El Gobierno Zapatero designa a Miguel Ángel Fernández Ordoñez (MAFO) nuevo Gobernador del Banco de España

El Gobierno de Zapatero no cree en la independencia de los órganos reguladores o supervisores de la economía. No es una frase hecha sino una realidad que se puede constatar empíricamente por su política de nombramientos. Montilla situó a su amiga Maite Costa al frente de la Comisión Nacional de la Energía, Solbes nombró a Luis Berenguer, viejo militante socialista, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y el Gobierno optó por Manuel Conthe, antiguo colaborador de Solchaga, para presidir la CNMV.

El Gobierno pretende repetir ahora la misma jugada con el Banco de España cuando el mandato de Jaime Caruana llegue a su término en junio próximo. La persona elegida por Zapatero y Solbes es Miguel Angel Fernández Ordóñez, actual secretario de Estado de Hacienda.

Según informó ayer oficialmente el Ministerio de Economía, Fernández Ordóñez será propuesto como consejero del Banco de España en sustitución de Julio Segura, que lleva doce años en la entidad.Segura, economista de reconocido prestigio, era uno de los candidatos con más posibilidades de relevar a Caruana. El nombramiento de Fernández Ordóñez, que abandona su cargo en Hacienda, sólo se puede interpretar, pues, como un paso previo para colocarle al frente del Banco de España dentro de tres meses.

Nada se puede objetar a los conocimientos y la experiencia de Fernández Ordóñez, con una larga trayectoria en la Administración, pero carece del perfil idóneo para ser designado gobernador del Banco de España.

Desde la Ley de Autonomía de 1994, el Banco de España es un órgano independiente del Gobierno a todos los efectos. Los dos anteriores gobernadores, Luis Angel Rojo y Jaime Caruana. habían sido pactados entre el PSOE y el PP y tenían un perfil eminentemente técnico.No es el caso de Miguel Angel Fernández Ordóñez, que es el actual número dos de Solbes.

Si lo que el Gobierno pretende es colocar un hombre de total confianza al frente de la institución, no hay duda de que Fernández Ordóñez es la mejor elección. Si lo que quiere es mantener la independencia y el espíritu con el que ha venido funcionando estos últimos diez años, se va a equivocar de persona.

Aunque el Banco de España ha perdido sus competencias en materia de política monetaria, cedidas al BCE, sigue manteniendo las funciones de vigilancia e inspección del sistema financiero, lo cual es un arma formidable de poder. Y sus estudios e informes, en los que se evalúa en muchas ocasiones la política del Ejecutivo, son una referencia indispensable en la economía española.

Da la impresión de que el Gobierno está a punto de caer en la tentación de colocar a una persona fiel y muy vinculada a Solbes al frente del Banco de España. De ser así, quedaría de manifiesto que Zapatero no quiere ningún tipo de contrapeso que pueda cuestionar sus decisiones ni instituciones que operen al margen de sus dictados.

Pocas trayectorias profesionales al servicio de la función pública pueden exhibir una hoja de servicios como la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hoy secretario de Estado de Hacienda y, probablemente, a partir de julio de este año, gobernador del Banco de España. Si finalmente es nombrado para este cargo en julio, resultaría difícil objetar su currículum o la pertinencia de su perfil, personal o público, que, con muy breves paréntesis temporales, responde a la idea cabal de un servidor del Estado.

La reacción esquinada del PP sostiene que el nombramiento casi anunciado de Fernández Ordóñez mancilla la deseada independencia de la autoridad bancaria y monetaria española, puesto que ocupa hoy un cargo importante en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El argumento, esgrimido con la tosquedad propia y habitual del diputado Vicente Martínez Pujalte, desprecia el probado carácter independiente del candidato, su demostrada autonomía intelectual respecto a los Gobiernos que le nombraron -son públicas sus arraigadas posiciones liberales, bien opuestas a la ideología mayoritaria en el PSOE- y su evidente competencia profesional para ocupar el puesto. Si el PP considera que la calidad de cargo público imprime carácter e impide el servicio en un organismo regulador independiente, bien podría haber caído en ello cuando designó gobernador en julio de 2000 a Jaime Caruana, que ocupó la dirección general del Tesoro en el ministerio de Rodrigo Rato.

No parece excesivo conceder al menos el beneficio de la duda a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, entender que se ganará la confianza del sistema financiero y que velará por la solvencia de bancos y cajas, y mantendrá ese nivel de crítica prudente y razonable a la política económica del Gobierno cuando sea necesario. Exactamente como lo han hecho los gobernadores anteriores, gracias a cuya gestión se convirtieron en firme referencia analítica para inversores, economistas y consumidores. El PP y quienes discuten hoy la figura del próximo gobernador deberían tener más y mejores razones para oponerse a su candidatura.

Este país aún llamado España se ha convertido en un puro sobresalto. Andaba Antonio Brufau relajado, todavía paladeando el triunfo del Barça sobre el Chelsea, cogiendo aliento tras la ronda efectuada por sus posesiones latinoamericanas, cuando a medio día del jueves le llaman espantados desde la sede de Repsol YPF en Bolivia, donde un Garzón cualquiera quería llevarse presos a dos directivos de la firma acusados de contrabando de petróleo. «No sé de qué me estás hablando, mi hermano», le contestó desde La Paz el ministro de Hidrocarburos, «me voy a enterar y te digo algo». Brufau llamó a continuación a Zapatero, y toda la maquinaria de La Moncloa se puso a trabajar, hasta el punto de que Bernardino León, el secretario de Estado que comprometió todo tipo de apoyos al todavía candidato Evo Morales, proclamó urbi et orbi «la enorme preocupación para España» causada por el incidente, declaración de gran potencia enfadada con una iniciativa poco afortunada tomada en una de sus colonias.

En la España sobresaltada en que vivimos las patronales catalana y vasca han hecho como que se llevaban las manos a la cabeza a cuenta de la irrupción en escena de José María Cuevas, éramos pocos y parió la abuela, hablando de una «OPA a la catalana», es decir amarrona, corta, medrosa, que todo eso es la cutreopa de Gas Natural sobre Endesa. Cuevas, tal vez una cuestión de edad, parece no haberse dado cuenta de lo que ha cambiado este país, para mal, en los últimos tiempos. La España que se reía de sus propias miserias, capaz de hacer chistes con el tópico del gallego triste, el catalán pesetero o el andaluz vaguete, ahora se escandaliza por nada, se ha vuelto pusilánime, mandria, pendeja, cohibida, triste, gris. País que se ofusca por nada.Cada día es más difícil hablar con libertad. No es posible abrir la boca sin ofender a alguien. Julio César se quejaba de que había tantos dioses en el Panteón romano que no era posible adorar a uno sin enseñar el culo a otro, con el consiguiente escándalo del preterido. Sin haber abdicado del sentimiento trágico de la vida, los españoles han perdido en este viaje el sentido del humor.

En la España de la dulce sonrisa y el amañado talante de nuestro prodigioso Zapatero, la epidermis de algunos se ha vuelto tan fina que es capaz de transformar en insulto el más leve reproche.Un diputado del PSOE acusa a otro del PP de mentir y el aludido se rasga las vestiduras diciendo que le han insultado gravemente.Alguien dijo que el castellano o español, junto con el húngaro, es el idioma más apropiado a la hora del insulto. Insultos y juramentos de una brutalidad cegadora. El PSOE acaba de publicar un insultario con los supuestos pecados del PP en la materia.Rubalcaba y sus chicos no saben cómo podía jurar en mi pueblo palentino un agostero cuando su carro cargado de nías entornaba a pleno sol. Particularmente susceptibles en este punto se han vuelto los nacionalistas catalanes. Pueden decir de todo a quienes en la propia Cataluña se siguen sintiendo españoles, pero a ellos no se les puede hablar de una «OPA a la catalana» porque se ofenden mucho. ¡Vayan a freír gárgaras!

No sobresaltado, pero sí perplejo, sigue Isidro Fainé, esperando una respuesta que no llega de Mariano Rajoy a la oferta (los tres folios, por cierto, redactados por Antonio Brufau, un hombre que está soportando más lanzadas de las que merece) que le hiciera en su casa, con merienda-cena incluida, en la noche del domingo 26 de febrero, tratando de buscar una salida española al lío de las OPA eléctricas, metiendo en solución al PP. Don Mariano («perdona que te lo diga con esta crudeza, pero en el partido se os visualiza ahora como una caja totalmente controlada por el tripartito») no dijo que no, pero pidió unos días para madurar la respuesta. Obligado a afinar en sus análisis si no quiere estrellarse en las urnas de 2008, Rajoy ha dicho no a través de la prensa, pero sigue sin llamar a Fainé, y dicen en la Diagonal que no puede aceptar una oferta que le ayudaría a salir de alguno de los callejones en que le ha metido gente insensata, porque es prisionero de un franquito Aznar cada día más activo en el PP.

Sobresalto el que se llevó Miguel Sebastián cuando se enteró del golpe de mano que pretendía efectuar Pedro Solbes nombrando a Miguel Angel Fernández Ordóñez (el famoso Mafo) como futuro gobernador del Banco de España, antes de que se le adelantara el propio Sebastián imponiendo a su candidato. Cuentan los mentideros que para que el dulce Zapatero le concediera esta victoria, el señor vicepresidente, cada día más displicentemente cuestionado en el mundo económico, tuvo que amagar con la dimisión, existe una bicefalia demasiado evidente en la conducción de la economía, no se me consultan los temas importantes, estoy cansado, pero Rodríguez le dijo que no, no es el momento, no puedes causarme tal destrozo, tienes que aguantar, ¿qué podemos hacer para mejorar tu situación?

La respuesta es la entrada de Mafo en el Banco de España, según acuerdo del Consejo de Ministros del viernes. Una iniciativa que supone un trágala en toda regla para el Partido Popular, en tanto en cuanto hace añicos el consenso entre el partido del Gobierno y la oposición alcanzado en los dos últimos relevos al frente del antiguo banco emisor. San Pedro Solbes llama entonces conciliador a la puerta de Génova y se excusa, es verdad, tenéis razón, pero podría haber sido peor, si me aceptáis la candidatura del Mafo yo me comprometo a mantener el pacto y a permitir que nombréis al subgobernador, como se había venido haciendo hasta que el Zapatero del dulce talante, el que iba a llevar al Parlamento los nombramientos de los organismos de control, ha arramblado con la mínima tradición de pacto existente en el Banco de España, y no está nada claro que al PP le vayan a dejar meter la cuchara, porque Sebastián no ha dicho la última palabra y bien podría tratar de imponer a alguien de su cuerda como subgobernador.

Adiós autonomía del Banco de España. Jamás un candidato con un perfil político tan claro, tan de partido, había ocupado el sillón del palacio de Alcalá-Cibeles. El propio Solbes rechazó en su día a Luis Gámir por haber sido ministro de la UCD, y otro tanto hizo Rato con Eguiagaray. Se trata de un retiro dorado para alguien que ha sido tres veces secretario de Estado y que estaba condenado a no ser ministro jamás, ya es mala suerte, ya es cosa injusta teniendo en cuenta la capacidad intelectual de buena parte del ganao que hoy sienta sus posaderas en el Consejo de Ministros, de modo que para Mafo, un hombre de Prisa, un servidor de Polanco (¡Jesús, colócanos a todos!), el Banco de España, convertido ahora en una patronal bancaria al servicio de Botín, González et altri, es algo así como un premio de consolación.

Jubilación de oro y signo de involución para quienes, en plena orgía nacionalista, venimos clamando en el desierto de la necesidad de democratizar nuestras instituciones y mejorar, en suma, la calidad de nuestra democracia. Tan inteligente y divertido como sectario, en opinión de quienes le conocen, el Mafo es esa clase de apparátchik de sólida formación que sabe lo que, desde un punto de vista técnico, habría que hacer con la reforma del IRPF, por ejemplo, para hacer frente a los desequilibrios de nuestra economía, pero que no lo hace acogiéndose al principio de la obediencia debida. Un personaje capaz, por tanto, de traicionar los principios asentados en su ideario desde su paso por el FMI si se lo pide el partido.

A pesar de que el Consejo de Ministros del viernes atenuó el proyecto de reforma del IRPF salido de la Secretaría de Estado de Mafo, estamos ante un recetario que conjuga medidas penalizadoras del ahorro a largo plazo con actuaciones destinadas a favorecer la especulación a corto, justo lo contrario de lo que demanda una economía sobreendeudada, con tipos de interés al alza y activos disparados en precio. Ello por no hablar del impuesto de sociedades.De modo que desde la atalaya de Cibeles, el Mafo va a tener ocasión de presenciar en primera fila las consecuencias que para la economía van a tener las decisiones por él adoptadas con criterio de político bien mandado. Verá eso y mucho más, tal que la crisis de las cajas, que llegará. En el BBVA, a pesar de todo, respiran aliviados: podía haber sido peor.

Todos los organismos reguladores deben ser preservados del riesgo de politización. El Banco de España con mayor razón, puesto que la solvencia de las entidades financieras afecta indirecta, pero intensamente, al resto de las actividades económicas españolas. En contra de esta prudente apreciación, el PP mantiene una oposición pertinaz -casi hostilidad- al nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España -en sustitución de Jaime Caruana, cuyo mandato expira a mediados de julio- y, al mismo tiempo, propone como subgobernador a uno de los actuales consejeros del banco, José María Marín Quemada, en uso de la supuesta práctica de consenso según la cual el Gobierno propone el nombre del gobernador y la oposición contribuye a la formación del equipo de dirección con el nombre de un subgobernador.

La respuesta del vicepresidente Pedro Solbes, que ayer confirmó el nombramiento de Fernández Ordóñez en el Congreso, fue contundente: el subgobernador propuesto por el PP ni siquiera se considerará mientras la oposición no acepte la designación del gobernador. El PP rechaza a Fernández Ordóñez porque tiene carné del PSOE y ha sido secretario de Estado de Hacienda con Pedro Solbes. También fue secretario de Estado de Economía y de Comercio con otros Gobiernos socialistas, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. El PP hace abstracción de los méritos del candidato del Gobierno para centrarse exclusivamente en la supuesta falta de independencia del nuevo gobernador.

Si la objeción se fundamenta en el carné del PSOE del candidato Fernández Ordóñez, ya debería saber Mariano Rajoy que existen abundantes casos de profesionales con carné político que desempeñaron sus responsabilidades con feroz independencia frente al poder; y, por el contrario, están registrados ejemplos numerosos de gestores sin carné que ejercieron sus funciones con sumisión a los ministros de turno. Bien lo sabe el PP, porque durante sus Gobiernos se recuerdan reguladores presuntamente independientes que en todo momento actuaron a las órdenes del Ejecutivo.

La oposición del PP sólo puede explicarse como un deseo de obstaculizar la sustitución normal del gobernador actual. Refuerza la tesis obstruccionista el hecho de que el PP se niegue a entender que el consenso para el nombramiento de gobernador y subgobernador exige que ambos sean aceptados por el PSOE y el PP; en ningún caso cabe que la oposición acepte a uno y rechace al otro. Por tanto, hace bien el vicepresidente Solbes en advertir de que, si no hay acuerdo sobre Fernández Ordóñez, el nuevo gobernador nombrará al próximo subgobernador sin atender sugerencias. El cambio resultará mejor aún si el subgobernador surge de entre los competentes directores generales del banco. Así no se politizará la institución, como desinteresadamente desea Rajoy.

Dicen que la planta noble del Banco de España en la plaza de Cibeles ha sido protagonista en las últimas semanas de un espectáculo insólito, digno de la España descoyuntada que vivimos, donde toda desmesura es posible mientras el sentido común se bate en retirada. Porque mientras el gobernador Jaime Caruana, tan limitadito él, se dedicaba en su egregio despacho a hacer solitarios, diversión favorita de la reina Victoria de Inglaterra, cuatro puertas más allá banqueros de rumbo y presidentes de cajas hacían cola para ser recibidos por el aspirante al cargo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el famoso Mafo, ex secretario de Estado de Economía y Presupuestos hasta antes de ayer, todo el valiente ejército del dinero dispuesto a acudir en ayuda del vencedor, presto a elogiar al nominado y ponerse a sus órdenes, faltaría más, que las circunstancias mandan.

Parece que los únicos que no se habían enterado de que Mafo había sido nombrado consejero para, a renglón seguido, sustituir al feble Caruana como gobernador han sido los del PP, a juzgar por su reacción, porque en Cibeles todo el mundo lo tenía claro desde que asistieran al espectáculo de ver al intrépido Mafo, en la primera reunión del Consejo a la que tuvo ocasión de acudir, entrar resuelto en la sala y, sin preguntar a nadie, sentarse a la izquierda del mandamás. Asombra por eso la sorpresa del PP, que denota la lentitud en la capacidad de reacción propia de los viejos coches de gasóleo. El caso es que Pedro Solbes ha hecho saltar por los aires el pacto que el Gobierno y el primer partido de la oposición venían manteniendo desde que entrara en vigor la Ley de Autonomía del Banco de España, al imponer un gobernador con carné del PSOE en la boca como Mafo, y al privar a la oposición de la posibilidad de nombrar al segundo de a bordo.

El rifirrafe, entre otras muchas cosas, ha servido para poner al descubierto la verdadera catadura de un tipo que pasa por ser un dechado de bonhomía, don Pedro Solbes, ya saben, «si no fuera por mí, qué barbaridades no harían estos con la Economía» y esas cosas. El señor del temple y el consenso, que en 1996 aseguraba solemnemente que no era bueno nombrar a políticos al frente de los organismos de control, «porque ¿quién va a creer en la independencia de alguien que deja la ejecutiva de su partido para ocupar un puesto en el banco?», se ha agarrado un berrinche de no te menees a cuenta de la oposición frontal del PP a aceptar como gobernador a un personaje tan radicalmente político como Mafo, un economista cuyos obvios conocimientos de la materia no consigue mitigar un ápice su agudo grado de sectarismo ideológico hacia todo lo que lleve el marchamo de socialista.

Pero si el currículo de Mafo -tan apto, por otra parte, para la función de editorialista de El País y comentarista de la Ser- no es el más adecuado para el cargo, ha sido peor el procedimiento seguido para nombrarlo. Cuando en la primavera del 2000 el Gobierno Aznar optó por Caruana, Rato pidió la aquiescencia del PSOE antes de filtrar su nombre a los medios, y algo parecido, pero al revés, ocurrió con el nombramiento del subgobernador, Gonzalo Gil, por parte del PSOE. Solbes ha acabado con este procedimiento de un plumazo. «Es que tuvimos que sacar a Mafo para evitar que Sebastián nos colara a alguien de su cuerda», dice don Pedro. En la estrategia de medias verdades y mentiras descaradas en la que este Gobierno es experto, la Moncloa ha llegado a filtrar que el problema residía en Génova y Arias Cañete, porque ellos ya habían llegado a un acuerdo con Rato para nombrar subgobernador a José María Roldán.

La ruptura del consenso es vista por mucha gente sensata del mundo financiero como «una desgracia», porque, quien más quien menos, todo el mundo, incluidos bancos y cajas, se habían amoldado a esa fórmula mixta de nombramientos en la cúpula que se había demostrado eficaz para mantener la independencia de una institución, miembro, no conviene olvidarlo, de la red de bancos centrales europeos, lejos del desprestigio al que la manipulación del Gobierno ZP ha llevado a la CNE o a la CNMV, por citar dos casos de organismos de control que el presidente Zapatero prometió despolitizar, hasta el punto de incluirlo en el programa de gobierno del PSOE.

El trágala que el Gobierno ha impuesto al PP en este asunto supone un golpe muy duro para la credibilidad del organismo. Porque es verdad que la política monetaria la hace el BCE, pero el Banco de España forma parte de ese club, y por lo tanto contribuye a delimitar no sólo la política monetaria de España, sino también la de Alemania. ¿Quién va a creer ahora en los informes de la institución pública sobre la economía española? Si Mafo critica la política fiscal del Gobierno, cosa que a no dudar hará con profusión, Ejecutivo y PSOE sabrán que lo hace para alardear de independencia pero no le creerán, y obviamente lo mismo hará el PP. Perfil tan descaradamente político como el suyo priva al gobernador de eso que los ingleses llaman «la persuasión moral», es decir, la capacidad para, desde la independencia y la solidez de los argumentos técnicos, convencer al Gobierno de turno de la necesidad de cambiar de política por el bien de todos, cosa que, dados los derroteros en que está instalada la economía española, podría verse en la tesitura de realizar en breve plazo.

La explicación, made in Solbes, según la cual la necesidad de un gobernador político viene obligada por las fusiones bancarias que se avecinan, ha dejado a más de uno temblando, empezando por Francisco González. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado con el asalto al BBVA de haber contado Abelló, Rivero y compañía con un gobernador semejante? ¿Nos anuncia el señor ministro la aparición de nuevas operaciones al estilo de la OPA de Gas Natural? ¿Qué va a pasar con la condonación de las deudas a los partidos? ¿Y qué clase de ensalada no aliñará Mafo, en ayuda de Manolo Chaves, con las cajas andaluzas? Los ejemplos para la alarma podrían ser infinitos. Los más avisados, con todo, sugieren que el personaje, bastante más listo que Solbes, se encargará de nombrar subgobernador a un hombre del PP para cubrirse las espaldas, para hacer a la oposición corresponsable de cualquier eventual desastre que pueda ocurrirle a la institución. Lo contrario equivaldría a visualizar en el banco a un Mafo y un Mafito, una situación inimaginable desde el punto de vista de una democracia siquiera a la española.

Lo más llamativo de lo ocurrido en el Banco de España es que al Gobierno ZP le importa un bledo el escándalo. Cualquier arbitrariedad, ruptura de consenso o conculcación de la ley que no tenga un impacto electoral directo, le importa una higa. En el banco central y en la CNE, donde sea. El organismo regulador eléctrico vive días de zozobra a cuenta de la OPA de E.ON, con los vocales divididos según su adscripción PP o PSOE, y el propio ponente, el socialista Jorge Fabra, convencido de que no hay forma de justificar un «no» a la iniciativa alemana, por lo que al final, dicen que el próximo 17 de julio, será el voto de calidad de la presidenta Maite Costa, convertida en una simple comisaria política, la que incline el fiel de la balanza, a sabiendas de que Bruselas espera con la escopeta cargada.

Lo ocurrido esta semana con el Banco de España -como lo que está ocurriendo con la CNE y otros organismos de control- es un fiel reflejo del carácter de un Ejecutivo que ha abdicado de su obligación de gobernar en defensa de los intereses generales. El Gobierno Zapatero gobierna para media España, tal vez para el PSOE y sus votantes, aunque a menudo produce la impresión de que lo hace para una gran pandilla de amigos, una especie de gigantesca famiglia preocupada sobre todo por ocupar cualquier espacio de poder, permanecer en el poder, objetivo a cuya consecución se sacrifican los consensos que sean necesarios, en política y en economía, incluso el respeto a la propia Ley si es preciso, y de ahí la importancia que para el socialismo sigue teniendo el control de la Justicia. Estamos en definitiva, ante la descomposición de un sistema cuyo final parece imparable, entre otras cosas porque no se adivina nadie interesado en invertir la situación.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez tomó ayer posesión como gobernador del Banco de España, la máxima autoridad financiera española y, conviene recordarlo, uno de los 12 bancos que toman las decisiones monetarias en el Banco Central Europeo. Pocas dudas caben sobre su capacidad para gestionar el banco y nadie pondrá en cuestión que el nombramiento de José María Viñals como subgobernador refuerza la independencia de la institución y la aleja de las tentaciones políticas. Pero el PP se las ha apañado, una vez más, para abrir una trinchera de crispación política en lo que debería ser un ejercicio de responsabilidad institucional, poniendo en entredicho la idoneidad del nuevo gobernador y denunciando una pérfida ruptura del consenso que, en su opinión, era ley en los nombramientos de la autoridad bancaria.

Ambos argumentos son contradictorios. Sostiene Miguel Arias Cañete que Fernández Ordóñez es un hombre con carné del PSOE y, por tanto, rompe la tradición de independencia de los gobernadores. El PP sitúa la independencia de criterio y la autonomía de gestión en el hecho de que el gobernador tenga o no carné de un partido, aunque saben sus dirigentes que varios reguladores sin carné del PP nombrados en la etapa Aznar mostraron un servilismo sonrojante hacia las sugerencias del Ministerio de Economía. Desempeñe mejor o peor su tarea, es muy probable que Fernández Ordóñez exhiba y mantenga tanto su independencia del Gobierno como de otros poderes menos definidos. Maneja, además, el PP otro argumento condenatorio: el nuevo gobernador fue hasta marzo secretario de Estado de Hacienda y, por tanto, difícilmente podrá criticar la política económica que ayudó a elaborar. Lástima que no aplicara esta objeción en el caso de Jaime Caruana, director general del Tesoro antes que gobernador.

El PP parece entender el consenso como si el Ejecutivo nombrara al gobernador, y la oposición, al subgobernador. No hay tal. Puesto que el primero, como establece la ley, lo nombra el Rey a propuesta del jefe del Gobierno, es conveniente que el subgobernador sea una persona aceptada por ambas partes. Bien sabían Rajoy y Arias Cañete que el acuerdo sobre el segundo responsable del banco exigía su aquiescencia con la figura de Ordóñez.Pocas probabilidades hay de que el PP cambie de rumbo y apoye al nuevo gobernador. Y sin embargo lo necesita, porque la entidad tiene pendientes problemas de cierta consideración, entre ellos, y no precisamente menor, una nueva regulación para bancos y cajas de ahorro.