El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aprueba una ‘Ley de Medios’ contra el Grupo Clarín (TN)

Los Kirchner se han lanzado en Argentina a una dura batalla contra el principal grupo de comunicación del país, Clarín. Acaban de presentar un proyecto de ley que afecta a los intereses de ese grupo y, de paso, otorga al Gobierno un mayor control sobre todos los medios privados de televisión y de radio, y sobre sus contenidos.

En todas las ocasiones, los intentos para aumentar el control o, directamente, de acallar a determinados medios de comunicación latinoamericanos han coincidido con actitudes fuertemente críticas de esos grupos de comunicación, lo que invalida los llamamientos presidenciales a la defensa de la información veraz y la auténtica libertad de expresión. Históricamente, los movimientos populistas de la región han mantenido relaciones conflictivas con los grandes medios de comunicación?, escribe el comentarista argentino Julio Brudman, porque tarde o temprano esos medios dejan de apoyar a esos Gobiernos, bien sea porque ya no aprecian sus políticas populistas o, simplemente, porque interpretan el creciente malhumor de la opinión pública.

El primer día de debate en el Congreso argentino, el pasado jueves, fue tumultuoso, con gritos y hasta empujones. Los kirchneristas tienen prisa para lograr que la ley se apruebe antes de que tomen posesión, en diciembre, los nuevos diputados que ganaron las elecciones parciales de junio. La oposición, por el contrario, intenta retrasar el proceso, y confía en que el Senado dé carpetazo a un proyecto que califica de fuertemente estatalista.

La batalla se inició con la repentina decisión de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de suspender su contrato con el grupo Clarín por los derechos de televisión del fútbol de primera división. La AFA firmó a toda prisa un nuevo acuerdo con el Gobierno por el que los partidos pasaron a retransmitirse en abierto por el Canal 7, de propiedad pública. «Fútbol gratis y para todos», prometió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque se trata de una metáfora porque el fútbol lo pagarán religiosamente todos los argentinos: la asociación cobrará cada año 600 millones de pesos que saldrán, naturalmente, de los impuestos y no del pay per view, como antes. En un país con una terrible historia de secuestros, se ha acabado el secuestro de los goles?, afirmó la presidenta, para estupefacción de los supervivientes de la dictadura militar.

El segundo acto fue la presentación del nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un largo texto de 168 artículos, que prohíbe que un mismo dueño pueda tener un canal de televisión en abierto y otro por cable en la misma zona, que se supere el 35% de la audiencia y que se disponga de más de 10 licencias de radio en todo el país (24 en el caso de televisión por cable). La primera consecuencia sería que el grupo Clarín se vería obligado a desprenderse de su televisión en abierto o a dejar de lado el negocio del cable. «Cuidado, la libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa», explicó confusamente la presidenta.

Lo que debería haber sido una ley que se limitara a dar un nuevo marco legal a la comunicación audiovisual, ampliara el número de licencias de televisión en abierto e incorporara medidas consensuadas para regular una eventual concentración excesiva, se convirtió en una ley anti-Clarín, de carácter fuertemente estatalista, que dibuja un sector privado atomizado y dependiente de la renovación más o menos arbitraria de las licencias, válidas exclusivamente para 10 años. Esta ley crearía un sistema basado totalmente en la discrecionalidad política. Nace de un Gobierno que no está legitimado para reclamar transparencia porque él mismo es extraordinariamente opaco y puede ser refrendada por un Parlamento que ya no representa la voluntad popular, porque las elecciones diseñaron una nueva situación, advierte Ricardo Kirschbaum, director del diario Clarín.

El proyecto tiene el apoyo de los grupos de izquierda argentinos, entusiasmados con la idea de distribuir las posibles licencias de cable en tres grandes grupos y que sólo uno de ellos corresponda al sector privado. Los otros dos se reservarán para los poderes públicos y para los distintos grupos sociales, desde agrupaciones vecinales a universidades, grupos religiosos o comunidades indígenas. En la práctica, afirma Kirschbaum, esa pretendida pluralidad de voces no será tal, porque estará también controlada por el Gobierno, dueño de las licencias y de las subvenciones.

En su afán por demostrar que se trata de una regulación ideológicamente inspirada en la izquierda, los Kirchner explicaron que el proyecto de ley ha sido ya discutido en 24 foros públicos y 80 charlas-debate por todo el país, gracias a lo cual se incorporaron al texto 139 nuevas aportaciones, firmadas desde la agrupación vecinal Comandante Andresito hasta el grupo estudiantil El Andamio, pasando por facultades de comunicación, grupos feministas, religiosos e indígenas.

La propuesta afecta igualmente a las emisoras de radio  – el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS, dispone actualmente de 10 licencias – que han expresado también su protesta. «Esta ley», afirma la Asociación de Radiodifusión Argentina, «consagra el fuerte control del Gobierno de turno sobre los medios privados y sus contenidos, afecta a la seguridad jurídica de los actuales licenciatarios, genera un sistema dependiente del Estado y otorga un poder discrecional al Ejecutivo».

Usted conoce Clarín. Somos un diario que nació en 1945 con una mirada nueva. La de ser un diario masivo y de calidad. Que pueda llegar a todos. Que privilegie la información y que desde lo editorial apueste al desarrollo integral de la Argentina. Clarín fue asentándose: con los años se convirtió en el primer diario nacional y uno de los líderes de habla hispana. Sostenido por el trabajo de sus periodistas y el acompañamiento sus lectores. Cuidando la independencia empresaria como reaseguro de la periodística. Con una visión focalizada en el crecimiento del país, Clarín no sólo quiso ser espectador, sino protagonista de los cambios que vivieron los medios y las audiencias en las últimas décadas. No hicimos nada diferente de lo que hicieron grandes medios alrededor del mundo. Decidimos acompañar la evolución tecnológica. Invertimos para llegar a nuestros públicos a través de otros lenguajes, audiovisuales y digitales. Lo hicimos conscientes de que los medios de comunicación se globalizan cada vez más y creyendo importante preservar nuestro rol como actores argentinos. Actores con la dimensión suficiente para competir sin diluirse frente a los conglomerados internacionales que llegaban al país. Para sostener nuestros valores y nuestra identidad. Para producir, informar y entretener con nuestro acento.

Así fuimos conformando el Grupo Clarín. Una compañía de capitales argentinos, cuyos accionistas y números son de dominio público. Aunque somos más pequeños, nuestra estructura es similar a la de otros grupos de medios de Iberoamérica, como Prisa de España, Globo de Brasil o Televisa de México. No fue fácil hacerlo desde aquí, en un país con discontinuidades, un menor tamaño relativo y contando únicamente con recursos propios. Si nos comparamos con el mundo, nuestra facturación es 66 veces menor a la de Telefónica, 40 veces menor a la de Time Warner y 24 veces menor a la de CBS. Nuestras inversiones, plantadas aquí, superaron los 20.000 millones de pesos en los últimos 20 años. Hoy cotizamos en las Bolsas de Londres y Buenos Aires pero tenemos el orgullo de haber crecido en la Argentina, de haber decidido quedarnos pese a las ofertas de compra de grupos extranjeros. E incluso de tener operaciones en Uruguay, Paraguay y México. Para cualquier país, una empresa como Clarín suele ser un exponente del emprendimiento privado, un motivo de orgullo nacional. Porque se trata de una voz de peso local en un mercado cada vez más transnacional. Porque genera empleo calificado y configura una importante industria cultural. Pero en la Argentina de hoy eso parece no contar. Clarín está siendo estigmatizado con intenciones políticas. Por eso vale aclarar algunos puntos. En ninguna de sus actividades el Grupo Clarín es un monopolio. De hecho, el mercado argentino de medios es uno de los más diversos del mundo. Y Clarín actúa en cada segmento compitiendo intensamente. Nos gusta la competencia. Nos estimula y estamos acostumbrados a ella.

En Buenos Aires, Clarín compite con 12 diarios nacionales pagos de interés general, número muy difícil de encontrar en las principales capitales del mundo. Compite en los kioscos con La Nación, La Prensa, Diario Popular, Crónica, Página/12, Crítica de la Argentina, Bae, Buenos Aires Herald, El Cronista, Ambito Financiero, Perfil y Miradas al Sur. En el país compite con más de 200 diarios regionales y locales que son voces de referencia en su zona, donde los diarios nacionales tienen una inserción reducida.

En televisión abierta, el grupo es titular de Canal 13, una de las cinco estaciones que se reciben en el Gran Buenos Aires.

Allí mismo también se escuchan más de 550 radios. De todas ellas, Clarín participa en una AM y una FM (Mitre y La 100). Hay varios grupos que tienen más radios que las permitidas. No es nuestro caso.

En canales de noticias, la Argentina cuenta con 5 señales nacionales, todas de dueños diferentes (Crónica TV, América 24, C5N, Canal 26 y TodoNoticias). Una de ellas, TN, es de Clarín. No hay otro país en el mundo con una oferta semejante. En Internet, cualquier persona puede distribuir contenidos. De los sitios más visitados del país, Clarín.com ocupa el puesto número 10. Los anteriores no son argentinos. Estamos orgullosos de sostener esta presencia en un espacio donde lo nacional suele caer en la insignificancia.

En el mercado del cable, Clarín viene invirtiendo, desde 1993, en la conformación de una red que hoy encabeza Cablevisión. Es el primero entre más de 700 operadores, y siempre compite con otras opciones, en cable o en satélite. Conformó la primera red alternativa a las grandes telefónicas. Así logró, por ejemplo, una presencia en Internet que dinamizó el mercado de banda ancha.

Se ha llegado a decir que Clarín tiene el 73% de las licencias de radiodifusión del país. Es falso. Para que quede claro: en todo el país, Artear posee cuatro licencias de televisión abierta, sobre 42 existentes. Radio Mitre posee 9 licencias, so­bre más de 5.000 existentes. El cable no es radiodifusión porque no usa éter: sus licencias son locales (a diferencia de la TV satelital, que goza de una licencia nacional). Cablevisión tiene un 47% de participación en ese mercado. Este porcentaje es similar o está por debajo de los mayores operadores de cable de países como Francia (65%), I talia (75%), España (57%), Alemania (52%), Reino Unido (50%), Chile (67%), Perú (82%) y Venezuela (50%), Brasil (46%), Colombia (46%) y México (46%). Clarín ha invertido siempre en la Argentina con una misión central: el periodismo y los medios de comunicación. Por eso tenemos los equipos de periodistas más numerosos y premiados del país. Por eso, muchos de los profesionales más prestigiosos han surgido de nuestros medios o eligen trabajar en ellos. En 1995, cuando se constituyó como tal, el Grupo se definió en esta actividad. No nos dedicamos a otra cosa. Clarín tiene medios porque esa es su razón de ser. No los tiene para otro fin. Somos el principal multimedios del país, pero no el único. Y nos gustaría que hubiera varios más. Lamentamos que colegas que iniciaron proyectos parecidos hayan decidido vender a lo largo de estas décadas. O que grupos fuertes, que parecían de largo aliento, se desarticularan según los ciclos políticos y económicos. Cada uno de nuestros pasos los dimos cumpliendo la ley. En 1990, cuando Artear se presentó a los concursos de Canal 11 y Canal 13, ganó los dos. Obtuvo los máximos puntajes y optó por la frecuencia del 13. Fue el único canal que no cambió, en 20 años, su composición accionaria. El único que no se vendió, que apostó siempre a la producción nacional, que se especializó en ficción y noticias. En paralelo, Artear generó señales nacionales para alimentar una grilla de cable donde hasta las noticias y el deporte venían desde afuera del país. Nos propusimos hacer contenidos argentinos, que reflejaran nuestra realidad, nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestro talento, nuestra cultura. Así nació TN, realizado con los más altos estándares periodísticos y tecnológicos. O Volver, que se convirtió en un resguardo entrañable de la historia del cine y la televisión argentinos. O TyC Sports, con foco en los deportes y los deportistas nacionales. O Quiero, pensado para difundir la música de nuestros artistas. Canales de libre creación que no usan espectro radioeléctrico. Que contribuyen a dar trabajo, a generar y preservar contenidos nacionales. Sin razón técnica alguna, el proyecto de Ley de Medios pretende limitar o silenciar esas voces. ¿Eso es promover la diversidad? En el cable, Clarín comenzó con una operación en San Pedro. Fue creciendo en una industria madura, conquistando nuevos abonados y a partir de cables existentes. En los 90, el sector se extranjerizó: vinieron las grandes compañías norteamericanas: US West, Continental, TCI, Hicks, Liberty. Clarín hizo el esfuerzo y se mantuvo como el segundo operador nacional. Luego vino la crisis, con la deuda en dólares. El 95% de ella tomada en el exterior, por lo que se multiplicó por tres. Tuvimos que desprendernos de compañías importantes, como CTI y DirecTV. Reestructuramos esa deuda de manera privada, con recursos enteramente propios. Y tras la recuperación, volvimos a apostar en el país. Nadie nos regaló nada. En 2006 adquirimos el 60% de Cablevisión, lo que permitió que una compañía extranjera vuelva a ser argentina. Desde entonces, la empresa sumó 1000 nuevos empleados, no distribuyó dividendos e invirtió más de 550 millones de dólares en redes y digitalización. Como sucede en varios países de Europa y América, los cables se consolidaron para generar masa crítica y prepararse para competir con las grandes empresas de telecomunicaciones. Claro que mientras los países serios equilibran los mercados para que compitan entre iguales, aquí se quiere fracturar en partes a los locales. Sabemos que el futuro de nuestra industria pasa en gran medida por la banda ancha. Y esto requiere dos cosas, que el proyecto de ley desconoce. Primero, promover la inversión en redes alternativas y la competencia en Internet, para lograr mejor capacidad, velocidad y precio. En lugar de eso, se limita arbitrariamente el alcance de los cables y se destruyen sus inversiones recientes, discriminándolos frente a las telefónicas que pueden llegar al 100% de los hogares. Segundo, promover sólidas empresas audiovisuales para que nuestro talento no se diluya en un mar de contenidos globales. Los países del mundo y de la región lo entienden así, y por eso en lugar de ponerle trabas, acompañan a sus grupos de comunicación. No parece ser la intención hoy en la Argentina. La paradoja es que en varios aspectos, este proyecto se emparenta con la vocación de fragmentar y controlar que tenía la ley de la dictadura. Parece que se quiere regular para un escenario de hace treinta años, donde sólo existían la radio y la TV abierta. Hoy el cable, Internet y la digitalización multiplican al infinito las posibilidades. Deberíamos apostar a que nuestras producciones puedan llenar esos espacios. Sin embargo se imponen restricciones arbitrarias y alejadas de los ejemplos internacionales. ¿Cuál es la lógica de prohibir a un grupo tener un cable y un canal abierto en la misma área? Uno produce y otro transporta lo que producen muchos. Esta exclusión no existe en todo el mundo.

¿Cuál es la lógica de limitar a sólo una señal la que pueden producir los canales abiertos o los cables? Afuera sucede todo lo contrario: los canales abiertos y los cables son los principales productores de contenidos. Las cuatro cadenas privadas de televisión de EE.UU. producen señales de noticias propias (MSNBC, Fox News y CBS News) y otras señales temáticas (History Channel, ESPN, Disney Channel, Fox Sports, National Geographic, Bravo, USA Network, Discovery, etc).

Lo mismo sucede con operadores de cable importantes, como Time Warner, que produce HBO, Cinemax, CNN o Cartoon Network. En los últimos meses, se ha emprendido una batalla contra un grupo periodístico nacional. No es inusual que los gobiernos se molesten con los medios: la tensión prensa-poder es natural en la democracia. Lo que sí resulta inaudito es que se haya puesto todo el aparato estatal (el formal y sus resortes más oscuros) para amedrentar, a través la estigmatización política y la difamación personal. Una campaña direccionada a Clarín pero que lo excede como destinatario. Y que revela un objetivo muy claro: desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia. No estamos en guerra con nadie. Aunque nos ataquen seguiremos contando lo que entendemos le pasa y le interesa a la sociedad. Eso quizás molesta. Y por eso las campañas sucias, los panfletos paraoficiales, las intimidaciones de la AFIP, el uso de organismos públicos como herramientas de apriete. 16 mil personas trabajan con nosotros. Somos uno de los principales generadores de empleo calificado en el país. Todas nuestras operaciones cumplen la ley. Quizás por eso quieren hacer una ley para que no la podamos cumplir. Coincidimos en que la democracia se debe una nueva ley de radiodifusión. Este proyecto pregona la democratización pero consagra un poder discrecional sobre los medios. Además busca atomizarlos y debilitarlos. Para que no se escuchen y dependan de las dádivas oficiales. O directamente para acallarlos. Este proyecto deja a los medios en estado de precariedad absoluta, al no respetar las licencias vigentes, algo que ni siquiera sucedió en Venezuela. Y autoriza que la única red de radio y TV que llegue a todo el país sea la del Estado. Cuando las leyes son pensadas contra algunos, cuando el personalismo utiliza el poder del Estado y no encuentra freno en las instituciones, están en riesgo las garantías de todos. Esto es parte de lo que el Grupo Clarín tenía pensado decir en el Senado de la Nación, antes de que se anticipara el final del debate en Comisión. Queremos compartirlo con los senadores y con toda la sociedad. Creemos que de nada sirve nuevamente forzar la polarización de un debate. Desde nuestro lugar apelamos a la racionalidad. A que se proteja no sólo la seguridad jurídica sino nuestro derecho a seguir apostando en el país. Confiamos en que el debate legislativo pueda servir para tener una mejor ley, que pemita preservar la libertad de expresión, el desarrollo de la industria audiovisual y el acceso de más ciudadanos a los nuevos medios. Desde Clarín seguiremos trabajando, como siempre, en comunicar a los argentinos en su mismo idioma.

Grupo Clarín

Buenos Aires, 4 de octubre de 2009.

El próximo viernes no será un día más en Argentina. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner viene anunciando desde hace meses el 7D en propagandas radiales y televisivas. Es el día límite para que 21 grupos de medios de comunicación presenten su plan de desinversiones para adecuarse a la ley de servicios audiovisuales, que en 2009 fue aprobada con el lema de acabar con la concentración económica en el sector. Pero, según los anuncios del Gobierno, solo un conglomerado se ha mostrado renuente a hacerlo: se trata del más grande de ellos, Clarín, el grupo local que tras el conflicto agrario de 2008 devino el enemigo número uno del kirchnerismo, más que cualquier partido opositor. Este conglomerado dominado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto ha respondido con una fuerte contrapropaganda con la que intenta desmentir las acusaciones de “monopolio” que le propina el Ejecutivo.

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, ha dicho que esperará hasta la medianoche del viernes para que los grupos presenten sus propuestas. La fecha del 7D fue fijada por la Corte Suprema de Argentina, que determinó que ese día vence la medida cautelar que en la justicia de primera instancia había suspendido durante tres años la vigencia de un artículo de la ley de medios, el referido a la obligación de desinvertir para aquellas empresas excedidas en cantidad de radios, canales u operadoras de televisión satelital o por cable, un servicio que en este país se encuentra muy extendido. A partir del lunes próximo, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para llamar a subasta de las licencias que incumplan con la norma.

De momento, unos 14 grupos ya han presentado sus planes de adecuación a la legislación. Se trata en su mayoría de conglomerados con líneas editoriales afines al Gobierno. Algunos de ellos son grupos familiares y han propuesto dividirse en varias empresas en las que cada pariente sea dueño de una. Sabbatella ha considerado válida la oferta, pese a las críticas de algunos defensores de la ley de medios, que en su momento no solo fue aprobada por el kirchnerismo sino también por el socialismo y otras fuerzas de izquierda.

Falta que otros siete conglomerados presenten sus propuestas, entre ellos, Clarín y otros que se han mostrado proclives a hacerlo, como Prisa (editora de El País), Telefónica y la norteamericana DirecTV. Más de 330 medios de comunicación deberán cambiar de dueños en Argentina, según un informe del periódico El Cronista Comercial. De ellos, a Clarín le corresponde desprenderse de entre 150 y 200.

Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio radioeléctrico. Según el Gobierno, Clarín cuenta con 25, incluidos cinco de televisión abierta, como El Trece, y 11 de radio, como Mitre, que operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que también en este sentido estaría excedido. Pero el conglomerado argentino dice que solo cuenta con 11 licencias, cuatro de televisión y siete de radio.

La norma establece, asimismo, que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de TV abierta. El “monopolio”, como lo apoda el Gobierno, viola esta regla en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Tampoco una empresa de televisión por suscripción puede contar con más de un canal de TV cerrada. El conglomerado dueño del principal periódico argentino, Clarín, y de otros cinco diarios más tiene nueve canales de televisión por cable. El grupo, que además ha invertido en Paraguay y Uruguay, incumple otra norma por exceso de licencias audiovisuales en 37 municipios, incluidos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata.

Clarín asegura que la ley busca destruirlo y que ello conllevará también el desarme de su negocio de proveedor de Internet, que va unido al de televisión por cable. Denuncia que otros competidores como Telefónica no son tratados por el Gobierno con la misma vara, y en eso coinciden defensores de la ley, que además se quejan de que hasta ahora se incumplió la norma que dice un tercio de licencias de radio y televisión abiertas deben repartirse entre organizaciones sociales.

La legislación dice que ningún grupo extranjero puede tener más del 30% de una radio o un canal. Pero Telefónica podrá seguir teniendo sus emisoras porque invirtió antes de 2002, cuando otra ley, la de bienes culturales, impulsada por Clarín, había establecido ese mismo límite. El grupo español alega, con el apoyo gubernamental, que en ese momento nadie lo objetó y su situación entonces ya no se puede modificar. En cambio, Prisa, que invirtió después de 2002, tendrá que vender la mayor parte de sus participaciones en radios. Telefónica además es cuestionada porque incumpliría con la disposición que prohíbe disponer de emisoras a los operadores de servicios públicos, como el de telefonía. Sin embargo, Telefónica y el Gobierno dicen que el grupo televisivo Telefé no guarda vinculación alguna con Telefónica de Argentina sino que pertenece directamente a la casa matriz con sede en Madrid. Tanto Telefónica como Prisa sí deberán desinvertir porque sus canales y radios, respectivamente, exceden una cobertura del 35% de la población argentina.

Pero Clarín es el único de los 21 grupos en cuestión que ha cuestionado ante la justicia la constitucionalidad del artículo que obliga a desinvertir. Cuestiona que una norma tenga efectivo retroactivo. Pese a que la ley fue sancionada hace tres años, el juez de primera instancia aún no se ha expedido en la materia. También está pendiente una petición de Clarín a un tribunal de apelaciones para que aplique una medida cautelar que congele las desinversiones hasta que la justicia decida sobre el fondo de la demanda. Cualquier novedad sobre ambas resoluciones judiciales podría dejar sin efecto la fecha límite del 7D.