El Gobierno Rajoy endurece la Ley de Financiación de Partidos: Los emprarios ‘corruptores’ también serán perseguidos penalmente y los bancos no podrán condonar deudas

La Ley de Financiación de Partidos, reformada tres veces en los últimos 25 años, no ha permitido hasta ahora garantizar la limpieza de las cuentas de las formaciones políticas. La normativa ha dejado siempre amplio margen para la trampa.

Con la Ley aprobada en 1987, vigente durante 20 años en España, el PSOE tuvo su caso Filesa: financiación ilegal a través de tres empresas del partido que facturaban a distintas sociedades por servicios nunca prestados. El PP escapó sin daño del caso Naseiro en 1990, pero está implicado en el caso Gürtel y el caso Bárcenas. En ninguna de estas causas tuvo participación el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador avaló la limpieza de las cuentas de PP y PSOE sin descubrir las irregularidades que vieron después los jueces.

La Ley de 1987, vigente hasta 2007, admitía las donaciones anónimas (no había que detallar ante ningún organismo el nombre del donante) condicionadas a que no superaran los 60.000 euros anuales y que el dinero no procediera de empresas que contrababan con la administración pública. El anonimato de las donaciones permitió amplio margen para incumplir la Ley sin peligro de ser descubierto.

El juez Pablo Ruz sostiene en sus autos que el PP recibió entre 1990 y 2007 donaciones ilegales, de contratistas del Estado y por más de 60.000 euros anuales. El Tribunal de Cuentas nunca detectó esta práctica ni alertó en sus informes de incumplimientos graves del PP en relación a la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Para salvar los obstáculos de la Ley, según la investigación judicial, el PP ingresaba el dinero recibido de los donantes en cantidades siempre inferiores a esos 60.000 euros y como no tenía que dar el nombre de quién aportaba los fondos, no temía ser sancionado ni por superar el límite ni por aceptar cantidades de contratistas del Estado.

La normativa cambió en 2007, se prohibieron las donaciones anónimas y las de empresas privadas, aunque se subió la cantidad anual que podrían aportar los donantes —todos ellos personas físicas e identificables— hasta los 100.000 euros.

La reforma legal que impulsa ahora el Gobierno de Mariano Rajoy intenta hacer más transparente el control de las cuentas de los partidos; prohíbe a los bancos condonar las deudas de las formaciones —el PP hizo un cambio legal en 2012 para que el perdón sólo pudiera ser inferior a 100.000 euros—, y obliga al Tribunal de Cuentas a fiscalizar a las formaciones en un periodo inferior a seis meses desde que entregan la información.

Pese a que los procesos judiciales en marcha han puesto al descubierto otro método opaco de financiación de partidos a través de sus fundaciones, la reforma legal del Gobierno sigue manteniendo la posibilidad de las donaciones a estas instituciones por parte empresas privadas y sin límite de cantidad.

La investigación del caso Gürtel detectó que el PP derivó dinero donado por empresas privadas a su fundación Fundescam para actos del partido en la Comunidad de Madrid. Esas empresas donantes de Fundescam tenían en su mayoría contratos multimillonarios adjudicados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP.

Respecto a las sanciones, la reforma legal del Gobierno tan sólo plantea una multa “cuyo importe irá del doble al quíntuplo de la cantidad que exceda del límite legalmente permitido”.

La fiscalía Anticorrupción y el juez Pablo Ruz mantienen una disputa jurídica con la Agencia Tributaria respecto a la Ley de Financiación de Partidos Polìticos y la responsabilidad penal del PP por aceptar donaciones ilegales.

Mientras juez y fiscal consideran que las donaciones ilegales deben tributar como ingreso extraordinario por el Impuesto de Sociedades y si se supera la cuota defraudada se incurriría en delito fiscal, Hacienda señala que la Ley de Financiación no impone la tributación sobre donaciones ilegales y, por tanto, esa infracción sólo puede ser sancionada con multa. La reforma que plantea ahora el Gobierno no resuelve esta discrepancia jurídica por la que el PP puede salir absuelto de delito fiscal en el caso Bárcenas o condenado si el Tribunal que juzgue el caso ratifica la interpretación que hacen el juez y el fiscal de las donaciones ilegales a partidos.

El final no está escrito ni tampoco cuántos grupos políticos votarán con el PP, pero después de tres reuniones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios sí hay acuerdo en restringirse privilegios que hasta ahora tenían. Así se pondrá de manifiesto en las leyes de control financiero de los partidos, estatuto de altos cargos y otras tres que se modificarán para achicar el espacio a las posibilidades de corrupción. Pero no solo, también que se ponen restricciones a beneficios existentes hasta ahora. Las fuentes consultadas de la oposición coinciden en que todos están de acuerdo en prohibir la condonación de deudas de los partidos por parte de las entidades financieras como ha ocurrido a lo largo de la historia de la democracia recuperada. Por otro lado, los portavoces se han reducido a la mitad las cantidades de las donaciones privadas que pueden recibir: de 100.000 euros al año a 50.0000.

Definitivamente, las empresas no podrán hacer donación alguna a los partidos políticos. “Hay un acuerdo general sobre rendición de cuentas y control de las mismas, así como de medidas relacionadas con la ejemplaridad”, dijo a este periódico el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que junto al portavoz del partido, Carlos Floriano, y el diputado José Antonio Vera negocian este paquete de leyes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó en el Congreso el pasado 27 de noviembre.

Las donaciones solo las podrán hacer los afiliados porque desaparecerá de la legislación la figura de militantes y simpatizantes ya que detrás de esas denominaciones podría haber donaciones encubiertas. Estas serán, además, nominales y serán publicadas a partir de los 10.000 euros. Cuando la ley salió del Consejo de Ministros la cantidad era de 25.000 y solo a partir de ahí los donantes tendrían que dar su nombre.

Los espacios para la corrupción y la ausencia de transparencia se acortan. Los responsables financieros de los partidos tendrán que dar cuenta de su gestión al Parlamento. La financiación ilegal de partidos entrará en el Código Penal, algo que los grupos no habían hecho durante estas tres décadas largas de democracia.

Los plazos de prescripción de estos delitos se aumentarán de manera que si se descubre una ilegalidad la redención no se produzca hasta un tiempo muy dilatado. El trasvase de dinero de las fundaciones a los partidos también será vetado que era otra forma de financiación irregular.

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