El juez de Instrucción de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras es destruido tras ser acusado de supuesta afinidad con Mario Conde

EL JUEZ de delitos monetarios, Miguel Moreiras hizo ayer honor a su merecida fama de juez versátil. En el corto espacio de unas horas adoptó dos medidas radicalmente contradictorias entre sí: decretar la prisión preventiva contra Mario Conde y ordenar su puesta en libertad sin fianza.Si fuera la primera vez que este juez hace una cosa y lo contrario al mismo tiempo habría motivos, para extrañarse. Pero contradecirse en sus resoluciones es su habitual forma de comportarse. Lo demuestran sus erráticas decisiones en casos como el de las facturas del IVA, en enero de 1992, cuando difundió una lista de más de 600 sociedades presuntamente compradoras de facturas falsas que no lo eran, las marchas y contramarchas en relación al caso KIO, el de las cesiones de crédito del Banco Santander, el estrambótico caso Brokerval, etcétera. Sin olvidar el espectacular y arbitrario encarcelamiento del empresario Benedicto Alfaro en plena boda de su hija.

Sin duda, la excentricidad y el afán de notoriedad se llevan bien con la personalidad de este juez, aunque muy mal con el rigor y la ponderación que deben caracterizar los modos de impartir justicia. La inamovilidad del juez es una garantía básica para su independencia, pero no puede ser un escudo para actuar impunemente y como le venga en gana. Y eso, y no otra cosa, es lo que hizo ayer el juez Moreiras con su rocambolesca actuación con Mario Conde. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la debida prudencia, debería tomar alguna iniciativa al respecto. La imagen de la justicia está en juego. Y los derechos de los justiciables, se llamen o no Conde. No había razón alguna para decre tar ahora su ingreso en prisión.

La decisión de Moreiras de enviar preventivamente a la cárcel al ex presidente de Banesto por el caso Argentia (supuesta apropiación indebida de 600 millones de pesetas pertenecientes al banco) olía terriblemente a oportunismo y era siempre tardía. Ni el momento ni las circunstancias en que se producía justificaban tan drástica medida.

Las decisiones de Moreiras son a menudo oscuras. De ahí que quepan sospechas sobre sus motivos. Es notoria su ansiedad por quedarse todo el caso Banesto: el caso Argentia, que instruye, y el caso por estafa y apropiación indebida de 7.000 millones de pesetas que instruye el juez García-Castellón. No debe caber duda alguna después de lo habido de que García-Castellón ha de concluir la instrucción del caso. Todo lo demás es dar pábulo a sospechas.

Porque ayer, precisamente ayer, se reunía el Consejo del Poder Judicial para dar luz verde a la creación del Sexto Juzgado de la Audiencia Nacional, requisito indispensable para que García-Castellón pudiera hacerse cargo del caso. Las coincidencias existen, pero en el caso de Moreiras -y Conde- no parece extemporáneo pensar en otras causas, que no la exclusiva del azar. Son un misterio las razones que llevaron al juez a tomar la enérgica decisión de llevar al ex banquero a Alcalá-Meco. Si se trataba de asegurar la presencia de Conde en el juicio por el caso Argentia, está garantizada con las medidas adoptadas hace tiempo por el juez García-Castellón. Hay una fianza de 2.000 millones de pesetas, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse al juez cada 15 días. Condiciones que Conde ha cumplido siempre.

Cabe una última interpretación, basada en las declaraciónes del propio Moreiras al final de la agitada tarde de ayer. Según el juez, la decisión de puesta en libertad de Conde vendría marcada porque tras el auto de prisión, el ex banquero decidió hablar y prestar una nueva declaración. De ser así, la utilización como coacción de la orden de prisión no deja de ser una interpretación muy sui géneris de este recurso le gal. No es, por desgracia, poco común última mente desde que algún juez, como Garzón, ha utilizado este método hasta la saciedad para lograr completar sus instrucciones en el sentido deseado. La primera decisión de Moreiras era absolutamente desproporcionada. La segunda, incomprensible. De ahí que quepa sospechar que han sido adoptadas por motivos no es trictamente procesales. Una vez más.

MARIO CONDE ha arrojado, ahora con alguna mayor precisión que otras veces, la sospecha del cohecho sobre las nada transparentes aguas del caso Argentia Trust, en el que se investiga el destino final de los 600 millones de pesetas con los que, según el ex banquero, se pretendía facilitar la obtención de exenciones fiscales a la proyectada Corporación Industrial y Financiera de Banesto en 1990, Se sabe que esos millones salieron de las arcas de ese banco por orden directa de Conde, pero se desconoce dónde fueron a parar. En cualquier caso, si el cohecho existió, consumado o en grado de frustración, su inductor no pudo ser otro que el propio Mario Conde.Hasta ahora la investigación sumarial realizada por el juez Moreiras apuntaba a que esa importante cantidad de dinero se quedó en manos de Conde. Las confusas e imprecisas declaraciones del antiguo presidente de Banesto ante el juez no permitían otra opción. De hecho, las exenciones, fiscales fueron concedidas en abril de 1990 y la salida de esa cantidad de las arcas de Banesto, sin la autorización de su comisión ejecutiva, tuvo lugar en julio siguiente. Ésa ha sido también, la opinión del ministerio fiscal al acusar a Conde, en su escrito de calificación de la causa, de un delito de apropiación indebida y de otro de falsificación en documento mercantil.

Pero la desconcertante iniciativa del juez Moreiras, aparentemente destinada a meter en la cárcel a Mario Conde, ha tenido el efecto de poner patas arribas toda la instrucción. En beneficio de Conde, al que, finalmente, no envió a la cárcel y a quien, en definitiva, exculpó de la principal acusación: la apropiación indebida de los famosos 600 millones. Y ello a cuenta de la insinuación del ex banquero de que esa cantidad podría haber ido a parar a manos de algunos dirigentes socialistas.

La inexplicable, y en modo alguno explicada, actuación de Moreiras también ha beneficiado al propio juez en sus expectativas de quedarse con el caso Conde al completo. De momento, Moreiras ha conseguido retrasar la apertura del juicio oral en el caso Argentia, lo que le hubiera hecho perder su jurisdicción sobre el caso, y mantiene abierta la posibilidad de seguir reclamando para sí el proceso por estafa y apropiación indebida de 7.000 millones que el juez García-Castellón instruye contra Conde. Ésta puede ser una de las claves, aunque no la única, de una iniciativa judicial unánimemente criticada por juristas y políticos y que ha escandalizado a todo el mundo. La concurrencia objetiva, aunque no sea intencionada, de los intereses de Conde y los deseos de Moreiras, es tan patente que no es extraño que haya hecho saltar todas las alarmas.

Al final, el embrollo que Moreiras ha creado con sus estrambóticas decisiones será desenredado. A ello tiende el recurso que el ministerio fiscal ha interpuesto de inmediato. Pero no basta con ello. Un juez que desconoce, o aparenta desconocer, que no está obligado a hacer lo que el fiscal le pide; que, en cambio, no consulta al fiscal, como es su obligación, cuando decide enviar a alguien a la cárcel, que se aviene a tomar declaración a un inculpado cuando sus abogados lo estiman pertirtente, y que la toma, además, sin la presencia del fiscal y del resto de las partes; que en virtud de esa declaración extemporánea decide por sí y ante sí exculpar a ese inculpado del principal delito, sin importarle que el fiscal ya haya formulado la correspondiente acusación; que pasa en pocas horas del rigor aparente de enviarle a la cárcel a la magnanimidad de librarle de ella y de exculparle: ese juez, además de un ignorante, es un peligro para la justicia y un factor permanente de alarma social.

El caso Banesto ha tenido la virtualidad de alumbrar a plena luz el caso Moreiras. Se gestaba desde hacía tiempo, pero, a partir de ahora ya no cabe duda de que tiene existencia propia. Ello explica el excepcional requerimiento que el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, ha hecho a Moreiras para que le informe de las diligencias practicadas desde el momento en que el fiscal remitió su escrito de acusación y solicitó la apertura del juicio oral. De esa iniciativa tendría que salir la respuesta adecuada a un caso que, más que a ninguna otra instancia o institución, interesa resolver a la propia justicia.

El pasado miércoles, el juez Miguel Moreiras se metió él solito en la ratonera que le habían preparado. Su responsabilidad en la opereta que se desarrolló en el escenario de la Audiencia Nacional es patente. Lo que no está tan claro es que sea el único protagonista, y mucho menos que tenga que soportar en solitario el aluvión de críticas que contra él se han desatado por parte del poder político, del Poder Judicial y del poder de los medios de comunicación.

Moreiras es víctima de su temperamento, y de no haber sabido mantenerse al margen de la presión de que venía siendo objeto antes de que tomara su más que polémica decisión.

El cronometraje de lo sucedido aclara bastante del juego sucio en el que se vio envuelto el magistrado: Más de una semana antes de que ordenara la detención de Mario Conde, el fiscal del caso, Ignacio Gordillo, ya aseguraba a los informadores que el ex presidente de Banesto iba derecho a la cárcel. En su escrito de inculpaciones, además, solicitaba medidas que aseguraran su presencia en la vista oral, pese a constarle, al igual que al resto de los magistrados y fiscales de la Audiencia, que Conde está en libertad bajo fianza de dos mil millones, que tiene que presentarse cada quince días al juez, que tiene retirado el pasaporte, y que hasta el momento no ha dado el menor síntoma de querer eludir la acción de la Justicia. ¿Qué otras medidas deseaba, pues, el fiscal? Evidentemente, sólo podía ser la prisión, y eso es lo que acordó Moreiras a la una del mediodía.

A las trece horas, por tanto, en la Audiencia Nacional, conocían las intenciones del magistrado Miguel Moreiras las siguientes personas que han intervenido en el «caso Banesto»: el presidente, Clemente Auger, que le ha pedido un informe muy detallado de los hechos; el fiscal jefe, José Aranda, que se ha opuesto a que desaparezca la apropiación indebida del pliego de acusaciones; el fiscal Ignacio Gordillo, que se marchó de puente vacacional, y cabe pensar que el propio fiscal general del Estado, Carlos Granados. Ninguno de ellos, entre esa hora y las siete de la tarde hizo nada, ni mostró la menor alarma, ni una simple preocupación por el envío, de nuevo, a prisión del ex banquero, que provisto de su bolsa personal se disponía a ser trasladado a Alcalá-Meco, tras prestar declaración ante el magistrado y no conseguir que éste cambiara su decisión.

La clave de lo sucedido hay que buscarla, pues, entre las siete de la tarde y las siete y quince minutos; y fuera de la Audiencia Nacional más que entre sus cuatro paredes. Las explicaciones que aparecen en el auto de puesta en libertad están hechas a posteriori, para justificar una medida; pero salvo el cambio de actitud del Ministerio fiscal, no abordan el fondo del caso.

El magistrado Miguel Moreiras creyó, tal vez, que si no tomaba la primera medida se encontraría bajo el fuego abrasador de las críticas periodísticas, que volverían a incidir en los «deseos» del ex presidente de Banesto, Mario Conde, de tenerle a él como juez instructor del «caso Banesto», en lugar de al magistrado Manuel García-Castellón, para «explicar» el no encarcelamiento. Después, ante el cambio de actitud en la Fiscalía, dio marcha atrás, pero el escándalo estaba servido. El solito se había metido en la ratonera, y sus detractores tenían nuevos argumentos para atacarle.

«Conde me convenció de que los 600 millones de Argentia Trust fueron a parar al PSOE para pagar exenciones fiscales» declara el juez Miguel Moreiras en una entrevista de Isabel San Sebastián que publicamos en páginas interiores. Asimismo, Moreiras dejó entrever que, en vista de los nuevos datos aportados por Conde, podía haber aforados implicados en el caso. Por otra parte, el magistrado emitió ayer un comunicado en el que pide a los medios de comunicación que no invadan el terreno de los jueces.

EL JUEZ Moreiras ha tenido la primera respuesta en uno de los múltiples frentes que ha dejado, abiertos tras, su errático proceder de hace 10 días en relación con Mario Conde y el caso Argentia Trust, en el que el ex banquero está implicado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional un expediente disciplinario por la posible comisión de tina falta de revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función jurisdiccional.La reacción del órgano de gobierno de la magistratura ha sido rápida. Actuar de otro modo hubiera sido escandaloso. No se necesitaba hacer ninguna indagación para saber lo que era público y notorio. Primero: que este pintoresco magistrado no tuve, reparo en divulgar cuanto Mario Conde le había dicho o dejado de decir en su extraña y provechosa comparecencia del día 11. Segundo y más grave: que públcamente se declaró convencido por las no comprobadas acusaciones lanzadas por el ex banquero contra terceras personas.

La supuesta falta de Moreiras está calificada de grave o muy grave. En el último supuesto, su comisión podría acarrearle la suspensión, el traslado forzoso o la expulsión de la carrera judicial. Pero sea cual sea la decisión que se adopte al respecto, lo inaceptable sería que el expediente se quedase en amago, sin consecuencia alguna. Ello sería interpretado, y muy justamente, como una prueba más del corporativismo de los jueces y de su demostrada pereza para sancionar las conductas irregulares de sus pares.

Es posible que en la actuación de Moreiras existan, además, aspectos delictivos. Saber si hubo o no algún tipo de pacto entre el juez y Conde, con el consiguiente trato de favor al segundo, es algo que sólo podrá deducirse del cuidadoso análisis de todas y cada una de las diligencias practicadas por Moreiras en la fecha en que pareció querer enviar a Conde a la cárcel y terminó por dejarlo en libertad y exculpado, además, de los principales cargos. Pero ésa no es tarea del CGPJ, sino del ministerio fiscal.

HA BASTADO que el instructor del expediente contra el juez Moreiras califique de falta muy grave los hechos que se le imputan -revelar secretos sumariales referidos al caso Argentia Trust- para que ciertas plumas, implacables y justicieras por costumbre, se tornen piadosas y lancen desde sus atalayas periodísticas el aparentemente desinteresado mensaje de que la cosa no es para tanto.Los que hablan de humillación, de castigo desproporcionado o de sacrificio de un magistrado en aras de no se sabe qué intereses cuando se trata del juez Moreiras son precisamente los mismos que descalifican sin contemplaciones al juez García-Castellón, vierten insidias personales contra él, le acusan de prevaricación y le llaman juez prefabricado vendible como un dentífrico.

Quizás la clave de esta actitud no sea otra que el distinto papel que los jueces Moreiras y García-Castellón han jugado en los procesos abiertos a Mario Conde. Es notorio y persistente el inmenso interés que muestra este ilustre imputado porque sus cuentas con la justicia las evalúe Moreiras y no García-Castellón, como está legalmente establecido. Las diversas apelaciones procesales del ex banquero han ido fracasando una tras otra, lo que parece haber provocado gran irritación a Conde y a su terminal mediática.

Por lo que parece, esas almas tiernas, tan compasivas con el juez solicitado por Conde como implacables con el que éste rechaza, hacen todo lo que está a su alcance -el de su pluma o el de su línea editorial- para que nuestro célebre ex banquero se salga con la suya, incluso forzando leyes y propiciando impunidades.

En esa estrategia cabe tanto la presión más descarnada a la independencia de los jueces, indicándoles la sentencia que deben dictar si no quieren ser acusados de estar vendidos al Gobierno, como la insidia sinuosa que intenta sembrar la duda sobre trayectorias profesionales e incluso personales. El instructor del expediente abierto al juez Moreiras está avisado. Apartar a este juez de la carrera judicial o trasladarle a otro juzgado constituiría una intolerable humillación y un castigo desproporcionado y fuera de lugar. Todavía más, convertiría al juez Moreiras en un chivo expiatorio de -¡nada menos!- las insuficiencias del sistema judicial.

Resulta una broma, o mejor dicho, una apreciación interesada, afirmar que los hechos por los que se ha expedientado a Moreiras se deben a «insuficencias del sistema judicial». Como resultaría afirmarlo también del posible retraso indebido relacionado igualmente con el caso Argentia Trust, que ha motivado la apertura de nuevas diligencias informativas contra dicho juez por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Llevado al límite semejante concepto de responsabilidad no habría manera de exigírsela prácticamente a nadie por causa de sus actos. Ni a los jueces prevaricadores, ni a los gobernantes corruptos, ni a los médicos negligentes, ni a los periodistas calumniadores, ni siquiera a los banqueros de rapiña… El sistema, y nunca mejor dicho, sería el verdadero culpable de sus desmanes. Eso sí, siempre que en el vértice del sistema aparezca claramente identificado Felipe González, tan culpable de los GAL como de los saqueos a que presuntamente han sometido a sus empresas Mario Conde y Javier de la Rosa.

EN UN acto de rectificación digno de elogio, el Consejo del Poder Judicial enmendó el martes un despropósito de sus antecesores. Éstos habían saldado con una ridícula multa de 300.000 pesetas la irregular actuación del juez Moreiras en el caso Argentia Trust, cuya instrucción trasladó directamente a las páginas de un periódico mediante una entrevista en la que explicó pormenores protegidos por el secreto sumarial. Todo ello para justificarse por el hecho de haber decretado en un mismo día la prisión incondicional y la libertad del principal inculpado, Mario Conde.Moreiras ha sido suspendido, durante un año en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Ello conlleva la pérdida de su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, del que es titular desde 1991. Es la tercera suspensión que este polémico juez sufre en su accidentada trayectoria profesional. Pocas dudas caben sobre la proporcionalidad de la sanción impuesta con la gravedad de la falta cometida: desvelar secretos sumariales con perjuicio a terceros. ¿0 cabe conducta más grave en un juez que aventar el contenido de unas diligencias sumariales de carácter secreto absolviendo pública y anticipadamente a unas personas y acusando a otras que ni siquiera están personadas en esas diligencias?

Eso fue lo que hizo Moreiras al exculpar por sí y ante sí a Mario Conde delaberse apropiado indebidamente de 600 millones de Banesto e imputar el hecho a dirigentes del PSOE y al intermediario Antonio Navalón. La actuación del juez constituyó, pues, algo más grave que la mera revelación formal de datos sumariales conocidos en el ejercicio de su función Jurisdiccional. Y acierta el Pleno cuando considera que la actuación del juez transmitió un «evidente clima de inseguridad jurídica, deplorable en el funcionamiento de la justicia».

Al menos durante un año, este pintoresco juez, que no brilla, precisamente por su técnica jurídica, no podrá hacer cosas tales como decidir algo y su contrario en el corto espacio de unas horas, decretar fianzas exorbitadas para después reducirlas a la nada, decidir espectaculares y controvertidas prisiones preventivas que se demuestran absurda e injustificadas, rechazar repetidamente querellas que luego debe admitir por mandato superior o revelar frívolamente secretos sumariales con daños a terceros indefensos. Pero la cuestión de fondo es qué va a pasar después. ¿Volverá, Moreiras a las andadas, a su imprevisible modo de instruir e impartir justicia, como sucedió tras sus dos anteriores expulsiones-ambas por un año- de la carrera judicial?

Es evidente que esta cuestión no se resuelve fácilmente con simples medidas disciplinarias. Remite a otras más de fondo como. los modos de selección de los jueces, sus sistemas de promoción, especialmente a puestos tan complejos como los que se desempeñan en la Audiencia Nacional, y, sobre todo, sus deficientes procedimientos de exigencia de responsabilidades. Es decir, ¿puede un sistema judicial como el diseñado por la Constitución tolerar en su seno jueces como Moreiras sin riesgo de desprestigiarse?. Como todo poder, él judicial también se legitima por su ejercicio. Y está claro que esa legitimidad siempre ha estado bajo mínimos en lo que respecta a Moreiras, a juzgar por su historial profesional. Lo malo. es que esos comportamientos caprichosos, de no corregirse a tiempo, terminan por desacreditar a la justicia entera.

El cambio de rumbo del actual Consejo respecto de la deriva irresponsable en la que había caído su predecesor parece augurar un pulso más firme en el tratamiento de los problemas que aquejan a la justicia. Pero si de proteger el secreto sumaria! se trata, sería hipócrita creer que se ha resuelto el problema con la sanción a Moreiras. El Poder Judicial tiene amplia tarea sin salir de la propia Audiencia Nacional. No hay secreto peor guardado que el de muchos de sus sumarios. A la hora de airearlos no hay ex agente, del Cesid que les aventaje.