31 octubre 2001

El Juez Baltasar Garzón desmantela Gestoras Pro Amnistía de Juan María Olano considerando que forma parte de un entramado al servicio de ETA

Hechos

El 31 de octubre de 2001 se produjo una redada contra miembros de Gestoras pro Amnistía.

Lecturas

El portavoz de Gestoras, Olano, se encuentra prófugo en Francia

Junta a la investigación a Juan María Olano y a Txema Matanzas, sobre los que ya pesaban medidas cautelares, han sido detenidos Julen Larrinaga Martin, Jon Imanol Bescoa, Gaizka Larrinaga, Jagoba Terrones Arrate, Aratz Estomaba Iturriza, Gorka Zaluaica AMochategui, Julen Zelarain Errazti, Ainhota Irastorza Otegi, María Teresa Díaz de Heredia, Iker Zubia Urruria, Jesús María Beaumont Barberena y Alejandro Belasco Armandariz.

01 Noviembre 2001

Otro Golpe Al Entramado de ETA

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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La detención ordenada por Garzón de los 13 máximos dirigentes de Gestoras Pro Aministía, la organización de apoyo a los presos etarras, es un paso más en el combate legal contra el entramado llamémosle civil que sostiene la actividad terrorista de ETA.El juez de la Audiencia Nacional imputa a los máximos responsables de esta asociación un presunto delito de pertenencia a banda armada. A expensas de conocer el auto judicial en los próximos días, el ministro del Interior informó ayer que Gestoras se encarga de sostener económicamente a los etarras deportados o refugiados en otro país, lo que constituye un delito, y al colectivo de presos de la banda.

No cabe duda de que si lo dicho por el ministro está sólidamente fundado en las investigaciones policiales, acusar a los dirigentes de Gestoras de pertenencia a banda armada estaría plenamente justificado. En la operación que ha desmantelado la cúpula de las organizaciones de apoyo a los presos también ha ingresado en prisión un responsable de Senideak han sido intervenidas asimismo 22 cuentas bancarias, ya que, al parecer, existe la fundada sospecha de que las actividades de apoyo humanitario a los presos podrían estar financiándose con fondos procedentes del impuesto revolucionario.

Lo relevante de esta operación que por otro lado se inscribe dentro de la nueva estrategia internacional de acabar con todas las tramas que sostienen a los terroristas es que los líderes de Gestoras Pro Aministía no han sido detenidos por ayudar a los presos, una actividad completamente legal, sino por haberse descubierto que son una parte más del entramado de la banda terrorista, de cuya dirección reciben instrucciones.

Este nuevo paso en la lucha antiterrorista ha puesto en evidencia una vez más al Gobierno vasco, que ha concedido a Senideak millones de subvenciones en los últimos tres años. Una política que va claramente en contra de lo aprobado por todos los países europeos y organismos internacionales para estrangular la financiación del terrorismo.

01 Noviembre 2001

Gestoras

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El juez Garzón sostiene que ETA no es sólo su aparato militar, sino una estructura reticular de la que ese aparato forma parte. En función de ello, ya lleva siete operaciones orientadas a desmantelar las tramas (financiera, de comunicación, exterior, juvenil…) de esa red. Ayer fueron detenidas 13 personas que, según los informes policiales, encabezarían el sector encargado de los presos de ETA: asistencia económica y jurídica, relaciones con la dirección de la banda, agitación exterior y posible señalamiento de víctimas.

Naturalmente, esas acusaciones tendrán que ser probadas de manera individualizada. Todavía no se ha celebrado ningún juicio contra el centenar de personas detenidas en estas operaciones desde 1998, pero la mayoría de ellas siguen procesadas, aunque en libertad provisional, lo que indica que los jueces consideran que hay base acusatoria suficiente. Desde la Operación Sokoa (en 1986) se tienen evidencias de que ETA financia algunas de esas tramas. Por tanto, no se trata de meras ‘garzonadas’ que ‘obedecen a impulso político’, como en su día se dijo desde el nacionalismo: con independencia de sus fines proclamados, no pueden considerarse legales las actividades de colectivos financiados con los frutos de la extorsión.

Es la primera operación de este tipo posterior a las resoluciones de la UE sobre el reforzamiento de las medidas contra el terrorismo. En el Consejo Europeo de Gante se acordó unificar los criterios para una definición común de los delitos de terrorismo con vistas a la elaboración de una lista de organizaciones terroristas antes de fin de año. Ello ha suscitado un debate sobre si las tramas civiles deben o no considerarse como parte de tales organizaciones. En el caso de ETA, más que identidad entre la banda y esas tramas, lo que hay es pertenencia a un entramado común, que durante años se llamó KAS y que, según Garzón, subsiste bajo otras identidades. Acabar con la impunidad en que se ha movido ese mundo es un objetivo justo, por más que, como también se aprobó en Gante, el reforzamiento de la cooperación policial deba ir acompañado de ‘un reforzamiento del control parlamentario y judicial’.

20 Diciembre 2001

Gestoras ilegales

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Después de Ekin, Haika, Xaki, Jarrai, y antes Egin, le ha llegado el turno a Gestoras pro Amnistía. La hipótesis del juez Baltasar Garzón de que las organizaciones que se mueven en torno a ETA forman parte de la misma estructura y comparten idéntica estrategia violenta, además de los mismos fines políticos, ha tomado cuerpo una vez más en la declaración de ilicitud de las actividades de Gestoras pro Amnistía, organización de apoyo a los presos de ETA que el juez Garzón considera parte del organigrama de la banda terrorista.

La resolución de Garzón no es definitiva y puede ser recurrida. Se trata de una decisión cautelar, adoptada en el marco de un proceso penal por asociación ilícita en su modalidad de organización terrorista -artículo 515.2 del Código Penal- seguido a los dirigentes de Gestoras, que sólo adquiriría firmeza en el caso de ser confirmada tras el correspondiente juicio ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pero entretanto, es plenamente operativa y produce efectos inmediatos: las actividades de Gestoras están fuera de la ley, según Garzón se ha apresurado a comunicar a la Consejería de Interior del Gobierno vasco y a las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y Navarra, y deben quedar en suspenso las posibles subvenciones públicas destinadas a esta organización.

Quizás para curarse en salud Gestoras pro Amnistía decidió el pasado fin de semana cambiar de nombre, pasando a denominarse Askatasuna, tanto en el País Vasco como en Navarra. Pero el juez Garzón no persigue un nombre, sino conductas y hechos concretos. Si quienes actúan bajo la nueva denominación se comportan de la misma manera y realizan las mismas actividades que la desaparecida Gestoras pro Amnistía, más pronto o más tarde podrían encontrarse con parecidos problemas con la justicia. Se trata de un subterfugio que carece de eficacia a largo plazo frente al Código Penal, ya que éste castiga delitos concretos de personas concretas, al margen de las denominaciones bajo las que busquen amparo.

La declaración de ilicitud de las actividades de Gestoras pro Amnistia es el colorario de la valoración que el juez Garzón hace de la conducta de los integrantes de su cúpula dirigente, detenidos hace mes y medio en la llamada Operación Udazken y uno de ellos, Juan María Olano, hace algunos días en Francia, a los que el juez de la Audiencia Nacional imputa, entre otras cosas, señalar potenciales objetivos a ETA y captar militantes para su estructura armada. Naturalmente, se trata de indicios y no de pruebas, que tendrán que ser presentadas en el momento del juicio y de manera estrictamente individualizada. Pero la mayoría del centenar de personas detenidas desde 1998 en operaciones llevadas a cabo por Garzón contra las tramas civiles de ETA siguen procesadas, lo que indica que los jueces de la Audiencia Nacional consideran que hay base acusatoria suficiente para que comparezcan a juicio.