El Gobierno Zapatero concede una TDT de pago al Imagina-Mediapro (GOL TV) por decreto-ley desatando la ira del Grupo PRISA

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago, pero no mediante un real decreto, como pretendía el ministro de Industria, Miguel Sebastián, sino a través de un real decreto ley, un recurso legislativo que se aplica en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Esta fórmula requiere de una posterior convalidación por parte del Parlamento, habitualmente en el plazo de un mes. Durante la actual legislatura, este recurso legislativo excepcional se ha empleado en una veintena de ocasiones, la mayoría de ellas relacionadas con la crisis económica, el fomento del empleo, la sequía o la provisión de financiación extraordinaria a alguna caja de ahorros.

El cambio en la fórmula legislativa se produce como consecuencia del duro y contundente dictamen emitido por el Consejo de Estado, que cuestiona la fórmula elegida inicialmente por el Gobierno. El órgano consultivo considera que el texto de Industria no tenía «fundamento legal» suficiente. De ahí que el Consejo de Ministros haya optado por una norma que tiene rango superior.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la fórmula del real decreto ley se ha empleado para regular la TDT de pago «atendiendo al criterio del Consejo de Estado». Este organismo, sin embargo, recomendaba al Ejecutivo que utilizara la Ley General Audiovisual (LGA, cuyo anteproyecto fue presentado a finales de junio) para su tramitación. De la Vega argumentó que la LGA será «el marco normativo final».

Entretanto, el Ejecutivo autoriza las emisiones de pago con tecnología TDT por razones «técnicas y económicas». De la Vega argumentó que, a poco más de seis meses del apagón analógico (previsto para abril de 2010), era «necesario y urgente» regular esta nueva modalidad televisiva. Esta opinión es radicalmente contraria a la que sostiene el Consejo de Estado, que no considera tal urgencia, sino que opina que su aprobación en estos momentos es «precipitada».

Tampoco PRISA (editor de EL PAÍS) percibe tal urgencia. El grupo propietario de Sogecable denunció ayer «el intervencionismo» del Gobierno de Zapatero en el normal funcionamiento de los mercados. El hecho de que la decisión se haya tomado en pleno mes de agosto y en un Consejo de Ministros convocado de forma extraordinaria para adoptar medidas contra la crisis y el paro añade «preocupantes perfiles políticos al arbitrismo gubernamental». PRISA anuncia que ejercitará las acciones a su alcance para defender sus derechos.

Ésta es la segunda vez que el Consejo de Ministros rectifica los planes de Sebastián acerca de la TDT de pago. La primera fue el pasado abril. En plena Semana Santa, Industria anunció a través de un comunicado que los operadores privados de televisión podían solicitar autorización para prestar el servicio de TDT de pago. Pocas horas después, el ministerio rectificó su propia nota y matizó que las condiciones para el nacimiento de la nueva televisión estaban pendientes de un acuerdo del Consejo de Ministros.

El Gobierno alega ahora que impulsa la reforma para «unificar» los regímenes de concesión de los distintos operadores. De hecho, tres cadenas (Net TV, Veo TV y La Sexta) recibieron una licencia (en 2000 las dos primeras y en 2005, la última) para emitir exclusivamente en abierto. A partir de la entrada en vigor del real decreto ley aprobado ayer ya no estarán sujetas a tal obligación. De la Vega asegura que tras suprimir esta limitación legal se garantiza una «competencia en igualdad de condiciones». Además, el nuevo sistema de emisión televisiva amplía las vías de financiación para los operadores y abre mayores posibilidades de opciones para los telespectadores, según el Gobierno.

El real decreto ley consta de dos artículos y tres disposiciones finales. Especifica que las televisiones que tengan autorización para explotar más de un canal sólo podrán destinar uno de ellos a la TDT de pago. La LGA, sin embargo, prevé en su artículo 26 que de los concesionarios podrán destinar a emisiones codificadas como máximo el 50% del espacio radioléctrico, que en el caso de las cadenas privadas de ámbito estatal tiene capacidad para cuatro canales.

Una hora después de que la vicepresidenta hiciera pública la aprobación de la TDT de pago, Mediapro anunciaba el inicio de las emisiones de Gol TV en TDT para hoy mismo y aportaba una detallada parrilla. Utilizará uno de los dos canales que en la actualidad explota La Sexta, el ocupado por Hogar 10. Junto a Globomedia, Mediapro forma parte de Imagina, empresa que lidera GAMP, el grupo de productoras integradas en el accionariado de La Sexta.

LIMITACIONES

– Un solo canal. Los operadores interesados en ofrecer una programación de pago en TDT sólo podrán explotar (total o parcialmente) en esa modalidad uno de los canales digitales de los que sean titulares, siempre y cuando tengan adjudicado más de uno.

– Descodificadores. No habrá uno para cada canal. Un único aparato deberá bastar para recibirlos todos, tanto los de pago como los gratuitos. La mayoría de los que se han vendido hasta ahora no sirve.

El Consejo de Ministros aprobó ayer de urgencia el decreto ley que regula la Televisión Digital Terrestre de pago. La decisión se adoptó pese al dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo, que considera que la reforma vulnera la legislación de contratos con la Administración, es precipitada y no responde al interés general. El Consejo de Estado afirma que un cambio semejante requiere el escrutinio del Parlamento, un plazo razonable y la posibilidad de introducir enmiendas. El Ejecutivo, ante tan contundente objeción, decidió a última hora sustituir la fórmula de real decreto por la de decreto ley, que implica la ulterior convalidación parlamentaria pero que se reserva a situaciones de urgencia y contra la que no cabe recurso. Utilizar un trámite excepcional para una cuestión sobre la que no existe demanda social remite a los peores usos autoritarios e intervencionistas y deja sin capacidad de defensa jurídica a quienes se puedan sentir perjudicados.

¿Cuál es la urgencia, en pleno agosto y en un Consejo de Ministros dedicado a la crisis? Sólo una: satisfacer los intereses de un grupo de amigos. Tampoco se han tenido en cuenta las quejas de parte del sector audiovisual (entre ellas las de Sogecable, del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS), que ve cómo un improvisado cambio parcial puede afectar al equilibrio del conjunto en plena crisis. Es, pues, una decisión escandalosa y abusiva. El decreto ley introduce más desorden, si cabe, en un panorama necesitado de una ley que ordene lo que el capricho de sucesivos Gobiernos ha ido destrozando. Cabía la esperanza de que el PSOE mostrara mejor criterio que la derecha. Sin embargo, esta aprobación atropellada, promovida por Industria, supone un paso atrás sólo atribuible a las presiones de algún grupo de comunicación y de los fabricantes de aparatos descodificadores. El Gobierno de Zapatero ha preferido atender el interés de unos pocos en un ejemplo de rancio clientelismo.

La TDT de pago dinamizará el modelo de televisión, pero sólo si se establece en el marco de la Ley General Audiovisual. Así lo dice el Consejo de Estado. Es irresponsable introducir cambios semejantes en un momento en el que el sector audiovisual, como otros, sufre las consecuencias de la crisis. Argumenta el Gobierno que la TDT de pago aumentará los contenidos, dinamizará la tecnología digital y traerá un río de millones a todos sus actores. No es cierto, al menos en la actualidad. Resulta ridículo pensar que la simple existencia en breve de un canal de pago despertará el entusiasmo de la audiencia, sobre todo si se tiene en cuenta que ese canal emitirá partidos de fútbol, o sea, lo mismo que ahora ofrecen otras televisiones de pago. Ni aumenta la demanda ni se crean valores adicionales.

El Gobierno tiene la obligación de gestionar honradamente los recursos públicos. Habría que suponer que los Gobiernos son honrados. Y pensar, por tanto, que el Gobierno de Felipe González actuó en nombre del interés general cuando concedió un canal televisivo de pago a PRISA, grupo editor de este periódico. Lo mismo que el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, cuando concedió un montón de licencias a grupos de orientación conservadora. Lo mismo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ayer reguló la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago que demandaba con urgencia el conglomerado Mediapro-Imagina-La Sexta, liderado por Jaume Roures, para rentabilizar su inversión futbolística. Habría que suponer que todo esto se hace por el bien común. Evidentemente, son legítimas las dudas.

El fútbol es una cuestión de «interés general» en España, según una ley de 1997 pergeñada por Álvarez Cascos y firmada por Aznar. Esa ley establece la emisión gratuita de un partido en cada jornada de Liga. No parece nada claro que, en este contexto legal, Digital + (del grupo editor de este periódico) haya conseguido hacer rentable el fútbol de pago que hasta ahora tenía en exclusiva: la competencia, hace 12 años, de Vía Digital, una plataforma impulsada por Telefónica (gestionada por personas próximas a Aznar), disparó al alza el precio de los derechos. En estos momentos, PRISA y Mediapro comparten el fútbol y compiten entre sí, lo que ha acarreado una sensible reducción de los precios para el consumidor. No es una mala noticia. Habría que suponer que a partir de ahora, con un partido en abierto y dos plataformas en competencia, el negocio del fútbol no va a ser ruinoso y no va a acabar costando dinero al contribuyente. Evidentemente, son legítimas las dudas.

La noticia de la regulación de la TDT de pago fue muy destacada ayer por los principales diarios digitales españoles. Habría que suponer que era una noticia de gran interés general, dada la coincidencia, y descartar que el realce informativo estuviera relacionado con los intereses de los dueños de esos diarios digitales, todos ellos beneficiados o damnificados por la decisión del Gobierno. Evidentemente, son legítimas las dudas.

A ver cómo andan de perspicacia. Tienen que adivinar en tres segundos qué periódico ha celebrado el Decreto Ley que permitirá la TDT de pago con estas entusiastas palabras: «La determinación de De la Vega para sacar adelante esta normativa ha sido aplaudida por la mayoría de grupos audiovisuales. Y es que, con el apagón analógico, era necesaria una legislación acorde a los nuevos tiempos. El Gobierno garantiza así más oferta y, por ello, más pluralidad y competencia». Tic-tac, tic-tac… ¿Han dicho Público? Pues se equivocan. La respuesta correcta es El Mundo, concretamente en un editorial que, para que no quedaran dudas, llevaba por título «Una medida que impulsa el sector audiovisual».

Sigue el juego. Ahora me tienen que decir qué medio ha calificado, también en su editorial, la decisión de Moncloa como «Caciquismo mediático». ¿El País? ¡Nooo! En este caso, se trata de Libertad Digital, pero les vamos a dar tres cuartos de punto porque el editorialista del buque insignia de PRISA se deslizaba por el mismo tobogán argumental que su colega de las teóricas antípodas ideológicas. «¿Cuál es la urgencia, en pleno agosto y en un Consejo de Ministros dedicado a la crisis? Sólo una: satisfacer los intereses de un grupo de amigos», escribía unas líneas antes de sentenciar que «el Gobierno de Zapatero ha preferido atender el interés de unos pocos en un ejemplo de rancio clientelismo».

¡Ay, la hemeroteca!

Retrocedan conmigo en el tiempo cuatro años. 29 de julio de 2005: el Gobierno, como hoy presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, autoriza a Canal Plus a emitir en abierto bajo el nombre de Cuatro. También hubo acusaciones de favoritismo, a las que El País respondió así: «El secretario general del PP, Ángel Acebes, ha emitido una ominosa reflexión sobre la autorización del nuevo canal Cuatro, que ha apostrofado como ‘una extraordinaria cacicada y una tropelía’. Aunque lamentable, no sorprende esta reacción en boca del heredero de un Gobierno que protagonizó la mayor invasión del territorio de los medios privados que se ha conocido en democracia».

Vayamos más atrás. 25 de agosto de 1989. Ante las quejas de Univisión (Grupo Zeta y aliados) tras quedar fuera de la concesión de licencias de la entonces nueva televisión privada, el periódico de PRISA decía: «Cosas así recuerdan al jugador que, cuando pierde, tira la mesa por los aires y acusa de trampas a los demás». Las hemerotecas las carga el diablo.

Una de las señas de identidad del franquismo que parecen no haber periclitado todavía es la tendencia natural en aquella época a dictar decretos, pese al sometimiento absoluto de las Cortes y la consiguiente e inevitable aprobación de cualquier ley que el Gobierno de turno propusiera. Gobernar por decreto era para los españoles que vivieron la Transición Política a la muerte del Caudillo un exponente de la arbitrariedad del mando, en medio de las inequívocas demandas de democracia y de independencia del Legislativo frente al Ejecutivo que la mayoría de los ciudadanos expresaba. Sin embargo, aquella mala costumbre ha pervivido entre nosotros durante más de tres décadas.

La figura del decreto ley es una desviación del principio de separación de poderes que inspiró desde sus orígenes la creación de las democracias, pero muchas de ellas la recogen en sus respectivas constituciones, si bien de manera específicamente tasada. La Constitución española de 1978, en su artículo 86, dice que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán las formas de decretos leyes» y que no podrán afectar a una serie de temas, entre los que destacan los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.

Pese a semejantes limitaciones, los Gobiernos democráticos, sin distinción de ideologías, han recurrido con abundancia al ejercicio de esta práctica, amparados por una lamentable sentencia del Tribunal Constitucional que en 1983 depositaba en el propio Ejecutivo la responsabilidad de establecer las circunstancias de urgencia y necesidad que justifican una medida concreta de ese género, pues es «una decisión política que sólo al Gobierno -con el control parlamentario- compete».

El caso es que durante los más de 30 años de democracia los Gobiernos han hecho uso y abuso de su facultad de dictar decretos leyes para las cuestiones más variadas. Los frecuentes avisos de eminentes constitucionalistas respecto a los peligros que semejante práctica encierra para el sistema democrático han sido constantemente desoídos, incluso después de que en 2007 el Constitucional emitiera una sentencia en donde establecía que un decreto ley del Gobierno de Aznar (promulgado en 2002) sobre el sistema de protección por desempleo no se atenía a las razones de urgencia requeridas por la Constitución.

Puede entenderse que durante la Transición, los Gobiernos de Suárez y de Felipe González acudieran a esta figura legislativa con más frecuencia de la deseable: se trataba de construir la democracia y de hacerlo de manera efectiva y rápida. Muchas decisiones políticas de capital importancia se tomaron así por decreto, pero el abuso de semejante sistema una vez normalizado el régimen de libertades es, desde cualquier punto de vista, un exceso incompatible con el sedicente talante democrático que pregonan nuestros gobernantes. Hace poco más de un par de años el profesor Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, alertaba sobre estas circunstancias en un artículo publicado en EL PAÍS. «Es importante», decía, «que la jurisdicción constitucional (…) fiscalice los límites (…) al ejercicio de la legislación de urgencia (…) Está en juego la división de poderes, porque el Gobierno no puede arrogarse cuando y como quiera funciones que corresponden al Parlamento. Y eso es lo que ocurre cuando (…) el Ejecutivo no justificó razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad».

Estas reflexiones, aparentemente teóricas, mucho tienen que ver con el abuso gubernamental perpetrado el pasado 13 de agosto cuando el Gabinete aprobó por decreto ley la implantación del sistema de pago en la Televisión Digital Terrestre. La razón de la urgencia que el decreto exhibe -el impulso a la antenización de los hogares- es tan peregrina que merece incorporarse al museo del arbitrismo de nuestros Gobiernos, ya colmado de ocurrencias como los famosos descodificadores simulcrypt de Arias-Salgado o el regalo de las bombillas de bajo consumo por parte de Sebastián. La ideología no es ninguna frontera para la incompetencia. Tampoco para la corrupción. La sospecha de que la verdadera urgencia para la aprobación del decreto ley es favorecer los intereses de una empresa cuyos propietarios están ligados por lazos de amistad al poder ha sido sugerida incluso por aquellos que han aplaudido la medida. Gobernar para los amigos desdice de la transparencia exigible a cualquiera; hacerlo mediante un procedimiento excepcional supone un motivo más de preocupación para los votantes que creen en la moralidad de las propuestas de los políticos.

Aunque estamos acostumbrados a la inquina de algunos de nuestros competidores, pienso que no está de más hacer una breve aclaración respecto a cuál es la postura en este punto del grupo de comunicación que dirijo (editor, entre otras cosas, de EL PAÍS) y a qué se debe nuestra oposición al decreto ley. Nuestra empresa ha defendido siempre, y continúa haciéndolo, la existencia de la TDT de pago, entre otras cosas porque somos un operador relevante de esta modalidad de televisión que, contra lo que dicen interesada y engañosamente algunos comentaristas, para nada es pasto del monopolio: junto a Digital + existen otras ofertas como las de Ono e Imagenio, amén de un número considerable de cableoperadores, que en su conjunto reúnen más de un millón de abonados y que van a verse afectados muy negativamente por la decisión precipitada e irresponsable del Gobierno. La TDT de pago es, desde luego, una oportunidad más para nuestra empresa, pero estimamos que el panorama audiovisual español ha sido manoseado hasta la obscenidad por este Gobierno mediante medidas parciales y caprichosas. Por eso apoyamos desde el primer momento el anteproyecto de ley audiovisual que el Ejecutivo conoció hace semanas -y que incluye la modalidad de pago para la TDT-, por entender que se trataba de ordenar, por fin, con acierto y oportunidad el sector audiovisual de nuestro país. La nueva chapuza propiciada por el ministro de Industria no conseguirá probablemente ninguno de los objetivos que declara, ni siquiera algunos de los que no hace explícitos, como facilitar la implantación inmediata y fulgurante de una nueva cadena de pago. Pero ha logrado introducir tal ruido en el mercado, tal confusión entre los consumidores, tal desigualdad entre los operadores y tal preocupación entre los fabricantes de equipos que cabe preguntarse por cuáles son las razones verdaderas que el Gobierno y su presidente han tenido para tomar una medida así.

Pues éste es el verdadero meollo de la cuestión, y no la TDT de pago con la que, insisto, mi empresa y yo estamos absolutamente de acuerdo, lo mismo que con la apertura a la competencia, de la que somos fervientes partidarios siempre y cuando se haga de manera transparente y leal. De lo que se trata no es de nada de eso, sino de la utilización arbitraria e inmoral de procedimientos legislativos de urgencia para satisfacer los deseos, las manías y las ensoñaciones del mando. Es la calidad del impulso democrático de nuestros gobernantes lo que está en entredicho, su respeto a la división de poderes. En contra de lo que declarara en su día Alfonso Guerra, Montesquieu no ha muerto, como no sea en los predios de la actual Venezuela y países semejantes, y es obligación de todo demócrata velar por su supervivencia.

Este país tiene una deuda de gratitud con los primeros Gobiernos de la Transición, los de Adolfo Suárez y Felipe González, que lograron implantar y solidificar la democracia. La grandeza de aquellos presidentes, al margen de los errores que cometieran, reside en que fueron capaces de unir al país en un esfuerzo común de solidaridad y construcción del porvenir. Desde que la derecha se echara al monte de la mano de Aznar, sólo asistimos a políticas de división y enfrentamiento, incluso en momentos tan delicados y difíciles como los de la actual crisis económica. Gobernar a golpe de decreto en cuestiones que no son urgentes ni graves, excepcionales o imprevisibles (para utilizar los adjetivos que el profesor Marc Carrillo entiende justificarían una decisión así) es una demostración de desconfianza y recelo frente a la soberanía popular, representada en el Parlamento. Ningún demócrata que se precie de serlo puede pasar por alto semejante desatino.

La gestión de la crisis económica por parte del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en ocasiones con mensajes contradictorios o medidas poco explicadas, está originando desconcierto en el PSOE y distorsiones en el propio Gobierno. Así lo reconocen diversos dirigentes socialistas, que se muestran preocupados por el desgaste que sufre el partido en el poder. «No hay confrontación ni fractura», confiesa uno de ellos, «pero sí se habla entre nosotros del desasosiego que produce ver la improvisación y las dudas ante la crisis». La anunciada subida de impuestos, salpicada de incoherencias y titubeos, es un ejemplo que citan al comentar decisiones no discutidas previamente porque «Zapatero toma cada vez más decisiones en clave absolutamente personal». Destacan al respecto que no hay debate interno ni en el Ejecutivo ni en el PSOE, donde nadie se atreve a levantar la voz. Ex ministros y dirigentes con opinión propia, como Jordi Sevilla, Pedro Solbes o Ramón Jáuregui se han alejado del proyecto y otros se plantean hacerlo en breve.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, atraviesa uno de los momentos políticos más difíciles desde su llegada a La Moncloa. Si hasta ahora los electores y los miembros de su propio partido habían pasado por alto los modos presidencialistas exhibidos en el nombramiento del Ejecutivo y en la toma de decisiones, la creciente sensación de que Zapatero actúa con imprevisión y ligereza frente a una de las crisis económicas más graves de la historia está comenzando a pasarle factura. A lo largo del último año, las encuestas muestran el desapego de sectores cada vez más amplios de votantes socialistas, desencantados con los titubeos y las contradicciones en asuntos particularmente sensibles para la izquierda y que el propio Ejecutivo había enarbolado para colocar a la oposición entre la espada y la pared. Entre otros, la memoria histórica, las relaciones entre la Iglesia y el Estado o la política exterior basada en principios éticos.

Gestionar el desgaste no resulta fácil para ningún dirigente político. En el caso de Zapatero, la tarea se complica aún más porque el ascendiente sobre su partido no se basa en la determinación y el acierto a la hora de dirigir un proyecto claramente formulado, sino en prometer (y lograr) victorias electorales a cambio de que se acaten sus criterios cambiantes en función de cada coyuntura. Si, como viene sucediendo desde el principio de la crisis económica, surgen dudas acerca de que esas victorias electorales puedan repetirse, es entonces su peculiar manera de ejercer el liderazgo lo que pierde fundamento y, por tanto, lo que queda en entredicho.

Es seguramente ahí donde habría que buscar una de las principales causas del malestar que empieza a cundir en las filas socialistas; un malestar multiplicado por el hecho de que la actual dirección ha desmantelado los espacios orgánicos en los que debía desarrollarse el debate interno. Los dirigentes socialistas que discrepan del imprevisible contorsionismo desarrollado por el jefe del Ejecutivo no están teniendo, así, otro camino que el silencio resignado o el abandono de la política. En una sola semana, tres ex ministros han dejado su escaño y es previsible que otros lo hagan próximamente. Consciente de esta situación -que, sin embargo, se sigue negando-, Zapatero encara la reunión del comité federal del partido el próximo fin de semana. Es posible que consiga suscitar un cierre de filas en torno a su figura; pero si es a costa de aplazar los debates reales, será un paso en falso.

Como jefe de Gobierno, Zapatero ha querido actuar con los mismos criterios que como jefe de partido. El nombramiento de ministros no ha obedecido a razones políticas identificables, ni su cese. Y una vez en el cargo no se les ha reconocido una competencia exclusiva sobre su departamento, sino que han visto constantemente zapada su labor por las intervenciones de un presidente que los puentea y los desautoriza sin reparar en el coste político e institucional que esta forma de actuar representa para el máximo órgano de dirección política del país. Solbes no es el único que ha sufrido este desgaste, pero sí constituye el caso más grave por la importancia del cargo.

Competencias relevantes como Universidades, claves para el nuevo modelo productivo que proclama el Gobierno, han transitado sin motivos de peso entre varios ministerios, igual que Asuntos Sociales. Los titulares de Industria y de Ciencia se han disputado otras competencias y se han dado hasta codazos en organismos internacionales. Vivienda se creó contra la burbuja inmobiliaria, pero se ha mantenido con los precios de los pisos a la baja. Y, desde el punto de vista formal y contra toda lógica institucional, el propio presidente es responsable de Deportes.

Si el Gobierno que preside Zapatero desea alejarse de la pendiente por la que se está precipitando y asegurar su continuidad, y, lo que es más importante, liderar la recuperación económica y no la marcha hacia el abismo, es preciso un cambio. Pero no sólo de unas políticas que no se sabe bien del todo en qué consisten, sino de una forma de decidirlas y ejecutarlas que está alcanzando unos niveles de confusión sin precedentes, especialmente en asuntos de tanta trascendencia como la lucha contra una crisis que nos acompañará aún mucho tiempo.

En nuestra vida política hay sin duda muchos aciertos. En el Gobierno, señalaría la política social, el apoyo a los más débiles y la política internacional, con una creciente presencia de nuestro país y del presidente en el exterior. Sin duda es una obra colectiva, pero con un protagonismo especial de la política discreta y paciente del ministro Moratinos. En el Partido Popular ha sido un indudable acierto su apoyo generoso y abierto para favorecer la existencia del Gobierno constitucionalista de Patxi López. Junto a esas valoraciones positivas como ejemplo de lo bueno de la política española, hay errores y engaños que ensombrecen y debilitan las buenas actuaciones.

Si empezamos por un elenco de esos posibles fallos, podríamos enumerar algunos muy significativos y relevantes. Empiezo por el desprecio a la legalidad de grupos políticos catalanes, excepto el PP, que amenazan y desautorizan a priori el resultado que produzca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Cataluña, demostrando una inmadurez, una ignorancia, una falta de rigor e incluso una tendencia a la prevaricación que les descalifica. Su desprecio al Alto Tribunal es un desprecio a las reglas del juego limpio, e ignorancia y mala fe sobre nuestro sistema constitucional. Beneficiarse de él cuando creen que favorece y descalificarlo cuando creen que perjudica es mezquino y expresa una falta de rigor y de grandeza.

Del lado del PP es insólita su huida hacia delante lanzando improperios y acusaciones gravísimas e infundadas, porque no aparece intención de probarlas ni de presentar pruebas que las fundamenten. Es un gratuito «¡Viva Cartagena!» que convierte a sus dirigentes en lanzadores de palabras sin sentido, al usar el lenguaje más allá de los límites en los que es significativo. Wittgenstein, en sus Philosophical Investigations, identificará certeramente esos comportamientos en los que el lenguaje «se va de vacaciones y empieza a operar locamente, como una turbina que girase en el aire fuera de sus engranajes».

Así veo intervenciones como las de la señora Cospedal y el señor Arenas y, lo que es más grave, ratificadas por el señor Rajoy. Lanzar «la lengua a paseo» es irresponsable: expresa una categoría ínfima y poca grandeza. Es la patología del «fiat iustitia et pereat mundus», es no valorar las consecuencias ni los daños que producen esos catastrofismos proféticos fuera de cualquier racionalidad. No irán muy lejos por ese camino ni contribuirán a ocultar los numerosos casos de corrupción que les afectan.

En el debe de los socialistas están, a mi juicio, unas valoraciones muy desacertadas e inexactas del ministro de Justicia, que me gustaría atribuir más a despiste que a ignorancia, casi imposible en un profesor de Derecho Constitucional como Francisco Caamaño. Me sorprendió que dijera, en declaraciones veraniegas a la prensa, que la no participación de médicos u otros facultativos en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo, no podía ser objeción de conciencia sino desobediencia civil, y que el reconocimiento de una objeción de conciencia sólo puede provenir de la Constitución o de la ley, supongo que se refería a ley orgánica.

Reconozco que me desconcertaron afirmaciones tan categóricas y al tiempo tan faltas de fundamento. No puede desconocer que en la despenalización del aborto vigente (por la aprobación de un nuevo artículo bis del Código Penal) no la ley, pero sí el último fundamento jurídico de la sentencia que resolvió el recurso de 50 parlamentarios del PP, reconoció la objeción de conciencia de médicos y otros sanitarios que se negasen a intervenir en el proceso. Esta excusa para no obedecer una obligación general está vigente y se aplica con normalidad. Igualmente sorprendente fue la afirmación de que sólo la Constitución y la ley podían crear la objeción de conciencia, cuando hemos visto que el mismo caso desmiente su afirmación y señala una laguna, producto de un olvido o de un desconocimiento.

En ambos casos me inquieta la situación, que extiendo a otros problemas referentes al mismo proyecto. Por un lado me gustaría que no se consumase el error de evitar la consulta (no la autorización) a los padres, que ayudaría a impedir tensiones e incomunicaciones familiares innecesarias. Por otro lado, si el desconocimiento de la sentencia señalada es más general, me inquieta que en ella se reconocieran derechos al nasciturus y que no se haya pensado en solucionar el tema en una ley de plazos, donde en el periodo general de autorización para interrumpir el embarazo quedarían en suspenso y sin efecto los «derechos del nasciturus».

Además, parece que el ministro de Justicia, en su anterior condición, negoció la reforma del Estatuto Catalán, aunque bajo el criterio presidencial de que «lo que aprobéis en Cataluña lo aprobaremos en Madrid». Como este tema tiene sus claroscuros y sus interpretaciones pluriformes, quizás debieron cuidarse más los temas de constitucionalidad en origen, para evitar que quede mucho tajo para el Tribunal Constitucional.

En la preferencia del presidente del Gobierno de la juventud sobre la experiencia, está quizás el error más de fondo que ha podido propiciar estos lodos. Exilios externos como los de Jáuregui o López Aguilar, o internos como el de Jesús Quijano o Caldera, tienen sin duda mucho que ver con la bisoñez con la que se toman algunas decisiones.