El Gobierno Aznar indulta a los principales condenados por el secuestro de Marey (GAL) incluidos Barrionuevo y Vera

El ex ministro José Barrionuevo y su antiguo número dos en Interior, Rafael Vera, ingresarán hoy en prisión una vez que el Tribunal Supremo decidió en su caso ejecutar de inmediato la sentencia del caso Marey. Los otros diez condenados tendrán al menos cinco días para defender su petición de que la condena quede en suspenso hasta que se resuelva su petición de indulto. La diferencia entre unos y otros radica en el solo hecho de que los diez autoinculpados han pedido el indulto, mientras Barrionuevo y Vera se han negado a hacerlo por considerarlo contradictorio con su proclamación de inocencia, aunque lo haya solicitado para ellos un grupo de ciudadanos salmantinos.Esta última resolución de la Sala Segunda del Supremo ha reactivado el debate jurídico que ya se inició a partir de una sentencia con cuatro votos particulares que se opusieron a la condena por entender que no había pruebas contra Barrionuevo y Vera y que los hechos habían prescrito. Pero más allá de la polémica técnico-jurídica, ha echado gasolina a un incendio político que se alimenta de la convicción que tienen muchos socialistas de haberse convertido en los chivos expiatorios del drama de la guerra sucia, cuya responsabilidad nadie puede descargar en exclusiva sobre las espaldas del PSOE. Que dos dirigentes socialistas sean al fin los únicos paganos del capítulo tal vez más negro de nuestra transición política produce en las filas socialistas una indignación que comparten ciudadanos sin militancia de partido.

Si la guerra sucia fue una desgracia nacional que en su día denunciamos sin tregua, también lo está siendo su salida posjudicial. Han sido tantas las irregularidades de todo el proceso, de tal intensidad las interferencias políticas y mediáticas, tan discutibles si no rechazables algunos de los métodos de investigación, que a los socialistas les resulta difícil aislar las resoluciones judiciales de las pasiones políticas.

Está equivocado quien crea que el ingreso en prisión de los condenados, en aplicación de una sentencia firme, cierra este asunto. A la vista está que, lejos de ser así, estamos en una situación política altamente inflamable que por momentos puede convertirse en un conflicto institucional de primera magnitud. Y ésta no es una cuestión judicial, sino política. Las reacciones más pasionales en las filas del PSOE tienen un potencial devastador si se llevasen a sus últimas consecuencias, y se contradicen abiertamente con el acatamiento formal de la sentencia proclamado en sus comunicados oficiales. Es legítimo que defiendan la inocencia de sus compañeros, que agoten las vías jurisdiccionales hasta el Tribunal de Estrasburgo si es preciso, que se solidaricen con Barrionuevo y Vera en trance de ingresar en prisión. También lo es discrepar de la sentencia, algo en lo que coinciden con cuatro magistrados de la propia sala juzgadora. Denunciar la politización del caso no es sino expresar algo en lo que muchos ciudadanos de este país pueden estar de acuerdo. Pero llevar la respuesta a un enfrentamiento institucional sería un error que pagaríamos todos.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha dicho estos días que este asunto debía haberse resuelto por vía política. Lejos de eso, ha sido en los terrenos de la política donde se ha embarrado, y es en ese territorio en el que hay que buscarle una salida. En su día nos pronunciamos abierta y reiteradamente contra el terrorismo de Estado, fuera quien fuera el gobernante de turno; siempre hemos defendido que los hechos criminales deben ser sometidos a la justicia. Desde esas convicciones consideramos que ahora debe plantearse con seriedad una salida política a este conflicto. Hay vías legales para ello que deben estudiar con responsabilidad todos actores del drama.

El riesgo de fractura social al que nos referíamos hace un mes en estas páginas es algo más que una realidad virtual. Ver entrar en la cárcel a quienes encabezaron la lucha contra ETA en los años en los que se produjeron matanzas como las de Hipercor o Zaragoza mientras que algunos de los que ordenaron aquellos atentados gozan de libertad, es algo que sin duda provoca algo más que perplejidad en muchas personas que no son del partido socialista.

Una vez dictada la sentencia, y mientras los condenados agotan otras vías de recurso, no se puede dejar que se siga cociendo el caldo de un enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios de este país. Porque sobre ellos descansa hoy por hoy la supervivencia de nuestro sistema constitucional. El sistema legal construido al amparo de esa Constitución acoge fórmulas que deberían controlar primero y apagar después los brotes de este incendio. Justamente los magistrados de la Sala Segunda han aplicado sólo a los diez autoinculpados un artículo del nuevo Código Penal (el 4.4) que permite suspender la ejecución de una sentencia en aquellos casos en los que, mediando una petición de indulto, se haya producido una gran dilación en la actuación de la justicia.

Es indiscutible que la situación ha cambiado desde 1983 hasta hoy. Para empezar, se puso fin hace ya más de diez años a las negras páginas de una guerra sucia que atraviesa transversalmente toda la primera mitad de la transición política. Es sin duda a los jueces a quienes corresponde depurar las responsabilidades penales que no hayan prescrito y dictar sentencias en cada caso, pero el Gobierno no se puede desentender de las consecuencias políticas que puedan derivarse. Y hacer, si es preciso, un ejercicio responsable del derecho de gracia. Y el Gobierno sí está obligado a tener en cuenta el hecho incuestionable de la guerra sucia contra ETA no la inventaron los socialistas, pero sí terminó con ellos. Éstos son datos de la realidad que deben ser considerados para buscar salidas compatibles con la ley.

Una vez realizado el juicio y dictada la sentencia condenatoria, hay que valorar todas estas circunstancias. Sería tremendo que un Estado que aplicó el indulto de forma masiva para que los terroristas de ETA Político-militar abandonaran las armas no encuentre una vía legal para resolver este caso sin que origine una espiral revanchista. No deja de resultar paradójico que Barrionuevo formara parte precisamente de un Gobierno que concedió muchos de aquellos indultos en cumplimiento de un compromiso adquirido por sus antecesores de UCD.

Es el Rey quien otorga los indultos a propuesta del Gobierno, lo que dota a la decisión de un carácter político; pero es preceptivo el pronunciamiento del tribunal que ha condenado, lo que constituye una garantía contra el arbitrismo. Hay por tanto también una dimensión jurídica en la decisión, que se refuerza con la referencia al ya mencionado artículo 4.4 del nuevo Código Penal, que entre las circunstancias que menciona para suspender la ejecución de una sentencia hasta que se tramite el indulto incluye específicamente aquellos casos en los que se hubiera vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones. Si esto puede ser interpretado como la existencia de un cambio radical de circunstancias entre el momento en que se cometió el delito y el momento en que se juzgó, es difícil no aplicarlo a este caso.

Han pasado 15 años desde los hechos juzgados. Aún pasarían tres desde el secuestro de Segundo Marey hasta que se desactivó la banda de los GAL. Hubiera sido deseable que ni ésta ni las demás siglas que le precedieron hubieran existido, y que quienes las impulsaron o consintieron hubieran explicado los hechos. Resulta imperdonable que nunca se haya dado desde 1976 hasta hoy ninguna explicación convincente de la guerra sucia. Pero, a la luz de cuanto ha sucedido, resulta necesario estudiar seriamente un indulto que permita superar un capítulo negro de la transición política que, afortunadamente, se cerró hace más de una década.

El consejo de ministros decidió ayer conceder el indulto parcial, en los términos establecidos por la Sala Segunda del Supremo, a José Barrionuevo y Rafael Vera, así como a otros ocho condenados por el secuestro de Segundo Marey. En el caso del ex ministro del Interior socialista y de su número dos, Rafael Vera, el indulto supone que su condena de 10 años se reduzca a tres años y cuatro meses, lo que ha hecho posible que pasen al tercer grado penitenciario y al régimen de semilibertad que esa situación implica, y facilita, a medio plazo la suspensión de la condena por el Tribunal Constitucional, mientras resuelve el recurso de amparo que tiene pendiente contra la sentencia del Supremo.El carácter plenamente discrecional del derecho de gracia permitía al Gobierno conceder el indulto total, pero también le permitía no conceder indulto alguno, postergando su decisión para más adelante. El Gobierno se ha inclinado finalmente por conceder un indulto parcial, y por hacerlo ya, con celeridad y ajustándose a las indicaciones del Tribunal Supremo. Seguramente no ha sido una decisión sencilla, a la vista de la beligerancia demostrada por algunos de sus aliados mediáticos y políticos contra cualquier debilidad en un asunto que siempre ha sido tratado en clave de histeria antisocialista. Y, por supuesto, se entiende la insatisfacción de quienes pedían el indulto total, que tacharán la decisión gubernamental de poco generosa.

Pero la realidad es que el indulto ha hecho posible la solución de un asunto que ha dividido y divide a la sociedad española y que condiciona negativamente la relaciones entre fuerzas políticas. En contra de lo que algunos afirman, no significa agravio comparativo alguno con el resto de los 40.000 presos, y mucho menos respecto a los presos de ETA, pues justamente el indulto se sustenta en este caso en elementos muy específicos, que son los que el Supremo ha tenido en cuenta en el informe favorable a su concesión. Y es una decisión que sí contribuye a reforzar esa posición de centro que este Gobierno tanto reclama. Fundamentalmente porque va a permitir que mejore el diálogo con el principal partido de la oposición, que debe ser una de las condiciones básicas que ha de exigirse a un Gobierno que opte por el diálogo y no por el enfrentamiento como vía de solución a los problemas políticos.

El Gobierno ha decidido el indulto parcial de los condenados por el secuestro de Segundo Marey, considerado como caso matriz de la sucesión de sumarios derivados de la actuación de la banda GAL. La decisión se ha apoyado en la resolución del Tribunal Supremo que instaba a la medida de gracia de dos tercios de la pena, pero a nadie le quedan dudas de que la actuación del Ejecutivo no se ha debido sólo a la petición de las autoridades judiciales, sino que tiene evidentes causas políticas, dentro de un contexto también político y con repercusiones de esa misma índole.

Además, la decisión de indultar a los ex altos cargos de Interior y a otros implicados en el caso se ha adoptado con una gran celeridad, para acallar al os escépticos que hablan de la lentitud del funcionamiento de la burocracia. Ello permitirá a los condenados volver a casa por Navidad, como se preveía. Con la misma celeridad, Instituciones penitenciarias decidirá el tercer grado penitenciario, lo que posibilitará a los beneficiados por el indulto salir de la prisión y disfrutar de fines de semana en libertad mientras cumplen los algo más de tres años efectivos de pensa al os que ha quedado reducida la sentencia.

Los principales beneficiarios ante la opinión pública son el ex ministro José Barrionuevo y el secretario de Estado Rafael Vera. Su libertad ha sido reivindicada de forma más o menos civilizada por parte de sus correligionarios socialistas, alguno de los cuales como Rodríguez Ibarra, no han dudado en amenazar al Gobierno en caso de que no concediera el indulto. Dentro de la verbena vivida en torno a la cárcel de Guadalajara, que guardaba a los dos ilustres reclusos, los mensajes más disparatados han podido escucharse. EL más repetido ha sido el que aludía a los dos condenados como ‘presos políticos’. Y todo ello, en mitad de un proceso negociador con ETA sobre el que inevitablemente se planteaban cuestiones relativas a la excarcelación de terroristas, lo que llevaba a un ‘do ut des’ según el cual la opinión pública estaba orientada a la evidencia de que en el futuro todos, los terroristas y los condenados por desviaciones en la lucha contraterrorista, quedarían en la calle.

Nada hay que nos impida sospechar que este camino de compensaciones ha sido el elegido por quien podía hacerlo. Por lógica el Partido Socialista puede frenar ya de una vez su beligerancia para tratar cualquier asunto de Estado con el Gobierno, porque uno de los escollos para el diálogo se abre como las rejas de la cárcel alcarreña. Sólo quedaría pues, desde una perspectiva más sosegada políticamente, abordar la crucial y espinosa negociación con los terroristas, donde tantas cuestiones claves para el futuro de la Nación pueden estar en juego. Entretanto, el paso lógico en este juego de concesiones políticas será la libertad condicional a la Mesa de Herri Batasuna.

¿Forman parte estos jalones de unas senda previamente trazada? Parece que no hay duda de ello. Si se analiza la actuación de quienes han sido puestos en libertad nos encontramos con dos personalidades hasta ahora irreductibles y alguna más, hasta ahora confesa. Una de estas últimas, Ricardo García Damborenea, socialista transmigrado después hacia el apoyo al PP, pueden tener en su poder la clave de la celeridad en las decisiones de gracia. En todo caso, su locuacidad podría ser tan incómoda para unos como para los otros. De su silencio puede depender la clausura de un episodio negro de la historia de España, aunque habrá voces indignadas que acusen de traidor al Gobierno que ahora ha indultado.

«Si el diablo se arrepintiera, sería inmediatamente perdonado», decía el filósofo católico Jacques Maritain. No hay ni el más mínimo indicio de arrepentimiento en Vera y Barrionuevo, que ayer fueron indultados por el Gobierno, que decidió, siguiendo las recomendaciones del Supremo, reducir las penas a los condenados por el caso GAL en sus dos terceras partes.

Vera y Barrionuevo, tras pasar 105 días en prisión, se disponen a salir en las próximas horas de la cárcel de Guadalajara, ya que Instituciones Penitenciarias les concedió, horas después, el tercer grado sin aguardar ni la notificación al tribunal sentenciador ni su publicación en el BOE.

Los dos ex altos cargos de Interior van a cumplir 1 / 3 parte de la pena de 10 años, lo que no obsta para que dirigentes socialistas acusaran ayer al Gobierno de «cicatero» y pidieran que no vuelvan a prisión. Sin duda, hubieran preferido la impunidad absoluta y es de agradecer que lo manifiesten con tal franqueza.

Por mucho que Piqué se esforzara en explicar que el Gobierno se ha limitado a cumplir «con altura de miras» el dictamen del Supremo, este indulto para Vera y Barrionuevo es injusto, precipitado y discriminatorio.

Es injusto por la gravedad de los delitos, porque la víctima no se considera resarcida, porque el fiscal desaconsejó la medida de gracia por los siete sólidos argumentos y porque los reos no sólo no se arrepienten, sino que siguen insistiendo en la teoría de la conspiración, en un patético intento de rehuir sus responsabilidades. Es precipitado porque el Gobierno no ha respetado las formas al adoptar una decisión sin siquiera tomarse el trabajo de estudiar el expediente del Supremo. Trámites que en la mayoría de los casos tardan meses han sido despachados en menos de 24 horas. Y es discriminatorio porque demuestra, como ayer subrayaron PNV, EA e IU, que la Justicia emplea un doble rasero con los dirigentes políticos o los delincuentes conectados con el poder. Especialmente sangrante es la diferente vara de sancionar a los agentes profesionales, que obedecían órdenes, y a Vera y Barrionuevo. A éstos se les permite recuperar sus puestos en la Administración, al resto se les prohíbe reintegrarse a la policía.

Es evidente que la principal responsabilidad del indulto recae sobre el Consejo de Ministros, ya que el informe del Supremo no era vinculante. Pero el Gobierno ha preferido atenerse estrictamente a lo que recomendaban los jueces, en un vano intento de despolitizar la decisión.

En todo caso, por mucho que el PSOE pretenda presentar el indulto como una absolución, la verdad ya no hay quien la cambie, porque ha quedado establecida en la sentencia del Supremo. Vera y Barrionuevo pasarán a la Historia como los secuestradores convictos de Marey y como los únicos artífices posibles, junto a González, de una banda terrorista que asesinó a 28 personas. Y eso no tiene arreglo.

«Antaño, cuando yo era joven, tenía la idea de dedicarme a la política tan pronto como fuera dueño de mis actos… Luego, cuanto más analicé y vi a quienes la dirigían, tanto más difícil me pareció administrar con honradez los asuntos públicos… Hasta tal punto se habían corrompido la letra de la ley y las costumbres, que yo, al contemplar la situación y ver que todo iba a la deriva, acabé por marearme… Al final, entendí que todos los estados están corruptos y que su legislación carece de remedio…» (Platón. Carta VII). Quienes nos hemos formado en su lectura sabemos que hablar de políticos criminales es pleonasmo. Que la condición ladrona y asesina del Estado es su esencia.

Así que no voy a ser yo, desde luego, quien se escandalice de que dos criminales -además de criminales, fascistas, pero eso es ahora secundario- con sentencia firme y varios procesos pendientes, José Barrionuevo y Rafael Vera, salgan a la calle para gozar de los sustanciosos beneficios materiales con que sus crímenes de Estado fueron pagados. Así es la lógica del poder. Político criminal -lo sabemos desde Platón- es pleonasmo. Y eso tiene mucho más peso que cualquier rivalidad o desacuerdo. Aznar, hoy, sabe que los delitos que Barrionuevo, Vera y los sicarios de González cometieron, hubieran sido, igual, perpetrables por cualquiera de sus chicos. Basta con que las circunstancias lo aconsejaran y con que el dinero sucio abultara lo bastante. José María Aznar sabe perfectamente, sin ir más lejos, que su Reina Madre, Don Manuel Fraga Iribarne, tiene en su hoja de servicios los asesinatos firmados del comunista Grimau en 1963, de los anarquistas Granados y Delgado en 1964, la matanza obrera de Vitoria en 1976. Don José María Aznar sabe el tenue aroma de navaja y cementerio que arrastra su compinche Martín Villa.

¿Por qué no iba a compadecerse de sus iguales? José Barrionuevo, descerebrado requeté con boina roja, subjefe nacional, camisa azul, del SEU franquista, jefe del gabinete técnico de la Secretaría General del fascista Movimiento Nacional, gestor del secuestro de Marey, procesado por robo de fondos reservados, ministro GAL de González…, en nada desmerece de los más fascistas entre los carcamales de su partido: el ejecutor -hoy senil, pero la senilidad no borra el pasado- Fraga Iribarne incluido. En el fondo y en la superficie, todos los políticos son iguales. Casta de forajidos, sujetos fuera de ley. Que se coman su política y su Estado. Y que se pudran en su mundo aparte. Ultimo deber moral ciudadano: objeción total de conciencia contra el Estado. Epicuro: «Libérate, hombre libre, de la cárcel de la política». ¡Que voten ellos!

Es fatal que este indulto navideño acabe como el rosario de la Aurora. No debería ser así. En un país con una clase política relativamente normal y con unos problemas por delante como los que tiene España, lo razonable sería que el partido en el Gobierno y el primer partido de la oposición se ayudaran mutuamente con lealtad en las cuestiones de fondo y se apartaran las chinas del camino en lo sustancial, aunque disputasen centímetro a centímetro lo accesorio. Sucede al revés. Nadie discute lo accesorio y todos ponen en solfa lo fundamental, o sea, el Estado de Derecho. Luego dicen que el felipismo ha terminado. Las ganas y sólo de algunos. Otros están porque se eternice.

El primer sociata que reaccionó, a bote pronto, fue Chaves y calificó el indulto de «insuficiente». ¿Qué sería para Chaves suficiente? Pues no hay sino seguir lo que ha dicho el PSOE contra el Gobierno y los jueces del Supremo desde la famosa sentencia del caso Marey. En primer lugar, nunca existió el GAL en tiempos del PSOE. Lo único que hizo González fue acabar con él. En segundo lugar, lo que explica la ignominia de que se juzgue a ciertos líderes del PSOE, aunque no a otros líderes socialistas que han salido del partido, es la incapacidad del PP para ganar democráticamente unas elecciones y la capacidad de un selecto grupo de conspiradores para torcer la voluntad popular. Aznar ganó las elecciones gracias a Garzón y a Pedro Jota. Ah, y porque, según ha denunciado esta semana pasada González, una parte de la dirección socialista estaba empeñada en perderlas, tanto en el 93 como en el 96. Reconozcamos que no lo parecía, viendo a Belloch limpiando los establos de Augias con la ayuda de Belloch. Pero si González lo dice, que es el que sabe latín (Héctor, nombre bíblico) y los sábados descansa en inglés, la única duda es cómo se reparte la responsabilidad de esos 300.000 votos espurios que casi 14 años después de llevar al PSOE al Gobierno se atrevieron a apartar al noble cuanto rebañego pueblo español de su destino manifiesto, que es que lo manden sus pastores legítimos. Ahora que Garzón se ha rehabilitado entre los amnésicos, convendría separar lo que se debe a los malos socialistas y lo que corresponde a los malvados conspiradores. Parece mentira que perder por tan poco tenga tantos culpables. Cada día más.

Este es el problema de fondo: el felipismo sigue sin reconocer la legitimidad de los resultados del 96. No tolera la idea ni la realidad de su reemplazo en unas poltronas que creyó propiedad privada. Y como no admite la existencia de una mayoría legítima dispuesta a jubilarlos mansamente, ya pueden indultar al mismísimo Roldán que ni agradecerá este indulto ni los que le cuelguen. Si indulta, Aznar se indulta a sí mismo, reconoce su culpa. Si no indulta, es por esa misma culpa que nace de su aviesa maldad. Al final, hay que indultar al PSOE de la derrota del 96. ¿Imposible? Los jueces proveerán.