El Gobierno Zapatero sondea la posibilidad de prohibir los crucifijos y otros símbolos religiosos en colegios ante una solicitud del diputado Joan Tardà Coma (ERC)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid hizo pública la semana pasada una sentencia por la que ordenaba retirar los crucifijos de las aulas y los espacios comunes del colegio público Macías Picavea, en esa misma capital. La decisión judicial es resultado de una pugna mantenida desde 2005 entre un grupo de padres y el colegio, en la que también llegó a intervenir la Junta de Castilla y León concediendo la última palabra al consejo escolar del centro. El recurso de los padres se interpuso, de hecho, contra la resolución en la que el consejo acordó mantener los crucifijos.

La sentencia del juzgado de Valladolid es importante, por cuanto entra a dirimir el fondo del recurso planteado por los padres, y estima, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la presencia de esos símbolos es incompatible con los artículos 14 y 16.1 de la Carta Magna. Se trata de una decisión contra la que cabe recurso y que, por tanto, cualquiera de las partes tiene todo el derecho de plantear. No es, pues, «una indecencia», como afirmaron en un principio algunos de los padres que han obtenido esta sentencia favorable a sus demandas, por más que puedan, en efecto, solicitar del juez la retirada cautelar de los crucifijos. La misma ley que les ha amparado en este proceso rige también para sus contradictores, y es importante que la causa de la aconfesionalidad del Estado, para la que la sentencia del juzgado de Valladolid es una excelente noticia, prospere dentro del respeto escrupuloso a los procedimientos.

La Junta de Castilla y León ha acatado la sentencia, y estudia la posibilidad de recurrirla. No son de recibo, sin embargo, los argumentos empleados por destacados dirigentes del Partido Popular en el sentido de que la exigencia constitucional de aconfesionalidad está limitada por el reconocimiento del catolicismo como religión mayoritaria. Eso sería tanto como convertir la aconfesionalidad en una mera declaración sin consecuencias, al tiempo que da la vuelta a la exigencia democrática de respeto a las minorías, convirtiéndola en una suerte de privilegio de las mayorías. Cuestión diferente, y sin duda digna de debate, es en qué sentido se puede considerar mayoritario el catolicismo en la España de hoy.

Es de esperar que la sentencia del juzgado de Valladolid llegue a ser firme, bien porque nadie la recurra o bien porque, como parece previsible, sean escasas las posibilidades de que un eventual recurso prospere, vista la jurisprudencia del Constitucional. El principal valor de esta decisión judicial radica en que hace avanzar la exigencia de aconfesionalidad contenida en la Constitución, tantos años inexplicablemente postergada. Pero también es relevante que la haga avanzar tomando como único fundamento la ley, que obliga a creyentes y no creyentes por igual. El Gobierno hace bien, por tanto, evitando abrir un frente político donde sólo cabe atenerse al respeto de las normas.

El revuelo causado sobre todo en Italia, el Estado directamente afectado, y en los ámbitos católicos de Alemania, en especial en la región de Baviera, por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que declara incompatible con la libertad religiosa la presencia del crucifijo en la escuela pública no es desconocido en España. Recuerda la reacción suscitada hace un año por la sentencia de un juzgado de Valladolid, pendiente de recurso, que estableció, a demanda de un grupo de padres, la incompatibilidad de la presencia del crucifijo en las aulas y espacios comunes de la escuela pública con los artículos 14 y 16.1 de la Constitución.

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo adquiere, sin embargo, una relevancia especial. Marca la pauta a seguir en la interpretación de la legislación sobre derechos humanos que los Estados de la Unión Europea se han comprometido a respetar y frente a la que no caben interpretaciones jurisprudenciales internas o lecturas condicionadas a los intereses políticos o motivaciones ideológicas del Gobierno de turno. Tras la sentencia resultará difícil no abordar legislativamente la cuestión, de modo que siga siendo una batalla legal entre padres y jueces, como parece ser la intención del Gobierno español en la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa.

La reacción del Gobierno de Berlusconi a la sentencia hace temer que busque la forma de burlarla o de aplazar su cumplimiento, como sucedió en el caso de Eluana Englaro, prolongando la batalla legal librada por la demandante, una madre italiana de dos niños de 11 y 13 años, para que el Estado italiano respete, conforme a su carácter laico y aconfesional, la libertad ideológica y religiosa de sus dos hijos en la escuela pública.

Al Gobierno italiano no le ha servido de nada devaluar el significado religioso del crucifijo y resaltar, en cambio, su simbología humanista en su intento de convencer al tribunal de su compatibilidad con el Estado laico y del carácter inocuo de su exposición en la escuela pública. El tribunal ve en el crucifijo lo que todo el mundo y en especial la Iglesia: un símbolo asociado al catolicismo. Su presencia en la escuela pública mal puede servir al pluralismo educativo, además de vulnerar el principio de neutralidad confesional del Estado y de no respetar las convicciones religiosas y filosóficas de padres y alumnos.

POR paradojas del azar, la conmemoración de la caída del murito de Berlín ha coincidido con una sentencia del sarcásticamente llamado Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ordena la retirada de los crucifijos de las aulas. La caída del murito de Berlín supuso, según nos martillea la propaganda, la «victoria de la libertad»; y las consecuencias de esa libertad victoriosa las contemplamos por doquier. La retirada de los crucifijos quizá sea la más aparente, por lo que tiene de simbólica; pero detrás de esa retirada está el suicidio de Occidente, que ha decidido, como los alacranes asediados, inyectarse el veneno de su propio aguijón. Y, en su arrebato de autodestrucción, disfrazado con los bellos ropajes de la libertad, reniega de los logros que han fundado su identidad.

Eso que la propaganda denomina «victoria de la libertad» no ha sido sino victoria de la más feroz de las tiranías, que no es otra que aquélla que despoja a los seres humanos de su capacidad de discernimiento moral. Las tiranías clásicas, ataviadas con los ropajes hoscos de la represión, al ejercer sobre las conciencias una violencia coactiva, aún permitían a sus oprimidos cierto grado de resistencia: pues todo expolio de lo que es constitutivamente humano genera en quien lo padece una reacción instintiva de defensa. La nueva tiranía no actúa reprimiendo la conciencia moral, sino desembridándola, de tal modo que sus sometidos dejan de regir su conducta por la capacidad de discernimiento, dejan de ser propiamente humanos, para guiarse únicamente por la satisfacción de sus intereses y caprichos. Y la nueva tiranía, ataviada con los bellos ropajes de la libertad, otorga a esos intereses el estatuto jurídico de «derechos», sin importarle que sean intereses egoístas o criminales; porque en la protección de tales intereses la nueva tiranía ha encontrado el modo de mantener a sus sometidos satisfechos. Ya no son hombres, sino bestias satisfechas, porque han extraviado la capacidad para discernir lo que es justo y lo que es injusto; pero las bestias satisfechas en sus intereses y caprichos egoístas o criminales, además de adorarse a sí mismas, adoran a quien les permite vivir sin conciencia, pues si alguien les devolviera la capacidad de discernimiento la vida -su vida infrahumana- se les tornaría insoportable.

Y ésa es la razón por la que la nueva tiranía ordena la retirada de los crucifijos: constituyen un recordatorio lacerante de que hemos dejado de ser propiamente humanos. Nos recuerdan que nuestra naturaleza caída fue abrazada, acogida, redimida, perdonada por aquel Cristo que murió colgado de un madero. Pero la noción de redención, como la de perdón, exigen una previa capacidad de discernimiento moral; exigen un juicio sobre la naturaleza de nuestros actos. Y cuando alguien se niega a juzgar sus actos, por considerar que están respaldados por una libertad omnímoda, la presencia de un crucifijo se torna lesiva, agónica y culpabilizadora. Y lo que la nueva tiranía nos promete es que podemos vivir sin ser redimidos ni perdonados, que podemos vivir sin culpa ni agonía; esto es, sin lucha con nuestra propia conciencia, por la sencilla razón de que hemos sido exonerados de tan gravosa carga. La nueva tiranía nos promete que todo lo que nuestra naturaleza caída apetezca o ansíe será de inmediato garantizado, protegido, consagrado jurídicamente; lo mismo da que sean meros caprichos de chiquilín emberrinchado que crímenes infrahumanos como el aborto. Frente a esta promesa de libertad omnímoda, el crucifijo aparece entonces a los ojos de esos hombres convertidos en bestias como una oprobiosa cadena: les recuerda que han renunciado a su verdadera naturaleza; les recuerda que esa naturaleza a la que han renunciado era su posesión más preciosa; les recuerda que Dios mismo entregó su vida por abrazarla. ¡Afrentoso recordatorio!

La Comisión de Educación del Congreso aprobó esta semana una proposición no de ley, a iniciativa de ERC y con el apoyo de PSOE, IU, ICV y BNG, solicitando que el Gobierno traslade al ordenamiento jurídico interno las disposiciones de una reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que da la razón a un padre italiano que reclamaba la retirada de los crucifijos en un colegio público. La sentencia estima que «el crucifijo en la escuela pública supone una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos». Aparte del voto en contra de PP y CiU, el alcance de la proposición ha suscitado controversia entre los mismos grupos que la han apoyado: para ERC, la retirada debe extenderse a todos los centros de enseñanza, mientras que para el PSOE se refiere sólo a los públicos.

Más allá de sus efectos jurídicos sobre el ordenamiento interno, que el Gobierno se ha comprometido a estudiar, la sentencia de Estrasburgo ha venido a recordar a través de un caso italiano que, en España, el mandato de aconfesionalidad de la Constitución de 1978 sigue sin ser cumplido. No porque así lo establezca ninguna ley, que sería inconstitucional, sino por una inercia y, sin duda, también por un temor que ha llevado a mantener inalterada una tradición. Al igual que el crucifijo en las escuelas públicas, los símbolos católicos siguen presentes en las ceremonias oficiales, desde las tomas de posesión de los altos cargos hasta los funerales de Estado. Y, puesto que cada vez con más frecuencia los símbolos no se corresponden con la fe de quienes participan en estas ceremonias, su mantenimiento sólo puede ser interpretado como una reminiscencia de la asociación entre catolicismo y poder político que marcó la historia de España y a la que la Constitución exige poner fin.

La interpretación de que la proposición no de ley obliga a retirar los crucifijos de todos los centros, defendida por ERC, choca con la libertad religiosa y de enseñanza que también consagra la Constitución. De acuerdo con el sistema actual, los padres tienen derecho a escoger la escuela para sus hijos en función, entre otras cosas, de su credo. Por eso sería ir contra las leyes exigir la retirada de los símbolos religiosos de los centros privados que proponen a los padres una educación acorde a su fe. Otra cosa son, sin embargo, los colegios públicos y, tal vez, algunos concertados, donde el mandato constitucional de aconfesionalidad del Estado resulta de plena aplicación.

El presidente del Gobierno cortó, en cualquier caso, la controversia que provocó la proposición al afirmar que la presencia del crucifijo en las aulas se abordará con ocasión de la prometida reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Zapatero rectificó así la posición de su partido. ¿Por qué? De nuevo surgen sospechas de descoordinación y de que el presidente quiere contentar a demasiada gente.

ES una buena pregunta, para la que aquellos que no quieren entrar en contradicciones encontrarán respuesta rápida: el Nacimiento -los más laicos lo llamarán tan sólo Belén- es un argumento festivo y cultural hondamente anclado en nuestras costumbres y está desprovisto de sentido evangelizador. Es, poco más o menos, un cuadro decorativo, un elemento teatral, un icono sin significado. Sin embargo quienes así piensan no reparan en que el que está en la cuna es el mismo que está en la cruz, sólo que treinta y tres años antes, y que el mensaje que transmite uno es el mismo que transmite el otro, siendo un recién nacido o un hombre torturado. Mensajes ambos que no trasladan ninguna incitación a la violencia, al odio, a la venganza, a la opulencia insolidaria o al racismo. Antes al contrario, ambos transmiten humildad, amor y perdón, revolucionarios mensajes los tres en el tiempo en que fueron librados y en los que le han seguido hasta nuestros días. Ni siquiera atentan contra el mantra estúpido de la Memoria Histórica. Siendo consecuentes, ningún colegio público español debería celebrar la Navidad, ninguna niña vestirse de Virgen María y ningún niño ajustarse a la barbilla una barba postiza para parecerse a San José. Si somos laicos, somos laicos. En todo organismo público debería hacerse como en el edificio de la Fiscalía del Estado, en el que la fiscal Pilar Barrero exigió histéricamente que se retirara un Misterio y la Adoración de los Reyes Magos que alguien dejó en una mesa y que habían confeccionado jóvenes discapacitados de la Fundación Carmen Pardo Varcarce: por supuesto lo consiguió. Exhibir una determinada ferocidad para defender laicidades un tanto reaccionarias suele cobrarse los objetivos marcados, vean si no el resultado que le da al tonto insoportable de Joan Tardá revestirse de matacuras y arrastrar con él a todos los diputados del grupo socialista en el Congreso. Aunque sea a precio de obviar toda la tradición cultural de Occidente, despotricar sobre la presencia en la sociedad de elementos relacionados con el Cristianismo es tan rentable como callarse ante el avance de simbología de otra religión mucho menos homologable y en cuyo nombre se cometen tantos o más desmanes que cometió la cristiana en la Edad Media. Edad en la que, por cierto, parecen vivir algunos de los sujetos que exhiben un exceso de rabia en la exposición de su argumentario.

Por lo demás, no sabía yo que proliferaban tantos crucifijos en las escuelas públicas españolas. Ha sido una curiosa sorpresa. Lo más llamativo de la propuesta al Gobierno para que disponga su retirada total es que también han tratado de hacer desaparecer la Cruz de los colegios privados religiosos, dando a entender que la omnipresencia inquisitiva de los legisladores puede llegar a cualquier rincón. De llegar al nirvana laicista que persiguen estos torquemadas de segunda quiero imaginar que impedirán que escolar alguno acuda a clases con una medalla al cuello si ésta porta la imagen de alguna Advocación Mariana. No digamos de una pequeña cruz de plata o así. Y quiero pensar que cambiarán los nombres de institutos que aún conservan el nombre de algún santo, San Isidoro, por ejemplo, en virtud del barrio al que pertenecen o de alguna otra dependencia histórica. E imagino, puestos a ser consecuentes, que instarán al Ejecutivo a trasladar los festivos que guarden relación con fiestas del calendario cristiano: ¿por qué tiene que ser fiesta el día de la Purísima, o el de la Virgen de Agosto? ¿Por qué tienen que descansar los funcionarios públicos el día de Todos los Santos? ¿Por qué no moverlos a cualquier otra fecha? Ignoro cuál es la razón por la que consienten la presencia del crucifijo en la toma de posesión de nuevos ministros. Ignoro por qué permiten que los cargos públicos figuren -nunca mejor dicho- en las procesiones de Semana Santa. Ignoro a qué esperan para poner orden en toda esta beatería española insoportable. ¿La Cruz no y el Nacimiento sí? Vamos Tardá, ya estás tardando.