20 enero 2006

El Gobierno Zapatero acepta traspasar parta de los ‘papeles de Salamanca’ a la Generalitat de Catalunya

Hechos

Fue noticia el 20 de enero de 2006.

Lecturas

D. Pasqüal Maragall (PSC), Presidente de la Generalitat de Catalunya, defiende que los ‘papeles’ deben estar en su comunidad.

D. Julián Lanzarote (PP), alcalde de Salamanca, defiende que los ‘papeles’ deben seguir en su ciudad.

DEBATE EN TVE:

El programa ’59 Segundos’ de TVE emite el 13 de junio de 2005 un debate sobre la ubicación del archivo de ‘los papeles de Salamanca’. Entre los invitados estaban el director de TV3 (televisión pública de Catalunya), D. Joan Oliver a favor del traspaso y el director de LA GACETA DE SALAMANCA D. Íñigo Domínguez de Calatayud , en contra del traspaso.

26 Diciembre 2004

Papeles de Salamanca

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Al abordar asuntos como la investigación histórica, una nación debería priorizar ante todo la capacidad de acceso de los estudiosos antes que el lugar de depósito. Desgraciadamente no es del todo así en España, y bien lo saben no pocos historiadores españoles y extranjeros que se quejan de desorden y obstáculos y de las graves insuficiencias de nuestros archivos. El estudioso no entiende de litigios de competencia ni encaja en ambientes emocionales, y a veces incoherentes, de rivalidades nacionalistas o regionalistas por muy legítimos que sean los planteamientos. Y en ese sentido debería leerse el último de los capítulos de los llamados Papeles de Salamanca, y la recomendación, sensata, de los expertos designados por el Ministerio de Cultura de que se devuelvan los documentos originales a la Generalitat de Cataluña.

No se trata de una decisión vinculante, sino de un consejo muy meditado, que no ha merecido ningún voto contrario entre sus 18 miembros, aunque sí la abstención de los tres representantes salmantinos. Ahora es el Gobierno central el que tendrá que decir la última palabra. Muy probablemente corroborará como «justas y legítimas» las razones esgrimidas por la Generalitat para la devolución de las 507 cajas de legajos que se hallan desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca y que fueron trasladados allí como botín por el Gobierno de Franco.

La reacción de satisfacción de la Generalitat y de los partidos catalanes ha tenido una respuesta un tanto virulenta del alcalde de Salamanca y de exponentes de la Junta de Castilla y León. Un aviso de «resistencia numantina», exagerado y visceral, que presagia probablemente batalla judicial. Mezclar la política en este asunto resulta bastante dañino, aunque el mal ya fue hecho hace casi una década cuando se dio rienda suelta a opiniones vehementes de castellanos y catalanes. Y en nada ayudó la última ministra de Cultura del PP, Pilar del Castillo, cuando decidió en 2002 paralizar la devolución escudándose en el principio de la «unidad de archivo», olvidando que este principio no puede amparar el expolio de documentos por las armas como fue el caso de estos legajos, en su mayoría papeles policiales sobre la detención o el fusilamiento de antifascistas en Cataluña durante la Guerra Civil. Menos viscerales son las opiniones que ha merecido la recomendación por parte del director de la Academia de la Historia, Gonzalo Anes, alertando del peligro de disgregar la documentación de Salamanca. Resultan sensatos esos temores, pero los expertos de alguna manera los disipan al recomendar que allí quede copia de todo el material y, sobre todo, al pedir que se potencie el Archivo de Salamanca y se transforme en un auténtico Museo de la Guerra Civil con más medios y documentos que ahora no tiene.

16 Abril 2005

UN DESAFORTUNADO TRASLADO

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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El Gobierno decidió ayer que desmembrará el Archivo de Salamanca para entregar a la Generalitat catalana y a ciudadanos particulares de todo el país aquellos documentos que les fueron requisados durante la Guerra Civil. Se trata de una decisión sumamente desafortunada, tanto en el fondo como en la forma.

A nadie se le oculta que, tras el patético afán de varios ministros por justificar la decisión con emocionales cuentos de enamorados, el proyecto de ley responde a una demanda de ERC ya estipulada en el pacto de formación del tripartito de Cataluña, cuya factura paga ahora Zapatero.

Lo más alarmante es que por un acuerdo coyuntural entre partidos se vaya a deteriorar el Patrimonio Nacional que es de todos los españoles. Porque la medida supone, por mucho que se disfrace con Centros de Memoria Histórica, un daño enorme al Archivo.No hace falta un gran conocimiento de la materia para entender el disparate que supone afirmar, como hizo ayer la ministra, que la «unidad» archivística está garantizada porque en Salamanca quedará una «copia auténtica» de los documentos que se trasladen a Cataluña. El valor histórico de un Archivo consiste precisamente en mantenerlo tal y como fue constituido, con sus originales: tan fatal es fraccionarlo como añadirle postizamente papeles de otra índole; incluso su posible singularidad organizativa ha de perdurar. Si no, será otra cosa, no un Archivo histórico.

Igualmente disparatado es justificar la decisión como una respuesta más a las tropelías cometidas por el régimen franquista, porque precisamente es el respeto de las fuentes de la Historia la mejor forma de garantizar que el testimonio de lo que nunca debió ocurrir perdure en el tiempo.

En cuanto a las formas, el famoso talante del Gobierno ha estado ausente. Este, que ya negoció en exclusiva con la Generalitat los integrantes del comité de expertos, ha decidido hacer lo mismo para determinar qué papeles volverán a Cataluña, despreciando de forma burda a los responsables de Castilla y León. Se han ignorado además todos aquellos informes que desaconsejaban el traslado, como los de la Academia de la Historia y la UNESCO.

Eso sí, nadie podrá acusar a Zapatero de mirar por su tierra más que por otras comunidades.

11 Junio 2005

SALAMANCA: DOS CONCEPTOS DE ESPAÑA

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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El Ayuntamiento de Salamanca y más de 200 organizaciones castellanas convocan hoy a los ciudadanos a manifestarse en contra de la desmembración del Archivo sobre la Guerra Civil y el traslado de parte de sus fondos documentales a Cataluña.

Así lo decidió el Gobierno el pasado mes de diciembre tras escuchar a una comisión de expertos designada por la ministra de Cultura.Hemos explicado en estas páginas que el traslado es un despropósito por muchas razones y no es cuestión de insistir en los mismos argumentos. Pero sí hay una cuestión en la que merece la pena ahondar: el trasfondo ideológico que sustenta la reivindicación, impulsada por ERC y otros grupos nacionalistas.

Resulta evidente, en primer lugar, que el PSOE no tenía ningún interés en reabrir este asunto y que a buena parte de sus militantes -sobre todo, fuera de Cataluña y el País Vasco- les cuesta mucho entender la decisión del Gobierno.

Si el Consejo de Ministros ha dado luz verde al traslado de los fondos documentales a Cataluña, ha sido por exigencia de ERC y de Maragall, que se han aprovechado de la debilidad de Zapatero, obligado a ceder para conservar el respaldo parlamentario de los independentistas y de los propios socialistas catalanes.

El argumento que ha sustentado su reivindicación reside en síntesis en que los catalanes combatieron por la República y fueron derrotados por Franco, que expolió los papeles de la Generalitat y se los llevó a Salamanca, capital de la insurrección armada y vestigio de la España imperial.

Todo ello es una burda falsificación de la historia porque hubo catalanes que combatieron contra Franco y otros que le apoyaron, al igual que sucedió en Salamanca, donde, por cierto, hubo una represión feroz contra los republicanos. El Archivo de Salamanca es hoy una institución estatal y, por tanto, su patrimonio es de todos los españoles, incluidos los ciudadanos salmantinos y catalanes.

Contraponer a la Generalitat con el Estado español es un sofisma porque la Generalitat forma parte del Estado. Quienes exigen el traslado de los papeles están negando ese carácter y afirmando implícitamente la incompatibilidad de esos dos espacios políticos.

El debate es, en suma, el reflejo de dos distintas maneras de entender España. Una, en la que todos tienen cabida dentro de la pluralidad y la otra, la que propugna ERC, que quiere romper la unidad del Estado y las instituciones comunes que compartimos.Este es el trasfondo.

20 Enero 2006

Regreso a Cataluña

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Los llamados papeles de Salamanca regresarán el próximo lunes a Cataluña. El traslado hasta su escala temporal en el Ministerio de Cultura se hizo ayer muy de mañana desde la ciudad castellana. Con gran discreción, por temor a incidentes, y con la feroz resistencia del alcalde, el popular Julián Lanzarote, que rechazó la licencia para la carga, denegó la colaboración de la policía municipal y obligó a efectuarla en carretillas. Insistió, además, en calificarlo de forma dramática y grandilocuente como un «expolio y una humillación» para el pueblo salmantino; una humillación extensiva a todos los españoles, según el secretario general del PP, Ángel Acebes.

Lanzarote ha decidido interponer un recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar desde Madrid la operación, un recurso que se suma al que el Gobierno de Castilla y León ha presentado al Tribunal Constitucional. No parece que las autoridades autonómicas y municipales tengan mucha confianza en la justicia a tenor de algunos de sus comentarios. Son acciones muy legítimas, no del todo entendibles desde una óptica ajena a la política. Y es que ésa ha sido una de las debilidades del asunto -su politización abusiva- sobre el que se han alentado sentimientos nacionalistas y han influido muchos intereses partidistas.

El traslado obedece al cumplimiento de una ley, aprobada por el Parlamento el pasado noviembre, con el voto de todos los grupos a excepción del PP, por la cual se satisface una petición de tres décadas de la Generalitat para devolver a Cataluña medio millar de cajas que se hallaban depositadas desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca y que contienen legajos históricos del propio Gobierno catalán y documentos privados, en su mayoría papeles policiales sobre la detención y fusilamiento de antifascistas, requisados por las tropas franquistas. Una comisión de expertos, designada por el actual Gobierno, recomendó hace un año su devolución, al estimar la petición justa por entender que se trató de un expolio de documentos incautados por las armas. La ley ordena que quede copia en Salamanca del material restituido y se cree en la ciudad un centro documental sobre la memoria histórica del franquismo. Es discutible la tesis de quienes sostienen que con ello se rompe la unidad del archivo, pues se trata de un caso de usurpación violenta y de reclamación posterior.

Un país debería ante todo priorizar la capacidad de acceso de los investigadores antes que el lugar de depósito del material que investigan. Por desgracia, en eso sí que aún vale lo de que España es diferente. Preocupémonos de satisfacer las demandas de historiadores nacionales y extranjeros para solventar el desorden, los obstáculos y las insuficiencias de nuestros archivos antes que jalear las rivalidades territoriales. Pero tal vez con eso no se ganen muchos votos.