El juez Carlos Dívar Blanco dimite como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo tras conocerse sus gastos en viajes privados

El vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez denunció ayer ante la Fiscalía General del Estado a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, por considerar que ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos al cargar a los presupuestos de este último organismo gastos de viajes privados, siempre coincidiendo con fines de semana, muchos de ellos ampliados a cuatro días, en hoteles de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) y restaurantes caros.

El citado vocal, que ya propuso hace varias semanas un plan de austeridad para evitar despilfarros del organismo en los viajes, presentó ayer un escrito ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el que explica que el presidente Carlos Dívar endosó al Consejo las facturas de al menos seis viajes no oficiales, todos ellos realizados en fines de semana entre septiembre de 2010 y noviembre de 2011 por importe de 5.658,88 euros y todos con el mismo destino: uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús.

Gómez Benítez recuerda en su denuncia que el presidente Dívar “no tiene su domicilio en Málaga, sino en Madrid, y no consta en los expedientes [cuyos datos ha puesto a disposición de la Fiscalía] actividad oficial alguna que los motive, y que estas actividades no suelen tener lugar los fines de semana”.

Señala también Gómez Benítez que los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los escoltas del presidente del Consejo General del Poder Judicial (entre cinco y siete agentes) por estos viajes ascendieron a 26.741,85 euros y que, aunque “deben legalmente ser cargados al presupuesto del Consejo, se incluyen en el escrito porque son indicativos del gran costo que estos desplazamientos de fines de semana con tan elevado número de escoltas suponen para la Hacienda Pública”.

El escrito de Gómez Benítez precisa que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado solo abarca a estos seis viajes, no porque no haya más desplazamientos de fin de semana a la ciudad de Marbella entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010 y posteriores a noviembre de 2011, sino porque, a pesar de que el vocal solicitó formalmente a los órganos del Consejo la documentación correspondiente, todavía no le ha sido proporcionada.

LA DENUNCIA de Gómez Benítez contra Carlos Dívar por cargar al CGPJ gastos ajenos a su actividad como presidente de la institución obligan a éste a explicar los hechos. Tras su desmentido genérico de ayer, haría bien en justificar de forma detallada sus cuentas para despejar sospechas. Ahora bien, hay que decir que el delator se ha puesto a sí mismo en evidencia. Ayer aseguró que hay otros casos similares a los de Dívar, y sorprende que diga eso quien sólo ha trasladado a la Fiscalía datos del presidente. Además, Gómez Benítez, que se presenta como adalid de la «ética pública», se ha ido borrando de comisiones del CGPJ para quedarse sólo en una, pese a lo cual cobra lo mismo que otros vocales que hacen el triple de trabajo. Si a ello añadimos que nunca le preocupó que su amigo Garzón ocultara que cobraba a la vez de la Audiencia Nacional y de la Universidad de Nueva York, habrá que poner en cuarentena los motivos de su denuncia. Las actuaciones de Dívar y Gómez Benítez deben ser investigadas y aclaradas. Lo último que conviene al país en estos momentos es que la falta de transparencia genere dudas también en el Poder Judicial.

Querido presidente…

Hasta las ranas del estanque del Retiro saben que la agresión de que eres víctima es la vendetta de un juez estrellado. La larga mano de Baltasar Garzón y el agitprop están muy probablemente detrás de la maniobra. Hay que denunciarlo así para que la opinión pública tenga noticia exacta de la maquinación contra un hombre de conducta intachable, respetado por todos. No tengo empacho en afirmar que cualquier persona decente pondría la mano en el fuego por tu honradez. Estás soportando ahora serenamente el despropósito de los despojos de la condición humana. Por eso, estoy seguro de que la jugarreta se diluirá en la seriedad de la Administración de Justicia.

Como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo has demostrado firmeza y flexibilidad, profundo conocimiento jurídico y entrega personal para servir a la justicia y a la equidad. Nadie niega el acierto de tu trabajo en una época especialmente vidriosa. Has sabido atalayar los temporales, remansar las aguas tormentosas y lidiar a ese cornúpeta de pitones en punta que es la colisión entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

De los ataques tortuosos por los flancos se sale fortalecido, querido presidente. Cuando se pase página a la embestida de un juez sin estrella, que quiere regurgitar del osario político, tu figura permanecerá incólume ante la opinión pública y los que consideramos que la dignidad de la Justicia es clave para la solidez del Estado de Derecho sentiremos profunda satisfacción.

La Fiscalía del Estado legalizó ayer la utilización injustificada del dinero de los contribuyentes, al negarse a investigar los motivos por los que el presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, cargó casi 13.000 euros al erario por gastos derivados de una veintena de largos fines de semana (de al menos cuatro días cada uno) en Puerto Banús (Marbella). Un pésimo mensaje sobre la necesidad de controlar estrictamente el dinero de los contribuyentes, que llega en el peor momento posible y puede ser interpretado por otras autoridades y altos funcionarios del Estado como patente de corso para evitar la justificación de gastos dudosos y seguir actuando así en el futuro. La fiscalía no considera ni siquiera necesario preguntar a las personas a las que Dívar dice que había visitado en esos desplazamientos, unos viajes que exigieron un dispositivo de seguridad, pagado también por cuenta del contribuyente.

Las justificaciones aportadas por la fiscalía para tomar su decisión se limitan a dar por supuesto que el presidente del Poder Judicial no tuvo intención de lucrarse, y que cualquier «duda» debe ser resuelta «teniendo siempre presente la proyección que el cargo de presidente del Consejo tiene sobre todas y cada una de las actividades que realiza la persona que lo desempeña». En claro, que si una alta autoridad toma decisiones que implican gastarse el dinero de los ciudadanos, sus razones tendrá: barra libre para el jefe. Horas antes de que la fiscalía anunciara esta decisión, la Mesa del Congreso había vetado la posibilidad de organizar la comparecencia del afectado ante la cámara, alegando que es un caso sub iudice.

En pleno periodo de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), los contribuyentes apreciarán esta manera tan laxa de defender el correcto uso del dinero público. No es posible que los ciudadanos soporten una sospecha tan evidente de que el presidente del Poder Judicial endosó gastos privados al presupuesto público. Es imposible permanecer imperturbables ante un órgano constitucional cuyo presidente, que debería ser el primero en mostrar una actitud ejemplar y ejemplarizante, se encierra en que no ha hecho nada reprobable y que la cantidad gastada en los viajes en cuestión era una «miseria». La bolsa común está demasiado agujereada por todas partes, como bien sabemos, como para que no sea preciso dar explicaciones sobre 20 largos fines de semana en hoteles y restaurantes de lujo.

«NO EXISTE prueba alguna, ni directa ni indiciaria, que permita afirmar que la conducta del presidente del Consejo deba ser sometida a los parámetros del Derecho Penal». Esta es la contundente conclusión de la Fiscalía en su decreto de archivo de las diligencias abiertas contra Carlos Dívar. Gómez Benítez le había denunciado ante el fiscal general por gastos de viajes en los que el vocal del CGPJ advertía que podía haber delito. La Fiscalía establece que Dívar pagó de su bolsillo los gastos privados y cargó al consejo los oficiales. En algún caso incluso sufragó un viaje de ida privado y la institución pagó el de vuelta cuando se vio obligado a regresar por compromisos surgidos en virtud de su cargo. Es evidente que Gómez Benítez queda en una posición desairada, sobre todo por su condición de penalista. El polémico vocal del CGPJ podía haber optado por denunciar la conducta de Dívar ante el pleno de la institución, pero eligió la via penal y el fiscal deja claro que ha pinchado en hueso. Su conducta es particularmente grave porque ha puesto irresponsablemente al CGPJ a los pies de los caballos. Por ello, es él quien debería dimitir.

Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, viajó durante los últimos cuatro años al menos en 20 ocasiones a Puerto Banús (Marbella), consumiendo dinero público no solo para su estancia y manutención sino para los siete escoltas que le siguieron en fines de semana que se alargaron en algunas ocasiones hasta seis días. La Fiscalía General del Estado considera que Dívar, que no justificó el motivo de muchos de sus viajes ni la causa de los gastos protocolarios que hizo, no malversó fondos públicos y ha archivado la denuncia que puso el vocal del Consejo, José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal.

El incidente motivó una reunión de urgencia tras el archivo de la Fiscalía. Dívar convocó el pasado lunes a los 20 vocales. No estuvieron todos: faltaron Félix Azón, Ramón Camp, Antonio Monserrat y Margarita Uría. La cuestión a tratar era la denuncia contra Dívar, su archivo por la fiscalía, y el uso de fondos públicos por parte del presidente.

Lo que sigue es la reconstrucción de esa cita basada en el relato de algunos de los miembros del Poder Judicial que participaron en la reunión.

Carlos Dívar, presidente del Consejo. Me enteré por EL PAÍS de la denuncia. El vocal no me avisó, aunque no tengo ninguna animadversión hacia él. Creo que cuando se pertenece a un órgano colegiado, lo mínimo, por lealtad, es llevar a pleno este asunto, que me ha supuesto un quebranto personal e institucional. Doy traslado del decreto del fiscal para que lo estudien. Y estoy dispuesto a explicar lo que deseéis en el próximo pleno [del 31 de mayo]. Tengo que desmentir que yo haya pedido la relación de gastos de todos los vocales del Consejo. Creo que estamos dando una imagen poco transparente en materia de gastos y hay que ajustarse más para actuar con más transparencia. Yo apoyé la propuesta de Gómez [Benítez] de austeridad.

José Manuel Gómez Benítez (vocal y denunciante). Yo tampoco guardo animadversión al presidente, propondré al pleno que en los desplazamientos se haga constar la actividad y las personas que provocan los actos protocolarios. Yo también voy a trabajar por la transparencia. Dicho esto, diga lo que diga la fiscalía, tanto viaje a Marbella no tienen justificación ni ética ni estética desde el punto de vista legal, y debilita la imagen del Consejo y del Supremo y nuestra legitimidad. La decisión de presentar la denuncia es que había una nota anónima que luego se retiró del expediente.

Gemma Gallego. ¿Y después del archivo, José Manuel, qué piensas hacer, vas a dimitir?

Margarita Robles. Nos ha convocado para informar y no nos ha informado de nada, solo se ha limitado a hacer valoraciones. La fiscalía tenía dudas sobre sus viajes, en el decreto de archivo hay dudas. Y además, esos 20 viajes no le han gustado a la opinión pública. Desde un punto de vista ético y político no se entiende. Son unos viajes que hasta la propia fiscalía dice que tiene dudas.

Carlos Dívar. La fiscalía ha sido clara y contundente. Y los gastos están justificados, aunque esa verdad no se la pueda imponer a otros. Yo no he tenido relación con la fiscalía para nada.

Fernando de Rosa (vicepresidente). No es necesario esperar al día 31 de mayo [fecha del pleno al que se remitió el presidente para explicar sus viajes] para hablar de este asunto, debe hacerse antes.

Pío Aguirre. No es muy respetuoso haber obviado al pleno del Consejo e interponer una denuncia directa ante la Fiscalía sin un debate previo en el pleno.

José Manuel Gómez Benítez. Es que no me fío del pleno.

Dívar salió de la reunión sin despejar si adelantaría la fecha para dar las explicaciones que le pedían algunos vocales. Pero momentos más tarde, su jefe de gabinete, Eduardo Menéndez, pidió al secretario general del Consejo, Celso Rodríguez, que trasladase a todos los vocales que el presidente había decidido convocar un pleno extraordinario el jueves 24 de mayo con un tema único, sus viajes.

Todos los consejeros saben cómo empezará el pleno del Poder Judicial del jueves (con su presidente muy tocado y la imagen de la institución por los suelos), pero no vislumbran su final. “Hay una gran preocupación”, señala un vocal. Les queda algo más de un año de mandato y no quieren que este Consejo sea recordado “como el Consejo de la corrupción”, coinciden en señalar otros. “Individual y colectivamente se han hecho muchas cosas positivas y sería injusto que caigamos todos en el mismo saco”, reflexionan.

En el asunto de los larguísimos viajes de Dívar no ha habido políticas de grupo, conservadores o progresistas. En medio del escándalo, de ambos lados han salido voces críticas hacía Benítez, por su deslealtad e individualismo, y contra Dívar, partidarias, al menos en privado, de que dimitiera. Pero ha habido miedo de forzarle a dimitir. Saben que el cese de Dívar habría desatado una caza de brujas hurgando facturas de unos y otros.

Y con vistas al pleno de mañana no hay, de momento, una posición común. Solo hay consensos de corrillos que pasan por modificar cuantas normas sean precisas (por ejemplo, el acuerdo plenario de 1996 que permite al presidente y consejeros no tener que dar explicaciones de sus viajes) para evitar episodios parecidos y aumentar la transparencia del Consejo.

En su edición del 23 de mayo de 2012 se ha publicado en EL PAÍS una información bajo el título “Benítez a Dívar: diga lo que diga el fiscal, tanto viaje no es ético ni estético”.

No es cierto que respondiera “es que no me fío del pleno” tras la intervención de otro vocal que manifestó que no era respetuoso con el pleno haber presentado directamente la denuncia contra el presidente del Consejo. Al contrario, cuando este vocal manifestó que en mi intervención anterior a la suya yo había afirmado que no había acudido al pleno porque no me fiaba de este órgano, le interrumpí respetuosamente y negué haber hecho semejante afirmación. Volví, entonces, a repetir lo que había dicho anteriormente: que el pleno es un órgano político que no es competente para decidir sobre materias penales y que la obligación legal de denunciar conductas de trascendencia legal es personal.

No obedece a la realidad que yo manifestara en esa reunión que “tanto viaje no tiene justificación ni ética ni estética desde el punto de vista legal”, puesto que la ética y la estética no son materia legal, sino que tampoco la tiene desde el punto de vista legal, y reafirmé que los hechos denunciados tenían toda la apariencia de ser delictivos, pero que la Fiscalía no los había investigado.

En cuanto a la afirmación del presidente: “tengo que desmentir que yo haya pedido la relación de gastos de todos los vocales del Consejo”, el periodista omite que en mi intervención inmediatamente posterior a la del presidente le hice saber que lo cierto es que los había pedido, extremo que confirmó otra vocal en esa misma reunión.

José Manuel Gómez Benítez. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, tenía dos opciones dignas: explicar de forma convincente el uso de dinero público en viajes privados o desmentirlo de raíz. No hizo ni una cosa ni otra en el último pleno celebrado por este organismo. Se atrincheró en el silencio sobre las razones por las que cargó al erario casi 13.000 euros de gastos derivados de 20 largos fines de semana en Puerto Banús —más el coste de los servicios de seguridad desplegados—, con el argumento de que sus actividades son «reservadas», y excluyó la dimisión. Se completa así el carpetazo a una denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez, abierta y cerrada por la Fiscalía del Estado casi de inmediato, sin haber investigado los motivos de tales gastos.

La fractura del Consejo entre los cinco vocales que pedían la renuncia de Dívar, los siete que solicitaban la dimisión del mensajero —Gómez Benítez, a la sazón— y los que no se pronunciaban por una cosa ni por la otra proporciona un espectáculo bochornoso para la ciudadanía, que asiste al cierre en falso de la crisis sobrevenida en este órgano constitucional.

Desde 1985, las Cámaras parlamentarias nombran a todos los miembros del Consejo del Poder Judicial. Ya es largo el debate sobre la mengua de profesionalidad, imparcialidad e independencia que implica el alineamiento de sus miembros en función del partido político que les propone, lo mismo que se sabe de las cuentas pendientes entre ellos. La designación del propio Dívar, en 2008, fue fruto de una decisión del anterior jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que contó con el apoyo de Mariano Rajoy.

Pero gastarse injustificadamente el dinero de los ciudadanos no es consecuencia de la politización de la justicia, sino de creer que es posible situarse por encima del bien y del mal. Nos hemos enterado de las semanas caribeñas practicadas por el presidente del Poder Judicial y del Supremo, lo mismo que de la costumbre de gastar dinero sin justificarlo por parte de otros miembros del órgano de gobierno de los jueces. Además de discutir la mejor forma de elegirlos, hay que asegurarse de que las altas autoridades de este país dejan de agujerear alegremente la bolsa común. Es lo menos que pueden pedir los ciudadanos llamados a enjugar los desfases del sistema financiero y de las Administraciones públicas.

La elaboración de una norma de austeridad y transparencia en el Consejo del Poder Judicial es un mínimo reconocimiento de que algo funciona mal en el gobierno de los jueces. Y que este se da por enterado de que la sociedad no encuentra sentido alguno a que su presidente, Carlos Dívar, haya gastado sin justificación casi 13.000 euros en hoteles y restaurantes con cargo al erario, en 20 largos fines de semana en Marbella; más otros 60.000 para costear el servicio de seguridad obligado por tales desplazamientos.

En la primera conferencia de prensa concedida desde que está al frente del Poder Judicial (hace tres años y siete meses), Dívar reivindicó su condición de presidente “las 24 horas del día” y el carácter oficial de todos esos fines de semana en la provincia donde nació. No dio el nombre de la persona con quien compartía mesa y mantel diferentes noches de esos fines de semana, alegando el carácter reservado de sus viajes. Se dijo dispuesto a comparecer ante el Congreso, pero el ministro de Justicia se apresuró a puntualizar que el Parlamento no puede controlar al Poder Judicial. Y aunque admitió que en esos viajes había una parte privada (que pagó de su peculio, dice), aseguró que se cargaron al erario parte de los gastos porque eran de trabajo. Si cree que tales argumentos pueden lanzarse a una sociedad democrática y madura, sin que eso afecte a su crédito, se comprende la brecha de confianza entre los ciudadanos y algunas instituciones.

En definitiva, Dívar invita a la sociedad a creerse por fe que los gastos pagados de la bolsa común lo fueron por razones de trabajo. Subsiste así la falta de explicaciones al uso injustificado de dinero público. Esas condiciones no son las más convenientes para seguir desempeñando las presidencias de órganos de tanta trascendencia como el Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Dívar debería reconsiderar su voluntad de no dimitir.

EL PRESIDENTE del CGPJ y del Tribunal Supremo se defendió ayer de las acusaciones de uso indebido de fondos públicos y salió bien parado de las preguntas de los periodistas. Claro está, siempre y cuando haya dicho la verdad. Dívar no rehuyó ninguna cuestión, algunas muy incómodas para su rango institucional. Hay que decir que, de entrada, ya fue un acierto por su parte salir a dar la cara. A favor de Dívar juega también el que no puedan achacársele grandes gastos ni lujos excesivos. En sus estancias en Marbella se ha alojado en el mismo hotel en el que viene haciéndolo regularmente desde hace décadas. Una veintena de viajes a su tierra natal en tres años y medio -«uno cada dos meses», dijo- no es en absoluto excesivo. Dívar fue contundente al asegurar que no ha cometido «ninguna irregularidad ni jurídica ni moral ni política» y aseguró que la persona con la que cenó en varias ocasiones tenía «carácter oficial o de autoridad», es decir, que en ningún caso pagó con fondos del CGPJ actividades de tipo personal. Con todo, se enfrenta ahora a una querella en relación a sus gastos que, en el caso de que fuera admitida, le obligaría moralmente a dejar el cargo.

El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, cargó como gastos protocolarios a los presupuestos de la institución que preside hasta 24 cenas y ocho almuerzos para dos personas, en restaurantes de lujo como Villa Tiberio, Marbella Club Golf Resort & Spa o Puente Romano, en los 20 viajes que realizó a Puerto Banús (Málaga), entre noviembre de 2008 y el pasado marzo, según fuentes del Consejo. No son los únicos gastos de protocolo que Dívar pasó para su abono por dicho organismo.

Los gastos protocolarios o de representación de los que gozan algunas instituciones suelen tener como finalidad agasajar a otras personalidades de organismos similares de otros países o a representantes de otros poderes del Estado. En la empresa privada suelen estar orientados a obtener beneficios futuros, por lo que lo habitual es que se enmarquen dentro de una actividad económica de la empresa.

Dívar cargó a los presupuestos, como gastos protocolarios, una cena de un solo comensal: él mismo

En el Consejo del Poder Judicial, esos beneficios son más intangibles y van unidos al prestigio que debe tener una institución de esa naturaleza y, por tanto, esos gastos nunca pueden ser de naturaleza privada. Pero en el viaje que el presidente Dívar hizo a Puerto Banús del 2 al 9 de enero de este año cargó a los presupuestos, como gastos protocolarios, una cena de un solo comensal: él mismo. Fue la cena del viernes 6 de enero, día de Reyes, en el restaurante del hotel Puente Romano. En fecha tan señalada no hubo ninguna actividad oficial que justificase el cargo.

Dívar, que probablemente se encontraba de vacaciones, abonó con cargo a su tarjeta personal los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de ese viaje, pero no los gastos protocolarios. En ese periplo cargó al erario público una cena para dos personas, el 3 de enero, y dos comidas, también para dos, el 8 y el 9 de enero (domingo y lunes, respectivamente). Sin embargo, lo más singular es la cena de un solo comensal del día 6 de enero, en la que aparentemente el presidente se agasajó a sí mismo.

En los tres primeros viajes de los 20 que Dívar reconoció que realizó a Puerto Banús en fines de semana de cuatro días o más, el presidente no pasó gastos protocolarios, sino únicamente los desplazamientos. En los viajes del 23 al 27 de abril de 2009, del 6 al 8 de noviembre de 2009, del 23 al 26 de septiembre de 2010, y del 25 al 29 de noviembre de 2010, Dívar solo pasó una cena para dos por viaje en restaurantes de lujo de Marbella. En el viaje del 9 al 14 de septiembre de 2009, además de la cena para dos, cargó una comida, lo mismo que en el periplo del 11 al 15 de septiembre de 2010, en el que incluyó una comida para dos personas en el Parador de Melilla.

A partir de esas fechas, los gastos protocolarios aumentan notablemente y por cada desplazamiento se facturan al Consejo al menos dos cenas para dos en Villa Tiberio, el Marbella Club o Puente Romano. Así ocurre en los viajes del 3 al 7 de febrero de 2011, del 24 a 28 de marzo, del 10 al 15 de mayo, del 24 a 27 de junio, del 8 al 12 de septiembre y del 8 al 14 de noviembre, todos de 2011. En los tres viajes de 2012 que figuran en la documentación que el propio Dívar aportó a la fiscalía, y de los que abonó todos los gastos menos los protocolarios, constan dos cenas para dos y una para cuatro, en el viaje del 24 a 26 de febrero; dos cenas y dos comidas para dos, en el del 16 al 20 de marzo, y dos cenas —una de ellas la de un solo comensal— y dos comidas, en el viaje del 2 al 9 de enero.

La situación del presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, es muy complicada. No ha podido despejar las sospechas sobre los motivos oficiales de sus largos y frecuentes viajes de fin de semana, ni desmentir que los gastos cargados al erario obedezcan a razones esencialmente privadas. Además, ha causado una división sin precedentes en el seno del Consejo y colocado a la maquinaria pública ante la tesitura de tener que protegerle, desde la Fiscalía General del Estado, que abrió y cerró rápidamente unas diligencias, hasta el pleno de la Sala Penal del Supremo, que ayer denegó la admisión de una querella contra él. Sin olvidar al grupo parlamentario del PP, que al final ha aceptado su comparecencia en el Congreso, todavía sin fecha. Demasiados esfuerzos, demasiadas tensiones para hacer frente a la evidencia de que el presidente del Poder Judicial ha podido gastar injustificadamente dinero público y, de paso, se lo ha hecho gastar al Ministerio del Interior para costear los dispositivos de escolta.

Dívar debe comprender que con su actitud daña, por encima de todo, la institución que representa. Legalmente, el Consejo podría exigir su renuncia, alegando incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo. Pero la fractura existente en su seno se suma a las sospechas más que razonables de que el presidente no es el único miembro del Consejo que se tomaba la liberalidad de usar dinero público y que practicaba la llamada semana caribeña sin necesidad de dar cuenta del porqué.

Una vez conocido el rechazo del Supremo a aceptar la querella contra su presidente, cinco miembros del Poder Judicial tratan de forzar el adelanto de un nuevo pleno para tratar sobre la situación. Dado el corporativismo y los pequeños cálculos de poder en su interior, es difícil que el Consejo acabe con esta situación. Y, sin embargo, a todos estos vocales que han contribuido al descrédito institucional les debería interesar lo que piensa la ciudadanía. La catarata de revelaciones periodísticas mancha un organismo con rango constitucional y, de paso, contribuye a ahondar un poco más el desprestigio de los jueces, considerados como el colectivo de funcionarios en el que menos confían los ciudadanos, según datos del último Barómetro del CIS.

Dívar y sus vocales deben reflexionar y hacer lo necesario para regenerar la institución. Su nombramiento surgió del pacto de 2008 en el que Gobierno y oposición acordaron la elección parlamentaria de los actuales miembros del Consejo, que formalmente designaron a Dívar como presidente, aunque la decisión correspondió en realidad a José Luis Rodríguez Zapatero, de acuerdo con Mariano Rajoy. Es por ello por lo que Gobierno y PSOE, sin menoscabo de la necesaria separación de poderes, deben sentirse interpelados por una crisis sin precedentes en una institución que debe jugar un papel básico en el funcionamiento del Estado.

TRAS haber quedado descartada cualquier tipo de responsabilidad penal en su conducta tanto por la Fiscalía como por el Tribunal Supremo, cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial pretenden forzar ahora la destitución de Carlos Dívar en un pleno extraordinario convocado para mañana.

Para que prospere ese forzado relevo son necesarios tres quintos de los votos del Consejo. Creemos que no hay motivos ni para esa remoción ni tampoco para que dimita de su cargo salvo en la hipótesis de que perdiera el apoyo de la mayoría de los miembros del Consejo, en cuyo caso su situación no sería sostenible.

Pero lo esencial es el fondo de la cuestión. Una cosa es que algunas prácticas de Dívar estén en la frontera de lo reprobable y que también resulte discutible si debía haber pasado algunas facturas al Erario Público y otra cosa bien distinta que haya motivos objetivos para pedir el relevo de la cuarta autoridad del Estado. Nos parece evidente que no los hay como tampoco los había cuando Zapatero utilizó un avión oficial para acompañar a su hija a un viaje a Londres. Era un proceder discutible e incluso criticable, pero nadie pidió su dimisión.

No hay en el caso de Dívar ninguna proporcionalidad entre lo que se le atribuye y la persecución de la que está siendo objeto, encaminada a forzar su cese en unos momentos en los que el país atraviesa una crisis que ha producido un deterioro de su imagen internacional. Ya sólo nos faltaría ver en los titulares de la prensa europea que es destituido por corrupción el máximo representante del poder judicial, algo que probablemente no les importa a quienes promueven su marcha.

La campaña contra Carlos Dívar no es precisamente producto del azar. Su desestabilización se inscribe en la lucha por el control del órgano de gobierno de los jueces, clave para los nombramientos en los altos tribunales, que desean recuperar los que promueven esta encarnizada campaña ideológica y mediática.

Y están también detrás las secuelas de la condena y expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón, amigo de José Manuel Gómez Benítez, el vocal del Consejo que ha denunciado a Dívar. Como decíamos ayer, quien debe dimitir es Gómez Benítez tras quedar en evidencia por sus temerarias y exageradas acusaciones.

El primer presidente del Tribunal Supremo que en 200 años se ha visto obligado a dimitir nunca debió ser nombrado. Fue uno de los mayores errores de José Luis Rodríguez Zapatero, que, en un alarde de consenso, pactó con Rajoy la designación de Carlos Dívar, un tipo conservador, con un sentido religioso casi mesiánico, sin ninguna talla jurídica ni política, que fue recibido con las mismas dosis de sorpresa y chirigota en el Tribunal Supremo y que en el Consejo del Poder Judicial siempre votó en contra de los intereses de los socialistas. Como se ve, todo un acierto.

Porque toda la judicatura sabía en 2008 quién era Dívar, que por aquellas fechas presidía la Audiencia Nacional. Tanto es así que cuando se hizo público su nombramiento en el Supremo se recibió con rechifla. Varios magistrados comparaban la designación de Dívar, que no era uno de los suyos porque no tenía la primera categoría de la magistratura, con la Cirilo Cánovas, ministro de Agricultura en el octavo Gobierno de Franco, y recordaban la anécdota del telegrama -“Te juro por la memoria de mamá que a Cirilo lo han hecho ministro”- con el que el 25 de febrero de 1957 el estupefacto hermano del nuevo ministro notificaba a su hermana lo que consideraba un notorio disparate.

La sorpresa fue general en toda la carrera judicial, porque hasta entonces, todos los que habían ocupado el cargo habían sido o magistrados del alto tribunal o catedráticos de universidad de reconocido prestigio. Sin embargo, Dívar no parecía reunir las teóricas características que debe tener un presidente del Supremo. Nunca ha puesto una sentencia, ni ha formado parte de ningún tribunal colegiado. Tampoco tiene la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo, circunstancias teóricamente importantes. Tampoco se le conocen artículos o publicaciones por los que haya destacado en el campo del Derecho. Eso sí, con esos condicionantes fue presidente de la Audiencia Nacional durante siete años y, anteriormente, durante otros 21, luchó contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado como juez central en el citado órgano.

Malagueño, de 70 años, soltero y próximo al Opus Dei, estudió Derecho en Deusto y Valladolid y ejerció como juez en Castuera (Badajoz) y Orgaz (Toledo) antes de llegar a la Audiencia Nacional. No pertenece a ninguna asociación judicial, aunque sus profundas convicciones religiosas y su pensamiento cristiano más tradicional le sitúan ideológicamente próximo a los postulados del PP.

Sin embargo, Dívar supo venderse con éxito. Disciplinado y respetuoso con el poder, hizo gala de sentido institucional. Tanto es así que informaba por igual de lo que ocurría en la Audiencia a los ministros del Interior del PP y del PSOE, y tenía buenas relaciones con representantes de todas las opciones políticas democráticas, a los que invariablemente aseguraba que rezaba por ellos, lo mismo que también repetía a otros magistrados, fiscales, funcionarios o periodistas.

Su trato es extremadamente afable y melifluo, por lo que se pensó que podía generar consensos desde su nuevo puesto, lo que evidentemente en los más de tres años que ha presidido el Consejo del Poder Judicial no se ha producido.

Dívar vive de forma exacerbada la religión y, además de peregrinar regularmente a Palestina, en estos tres años de mandato ha visitado varios santuarios marianos, como Fátima y Lourdes, y ha hecho ejercicios espirituales en Roma. Precisamente a la virgen de Fátima, y no a la casualidad o a la suerte, atribuye que su conductor eligiera un itinerario distinto para ir desde su domicilio a la Audiencia Nacional, cuando un 13 de mayo ETA preparó un atentado contra él en el recorrido que solía hacer habitualmente.

Ha dado conferencias acerca del “testimonio cristiano en la vida pública” en el Arzobispado de Madrid y en la página web de la Hermandad del Valle de los Caídos puede todavía encontrarse un escrito suyo titulado “Justicia y Juan Pablo II”, en el que tras reflejar su coincidencia de pensamiento con el del anterior Papa sobre temas como la justicia divina, los derechos de Dios, la independencia judicial, los nacionalismos, la dignidad del ser humano, los emigrantes y refugiados, el matrimonio, la familia y el aborto, concluye: “Sólo en amar a Cristo y hacerle amar, en una vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera Justicia”.

Dívar ha gozado de una vida divina y suele huir de los problemas como del mismísimo diablo, pero de lo que no ha podido huir es de la justificación de esos 32 viajes de fines de semana caribeñosdisfrutados en los tres años de presidencia del Consejo y que ha cargado en su mayoría a los presupuestos de la institución. Nadie se cree que haya ido 20 veces a Puerto Banús por motivos oficiales, y las coartadas ofrecidas sobre los otros 12 viajes de fin de semana de cuatro días a Galicia, Barcelona, Mallorca o Cantabria se han desmoronado como azucarillos en agua. Incluso el expresidente Miguel Ángel Revilla afeó su conducta al señalar que nunca le invitó, en contra de lo que había dicho Dívar, y que fue este quien pidió entradas gratis para visitar la cueva de El Soplao.

Ahora se ha convertido en el primer presidente del Supremo y del Poder Judicial obligado a dimitir por indignidad. Nunca debió ser nombrado.

HACE un mes y medio Carlos Dívar dimitió a la vista de todos tras filtrarse sus fines de semana caribeños, siguió dimitiendo al desvelarse tiempo después más viajes, dejó entrever que dimitiría hace unos días y ayer confirmó su dimisión públicamente, a la espera de engorrosos trámites para que finalmente pueda dimitir. Durante siete semanas Carlos Dívar ha estado organizando un calvario que prolongó artificialmente quién sabe pensando qué, cuando su única salida era decir el primer día: «No he cometido ningún delito, pero a la vista del contenido de la denuncia entiendo que mi decisión es lo mejor para la carrera judicial». Para llegar a esta conclusión, a la que llegó ayer el propio Dívar, no hacían falta tantas portadas. Ni es necesario infringir la ley para dimitir ni las intenciones del vocal Gómez Benítez eximen a nadie de sus responsabilidades, al fin y al cabo España es un país en el que quien no está montando una vendetta es víctima potencial de otra. Además aquí no hay tradición de dimitir, pero no por falta de ganas, sino porque no se sabe muy bien el protocolo. Se sigue viendo como el reconocimiento de un delito, cuando no es tanto eso como el reconocimiento, más sutil, de que uno no ha estado a la altura del cargo. El presidente del CGPJ no lo estaba ni cuando se le nombró, pues gozaba de un expediente discreto que, sin embargo, encontró en el consenso su particular discriminación positiva, como una especie de paridad. Su tortuosa salida, que ha rozado lo cansino, pudo habérsela ahorrado si fuese más inteligente y conociese mejor a su país, cosa que siendo la máxima autoridad judicial de España ya es, per se, un perfecto motivo para dimitir.

Parece evidente que el ya expresidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Carlos Dívar nunca vio Barrio Sésamo.

Como seguramente saben la mayoría de los lectores, Barrio Sésamo (Sesame Street) era un programa infantil de televisión creado en Estados Unidos por Jim Henson, y que en España se emitió trufado con otras producciones nacionales desde 1976 hasta 2000. El espacio tenía una parte muy didáctica en la que uno de los personajes, un monstruo peludo de color azul llamado Coco (Grover, en Norteamérica), enseñaba a los más pequeños a diferenciar conceptos básicos, como arriba y abajo, dentro y fuera y cosas por el estilo.

El expresidente Dívar, que en contadísimas ocasiones había realizado declaraciones, parece que ha sentido esta semana la necesidad de explicar en la emisora de los obispos —¿dónde si no?— y nada menos que en una entrevista con varios tertulianos, el asuntillo de sus viajes caribeños a Marbella y otros destinos turísticos a cargo de todos los españoles. Un impulso a dar explicaciones que no llegó a sentir cuando sus compañeros y la ciudadanía se las reclamaron.

A ver, no vayan a deducir de mis palabras que Dívar sintió un arrebato por contar la verdad. No. Lo que dijo es que ha sido objeto de “una campaña cruel, desproporcionada y con ensañamiento”, en la que “se han metido con mi vida privada y con mis creencias religiosas”. Porque, según dijo, solo “han sido 11 viajes en cuatro años”. Desprovisto de cualquier remordimiento llegó a asegurar que el dinero público se empleó en actos públicos, conferencias, semanas jurídicas y otros encuentros, aunque todas sus coartadas hayan sido desmentidas por varias autoridades judiciales, municipales y hasta por el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, que explicó que no había invitado oficialmente a Dívar, como este sostenía, sino que el prócer le había pedido entradas gratis para ver la muy jurídica y oficial cueva de El Soplao.

El caso es que Dívar podría haber dicho que se había equivocado, que había interpretado mal la norma, haber devuelto el dinero y seguramente todavía seguiría en su puesto. Pero se empeñó en que no ha hecho nada reprobable. En el mejor estilo de Homer Simpson cree que “la culpa la tienen todos menos yo”.

Y no es por llevarle la contraria, pero trató de camuflar como viajes oficiales nada menos que 32 periplos de fin de semana de cuatro días —no 11 como pretende— que no eran más que de turismo y relax, aunque en ocasiones acudía a actos públicos de unas horas y que, a veces, se celebraban a 200 kilómetros de distancia. También cargó como gastos protocolarios o de atención a otras autoridades 24 cenas y ocho almuerzos para dos personas en restaurantes de lujo, solo de los viajes a Puerto Banús.

Naturalmente tiene derecho a quejarse, pero que diga que ha sido objeto de una campaña cruel, desproporcionada y con ensañamiento es conmovedor. Porque los periodistas hemos conocido numerosos detalles que hubieran invadido la intimidad del señor Dívar y que no hemos publicado, por ejemplo, y solo como botón de muestra, faxes sobre las reservas de habitaciones, las facturas de sauna que intentó pasar como gasto oficial y que le fueron rechazadas por la interventora del Consejo, y el uso del coche oficial para ir a misa y a la playa.

Si se ha mencionado la exacerbada exhibición de su religiosidad es porque él hace ostentación de ello y si este periódico desveló que el segundo comensal de la mayoría de sus cenas de lujo era su ayudante personal y jefe de seguridad, Jerónimo Escorial, es porque públicamente, el 30 de mayo, Dívar aseguró que la persona con la que había cenado tenía “carácter público y oficial” y no respondía “a relaciones personales”. Lo que obviamente no era cierto.

Además, con ayuda de algún periódico de la competencia, ha intentado hacer creer a los españoles que otros vocales del Consejo hacían lo mismo, por lo que el secretario general, Celso Rodríguez, ha tenido que certificar que no hay ningún vocal que haya tenido una conducta ni remotamente parecida.

Porque los que sí vimos Barrio Sésamo podemos pensar que dos viajes a la Patagonia del vicepresidente y un vocal, autorizados por la Comisión Permanente, con el fin de explicar la modernización de la justicia española, o sea, a algo así como enseñar Derecho a los pingüinos, es un exótico exceso puntual; mientras que 32 viajes caribeños, con sus cenas de lujo a cargo del contribuyente, es un delirante abuso sistemático. Quizá Dívar tenga que repasar los capítulos de Barrio Sésamo para apreciar la diferencia.