El juez Garzón reabre el ‘caso GAL’ y manda a la cárcel a Julián Sancristobal, Miquel Planchuelo y Francisco Álvarez

Baltasar Garzón ordena el ingreso en prisión del ex número dos de Interior Julián Sancristóbal tras someterle a un careo con el ex policía José Amedo. También detiene al ex jefe del mando antiterrorista Hierro, a los comisarios Planchuelo y Sainz Ocesa y ordena capturar al ex comisario Alvarez. El magistrado les acusa de secuestro, tentativa de asesinato y malversación de fondos públicos en relación al «caso Segundo Marey», sucedido en 1983. PP e IU piden la inmediata comparecencia del Gobierno en el Parlamento, y el PNV solicita la dimisión del ex ministro Barrionuevo como diputado.

MADRID.- José Amedo y Michel Domínguez han decidido colaborar con la Justicia en la investigación del «caso GAL». Ambos declararon el pasado viernes ante el juez Baltasar Garzón, y su testimonio implica al Gobierno en el montaje de la citada organización terrorista anti ETA.

El juez Garzón, tras analizar las manifestaciones de Amedo y Domínguez, inició ayer mismo una amplia redada, con el fin de detener a varios altos cargos policiales y ex responsables de Interior que fueron entre 1982 y 1987 sus jefes directos.

Julián Sancristóbal, destacado militante socialista, ex número dos de Interior como director de la Seguridad del Estado y ex gobernador civil de Vizcaya, fue arrestado ayer por funcionarios policiales en su domicilio de Madrid, a las once de la mañana, y trasladado a la sede de la Audiencia. A las nueve de la noche, el juez decretó su ingreso en la prisión de Alcalá Meco.

La detención de Sancristóbal, que encendió todas las alarmas del Ministerio de Interior y conmocionó a las dependencias policiales, no fue más que el principio de la redada de mayor envergadura institucional que se conoce en la historia de España.

Garzón había encargado a funcionarios policiales adscritos a la Audiencia Nacional la detención de Sancristóbal y la del ex comisario Francisco Alvarez.

Eran las 13,15 horas cuando la Dirección General de la Policía recibió la orden de detener a los comisarios Julio Hierro, Miguel Planchuelo y Francisco Sainz

Todos ellos conformaban la cúpula de la lucha antiterrorista en Bilbao y Madrid con el primer Gobierno socialista, siendo ministro de Interior José Barrionuevo.

A las cuatro de la tarde, el comisario Julio Hierro Moset fue detenido en su casa de Madrid por orden de Garzón y trasladado a la Audiencia Nacional.

Hierro designó como defensor al polémico abogado Jorge Argote, vinculado a Interior, pero el Departamento que dirige Juan Alberto Belloch le forzó para que renunciara a su asistencia y designara otro letrado.

Paralelamente, eran arrestados Planchuelo y Sainz Ocesa en Salamanca y Bilbao, respectivamente.

Hierro es ex responsable de la Brigada de Información de Bilbao, ex jefe superior de Policía de San Sebastián y ex coordinador del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista.

Baltasar Garzón acusa a Sancristóbal, Hierro, Alvarez, Planchuelo y Sainz Ocesa de ser presuntos responsables de los delitos de asesinato frustrado, detención ilegal y malversación de caudales públicos, todo ello en el sumario abierto por el secuestro de Segundo Marey.

Es en este sumario, abierto hace siete años, en el que los dos ex policías condenados a 108 años por el «caso GAL» prestaron el viernes declaración durante varias horas. Este secuestro constituyó la primera acción reivindicada por los GAL, en diciembre de 1983.

Francisco Alvarez fue jefe de la Brigada de Información de Bilbao, jefe superior de Policía de Vizcaya y jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio de Interior. En la actualidad se encuentra en excedencia y es el propietario de una empresa de seguridad con sede en Barcelona.

Alvarez se vió sorprendido ayer al mediodía en Barcelona por una noticia del telediario de las tres de la tarde de TVE, en la que se informaba que había sido detenido.

A las cinco de la tarde comunicó con la Audiencia Nacional telefónicamente e informó al juzgado de Garzón de su intención de presentarse en la mañana de hoy.

Miguel Planchuelo fue jefe de la Brigada de Información de Bilbao, jefe superior de Policía de Vizcaya y en la actualidad está destinado en Salamanca como comisario principal.

Por último, Francisco Sainz Ocesa fue compañero de Amedo y Domínguez como inspector de la Brigada de Información y es ahora comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial de Bilbao.

Una vez practicadas las detenciones de Julián Sancristóbal y Julio Hierro Moset, el juez Garzón citó a Amedo y Domínguez a las cinco de la tarde. Pocos minutos después de esa hora, ambos entraron en el edificio de la Audiencia acompañados de su abogado, Jorge Manrique Castellano.

A las siete y cuarto de la tarde se inició, en el despacho del juez Baltasar Garzón, en la segunda planta de la sede de la Audiencia Nacional, un careo de Julián Sancristóbal con José Amedo.

Una vez concluido, Sancristóbal fue trasladado a la prisión y el juez comenzó a interrogar a Julio Hierro. Amedo y Domínguez permanecían en el juzgado en previsión de que fuera necesario efectuar algún careo con Hierro.

Al cierre de esta edición, el comisario Hierro había concluído su declaración y el juez había comenzado su interrogatorio a Sainz Ocesa. Hoy está previsto que declare el comisario Planchuelo.

Antes de iniciar la redada de ex altos mandos policiales, el juez Garzón decretó el secreto del sumario, por lo que las partes personadas en la causa no pueden estar presentes en las diligencias judiciales que se están llevando a cabo en la Audiencia Nacional.

La declaración de Amedo y Domínguez, que ocupa cerca de veinte folios, aporta datos que implican al Gobierno en el montaje de los GAL, a través del seguimiento de la línea jerárquica superior a José Amedo y Michel Domínguez, según ha podido saber EL MUNDO en fuentes de absoluta solvencia.

Las responsabilidades que Amedo y Domínguez atribuyen a Julián Sancristóbal están relacionadas con la orden de llevar a cabo el secuestro de Marey, la coordinación del mismo y las órdenes que se les facilitaron a los autores materiales y a quienes custodiaron a la víctima.

A Planchuelo y Alvarez les atribuyen participación en la planificación del secuestro y en las operaciones de contacto con los autores y traslado de Marey desde Francia a España.

Por último, a Sainz Ocesa se le imputa haber participado en los traslados de Marey.

La noticia de la decisión de Amedo y Domínguez de colaborar con la Justicia y de la redada tuvo un efecto demoledor en los despachos de Interior y en las dependencias policiales de toda España.

Desde la mañana, las líneas telefónicas estaban bloqueadas. «¡Han colocado a Sancristóbal!». Esta frase corrió de despacho en despacho, de Jefatura en Jefatura.

Funcionarios policiales destinados en Bilbao durante los años en que los GAL estuvieron cometiendo acciones terroristas conectaron entre sí. Se preguntaban: «¿Te han llamado a tí?, ¿sabes algo?, ¿hasta dónde llega la cosa?».

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APOYO

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EL MUNDO optó por colaborar con la Justicia

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EL MUNDO conocía desde el pasado viernes que José Amedo y Michel Domínguez habían prestado declaración ante el juez Garzón en el sumario por el secuestro de Segundo Marey, pero decidió renunciar a una exclusiva para de ese modo colaborar con la acción de la Justicia.

Incluso, parte de los datos que obran ya en el sumario son fruto de una investigación periodística desarrollada por EL MUNDO.

El pasado jueves, Pedro J. Ramírez, director del periódico, cumplimentó un requerimiento del juez Baltasar Garzón y entregó al magistrado diversos documentos que han sido aportados a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

La documentación entregada al juez el pasado jueves obra en poder de este periódico desde hace meses, afecta a asuntos diversos relacionados con los GAL y es fruto de una larga y ardua investigación que ha llevado a cabo el periodista Melchor Miralles, en la actualidad director de EL MUNDO DEL PAIS VASCO.

Desde su fundación hace cinco años, EL MUNDO no ha cesado de investigar el fenómeno terrorista de modo genérico, y los asuntos relacionados con las organizaciones ETA y GAL más concretamente. Parte del fruto de este trabajo es ya conocido por haber sido publicado, y el resto es conocido por la autoridad judicial encargada de la investigación.

Unicamente el último párrafo del artículo publicado el pasado domingo por Pedro J. Ramírez, anunciaba literaria y metafóricamente lo que sabíamos que iba a suceder: «Por eso avanza por el pasillo, daga en ristre, camino de la bañera de quien aún se pretende amigo del pueblo, la más inesperada Carlota Corday, el más improbable Jonás recién eructado desde un remoto pliegue del vientre de la ballena».

La decisión de Julián Sancristobal, ex director general de la Seguridad del Estado, y cuatro altos jefes policiales, por orden del juez Baltasar Garzón, significa la abrupta reapertura de un caso, el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que no quedó ni cerrado ni esclarecido totalmente con la condena de los ex policías Amedo y Domínguez. Es de suponer que el magistrado de la Audiencia Nacional, que reactivó tras su regreso de la política el sumario existente por la primera acción reivindicada por aquella siniestra trama – el secuestro de Segundo Marey, en 1983 – dispone de indicios delictivos suficientes que justificarían la adopción de medidas tan graves sobre quienes ocupaban entonces puestos clave en la lucha antiterrorista. De ser así, las repercusiones penales y políticas del caso alcanzarían una dimensión enorme.

No hay que olvidar que la indagación judicial sobre las responsabilidades superiores a José Amedo y Michel Domínguez, condenados como organizadores de los GAL y también presentes ayer en la Audiencia Nacional, se estrelló con una X que no puedo ser despejada y con el muro de los fondos reservados. Las irregularidades en el manejo de estas partidas opacas del Ministerio del Interior destapadas por el caso Roldán han demostrado las razones que vetarían el conocimiento de su aplicación incluso a la propia justicia, lo que abre un resquicio de imprevisibles consecuencias. El impacto que estas detenciones van a tener sobre una opinión pública hastiada ya de escándalos va a ser considerable. Sin embargo, frente al desánimo  social debe subrayarse la capacidad del Estado de Derecho para aclarar, y depurar en su caso, hasta los asuntos más tenebrosos.

Como el cartero, el juez Baltasar Garzón ha vuelto a llamar una segunda vez a las puertas de antiguos altos cargos del Ministerio de Interior en busca de los inspiradores y responsables de los GAL. Y esta vez el que fue juez instructor del caso Amedo parece contar con datos e indicios que le permiten subir algunos escalones jerárquicos por encima de los ex policías Amedo y Domínguez, hoy en régimen abierto tras su condena a 108 años de cárcel como inductores de seis asesinatos frustrados cometidos por los GAL en Francia en febrero de 1986.Esta nueva instrucción judicial sobre actuaciones delos GAL tiene por objeto determinar responsabilidades en tomo al secuestro de Segundo Marey, ocurrido en Hendaya (Francia) en diciembre de 1983. Éste fue el primer atentado atribuido a esas siglas terroristas. La de tención de Julián Sancristóbal -entonces gobernador civil de Vizcaya, nombrado más tarde director general de la Seguridad del Estado por José Barrionuevo- y de otros cuatro altos cargos policiales asignados a la Jefatura Superior de Bilbao parece reconducir la investiga ción sobre esta siniestra trama por los derroteros que no fue posible transitar en el caso Amedo. Los resultados de esta nueva iniciativa procesal dirán si el hilo que ahora retorna el juez Garzón conduce a la inquietante X con que coronó el organigrama de los GAL en el momento de elevar el sumario sobre elcaso Amedo a la Audiencia Nacional, en julio de 1988.

Es posible que Garzón cuente ahora con datos y testimonios que el paso del tiempo y las nuevas irivestigaciones sobre el uso de fondos reservados -sobre todo, a raíz del asunto Roldán- le han servido en bandeja. Las confesiones realizadas ante el juez por Amedo y Domínguez el pasado viernes parecen haberse convertido en material acusatorio de primer orden. Los detenidos no son, desde luego, nuevos en el, escenario de la investigación de los GAL ni, por tanto, unos desconocidos para Garzón. La mayoría de ellos ya tuvieron que vérselas con el juez instructor del caso Amedo, si bien bajo la conminatoria orden de Barrionuevo de abstenerse de responder a cualquier pregunta sobre los fondos reservados. Hoy, algunos de los detenidos ya no son funcionarios y no es probable que los que siguen siéndolo se encuentren con una orden parecida por parte de quien está al frente de Justicia e Interior.

Tenemos que suponer que el juez Garzón dispone de los más consistentes elementos indiciarios para tomar una decisión de tan extremada gravedad como la de decretar el ingreso en prisión de Julián Sancristobal – director general de la Seguridad del Estado en los primeros Gobiernos socialistas – y la detención de algunos de sus más directos colaboradores, con altas responsabilidades en la lucha antiterrorista. Siempre hemos sostenido que una de las servidumbres y grandezas del Estado de Derecho reside en la limitación del poder, que no ha de exceder sus facultades ni vulnerar las garantías, ni aún las de aquellos que pretenden la demolición del Estado. Pero tampoco los jueces pueden desconocer las letales consecuencias que para la supervivencia de éste podrían seguirse de actuaciones precipitadas o sectarias. Toda prudencia será poca a la hora de enjuiciar este suceso que querríamos ver esclarecido, sin dañar valores tan trascendentales como aquellos que se pretende proteger. En todo caso, no se oculta que se trata de una maniobra de Baltasar Garzón contra Felipe González.