas convicciones. Abundan. El gobernador republicano de Illinois, George Ryan, anunció en enero una moratoria sobre las ejecuciones -la pena de muerte depende esencialmente de los Estados federados en EE UU- después de saberse que 13 condenados a la pena capital habían sido posteriormente exonerados de culpabilidad. Estos casos y la ejecución de Graham han conseguido al menos que la polémica sobre la pena de muerte irrumpiera en la campaña electoral, de la mano de alguna prensa responsable o de la influyente jerarquía católica. Todavía un 65% de los estadounidenses son partidarios de la pena de muerte, pero en tiempos de Ronald Reagan lo era el 80%.

El debate sobre la última pena, reinstaurada en 1973 en 23 de los 50 Estados de la federación, no debería girar sobre su eficacia o los errores judiciales, sino sobre el rechazo por principio de un castigo tan cruel como moralmente equivocado en un país que se considera una democracia avanzada, pero que vive con esta vergüenza. Claro que es también parte de un concepto peculiar del orden público que mantiene en EEUU a dos millones de personas en las cárceles, y hasta casi seis (un 3% de la población adulta) si se suman los que están en libertad provisional. Son niveles sólo comparables a los de Rusia. Pero incluso Rusia ha dejado en suspenso la aplicación de la pena capital.