Nace la televisión privada: El Gobierno Felipe González concede licencias a CANAL PLUS (PRISA), ANTENA 3 TV y TELECINCO

UNIVISIÓN Canal 1 S. A. ha sido excluida por el Consejo de Ministros de hoy en la concesión de licencias para canales nacionales de televisión privada. No se ha tenido en cuenta el dictamen técnico favorable, ni el mayor esfuerzo de capital social, ni cualquier otra de las condiciones objetivas que, según la Ley, obligaban a fundamentar la decisión.

En el día de ayer, 24 de agosto, y por medios de la ministra portavoz, el Gobierno me transmitió la oferta de integrarme con un porcentaje en la candidatura TELECINCO, sugerencia que rechacé tajantemente en consideración a los socios nacionales e internacionales del proyecto y además por respeto a la dignidad de los centenares de periodistas que trabajan en el Grupo Zeta y a todos los ciudadanos que creen en la libertad de información.

Como presidente de UNIVISIÓN Canal 1 S. A. y del Grupo Zeta hice saber al Gobierno que concurriría a una licitación legalmente reglada y había sido muy favorable a nuestra oferta y que por tanto su exclusión sería una decisión únicamente política, con fraude de ley y con la responsabilidades y consecuencias inherentes a ello.

Una vez hecha pública la decisión del Gobierno, anuncio que, a partir de este momento, UNIVISIÓN Canal 1 S. A., emprenderá todos los recursos legales a nuestro alcance contra la decisión del Consejo de Ministros, que consideramos arbitraria y no ajustada a derecho.

A nuestro juicio, el presidente del Gobierno y sus ministros atentan, con su decisión, contra los principios generales del derecho que rigen nuestro ordenamiento jurídico e incurren en desviación de poder, abusando de forma totalitaria en la aplicación de la ley reguladora de la televisión privada y del Pliego de Bases que este mismo Gobierno aprobó.

UNIVISIÓN Canal 1 S. A. presentó su oferta ajustada a derecho y nos consta que así fue valorada su candidatura en el informe elaborado por la Mesa de Contratación, firmado por unanimidad y presentado por el ministro Barrionuevo al Consejo. En dicho informe UNIVISIÓN Canal 1 S. A. era colocada entre las tres primeras candidaturas y, siendo tres los concesiones previstas por la Ley, todos los criterios objetivos eran favorables para haber obtenido la concesión.

En nuestro caso concreto, UNIVISIÓN Canal 1 era la candidatura con mayor capital, con más de cien profesionales de la información en su accionariado, con más solvencia financiera, con menor endeudamiento, más inversiones y mayor fondo de películas y material filmado

Se da también la circunstancia escandalosa de que, limitada ya legalmente a sólo tres canales la oferta de televisión privada, uno de ellos [CANAL PLUS] quede a su vez limitado a los españoles que paguen una cuota mensual.

El presidente y sus ministros son libres de hacer la interpretación política que quieran respecto del interés general de la sociedad y del interés público, pero UNIVISIÓN Canal 1 S. A. y el Grupo Zeta somos también libres para considerar que el Gobierno ha cometido una ilegalidad jurídica y una arbitrariedad política, al dejarse llevar en su decisión por intereses particulares de dudosa moralidad de algunos ministros y de sus poderosos amigos, y por intereses económicos y estratégicos partidistas, no por inconfesables menos ciertos.

La independencia que siempre ha caracterizada las actividades informativos y editoriales de nuestro grupo de publicaciones resplandece hoy con toda su claridad y sin mancha de duda. Por ese camino seguiremos, con fuerzas renovadas de toda índole, en el afán de construir una sociedad de bienestar más libre, más moderna y mucho más democrática.

El equipo jurídico de UNIVISIÓN Canal 1 S. A. está ya preparado, y presentará en plazo, el recurso contra esta arbitraria decisión del Gobierno de don Felipe González. Tenemos la convicción fundada de que los tribunales de Justicia nos darán la licencia de televisión que el régimen político nos ha negado por ser fieles a los conceptos sustanciales de independencia, lealtad a nuestros socios y respecto a la libertad de expresión.

Antonio Asensio

Felipe González ha ejercido, en la adjudicación de las televisiones privadas el que es su hábito más querido, según decíamos en nuestro editorial de ayer: otorgar mercedes, en este caso televisivas. En efecto, los servicios prestados por el diario adicto en momentos clave de la situación política española han sido recompensados. Los principales informes técnicos eran negativos, pero los criterios políticos se han impuesto al fin. Ocurrió hace algunos año con la Cadena SER y ha vuelto a ocurrir ahora con la televisión. Los temores de un grupo empresarial catalán se ha confirmado plenamente.

González tiene por norma premiar los servicios. Esta norma ha saltado por encima de las discrepancias existente en el Consejo de Ministros sobre la cuestión, donde el actual titular de Transportes y Comunicaciones, ha hecho valer argumentos contrarios a la adjudicación de la cadena al CANAL PLUS. Algo sí puede afirmarse con rotundidad, y sin duda ha debido de pesar también en las posiciones contrarias a esa concesión: la firme decisión de los Gobiernos democráticos de no favorecer la formación de monopolios. Este riesgo existe en el caso que nos ocupa, por más que la ley marco de las televisiones privadas pretendiera introducir cláusulas restrictivas. Pero todo esto de los monopolios, de los trust, ha debido de parecerle algo irrelevante al presidente del Gobierno. ‘Conceder’ la televisión privada por lo menos a un grupo adicto era obligado para Felipe González.

Hay, no obstante, que felicitarse por la comparecencia en la televisión privada de dos grupos empresariales como el independiente ANTENA 3 TV y Gestevisión TELECINCO, cuyos proyectos se han presentado con las adecuadas garantías técnicas y de gestión.

Sin embargo, hemos de repetirlo: la actual ley de Televisiones Privadas es anacrónica. Sigue siendo el fruto de una mentalidad estatalista en el campo de las comunicaciones. El Gobierno socialista continúa considerando que la televisión es un servicio público, cuyo control en última instancia corresponde al Estado. Los poderes públicos se resistieron en todo el mundo a renunciar al monopolio informativo en el campo de la radiodifusión hasta que se vieron obligados a hacerlo a causa del propio desarrollo técnico. Con la televisión acabará sucediendo lo mismo.  Porque, además, el control del más poderoso medio de comunicación existente puede deslegitimar el necesario juego limpio de los procesos electorales en las democracias. Como ha escrito una autoridad en la materia, ‘un régimen democrático no es verdadero si no se apoya en una televisión libre, tan importante hoy como la división de poderes o la independencia de la justicia’. En España esa libertad televisiva exige la concurrencia de todas las emisiones de televisión que puedan técnicamente existir.

El final del monopolio público televisivo en España comenzó ayer: el Consejo de Ministros decidió los nombres de los concesionarios de las tres nuevas redes privadas. ANTENA 3, TELECINCO y CANAL PLUS tienen la obligación de emitir a pleno rendimiento, todo lo más, dentro de siete meses. Pero tampoco en esta ocasión se celebrarán unas elecciones generales bajo el signo de la pluralidad televisiva. Los agraciados por la decisión gubernamental -entre los que se encuentra una empresa, CANAL PLUS, participada al 25% por la sociedad editora de EL PAÍS- han mostrado su satisfacción, como es lógico. Los excluidos se sienten, también lógicamente, defraudados. Y uno de ellos, UNIVISIÓN -participada al 25% por el grupo de prensa Zeta-, ha anunciado recursos contra la decisión gubernamental. Por encima del agrado de unos y el disgusto de otros, lo cierto es que todos se han visto abocados a competir en un marco legal restrictivo y que constituye una carrera de obstáculos para los aspirantes, primero, y para los que han obtenido la concesión, después: reducción a no más de tres canales privados; concesión por plazo determinado -10 años- de la utilización de una red que sigue siendo gestionada por el Gobierno; límites a la participación del capital; fijación de cuotas para la emisión de producciones extranjeras; determinación de los espacios destinados a la publicidad; obligatoriedad de emitir para una determinada extensión territorial con el objeto de impedir la formación de televisiones locales o regionales, etcétera. Con el agravante de que, además, permanecen dos varas de medir; la televisión pública, que es tan comercial o más que la privada, y que Se nutre también de los Presupuestos del Estado o de las comunidades autónomas, sigue estando regida por una legislación distinta en la que no se establecen las mismas limitaciones.

Estos límites no empecen el reconocimiento de que ha sido finalmente este Gobierno -y no los anteriores de Suárez o Calvo Sotelo, ni mucho menos los de la dictadura- quien ha sacado a la luz las concesiones privadas de televisión. Ello constituye un avance indudable en el panorama informativo y en la pluralidad de medios de comunicación en España: una contribución a la modernización social, a la democracia política y a la participación de un mayor número de ciudadanos. Para hacerlo, el PSOE ha tenido que renunciar a posiciones de rígido doginatismo que lucían en sus primeros programas electorales. El avance tecnológico habido en el campo de las comunicaciones y el papel preponderante que han pasado a desempeñar el derecho a la información y la libertad de expresión en las sociedades democráticas han obligado a los poderes públicos a una profunda revisión de sus criterios respecto de la televisión. Esto ha sucedido especialmente en los países europeos, en los que el control estatalista y la exclusiva gestión pública ejercidos desde el principio han saltado hechos trizas. Las exigencias de la opinión estaban además contra el monopolio. Los socialistas españoles, aferrados a un desfasado concepto de la televisión como servicio público, han sabido no obstante buscar caminos -por estrechos que resulten- que mejoren la pluralidad de la oferta y aumenten la independencia de la misma.

La cadena participada y gestionada por el grupo PRISA, CANAL PLUS, ha escogido la modalidad de servicio mixto, con tiempos de emisión codificados, a los que tendrán acceso únicamente sus abonados, y otros abiertos a toda la audiencia. Este tipo de televisión, basada en la experiencia de Canal Plus de Francia, está teniendo un éxito sin precedentes en el panorama televisivo mundial; su carácter mixto hace que se reduzcan considerablemente los riesgos financieros y que el mercado publicitario no se vea tan castigado por la-áparición de nuevas cadenas. Pero, además, la presencia de CANAL PLUS en España -después de Francia, Bélgica y probablemente la República Federal de Alemania- incide en la construcción de un verdadero canal de televisión europeo. Se trata de una contribución, al espacio audiovisual de la Europa sin fronteras. Con vistas al 1 de enero de 1993, cuando el mercado único sea una realidad, es imprescindible que España cuente con grupos de comunicación independientes y solventes que eviten la colonización absoluta de la industria cultural de nuestro país y maticen, cuando menos, la hasta ahora irresistible penetración de los gigantescos conglomerados multinacionales.

PRISA ha acudido a la televisión con los mismos criterios de independencia, rigor intelectual y moral y profesionalidad que rigen en los otros medios de comunicación en que está presente, comenzando por EL PAÍS. Las tres sociedades que han obtenido la concesión están avaladas por grupos y empresas no sólo con probada solvencia financiera sino, sobre todo, con una larga trayectoria a sus espaldas de servicio a la comunidad y de ejercicio profesional. Son de ideología diversa y contribuirán con ello a potenciar el pluralismo de opiniones en nuestro país. Por eso es de lamentar la actitud irascible de uno de los perdedores en el concurso, que, en nota hecha pública, ha acusado de diversos delitos al Gobierno -fraude de ley y prevaricación, entre ellos-, asegurando que intereses particulares de algunos ministros se habían involucrado en el régimen de concesiones. Nos preguntamos si no estamos ante los resultados del amarillismo creciente en sectores de la Prensa española. Lanzar sin ninguna prueba acusaciones de ese género -que implican al Gobierno y a los concesionarios- supone ejercitar la calumnia y la difamación. Cosas así recuerdan al jugador que, cuando pierde, tira la mesa por los aires y acusa de trampas a los demás. Es urgente saber si todos los socios de Univisión participan de ese gesto. Pero no podría encontrar el Gobierno mejor explicación de su decisión de negarle un medio de comunicación tan sensible a quien con tanta ligereza se comporta.

El monopolio ha tocado su fin. La libertad televisiva merece desde luego horizontes más amplios que la estricta concesión de tres canales. Y la libertad a secas merece también un esfuerzo de todos por no invadir la libertad del otro a la hora de defender la propia. Lección que todavía tenemos pendiente la Prensa y los medios de la España de la democracia.

El diario madrileño EL PAÍS tiene un armario lleno de disfraces, y, según la ocasión se pone uno u otro: hoy, el de aprendiz de brujo, mañana el de primer ministro sin cartera, ayer, el de látigo justiciero. Para celebrar las concesiones de emisoras privadas de televisión ha escogido el de Santiago Matamoros y ha pretendido a caballo de un artículo editorial, cortar algunas lenguas sarracenas que se han atrevido a protestar la arbitraria elección gubernamental de empresas concesionarias.

Ese vicio progresivo de EL PAÍS de ponerse bajo tricornio, birrete o bonete, según cuando se trata de escribir para los mortales – vicio que amenaza con convertirse en larga enfermedad – le hace confundir gigantes con molinos y blandir el alfanje del amarillismo contra uqine, como el Grupo Zeta, denuncia que su opción ha sido desestimada al margen de la ley reguladora de las televisiones privadas y atendiendo a criterios externos al Consejo de Ministros como órgano de gobierno.

Ya al galope, viste toga de fiscal o gorrilla de chivato y acusa de los delitos de calumnia y difamación. Se calza la pila en la sobaquera de policía por correspondencia e interroga a los socios de UNIVISIÓN sobre el color de sus sentimientos. Metido en esos bajos fondos considera que la sociedad concesionaria CANAL PLUS en la que participa el periódico es un jugador de póker que ha ganado en el tapete verde y que Zeta es el mal perdedor que acusa de tramposo a los compañeros de tumba. Y por último, se reviste con el manod de Gran Certificador para concluir que la protesta de este Grupo editorial es la mejor explicación que podría hallar el Gobierno para “negarle un medio de comunicación tan sensible a quien con tanta ligereza se comporta”.

Lo que nunca recuerda EL PAÍS es que, se ponga lo que se ponga, siempre se le ve el plumero. Al propio editorialista le traiciona su subsconciente cuando elige la analogía de la mesa de juego y utiliza el verbo negar para describir la decisión de las concesiones de las televisiones privadas. Seguramente porque sabe que se ha tomado al margen de la ley promulgada al efecto y fuera del marco institucional del Consejo de Ministros y, quizá porque teme que se descubran los pelos y señales que han llevado al Grupo Zeta de ser elegido por la Mesa de Contratación del Ministerio competente, el de Transportes y Comunicaciones, como concesionario idóneo y ajustado a la ley, a ser desposeído por una decisión que se adoptó fuera del Consejo de Ministros del pasado día 25.

Pero, antes de entrar en estos detalles conviene explicar cuál es la actuación de EL PAÍS cuando va a pelo es decir, sin ropajes que revelen su intención sibilina. El citado informe que el ministro Barrionuevo elevó al presidente González era menos complaciente para CANAL PLUS que para otras opciones, fundamentalmente porque el pago de un canon para el usuario que quiera acceder a un canal ni está contemplado por la ley ni permite el libre acceso a un medio que la misma ley define como ‘servicio público’ y también porque, prohibiendo la ley las participaciones directas o indirectas de capitales públicos en las televisiones privadas, tanto el español a través de la Cadena SER de radio como el francés mediante Canal Plus de Francia, participan en el proyecto de televisión que encabeza la sociedad PRISA, editora de EL PAÍS. La presentación del informe a principios de julio y lo contundente de su análisis de propuestas hizo creer que en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el pasado 28 de junio, el Gobierno aprobaría las concesiones. Sorpresivamente la decisión se aplazó para el primer Consejo tras el veraneo, el del 25 de agosto: en ese mes se torció la primera voluntad del Gobierno.

Cuales hayan sido los movimientos de los lobbies en favor de la opción menos adecuada a la letra y espíritu de la ley, la de Canal Plus de España, siguen sumidas en el secreto, pero hubo dos avisos públicos de EL PAÍS previos al Consejo de Ministros que iba a tomar la decisión. Uno al vicepresidente Guerra en un artículo editorial del 11 de julio en el que le tildaba de ‘ridículo’ y de tener las manos sucias ante su viaje oficial a Angola por no querer entrevistarse con dirigentes racistas sudafricanos – ¿Qué le habría llamado si hubiera cometido la imprudencia de hacerlo? – al lado, otro editorial pontificaba sobre los medios de comunicación global de futuro.

Más directo e indigno fue el ataque al ministro Barrionuevo, y un ejemplo para los libros de texto periodísticos de lo que es información manipulada y amarillista: en primera página del 19 de julio, el diario destacaba con lugar y espacio privilegiados la notica del fracaso de Telefónica “en su compromiso de mejorar el servicio” junto a una fotografía de un minero soviético en huelga cuyo pie llevaba el significativo título de ‘abajo los burócratas’. Y aunque decía que El Plan Especial de Actuaciones de Telefónica era obra de Luis Solana, responsabilizaba al ministro Barrionuevo por haberlo respaldado al hacerse cargo de Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin dudar por un momento que el servicio telefónico es un desastre que, encima, obtiene beneficios económicos, lo cierto es que el fracaso del Plan Especial se debe más a la inoperancia de las compañías privadas contratadas para donarlo que a la responsabilidad de los directivos de Telefónica y, por supuesto, a la política ministerial. Para EL PAÍS, este hecho definitivo sólo merecía unas líneas al final del resumen de la citada primera página y remitía la explicación del fracaso del Plan a las páginas interiores, no podían dejar que la verdad le estropeara el titular.

No nos consta, en cambio, esa bravata grosera y desafiante para el Gobierno que algunos medios ponen en boca del presidente  de CANAL PLUS de España mientras la pelota de las concesiones estaba en el alero.

Sí nos consta que la decisión se tomó fuera del órgano del gobierno institucional que, efectivamente, la ministra portavoz Rosa Conde ofreció a UNIVISIÓN una participación concreta en la concesionaria Gestevisión TELECINCO. INTERVIÚ tiene las pruebas que EL PAÏS pide para indultarnos. Quien esto escribe volvió de vacaciones el mismo día 25 para estar presente en una decisión importante para el futuro del grupo editor de este semanario, así como obviamente interesante para un profesional de la información. A media mañana recibí dos llamadas de dos fuentes distintas para anunciarme lo que diría la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a primeras horas de la tarde: que la opción UNIVISIÓN quedaba descartada en favor de ANTENA 3, Gestevisión [TELECINCO] y CANAL PLUS de España. La primera fuente, ministerial y con acceso a altos funcionarios, me dijo que el día anterior la ministra Conde había iniciado su oferta al grupo Zeta con un 15 por ciento de las acciones de Gestevisión-TELECINCO. La segunda fuente situada en los más altos niveles de asesoramiento e información, me informó además de los reparos políticos de un sector del Gobierno sobre algunos socios de Zeta en UNIVISIÓN. El secreto de la deliberación del Consejo de Ministros fue, pues, un secreto a voces por la razón evidente de que las concesiones no se acordaron en Consejo. La rueda de prensa de la ministra Conde fue un paripé al que, estridentemente, no quiso sumarse el ministro Barrionuevo, que legítimamente podía haber rentabilizado políticamente el históricamente fin del monopolio estatal de la televisión.

Vergüenza torera que es admirable. Justo lo contrario del editorial que motiva este artículo.

El editorialista de EL PAÍS, en fin, peca de indocumentado; al decir que ‘la televisión como servicio público es un concepto desfasado”, no sólo contradice la letra de la ley sino el espíritu de la Constitución e incluso la doctrina de su consejero delegado, Juan Luis Cebrián, que mantiene que la información ha de basarse en la veracidad y el interés social. Si la televisión no fuese considerada un servicio público, ¿por qué los ciudadanos españoles hemos de pagar Retevisión, la red pública por la que emitirán las televisiones privadas? Los tribunales habrán de pronunciarse sobre la legalidad del canon que pretende cobrar CANAL PLUS de España tras utilizar, aunque sea mediante pago de cuotas a su vez, un servicio de titularidad pública. Si la televisión no fuera un servicio público como cualquier otro medio de comunicación ¿a qué vendría exigir la cláusula de conciencia y el secreto profesional con que la Constitución protege la labor de los informadores?

Televisión, televisión, cuantas tonterías se dicen en tu nombre.

Ignacio Fontes

El Asensio este se va a meter en juicios ignorando el dicho gitano de que tengas pleitos y los anes. Este señor se merecía una tele por la confortación de su cabeza, absolutamente cinematográfica, yua que tiene un parecido asombroso con Frankenstein, lo cual de suyo es muy televisivo.

Se salió con la suya el Polanco, con su curiosa pinta de podólogo eficaz o de sastre hacendoso, confirmándose su interpretación testicular sobre la vida política. Aseguró que no había cojones para negarle a él una televisión y ha resultado cierto.

Las apariciones del Goó han sido funerales. Si quita usted el sonido, puede imaginar a un correcto caballero dando cuenta de los inconvenientes que comporta la mala vida en general y las damas de vida airada en particular.

Pero lo más gordo es lo de los entrañables tipos del cupón, los pobrecitos del ceguerón y la tullidez, los hombres de la mirada muerta. Su raro oder llega a todos los rincones y sin que nadie pueda imaginarlo esto de la ONCE se ha convertido en la herencia más boyante de la dictadura.

En vísperas de la concesión de la televisión privada, el Gobierno quiso pactar en secreto con el presidente de Univisión, uno de los favoritos, para que se integrar en otro canal concedido ‘políticamente’. Rosa Conde ofreció a Antonio Asensio hasta el 25% de Telecinco si se desembaraza de sus socios de Univisión.

El miércoles 23 de agosto Antonio Asensio, presidente de Univisión, recibió una llamada telefónica de la ministra  portavoz del Gobierno, Rosa Conde. El empresario era citado en el despacho de la ministra para el día siguiente, después de que los subsecretarios prepararan el Consejo de Ministros del viernes. A las ocho de la tarde del jueves 24, Asensio era recibido por Rosa Conde en el palacio de La Moncloa.

El presidente de Univisión sabía que su proyecto de televisión privada era uno de los tres favoritos, según un informe técnico elaborado por el ministerio de Transportes, que serviría de base para las concesiones. Según ese informe, tanto Univision, como Antena 3 TV y Gestevisión Telecinco superaban con creces los porcentajes establecidos por la ley con respecto a la inversión y producción.

De ellos Univisión, con 15.000 millones de pesetas de inversión, era el de mayor solidez financiera; si bien los tres, según el informe del Ministerio que dirige José Barrionuevo, poseen unas condiciones técnicas, económicas y de programación muy similares y ofrecen muchas garantías de estabilidad y permanencia. Univisión partía como uno de los favoritos, a gran distancia del Canal Plus, el cuarto candidato y del Canal C, inferior en todos los aspectos según el informe citado.

Quedaban cuatro candidatos para un pastel con tres porciones. Canal Plus, según el informe técnico, tiene una vocación minoritaria, ya que tiene el inconveniente de imponer un canon – 3.000 pesetas al mes a sus usuarios – de pago para conectarse a él. Según los técnicos sería un contrasentido conceder un canal de pago.

Canal Plus se definía a sí mismo como una cadena de televisión complementaria que no compite por la audiencia global, sino por satisfacer demandas concretas de audiencias fraccionadas. Jesús de Polanco, su presidente, había previsto tener alrededor de 300.000 abonados en el plazo de tres o cuatro años.

La lambada es un baile brasilero que ha entrado, tímidamente en esta capital y en nuestras costas. Puede acabar haciendo furor; las canciones que arrastran tal baile son desmayantes pero la danza no: es una mezcla afrodisíaca y maravisllosamente blandengona de la samba, de la salsa, del candombé y hasta del tango, basada en el contacto directo, piel contra piel. La lambada se baila cóxis contra cóxis, entreverando los muslos, acariciándose mutuamente la piel, vientre contra vientre, pecho de mujer contra pecho de hombre, chupeteo en la nuez de Adán contra cuello liso de la mujer, ombligo contra ombligo.

Sólo esta raza multiplicada en sí misma, genéticamente deshinibida, puede ser generada por unos brasileros que, puestos a ser libre, hasta han recogido en su nueva Constitución la posibilidad de recrear el Imperio. Nosotros, los españoles, no tenemos mulatas, ni petróleo, ni oro, ni millones de toneladas de materias primas, pero tenemos lambada, a tope, registradas sexo con sexto entre el Gobierno socialista y la sociedad civil.

La última lambada nos la han danzado con la televisión privada. En los prolegómenos de la gran victoria socialista de 1982 Felipe González decía: “Yo doy la televisión privada, pero que antes se metan en un cuarto todos los aspirantes y ya iremos sacando los huesitos que queden poco a poco”. No era un planteamiento disparatado. Después, los más acérrimos valedores del socialismo estimaban: “Vamos a dar tres televisiones y una de ellas para nosotros”. Entraba dentro de la lógica de las cosas. Pero conceder tres televisiones sobre cinco solicitudes, y autoconcederse dos es una barbaridad institucional y política. A pocas semanas de un reparto atrabiliario y hasta desopilante de frecuencias moduladas de radio que han dejado fuera a profesionales del medio como Luis del Olmo para primar a personas dignísimas pero absolutamente ajenas al negocio de las ondas de radio, hay que tener los cojones de acero para otorgar dos concesiones de televisión a los amigos y dejar fuera a un proyecto como el de Univisión.

Univisión funciona hasta tal punto que la ministra portavoz del Gobierno ha sonreído con la sonrisa del gato que se comió al canario. Profesionalmente este proyecto lo suscribían importantes profesionales del medio, grandes bancos y el gran editor extranjero de THE TIMES, Murdoch. En esta casa se han echado muchas horas de negociaciones nacionales e internacionales con aquellos que son los mejores en este negocio. Pero Polanco y la ONCE ha decantado la solución.

La lambada. Hay que tocarlo todo: el culo, los pechos, los muslos, las corvas, el maravilloso diseño de la espalda. No; así no son las cosas. Este Gobierno no puede colocar huevos en tantas cestas y conseguir entre los amigos una cadena de FM y dos cadenas de TV. Y menos, a base de acreditadas experiencias internacionales sobre la televisión banal y pornografía de pagos para pajilleros de alto stanging.

Que expliquen nuestros más altos tribunales si hay problemas entre la televisión a la carta y la televisión de los ciegos – mi padre es ciego y respeto todo lo que les beneficie – creo que todo esto es la lambada. Nos están tocando el culo y además innecesariamente y hasta con injusticia. Como afirma la derecha que estos chicos van a gobernar más allá del 92, para qué rozarle tan interesadamente las nalgas a esta sociedad entregada de antemano.

Una cosa es que sigamos votando PSOE – a qué otra cosa vamos a votar – y otra cosa es que el Partido Socialista pretenda erigirse en clave económica de la sociedad civil, de acá para los restos. El gran problema de Felipe González y Alfonso Guerra es que no terminan de entender que en política no se puede ganar por diez a cero ni, como en la lambada, se le puede meter mano a la pareja con absoluta impunidad.

Ganarán las próximas elecciones cuanto su alternativa es un desastre, y hasta pueden y acaso deberán ganar las próximas. Pero lo más triste es que ganan unos comicios sólo por ser los más chulos. Ni Felipe ni el PSOE se merecen tanta miseria.

Martín Prieto