El Gobierno Aznar nombra al diplomático Jorge Dezcallar nuevo Director del CESID siendo el primer civil en ocupar ese cargo

El nombramiento del diplomático Jorge Dezcallar como nuevo director del Cesid, con rango de secretario de Estado, es el prólogo de una reforma más amplia del servicio de inteligencia. Un organismo cuyo estatuto ambivalente refleja su ambigua naturaleza legal y administrativa. La necesidad de fijar normas claras para un trabajo por definición subterráneo había sido solicitada tanto desde sectores políticos a raíz de los escándalos que han sacudido el Centro -desde las escuchas al tráfico de papeles de Perote- como desde los propios funcionarios, que se sentían a la intemperie cada vez que estallaban esos escándalos.

El ministro portavoz tuvo ayer interés en aclarar que el rango del nuevo titular no prejuzga el estatuto futuro del servicio, que se establecerá en la ley que prepara el Gobierno para el otoño, según adelantó Aznar en el debate del estado de la nación. Sin embargo, el rango de secretario de Estado, por encima de los directores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, parece anticipar la intención de atribuirle la coordinación de los diferentes servicios de información, incluyendo los de esos dos cuerpos policiales.

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, se había mostrado contrario a esa posibilidad, dado que la lucha antiterrorista, objetivo central de todos los servicios de información, corresponde a su ministerio. El detalle de que la toma de posesión vaya a celebrarse hoy en La Moncloa, y no, como hasta ahora, en el Ministerio de Defensa, podría interpretarse como un signo de que el Cesid pasará a depender a todos los efectos de Presidencia. Aunque desde 1984 se define a ese servicio como ‘órgano de información del presidente de Gobierno’ para determinadas funciones, hasta hoy depende funcionalmente (en cuestiones de personal y presupuesto) del Ministerio de Defensa.

En todo caso, la personalidad del nuevo director, figura clave en la organización de la Conferencia de Madrid sobre Oriente Próximo en 1991, hasta ahora embajador en Marruecos y primer civil al frente del Cesid, parece una garantía de que la reforma irá en el sentido deseable: el de una regulación que permita hacer compatible la reserva propia del servicio secreto con algún mecanismo de control parlamentario y judicial. Los ejemplos de otros países demuestran que existen fórmulas para intentarlo.

Esta misma semana, un mes después de haber expirado legalmente su mandato, el Gobierno sustituirá a Javier Calderón como director del Cesid. Ayer trascendió que su sucesor será el experimentado diplomático Jorge Dezcallar, el primer civil que dirige los servicios secretos, en cumplimiento del compromiso de José María Aznar en vísperas de su llegada a La Moncloa.

¿Por qué se ha retrasado el nombramiento? ¿Ha intentado Calderón aplazar su relevo o -mucho peor- condicionar los planes de su sucesor? Esta hipótesis resultaría terrible, a juzgar por la información que hoy publica este periódico sobre la filosofía expuesta por Calderón a los jefes de La Casa cuando llegó al cargo. Sus expresiones y su doctrina permiten concluir que nuestros servicios secretos han estado dirigidos en los últimos cuatro años por un general cuya mentalidad es incompatible con los principios democráticos.

El director del Cesid comunicó a sus subordinados que su gestión estaría marcada por el principio de «lealtad al pasado», según el cual nadie en su puesto debe investigar a sus antecesores. Por eso se jactó de no haber colaborado con los jueces cuando le llamaron a declarar sobre la implicación del centro en la guerra sucia y aclaró que «una dirección no investiga» a quienes la precedieron. Ambas cosas son incompatibles con la democracia. Todo alto cargo está obligado a colaborar con la justicia para el esclarecimiento de un posible delito y en el Cesid se cometieron. Ahí está la condena contra Emilio Alonso Manglano por las escuchas telefónicas. Pero es que, además, los altos cargos tienen la obligación de investigar por vía administrativa las irregularidades que se hayan cometido en sus departamentos. Incluso plantearlas ante el fiscal si existieran indicios de delito.

No menos impresentable resulta su pronóstico de que tampoco su sucesor le investigaría a él, aunque resulte comprensible habida cuenta de que su actuación durante el 23-F está bajo sospecha. La orden dada a sus subordinados -«sepan que obedeciendome a mí no cometen ningún delito»- demuestra que Calderón confunde la disciplina cuartelaria con el principio de legalidad del Estado de Derecho.

El Gobierno tiene que aclarar si comparte tal doctrina. Y, lo que es más importante, Jorge Dezcallar debe manifestar si se considera heredero de las tesis de su antecesor. Sus vínculos con el pasado -asesoró en política exterior a Felipe González, presidente del Gobierno cuando se cometieron los mayores abusos del centro- apuntan a que no molestará ni al PP ni al PSOE.