El Gobierno Rajoy nombra a un juez penal del Supremo, José Manuel Maza Martín, considerado conservador, nuevo Fiscal General del Estado

Donde había una fiscal de Menores, habrá un juez de lo Penal. El Gobierno anunció ayer que el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza será el nuevo fiscal general del Estado, puesto que hasta hace una semana ocupaba Consuelo Madrigal.

La ex fiscal general llevaba menos de dos años en el puesto –desde que sustituyó a Eduardo Torres-Dulce–, lo que permitía al Gobierno volver a escogerla. Pero pese a la afición al inmovilismo que se le atribuye a Mariano Rajoy y a que Rafael Catalá continúa al frente del Ministerio de Justicia, ha habido cambio.

Maza, situado en el bloque conservador, es de talante afable y dialogante. Así lo destacan quienes han sido compañeros suyos en sus 14 años en el Supremo. El nombramiento es discrecional del Gobierno, si bien deben cumplirse dos formalidades que en cualquier caso no podrían frenar la designación: el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la propuesta y la comparecencia del candidato ante la Comisión de Justicia del Congreso. Los únicos requisitos que sí marca la ley para poder acceder al puesto es que se trate de un «jurista español de reconocido prestigio» y que lleve «más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión».

Cuando dentro de unas semanas concluyan los trámites, Maza pasará a ser quien se encargue de seguir desde la cúpula del Ministerio Público el desafío independentista, el mismo que provocó la dimisión de Torres-Dulce y que protagonizó la última decisión relevante de Madrigal: ordenar la interposición de una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Maza, que marcará a partir de ahora la intensidad del enfrentamiento, ha optado de momento por la extrema prudencia.

La propuesta del Consejo de Ministros le llegó al magistrado ofreciendo un curso en Barcelona. En declaraciones a los medios sobre el asunto, rechazó pronunciarse: «Sería una temeridad, estaría empezando a dar muy mal ejemplo y muy mala imagen si me atreviera a opinar ya sobre temas tan importantes», declaró, informa Germán González.

José Manuel Maza Martín (Madrid, 1951) es licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Accedió a la carrera judicial en 1975 y un tiempo después también obtuvo plaza –número uno de su promoción– en la carrera fiscal que ahora dirige, en la que está en excedencia. Tras destinos como juez en Galicia, Asturias, León, Valencia y Madrid, en febrero 2002 se incorporó al Tribunal Supremo.

En este tribunal fue ponente recientemente de la primera sentencia que fijaba los criterios sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El caso refleja la cintura del magistrado. «Yo pasé de ser contrario a la responsabilidad de las personas jurídicas a ser casi predicador», explicó en una de sus muy frecuentes intervenciones en cursos y charlas.

Con menos relevancia jurídica pero más repercusión pública, también elaboró en 2012 un voto particular en el que defendió que Baltasar Garzón debería de haber sido condenado por investigar el franquismo. «¿Es que a partir de ahora el juez español puede desobedecer las leyes patrias, las dictadas por nuestro Parlamento soberano, porque encuentre criterios u opiniones ajenos a nuestro Derecho que coincidan con su particular modo de ver las cosas?», se planteaba el magistrado en su voto.

Otro voto particular relevante fue el que propugnó que debería haberse llevado a juicio al ya fallecido ex presidente del Banco Santander Emilio Botín. Es decir, que no debería de haberse creado nunca la doctrina Botín.

El nombramiento definitivo de Maza supondrá que un magistrado vuelve a ocupar la cúpula de la carrera fiscal, algo que ya había sucedido con Cándido Conde-Pumpido, precisamente compañero de Maza en la Sala de lo Penal del Supremo. Tanto Madrigal como Torres-Dulce eran fiscales de carrera. Fuentes judiciales indican que el Ejecutivo ha podido valorar que era más adecuado el perfil de juez, con menos ataduras en la carrera. Aun así, la reacción a la no designación de Madrigal ha sido, en general, de cierta sorpresa. El único enfrentamiento público con Justicia había sido la atribución cruzada de responsabilidades en la revisión de la duración máxima de las investigaciones penales, la reforma que más ha trascendido de las emprendidas por Catalá.

Como fiscal general, la lista de asuntos de relevancia que se va a encontrar Maza es inmensa. Además del desafío independentista catalán, el nuevo fiscal general también deberá fijar los criterios sobre las posibles conformidades con acusados de delitos relacionados con la corrupción, siempre delicadas por su repercusión pública. Recientemente, el Ministerio Público ha vacilado a la hora de posicionarse en las causas en Baleares contra Jaume Matas y Maria Antònia Munar.

En el plano legislativo, la reforma que más afectaría a la Fiscalía sería la de atribuirle la dirección de la investigación penal. Se trata de una revolución en el sistema que ya se ha abordado y siempre se ha abandonado.

El nombramiento del fiscal general antecede a otros de relevancia que habrán de seguir en el Ministerio Público. La situación de interinidad en la que se encontraba Madrigal en el último año con un Gobierno en funciones le llevó a aplazar la designación de al menos una veintena de puestos. Los más delicados son el de fiscal jefe de Anticorrupción –tras la jubilación de Antonio Salinas– y el de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, puesto para el que Javier Zaragoza ya ha sido nombrado en dos ocasiones.

QUE EL nuevo fiscal general del Estado no sea fiscal le da mucho juego a Rajoy y a su equipo. Han sido listos. Se ve que no quieren más rebeldías tipo las de Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal que a veces podían pecar de cierto corporativismo y de un punto de rebeldía. Prefieren una legislatura sin sobresaltos, que no está la cosa como para que quien colocas en un cargo de esta talla te muerda la mano. No es que ambos salieran ranas, que a estas alturas todos sabemos que la cúpula del Ministerio Público está politizada y que muchas veces actúa bajo la batuta del Gobierno. Lo que pasa es que los dos fiscales no se vinieron abajo en temas espinosos y, en cierto modo, plantaron cara al Ejecutivo que los aupó al cargo. Tengo que decir que pensaba que Madrigal repetiría y que la llegada de José Manuel Maza me ha sorprendido. Maza es magistrado y viene del Supremo, de la Sala de lo Penal. Esto supone una ventaja en los tiempos que corren con Gürtel o Taula rondando por el Alto Tribunal. El nuevo fiscal general del Estado es un magistrado conservador que, dicen, es próximo a Rafael Catalá. Fue él quien emitió un voto particular en la absolución a Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo y también se mostró a favor de juzgar a Carlos Dívar por sus viajes a costa del CGPJ. Las ya míticas semanas caribeñas. Además, también votó en contra de la doctrina Botín.

Quizá le toque dirigir el gran cambio que proyecta el ministerio de colocar las instrucciones en manos de los fiscales en vez de en las de los jueces. Este tema siempre ha levantado mucha polémica pero no termina de arrancar, como todo en Justicia. La reforma de la Ley de Enjuicimiento Criminal es muy bonita sobre el papel y me llama la atención que no se haya arbitrado nada en la ley para dotar a la Policía de más agentes para investigar, para ampliar el número de técnicos de Hacienda y así agilizar los informes sobre corrupción —indispensables— o para aumentar la plantilla de peritos. Tampoco se contempla que los recursos se concentren y que dejen de ser una zancadilla a la instrucción en la medida en que muchos abogados los utilizan, de manera legítima, para dilatar los procedimientos.Todo esto conduce a lo de siempre: que hacen falta más jueces y más fiscales. Pero sobre todo lo que urge es especialización