El ‘ácido bórico’ provoca un enfrentamiento judicial entre el juez Baltasar Garzón y la juez Gemma Gallego

La juez Gemma Gallego dictó ayer un auto en el que levanta la imputación de los peritos de la Policía Científica, Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, que habían sido acusados de falsedad documental por Baltasar Garzón.

Ya dijimos en su día que la incriminación del juez estrella de la Audiencia Nacional había sido «un montaje», prefabricado en un maratoniano interrogatorio sin garantías y en base a juicios de intenciones sin sustento alguno. La decisión de la magistrada corrobora lo que siempre ha defendido este periódico: que los peritos habían actuado correcta y profesionalmente en contraste con sus superiores, que han tenido que declarar como imputados en el juzgado de instrucción número 35 de Madrid.

La juez Gallego argumenta con lógica que no tiene sentido hablar de falsedad, ya que los peritos no hicieron sino volver a firmar el mismo documento que habían elaborado meses antes, sin tocar ni una sola coma. La juez recuerda que los peritos pusieron el hecho en conocimiento de su superior, José Andradas.

Y explica que la iniciativa de los peritos se produjo porque no encontraron su informe en el sobre donde debía estar, ya que su jefe Francisco Ramírez lo había sustituido por otro, haciendo desaparecer el original. No hubo dolo alguno ni se alteró «ninguna de las funciones» del documento, que «permaneció intacto», en palabras de la magistrada.

El fallo de la juez exime de responsabilidad penal a los tres peritos, pero desgraciadamente no sirve para reparar el grave daño sufrido por estos profesionales que fueron virtualmente linchados en los medios progubernamentales de comunicación.

En un ejercicio de manipulación que ahora queda en evidencia, El País titulaba a cuatro columnas en su primera página el pasado 30 de septiembre: «Los peritos del ácido bórico falsearon el informe que relaciona ETA y 11-M». El mismo diario llamaba «tramposos» en su editorial a los peritos y les acusaba de prentender engañar a la opinión pública con oscuros propósitos. Ese mismo día, Diego López Garrido, portavoz del PSOE, pedía a la Justicia que investigara a «los instigadores» de los peritos, que, según sus palabras, pretendían desacreditar a las Fuerzas de Seguridad y a los jueces. En la misma línea y en idéntica fecha, ABC se jactaba de que el auto de Garzón ponía en evidencia que nuestro periódico había mentido y hablaba de «graves falsedades documentales» de los peritos con el fin de alentar «la teoría de la conspiración» y «propalar noticias falsas».

Esto es lo que hicieron El País y ABC al criminalizar a esos peritos que, según ha quedado acreditado judicialmente, actuaron de forma impecable. Suponemos que hoy mismo esos medios pedirán disculpas a sus lectores y, sobre todo, a los peritos policiales a quienes difamaron tan injustamente.

Un mes después de que Garzón intentara cerrar el caso con un absurdo auto de exculpación de los mandos policiales, la juez Gemma Gallego dictó ayer una resolución en la que acusa de delitos de falsedad documental y falso testimonio a Francisco Ramírez, jefe del laboratorio químico de la Policía Científica; a su inmediato superior, José Andradas; a Pedro Mélida, secretario general de la Policía Científica; y a Miguel Ángel Santano, comisario general. A éste le imputa un delito de encubrimiento en el supuesto de que fuera exonerado de los anteriores.

Técnicamente, lo que la juez Gallego hizo ayer fue dictar un auto de transformación en procedimiento abreviado, lo que implica que, si la acusación particular lo solicita en el plazo de 10 días -y sin duda lo hará-, estos cuatro mandos de la Policía Científica tendrán que sentarse en el banquillo para responder de esos delitos.

En su escrito, la juez considera probado que Francisco Ramírez decidió cambiar el informe realizado por los tres peritos a instancias de sus superiores, que querían eliminar cualquier nexo entre el ácido bórico incautado a un terrorista islamista y la utilización de esta sustancia por ETA.

La juez refleja que los peritos se negaron a cambiar su informe, realizado en marzo de 2005, y que Ramírez decidió modificarlo «con conocimiento y anuencia de los otros imputados». Para ello, según el auto, «alteró el objeto» del análisis solicitado, ocultó el hecho de que él no había recibido las muestras ni efectuado las pruebas y eliminó la mención a sus verdaderos autores, sustituyendo el informe de los peritos por otro que seguía las indicaciones de sus jefes.

La narración que hace la juez de lo que sucedió coincide punto por punto con la información publicada por EL MUNDO, que siempre sostuvo que se trataba de una falsedad ordenada por los mandos de la Policía Científica para evitar esa referencia a ETA que constaba en el informe de los peritos. Éstos quedaron exculpados por la juez, que dictó un auto en el que les levantaba la imputación de Garzón al no apreciar delito alguno en su conducta.

La impecable reconstrucción de los hechos que hace la juez Gallego pone en evidencia la parcialidad de las actuaciones de Garzón, que, a pesar de carecer de competencias, intentó exculpar a los responsables de la manipulación y criminalizar a unos peritos que se habían limitado a realizar un trabajo profesional, ajustándose el encargo de sus jefes.

Pero también medios como El País y ABC fueron cómplices entusiastas en esta labor de intoxicación, en la que no vacilaron en engañar a sus lectores. Todavía siguen sin pedir disculpas a los peritos que difamaron y, sobre todo, siguen sin rectificar sus falsas informaciones.

El auto de ayer aboca prácticamente a los cuatro mandos de Interior a sentarse en el banquillo. Será la Justicia quien tenga la última palabra sobre sus responsabilidades penales, pero, al margen de ese veredicto, los hechos han quedado ya muy claros.

Él tiene el pelo cano y las espaldas cansadas por 30 años de meticuloso y sobresaliente servicio público. Ella no ha querido que su única imagen pública fuera la de una mujer marcada, obligada a taparse el rostro ante el acoso de la prensa hostil. Son los dos primeros facultativos en el escalafón de la Policía Científica y, después de seis semanas de avatares judiciales, han decidido romper su silencio ante la opinión pública.

Su testimonio de hoy ante Casimiro García-Abadillo corrobora con la fuerza de la autenticidad que, por mucho que el Gobierno, sus aliados parlamentarios y sus siameses mediáticos hayan tratado primero de distorsionarlo y después de minimizarlo, estamos ante un doble escándalo de gravísimas implicaciones políticas.

El hecho de que, al cabo de haber realizado y firmado más de 3.000 análisis e informes durante 30 años de brillante desempeño, Escribano no haya vivido ningún otro episodio como este, en el que se le conmina «por orden de la superioridad» a modificar un documento para eliminar «lo de ETA», es ya suficientemente expresivo de la trascendencia de lo ocurrido. No estamos -como se ha pretendido- ante una rutinaria intervención de los mandos para enmendar el trabajo insatisfactorio de un subordinado, sino ante la insólita interferencia de un criterio político en un trabajo escrupulosamente profesional.

Durante esos 30 años de democracia nunca había ocurrido nada igual en la Policía Científica: ETA no podía aparecer vinculada al 11-M, ni siquiera a través de un vínculo lateral como la coincidencia en la posesión de ácido bórico. Tan inusual es el episodio que ambos peritos alegan, con muy buen fundamento, que la iniciativa tuvo que trascender el ámbito de la propia Policía Científica y que los cuatro mandos que la juez Gallego está a punto de sentar en el banquillo probablemente compartieron la decisión con la propia Comisaría General de Información que había encargado -a través de la UCIE- el informe.

Es obvio que, al margen del procedimiento judicial, aquí hay unas responsabilidades políticas que depurar, pues lo ocurrido demuestra que se manipuló la información del 11-M, privando al juez de un elemento cuya relevancia le tocaba a él ponderar, para favorecer las tesis gubernamentales sobre el atentado. Pero este escándalo que es policial y político encierra, además, en su interior otro escándalo que es judicial y político. Nos referimos al montaje urdido en la Audiencia por el juez Garzón y el fiscal jefe Zaragoza para darle la vuelta a la tortilla, exonerar a los mandos e imputar a los peritos. Ni un solo jurista digno de tal nombre ha avalado hasta ahora la peregrina argumentación que dio paso al linchamiento de quienes denunciaron la falsificación por el conducto reglamentario.

Los peritos afirman hoy que fueron víctimas de una «encerrona», fruto de un «apaño» entre el juez estrella y la «superioridad». Aportan para ello un dato esencial: la víspera de su comparecencia ante Garzón habían reconstruido ya con todo detalle lo ocurrido ante el instructor nombrado por el departamento de Asuntos Internos de la Policía. Toda la escenificación de Garzón, sintiéndose engañado al «descubrir» que los peritos habían vuelto a firmar la reimpresión de su documento en una fecha distinta de la consignada en el original, no habría sido pues sino puro teatro procesal para utilizarles como cortafuegos con el que proteger al Gobierno.

Todo esto es tan verosímil y probable que ha llegado el momento de cogerle la palabra al portavoz socialista Diego López Garrido, quien anunció su propósito de investigar quienes habían sido «los instigadores políticos de la falsificación». Zaplana dijo entonces que «por primera vez en mucho tiempo» estaba de acuerdo con él y le emplazó a que el Parlamento averiguara lo ocurrido. Ha llegado la hora de formalizar ese emplazamiento. Monsergas y divagaciones al margen, el PP tiene una excelente ocasión de demostrar su compromiso con la búsqueda de la verdad y su eficacia en la esencial labor opositora de controlar y denunciar los desmanes del Gobierno. Porque los desmanes están aquí muy claros y la mano del Gobierno, también.

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, ha decidido justo lo contrario que su colega de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el caso sobre la supuesta falsificación del informe sobre el ácido bórico con el que se pretendió relacionar a ETA con el 11-M: ha exculpado de falsedad documental a los peritos que elaboraron el informe e imputado a sus superiores y responsables de la Comisaría General de Policía Científica.

Tras la constatación judicial, que no ha sido impugnada por nadie, del carácter inocuo del ácido bórico y la corroboración de que no es una sustancia explosiva, la pregunta inevitable no es por qué los responsables de la Policía Científica ordenaron suprimir del informe una supuesta relación de ETA con el 11-M basada en esta sustancia, sino por qué los peritos insistieron en mantener esa relación con una base científica tan falta de rigor. Esa pregunta planeará sobre el proceso y con mayor motivo tras haber esbozado Garzón y Gallego respuestas diametralmente opuestas a la misma en sus respectivos autos.

La falsedad documental es un delito técnicamente muy complejo, pero parece evidente que los superiores de los peritos estaban facultados para actuar como lo hicieron, como señaló Garzón, de acuerdo con las normas de jerarquía y de calidad que rigen un centro administrativo. Mantener lo contrario, como se deduce del auto de la juez Gallego, de modo que se otorgue carácter oficial a un informe en curso de elaboración y antes de que los responsables del centro le den su visto bueno y la orden de salida, no dejaría de plantear serios problemas de funcionamiento interno en los organismos administrativos del Estado.

No hay que minimizar que dos jueces que investigan en primera instancia un mismo hecho, si bien centrados en aspectos distintos del mismo -Garzón, la naturaleza del ácido bórico y Gallego, la confección del informe que analiza esa sustancia- difieran tan diametralmente en sus conclusiones. Cuando menos, esa disparidad produce perplejidad y proyecta una imagen personalista que, al tiempo que mina la credibilidad del sistema, acrecienta el recelo ciudadano ante los jueces. Sería, en todo caso, gravísimo que todo se debiera a los alineamientos ideológicos sobre la autoría del 11-M que parecen haber prendido en la judicatura.

Rubalcaba está jugando ya como los futbolistas viejos que un día fueron buenos: llega muy tarde al balón, da patadas delante del juez de línea, rabioso por su decadencia, y, aunque el rafaguerrero convenza al trencilla para perdonarle la expulsión, es seguro que la tarjeta amarilla se convertirá en roja en la próxima coz, que no será contra el otro, sino contra la decadencia de sí mismo.

Lo chocante es que Rubalcaba ha encontrado en un linier tronado el cómplice obsequioso de su decadencia, y aunque hacen falta dos jueces de línea que fallen al unísono en la aplicación de la ley del fuera de juego, siempre hay uno que, empeñado en resultar figura de algo, hace la triste figura. Hoy, el rafaguerrero que, a las órdenes del árbitro Cándido, disimula los estragos del tiempo en el juego de Rubalcaba es el director de ABC, que no se cansa de hacer el ridículo en la banda derecha. Del línea de la banda izquierda no se esperaba mucho. De éste, no tanto.

Uno pensaba que el diario inane habría escarmentado tras el fracaso de su última promoción, una película de Producciones Rubalcaba para Cándido Films que tituló La juez del bórico. El infame linchamiento de tres peritos honrados y una juez por Garzón, ABC y El País, terminó como el rosario de la aurora: Garzón está fuera del caso y denunciado por prevaricación; la juez concluyó la instrucción; los peritos están libres; y de la cúpula de la Policía Científica, sus cuatro jefes serán juzgados por falsificación de documento oficial: el de la posible relación ETA-11M. Entre tres y seis años de cárcel.

Pues bien, el rafaguerrero de la banda derecha ha vuelto a escuchar la Voz de la Cocina: «¡Marchando ooootra de bórico!». Y, como un Obelix del Bocho, se ha tirado de cabeza a la marmita. El resultado es de traca: esa banda policial que traficaba con explosivos tenía a dos tíos diseñando otro montaje sobre el 11-M, como el del bórico. Pero era un montaje rarísimo: trataban de engañar a Pedro Jota contándole no se sabe qué -no nos lo dicen- sobre no se sabe qué participación policial -no nos la aclaran- en la masacre del 11-M. Y estos policías malos, sabiendo que tenían intervenidos los teléfonos, llamaban a EL MUNDO para engañarlo, aunque al hacerlo se delataban y hundían. ¿Y todo eso para qué? Misterio.

EL MUNDO ha publicado -y es verdad- que una banda policial traficaba con Goma2 Eco y que algunos de sus miembros tienen relación con la comisaría donde apareció la falsa mochila de Vallecas, también con Goma2 Eco. Dice el ABC (en la línea Olga ‘Valeyá’) que ése es el explosivo que utilizaron los islamistas para volar los trenes. ¿Pero no juran los Tedax que no puede saberse qué explosivo fue? Y añade que hay una conspiración sobre el 11-M… ¡a espaldas de los conspiradores! ¿Y la destapan los que niegan la conspiración? Rubalcaba, Zarzalejos: estáis para partido de homenaje.