El Gobierno de Felipe González (PSOE) retira la pensión vitalicia a todos los exministros franquistas causando una demanda de 20 de ellos contra el Estado

LA PETICIÓN de 21 antiguos ministros del régimen de Franco para que se respeten las pensiones que creen debidas al desempeño de su cargo no es popular. Estamos en un momento histórico en el que trabajadores de toda la vida ven mermados sus derechos. El contraste es demasiado duro. Sobre todo si se hace con personas a algunas de las cuales se atribuye una riqueza previa y posterior al cargo; y la sospecha -justificada o no- tiende a creer que ese cargo y la ascendente carrera que les llevó hasta él en una época en la que nadie les elegía, sino que se les designaba, ha contribuido en alguna medida a su bienestar. Ellos mismos ridiculizan su causa cuando dicen que no han recurrido por dinero, sino porque juzgan que están en su derecho, esto es, en su privilegio. El alegato contrario hubiese interesado más. Nadie negaría su socorro a un ex ministro al que se viera situado en un buen semáforo exhibiendo una pancarta petitoria a los automovilistas. Quizá alguno de la lista esté pasando estrecheces económicas por culpa de su antigua honestidad como administrador público. Decirlo así no sería humillante para él, sino honroso.Éste es un país que colocaba bien a sus ex ministros. La costumbre que instauró Franco les catapultaba -salvo casos de dignidad ejemplar o de desgracia absoluta- hacia presidencias de bancos, embajadas, dirección de empresas públicas o sinecuras importantes de cualquier orden. Era como un montepío invisible por el cual los que estaban en el poder favorecían a los que lo perdían, por si algún día se veían en tan molesto trance. Esta realidad, unida a las leyendas de que algunos han creado redes de influencia suficiente como para hacer un tráfico con ellas desde el exterior del poder, hace menos agradable la petición de estos ex ministros que quieren mantener privilegios también en forma de pensión vitalicia.

Otra cuestión puede ser la razón jurídica, que tendrán que examinar los tribunales. Estos ministros lo fueron cuando estaban en vigor las leyes de pensiones vitalicias para su cargo -que funcionaban aunque sólo hubiesen sido ministros un día, el del juramento, como ha sucedido en algún Gobierno, y que no son responsabilidad del franquismo- y formaban parte de sus condiciones laborales. Podrían ahora defender la idea de que si hubieran sabido que se iban a suprimir las pensiones vitalicias no hubieran aceptado el cargo o el alegado y supuesto sacrificio de sus vidas privadas. Pero, dada la incredulidad reinante en este país, la sombra que pesa sobre el período de su Gobierno y el malestar que sienten los simplemente villanos -ciudadanos de la villa- por lo que les está pasando con la Seguridad Social, ese argumento no va a ser bien acogido. En el terreno jurídico, esta insólita invocación a la doctrina de los derechos adquiridos con el fin de perpetuar una merced graciosamente concedida, de la que se beneficiaban personas designadas discrecionalmente para ocupar cargos ministeriales durante un régimen carente de legitimación democrática, proporcionará al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional una excelente ocasión de aclarar las fronteras, hoy por hoy demasiado imprecisas que separan los derechos conquistados de los privilegios regalados.

Sea cual sea el resultado de sus recursos legales, la discreción de los demandantes les debía llevar a retirarlos. Están estimulando la idea de una voracidad sin límites, ayudando a engordar la imagen insana de todo el que, fue ministro de Franco. Algunos se han abstenido: parecen ser los mismos que esperan volver a ser ministros, con pensión o sin ella, o tienen esperanzas de salir adelante gracias al dictamen público. Pero si Manuel Fraga, Alfonso Osorio y Antonio Carro desean recibir un elogio sin reticencias por su renuncia a la demanda, deben pasar de la abstención discreta a la crítica pública de sus codiciosos ex colegas. Los más insistentes parecen ser aquellos que han sido jubilados realmente por la vida política y que no tienen grandes esperanzas de renovación: les debe dar igual la opinión pública. Con una excepción singular: Fernando Suárez, ex ministro de Trabajo con Franco, diputado de Alianza Popular y demagógico crítico precisamente de la política de pensiones del Gobierno socialista. Todas van a verse recortadas, pero no, quizá, la suya.