El Gobierno Aznar decide crear una plataforma pública de televisión terrestre a partir de Retevisión

EL ANTERIOR Gobierno pretendía liberalizar las telecomunicaciones sobre la base de una Telefónica española fuerte, capaz no sólo de enfrentarse en el mercado interno a, los grandes operadores extranjeros, sino de desempeñar un importante papel internacional. El Gobierno de José María Aznar ha decidido tirar por otro camino: se lanza a la aventura de organizar un duopolio a toda carrera, potenciando como segundo operador de telefonía a una empresa tan modesta como Retevisión, que factura 32.500 millones al año frente a 1,37 billones de Telefónica. Esta última tendrá que ceder a precio de coste sus redes a Retevisión, que hasta 1999 mantendrá el monopolio del transporte de señales hertzianas de televisión. Todo ello para intentar que dos operadores fuertes ocupen el mercado en España antes de que la liberalización completa del sector, propiciada por la Unión Europea para 1998 -con una posible moratoria de cinco años-, haga posible que cualquier operador ofrezca esos servicios, con las facilidades que ello puede suponer para que uno de los gigantes extranjeros de las telecomunicaciones se haga con el mercado español.

Ejemplos hay para todos los gustos, si bien cabe reconocer que el modelo elegido por el Gobierno español es poco frecuente en el ámbito de la Unión Europea.

Suecia o el Reino Unido han potenciado un duopolio de telecomunicaciones, frente a Alemania, Francia o Italia, que han decidido apoyar a su respectiva empresa pública, sin perjuicio de aceptar su privatización final. Además, el Reino Unido decidió organizar un duopolio hace 12 años, cuando ni siquiera la Unión Europea se había planteado la liberalización del sector de las telecomunicaciones; por eso resulta llamativo ponerse ahora imitar la fórmula, cuando queda muy poco tiempo para cumplir con los plazos de la UE. Así se entiende que el Gobierno haya reconocido la imposibilidad de liberalizar en 1998 y que se haya mostrado ambiguo sobre la fecha en que piensa hacerlo.

Otra consecuencia práctica es el escaso desarrollo que ha tenido el cable en el Reino Unido. El Gobierno de Margaret Thatcher prohibió a British Telecom entrar en el mercado de la televisión por cable con el argumento, de que era preciso favorecer la competencia, y así se ha llegado, 12 años después, a que sólo un millón de hogares británicos dispongan de servicio de cable, mientras que Alemania, cableada de arriba abajo por su empresa pública, Deutsche Telekom, tiene hoy 15 millones de hogares conectados a la red. Para mayor confusión, a la Telefónica española, que ha hecho una inversión considerable en cable, se le aplica una moratoria de 24 meses para poder dar este servicio allí donde haya otro operador dispuesto a hacerlo, y en cambio, se potencia la creación de otras redes que, de momento, ni siquiera existen. ¿Qué tendrá que hacer Telefónica para rentabilizar su red: acaso convencer a todos los españoles de que se instalen videoteléfonos?

Es cierto que la competencia desarrollada en el Reino Unido ha abaratado los precios del teléfono al consumidor; pero lo es igualmente que la Telefónica española está sometida a un régimen de precios autorizado por el Gobierno, que tiene en su mano la posibilidad de determinar las tarifas. El Gobierno no ha explicado hasta ahora qué ventajas obtendrá este país con esta decisión de frenar a Telefónica para potenciar a Retevisión. Al cabo de unos años podemos encontrarnos con dos operadores pequeños, incapaces de competir frente a los gigantes externos. El decreto de liberalización de las telecomunicaciones tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados, y eso tal vez dé oportunidad de saber si el Gobierno y sus aliados tienen razones de peso para adoptar este camino o si les han movido, esencialmente, cuestiones de poder.