El juez Garzón ordena la detención del ex Presidente de Chile, Augusto Pinochet, para que sea juzgado en España

El ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, senador vitalicio chileno, fue detenido ayer en Londres por orden judicial y puesto bajo vigilancia de Scotland Yard en el London Brigde Hospital, donde se recupera de una intervención quirúrgica. La Justicia británica ha respondido con ello al requerimiento formulado horas antes por el Juzgado Central de Instrucción número 5 español, cuyo juez titular, Baltasar Garzón, investiga la posible participación de el ex dictador en la llamada Operación Cóndor, que sirvió para coordinar actividades de guerra sucia en el Cono Sur latinoamericano a lo largo de los años 70. La Audiencia Nacional española tramita otra causa en la que también está implicado el viejo general. Afecta a la desaparición de varios ciudadanos españoles tras el golpe de Estado pinochetista de 1973.

El Gobierno de Chile ha protestado ante el de Londres y ha pedido la inmediata liberación de Pinochet. Sostiene que ha violado la inmunidad del ex dictador. Tal vez las autoridades de Santiago, cuando dieron pasaporte diplomático a Pinochet, no repasaron -o sí: todo puede ser- lo que dice la Convención de Viena. Esta protege en cada país pura y exclusivamente al personal diplomático que está acreditado en él. Y Augusto Pinochet no forma parte de la legación chilena en el Reino Unido. Así, da igual que posea pasaporte diplomático o no. Su detención en Londres es perfectamente legal. Como sería perfectamente legal que fuera extraditado a España.

¿Lo será? Depende de que el juez español formule la petición y de que el Gobierno de Londres acceda a ella. Abel Matutes manifestó ayer que su Ministerio está dispuesto a colaborar plenamente con la Justicia. Bien está que así sea, pero no hace falta: Garzón puede solicitar la extradición del ex dictador directamente, a través de la Interpol, sin que tenga que intervenir para nada la diplomacia española.

Siga los derroteros que siga este procedimiento, acabe en lo que acabe, lo ya logrado en él posee una elevada -y positivísima- carga simbólica. Que el decrépito verdugo retirado -que aún se ufana de la carnicería que propició violentando la libre voluntad de sus conciudadanos expresada en las urnas- se vea al final tratado como un delincuente y obligado a dar cuenta de sus actos ante la Justicia internacional es una lección. No sólo para él, sino también para todos los sátrapas y aspirantes a sátrapa que hay a lo ancho y largo del mundo. La globalización tiene que empezar por ahí: no pueden existir fronteras para la persecución de los delitos contra los derechos humanos. Y quienes los violen sistemáticamente tienen que ser conscientes de que -antes o después, en su país o a miles de kilómetros- puede caer sobre ellos el castigo que se han ganado con sus actos.

La detención de Augusto Pinochet en Londres es fruto de un muy largo procedimiento judicial tenazmente impulsado por algunos ciudadanos españoles, familiares de víctimas del ex dictador, y por varios letrados, entre los que destaca Joan Garcés, habitual colaborador de EL MUNDO, que fue asesor personal del presidente Salvador Allende y que desde hace 25 años reivindica su memoria. Ellos deben ser los primeros en recibir el reconocimiento de los demócratas.

EL CERCO internacional en torno a Augusto Pinochet se cerró ayer de repente en Londres con el anuncio de la detención del ex dictador chileno. Scotland Yard, por orden de la justicia británica y a instancias del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, localizó y detuvo al general, que se encontraba en la capital británica para someterse a una operación de hernia. Pinochet, otrora todopoderoso dictador militar en Chile, traidor al orden constitucional que había jurado como militar, pero ante todo responsable último de miles de muertes, ha sido detenido por su presunta implicación en delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. El Gobierno chileno ha protestado por la decisión de las autoridades británicas, como lo viene haciendo por la insistencia de dos magistrados españoles en perseguir judicialmente al ex dictador por sus crímenes contra víctimas españolas. Es lógico que el Gobierno democrático chileno proteste contra la detención de un senador vitalicio con inmunidad diplomática, aunque tal condición sólo pueda explicarse por las peculiaridades de la transición chilena y el papel de fiscalizador amenazante de la misma que se reservó el Ejército. Parece también claro que existen conflictos de competencias entre las instituciones implicadas en este caso, así como ciertos problemas derivados de la práctica habitual del derecho internacional. Todo ello puede discutirse y tratarse con tranquilidad y espíritu de cooperación, pero ahora, con el presunto criminal ya despojado de una impunidad que no ha dejado de utilizar para insultar a sus víctimas.

En la lucha por los derechos humanos y de persecución de los crimenes contra la humanidad, la comunidad internacional está pisando terreno nuevo, conquistando continuamente nuevos espacios que se arrebatan a la impunidad de la que han gozado tradicionalmente estos criminales. Esa impunidad no sólo es una afrenta a las víctimas, sino una instigación a que se repitan tales crímenes. Casi todos los meses, aunque todavía con cuentagotas, criminales de guerra de la ex Yugoslavia son puestos a disposición del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra en la ciudad holandesa de La Haya. Desde hace años, terroristas de ETA son entregados por Francia a la justicia española. Y algunos de los máximos responsables de las matanzas en Burundi son sometidos a un juicio internacional en Tanzania. Por los mismos motivos, es de justicia que un personaje como Pinochet, que sigue dando pruebas diarias de su absoluta falta de arrepentimiento, tenga que responder ante un tribunal, con plenas garantías, de todas las acusaciones que pesan contra él.

La detención de Pinochet llega cuando acaban de cumplirse 25 años de su golpe de Estado, que abrió las puertas a una oleada de crímenes de los que ahora se le acusa. Algunos dirán que es tarde. No es así. Primero, porque él mismo se ha encargado una y mil veces de dejar claro que sigue siendo el mismo y que volvería a hacer lo que hizo. Segundo, porque la comunidad internacional está ya plenamente de acuerdo en que hay crímenes que no prescriben, y Pinochet está acusado de varios de ellos.

La detención y el eventual juicio, en caso de que se produzca, demostrará a todos los criminales habidos y por venir, a los que hoy mismo siguen actuando desde una sensación de impunidad en Kosovo y tantas otras zonas del mundo, que nunca podrán vivir tranquilos, que por mucho tiempo que pase siempre se verán perseguidos por un mundo que está decidido a penalizar esta clase de crímenes. La detención de Pinochet es todo un aviso para quienes creen que las fronteras de su propio país les ponen a salvo de cualquier juez.

La tardía captura del Caudillo, que los españoles siempre soñamos y nunca vimos, se nos propicia ahora, como Historia/ficción, con la detención de Pinochet en Londres. El subconsciente colectivo necesita que el vuelo supermánico de Garzón se consume, que por fin a un dictador se le eche el candado.

Cuenta un autor italiano que, cuando Curzio Malaparte fue al otro mundo, Mussolini, que le estaba esperando, preguntó:

– ¿También a ti te mataron, Curzio?

– He muerto en la cama, Duce.

– Eso es peor, muchacho.

Mussolini, al menos, sabía que los dictadores no deben morir en la cama, sino colgados de un farol por los pies, como él. Franco ignoraba esta estética y Pinochet también. Incluso diríamos que Aznar la ignora, porque está poniendo inconvenientes a la extradición del Caudillo chileno y dice que Garzón «no aporta fundamentos reales». Quizá no aporte fundamentos reales el juez Garzón, pero aporta muertos reales, torturados reales, ahogados reales, fusilados reales, víctimas reales. ¿Qué más quiere el señor Aznar para que dejen de llamarle «facha», ahora que la Academia lo permite?

Para los chilenos que ya rodean la clínica londinense como un zoco araucario, pidiendo justicia contra el Caudillo, la detención de Pinochet es la culminación de esa Justicia. Para nosotros los españoles, la detención de Pinochet es el sueño vicario de un imposible histórico, la detención de Franco en la cama, que bien pudo haberse hecho, pues que hasta un periodista, Alfonso Sánchez, le vio paseándose por el pasillo del hospital, adonde Alfonso se coló con toda naturalidad.

Qué fuego de justicia se despierta en nosotros, qué tardía revancha, qué cuchillo. Mas he aquí que nuestro presidente, descubriendo al fin el forro de su conciencia, la tela y la entretela franquista de su prosa adolescente, se pone exquisito y pide formalidades para detener a un enemigo de la humanidad. Sólo por eso Aznar debiera perder las elecciones: es el gesto político más claro, grave y «facha» que ha dado en estos años.

Si Pinochet vuelve sano -dentro de lo que cabe- y salvo a Santiago de Chile, podemos dar por perdida la democracia en España, ya ven lo que son las cosas, podemos enterarnos al fin de que estamos en poder de un nuevo fascismo de niky y centro/derecha. Aznar, el que le hacía ascos a Fidel, encuentra intangible a Pinochet. Tendrán que demostrarle ahora todos los asesinatos, uno por uno, con su historial y casuística, para que firme la extradición del Caudillo, de este otro Caudillo que tenía y tiene por modelo al nuestro, y que también se ha inventado una democracia militar. Dar tiempo, o sea, para que los jueces británicos se cansen y suelten el trapo galoneado, allá ustedes con su cesarismo, hispanos de mierda. Eso es lo que están pensando. Pinochet, bien, gracias, comprando armas a España, que es lo suyo.

Qué frustración por la sangre, qué bajonazo de España si éste también se nos escapa. Garzón es un juez a la caza del fascismo internacional y disperso, un hombre dispuesto a globalizar la Justicia, un Montesquieu con helicóptero. Aznar es un gobernante que viene de Fraga, que venía de Franco, que venía, etc. Pinochet no es un anciano enfermo. Pinochet es el Verbo fascista que se hizo carne y arrasó entre nosotros. Pero Aznar tiene un papeleo, hombre.

La detención en Londres de Augusto Pinochet ha levantado muchas tapas. La de la euforia, la del recuerdo, la de la ira, la de la congratulación y la de la venganza. En España ha saltado por los aires la tapa del disparate. Inteligencias claras, inteligencias nubladas e inteligencias sesgadas coinciden en el error. Que Aznar actúe. El brillantísimo Francisco Umbral llega más lejos, y escribe que si Pinochet vuelve sano y salvo a Santiago de Chile podemos dar por perdida la democracia en España por culpa de Aznar.

No lo entiendo. Si los tres pilares de la democracia son los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no comprendo por qué se le acusa al Ejecutivo de antidemocráta por mantener un exquisito respeto. Juicio de valor aparte, Aznar no tiene más remedio que esperar sentado a que la Justicia se pronuncie. Si Pinochet vuelve sano y salvo a Santiago de Chile, la democracia España no se habrá perdido. Se habrá perdido la oportunidad de juzgar a Pinochet, que es muy diferente. Ni Blair, ni Aznar tienen vela en este entierro mientras la Justicia no pronuncie su última palabra. La buena literatura no siempre tiene razón.

Mientras le llega el turno a la política y por ende a los gobernantes, dejemos a la Justicia que actúe y hable sin presiones ni exigencias peregrinas. Lo de ahora es un disparate.

Alfonso Ussía.

Es muy alentador que absolutamente nadie haya justificado, o ni siquiera disculpado, a lo largo de esta semana en España la cruel represión practicada por el régimen de Pinochet. Cuando hace 23 años asistió al entierro de Franco envuelto en aquella imponente capa de príncipe de las tinieblas, el general chileno era todo un referente ideológico de la firmeza en la lucha contra la amenaza marxista. Su sangrienta sublevación contra Allende era aún percibida por parte de los españoles como una reedición transatlántica de nuestro 18 de julio, en base a una común coartada: fue necesario adelantarse para impedir que se implantara una dictadura comunista, anticristiana y prosoviética. Que toda esa superchería seudohistórica haya quedado arrumbada en el desván de la ropa apolillada es el mejor síntoma de lo mucho que hemos avanzado en menos de un cuarto de siglo. De hecho, todos aquéllos que desde la fiscalía, la política o los medios de comunicación han puesto objeciones a las iniciativas de Garzón contra el ex dictador han creído verse obligados a anteponer su propio repudio al régimen militar chileno.

No se trata del pensamiento único, sino de la paulatina implantación de una conciencia universal basada en el racionalismo, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sólo grupos muy marginales -de ínfima implantación en España- asumen hoy en día en el mundo desarrollado las alienantes fantasías que engendraron los terribles totalitarismos del siglo XX. Es cierto que en países con menor renta contemplamos fenómenos rampantes de fanatismo nacionalista o religioso y que dictaduras como la norcoreana o la cubana han conseguido salvarse, mal que bien, del contagio domocratizador que siguió a la caída del Muro. Pero incluso para todos estos países que se escudan en su propia tradición y experiencia -ya se trate de la doctrina del Islam, los llamados valores asiáticos o la revolución socialista- resulta cada vez más difícil saltarse unas mínimas normas de conducta. La razón es que el mundo entero está mirando.

Es la parte más positiva de la globalización: la creación de una comunidad internacional compuesta por ciudadanos bien informados que consideran que todo cuanto sucede en el planeta les concierne. Gracias a la televisión sin fronteras y, aún incipientemente, a Internet, ese sentimiento cosmopolita que en las generaciones anteriores inspiraba solamente a una elite avanzada y visionaria, es en la actualidad un poderoso vínculo que moviliza al conjunto de la población.

Si la crisis financiera acaba de demostrar que los avatares de los bancos japoneses o las alternativas en cuanto a política de gasto público en Brasil, repercuten de inmediato en el bolsillo de un españolito que ha invertido sus ahorros en renta variable; si los problemas medioambientales o las pandemias como el sida no se detienen ante ninguna frontera; si los avances científicos o la propia carrera espacial, suponen ya esfuerzos transnacionales que enriquecen el patrimonio de toda la humanidad, nada tan lógico como reclamar una progresiva institucionalización de lo que deberían ser los diversos brazos de un auténtico gobierno mundial. Y nada tan urgente dentro de ese movimiento como la configuración de un espacio judicial global que impida que ni los delitos financieros, a menudo urdidos desde santuarios fiscales exteriores, ni los crímenes contra las personas, perpetrados bajo los más diversos pretextos políticos puedan quedar impunes.

Sea cual sea su desenlace, el caso Pinochet va a suponer, está suponiendo ya, un gigantesco avance en esa dirección. La detención del general chileno en Londres, en cumplimiento de una requisitoria de un juez español por delitos cometidos en Argentina contra ciudadanos de diversas nacionalidades, supone exactamente lo contrario de lo que ha alegado un Fraga confundido y anacrónico: se trata de un deslumbrante síntoma de que nuestra civilización progresa, de que esa conciencia universal que comparte unos criterios morales básicos va encontrando procedimientos para perseguir a quienes más flagrantemente los vulneren.

Quienes tratan de convertir el asunto en un problema ideológico e incluso en una cuestión de política interna se equivocan y corren el riesgo de salir trasquilados, tal y como le está ocurriendo a un PSOE cuyos gobiernos se hartaron de vender material antidisturbios al dictador en ejercicio. Antes que de derechas o de izquierdas, las dictaduras son dictaduras; porque antes que de derechas o de izquierdas, las víctimas son víctimas. De ahí la inanidad intelectual de quienes se escudan en un supuesto -o bien cierto- doble rasero ajeno para camuflar el propio. El que Fidel Castro pueda desplazarse cómodamente por medio mundo, en su condición de jefe de Estado en ejercicio, o que el Rey de España se derrita por visitarlo mientras las cárceles cubanas están llenas de disidentes políticos, debe ser motivo de frustración o de crítica hacia el inhumano pragmatismo de ciertas relaciones internacionales. Pero nunca servir de excusa para reclamar la libertad de Pinochet.

Estamos en el mismo punto de la eterna discusión sobre la guerra sucia. Que ETA matara, no podía justificar que lo hicieran los GAL. Que otros gobiernos en otros países -o incluso en éste- hubieran practicado el terrorismo de Estado, no podía propiciar que nuestros jueces miraran para otro lado. La lucha para que resplandezca la verdad y se aplique la justicia no terminará nunca, pero las batallas hay que darlas una a una, sin aceptar paralelismos exculpatorios externos. Tratándose de asesinatos, de torturas, de encarcelamientos inicuos, si hubiera que nivelar, que fuera siempre en el rasero de la exigencia para todos y jamás en el de la condescendencia hacia ninguno.

La suerte de Pinochet debe decidirse exclusivamente en el plano técnico-jurídico. Que el pronunciamiento corresponda en España al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es toda una garantía de rigor y solvencia. Ojalá sus magistrados respalden las tesis de Garzón en cuanto a la tipificación del delito de genocidio y a la competencia de los tribunales españoles para juzgarlo. Pero si se decantan por la respetable y sólidamente argumentada posición de Fungairiño, eso no supondrá una expresión de lenidad -menos aun de comprensión o simpatía hacia el sujeto- sino tan sólo la constatación de uno de los muchos vacíos que aún caracterizan a ese nuevo orden jurídico mundial en fase de construcción. Más significativa es la oposición de González a la extradición, en la medida en que vuelve a romper el ritmo de su partido y deja a Borrell descolocado. Como en el caso de Castro parece inevitable relacionar su entusiasmo por la territorialidad de la justicia con el riesgo de que algún día un magistrado, por ejemplo, francés, pretenda interrogarlo sobre los crímines de los GAL más allá de la frontera.

El peor de los desenlaces sería que el Gobierno británico hurtara la decisión a la justicia y devolviera a Pinochet a Chile, alegando razones humanitarias. Esperemos que en ese caso sean sus correligionarios socialistas quienes encabecen la repulsa contra Blair, recordándole que el humanitarismo debe expresarse hacia las víctimas antes que hacia los verdugos. Pero incluso en ese indeseable supuesto de que la política primara sobre el derecho, el episodio tendría un balance positivo, en la medida en que habría quedado constancia de que estamos entrando en una era en la que los crímenes contra la humanidad van a ser perseguidos por la humanidad entera, al margen de cuales sean las componendas e inmunidades pactadas en cada país. El Pinochet que volvería a Chile sería un Pinochet muy distinto del que salió. Tanto si sus familiares y conmilitones le cuentan toda la verdad, como si no lo hacen, hasta ellos saben ya que hay una cárcel de la que el asesino de Salvador Allende, de Víctor Jara, de Carmelo Soria y de varios miles más, no podrá nunca escapar: la del oprobio universal.

Pedro J. Ramírez

EN mi tierra le llaman a esto tirar piulas y cohetones. Pequeños truenos sin rayo, pólvora en salvas, ruido sin nueces. El juez Baltasar Garzón, el malato di protagonismo como le han llamado los periódicos italianos, ha lanzado al aire uno de esos cohetes que se abren en la altura como en un traque fallido, una apagada pedorreta resuelta en un fracaso sin luz y sin sonido.

La pirueta pinochetista de Baltasar Garzón ha acarreado una serie de resultados negativos. Se empeñó en pedir la extradición de Pinochet desoyendo el criterio de los fiscales y muy concretamente las razonadas objeciones jurídicas del fiscal Eduardo Fungairiño. Se tiró de cabeza a un estanque sin agua. Su enfermizo amor a las primeras páginas y a la noticia de portada le hizo subir una vez más al trampolín donde se exhibe a cada instante para dar el salto espectacular, ‘la patada a la luna’, y ha resultado, como era de esperar, que el estanque estaba seco.

A falta del refrendo de la Cámara de los Lores, los jueces británicos, que no están presididos por don Clemente Auger, se han quitado de encima en un debate de pocas horas la atolondrada petición de ese juez veleidoso que ha viajado de la judicatura a la política y de la política a la judicatura. Si no es pensando en ese inmoderado afán de protagonismo enfermizo, no se comprende que se haya ofrecido a esos jueces, muy señores míos, la oportunidad de dejar en evidencia al juez Garzón y de paso a la justicia española.

Gracias a esa pirueta irreflexiva y atolondrada del juez Garzón, hemos reabierto en Chile la cicatriz cerrada de la transición a la democracia, hemos facilitado que nos recuerden irónicamente las peculiaridades de nuestra propia transición, hemos logrado que sientan miedo nuestros compatriotas en la tierra familiar chilena, que nuestros productos sufran un boicot estúpido, que los jueces suizos nos hayan hecho una higa y se hayan pasado por el arco del triunfo la petición de intervención y depósito de las cuentas de Pinochet y su familia (no otro objetivo tenía la duplicación de la petición de extradición: ‘las cuentas las intervengo yo’), que hayan florecido aquí y allá iniciativas para someter al mismo trato a Fidel Castro o a Santiago Carrillo, y que otras Repúblicas americanas traten ahora (como Argentina) de defender a su hermana contra la injerencia ofensiva de la Madre Patria.

No era difícil de adivinar para alguien que no contemplara la medida de Garzón desde una posición de fanatismo político que el atolondramiento del juez estaba destinado a estrellarse contra una justicia seria y no contaminada de la ganga de la política partidista. La lección de sensatez que ha dado la Justicia británica del irreflexivo juez de la Audiencia Nacional ha sido una lección elocuente. No sé quién habrá metido a Garzón en esto, si es que lo ha metido alguien aparte de su propia y patológica inmodestia, pero nos ha hecho un flaco favor. Y la lección de rapidez a nuestra Justicia, también. Mientras nuestros jueces se tomaban días para estudiar el triquitraque de Baltasar Garzón, los jueces birtánicos se adelantaban a juzgar su medida y a darle un palmetazo. O quizá era eso lo que se buscaba con la demora, zafarse de la castaña caliente.

Lo más lamentable de este caso es que alguien pueda amparararse en una falta de juridicción y en la inmunidad que le reconozca Gran Bretaña a Pinochet para pensar y defender que no es digno de la recusación moral más enérgica. Pinochet ha sido un tirano, un déspota responsable último de miles de crímenes y violador repetido de los derechos humanos. Ni siquiera lo justifica haberse levantado contra un régimen que tampoco respetaba esos derechos y que también perseguía a sus enemigos. Ni las caceroladas de las amas de asa chilenas ni los jueces británicos eximen a Pinochet de su grave responsabilidad. Pero el derecho tiene su exigencias formales, y ni siquiera los jueces enfermos de protagonismo están autorizados a saltársela a la torera, so pena de caer en lo mismo que se persigue y se detesta.

Jaime Campmany

Dos días después de que el Tribunal Supremo de Londres anulará las órdenes de detención dictadas contra Pinochet por el juez Garzón, al entender que el ex dictador y actual senador vitalicio chileno goza de inmunidad en Gran Bretaña en su condición de antiguo jefe de Estado, la Audiencia Nacional confirmaba en Madrid la jurisdicción de España para investigar sus presuntas responsabilidades por los delitos de genocidio, terorismo y tortura. Con esa resolución, cuyos fundamentos jurídicos se conocerán la semana próxima, el pleno de la Sala de lo Penal rechaza por unanimidad los recursos del ministerio publico contra varias decisiones tomadas por los jueces instructores de los sumarios que investigan crímenes perpetrados en Argentina y Chile durante los setenta y los ochenta. Por su parte, Garzón desestimó el pasado martes tres recursos de reforma que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había interpuesto contra sus autos del 16, 17 y 18 de octubre, dictados para ordenar la detención y prisión provisional en Londres de Pinochet y para librar una Comisión Rogatoria Internacional.

La respuesta de Garzón a las farragosas alegaciones de esos tres recursos no es demasiado amable , en contraste con la deferente cortesía (sic) que la justicia española – sositene el ministerio público – debería demostrar hacia el autodesignado senador vitalicio chileno. A la Fiscalía de la Audiencia Nacional no le han faltado ni el respaldo del Fiscal del Estado ni el insospechado apoyo de algunos políticos. Colocando una vela a Dios y otra al diablo, el director del diario EL MUNDO realizó hace ocho días un delicado ejercicio de equilibrismo, al tiempo que defendía apasionadamente el derecho de la Audiencia Nacional a sentar en el banquillo a Pinochet (‘ojalá uss magistrados respalden la tesisde Garzón en cuanto a la tipificación del delito de genocidio y a la competencia de los tribunales españoles para juzgarlo’), elogiaba con no menos calor ‘la respetable y sólidamente argumentada posición de Fungairiño’; esto es, su contribución al a estrategia obstruccionista de ámbito internacional dirigida a impedir a toda costa que el sanguinariio dictador chileno sea extraditado para rendir cuentas de sus crímenes.

Pero la taimada protección y la discreta ayuda brindadas por Pedro J. Ramírez al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional son tortas y pan pintado comparadas con la ruidosa cobertura artillera ada a la impunidad de Pinochet por Campmany, otro de los fabricantes de la leyen de de Eduardo Fungairiño como heróico capitán de los fiscales indomables, conjurados para defender las libertades de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Nada más conocer la resolución del tribunal de Londres sobre la inmunidad de Pinochet, este maestro de periodistas, director de ARRIBA y jefe del Sindicato Vertical del Espectáculo durante los últimos años del franquismo, salió a la palestra para poner a caldo al juez Garzón, culpable de haber pedido la extradición de Pinochet ‘desoyendo el criterio de los fiscales y muy concretamente las razonadas objeciones jurídicas del fiscal Eduardo Fungairiño’. Reconocido  admirador antaño de los caballerosos golpistas argentinos y chilenos, este falangista valeroso – transmutado en cortesano dinástico cuando cambió la marea – criticó ‘la pirueta irreflexiva y atolondrada’ de Garzón, movido a su juicio por un enfermizo afán de protagonismo y una patológica inmodestia. La justicia británica – concluye el paladín de los fiscales indomables – ha dado ‘una lección de sensatez’ y ha propinado un merecido ‘palmetazo’ al juez español.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respaldó anteayer a Garzón y quitó la razón a Fungairiño al confirmar la jurisdicción española sobre los crímenes perpetrados por las dictaduras del Cono Sur. Con independencia de la alta probabilidad de que Pinochet regrese finalmente a su país, la resolución del Tribunal Supremo de Londres ha sido recurrida por el fiscal ante la Cámara de los Lores, que tiene aún que pronunciarse; según algunos prestigiosos expertos en Derecho Internacional, la supuesta impunidad vitalicia de los jefes de Estado es un disparate doctrinal. A la espera de conocer el desenlace del conflicto, el Gobierno de Aznar ya dispone al menos de los datos suficientes para saber cuál es el sesgo político-ideológico de los ‘fiscales indomables’ y en qué peligrosas manos ha sido colocada la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Javier Pradera

Víctima de las mismas obsesiones paranoides que sus amigos felipistas, el gurú ideológico de EL PAÍS, Javier Pradera, denunció ayer que EL MUNDO aplica un «doble rasero» al asunto Pinochet. ¿Y en qué consiste nuestro «doble rasero», según Pradera? En que, de un lado, defendemos «apasionadamente el derecho de la Audiencia Nacional a sentar en el banquillo a Pinochet» -dice-, pero, por otro, calificamos la posición del Ministerio Fiscal de «respetable y sólidamente argumentada». Y bien, ¿dónde está ahí el «doble rasero»? ¿Acaso el respeto por los argumentos del oponente es flaqueza en la defensa de los propios? Para doble rasero, bien evidente, el del propio Pradera, que condena en los más severos términos al fiscal general del Estado y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, porque creen que España no tiene jurisdicción para juzgar los crímenes de Pinochet, pero no dice ni palabra de Felipe González, que asumió ya hace años esa misma tesis -ordenó en 1996 al fiscal general de la época que se opusiera a las iniciativas judiciales contra los dictadores suramericanos- y que la ha llevado ahora mucho más lejos que Cardenal y Fungairiño, ampliando el principio de territorialidad hasta extremos nunca vistos en el Derecho Internacional. Sobre este González valedor de Pinochet, Pradera, curiosamente, no tiene nada que decir. Lo cual no es en absoluto sorprendente: sabido es que él sólo se indigna con los crímenes de Estado cuando se producen lejos, cuando no los patrocina ningún amigo suyo… y cuando le dan excusa para emprenderla contra personas que estorban a los intereses de su patrón.

LA FISCALÍA de la Audiencia Nacional no deja de sorprender. La obstinación de su jefe, el fiscal Eduardo Fungairiño, en seguir oponiéndose, recurso tras recurso, a la extradición de Pinochet a España es insólita; y no lo es menos su inclinación por aliñar sus dictámenes jurídicos con valoraciones políticas que nadie le pide y que constituyen una clara extralimitación de sus funciones de fiscal.En el caso del dictador chileno representó todo un escándalo que la exculpación política de su régimen -una mera «sustitución temporal del orden constitucional», a juicio de Fungairiño- fuera el argumento de fondo esgrimido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional en su intento de parar en sus inicios el procedimiento abierto por el juez Garzón a instancias de las víctimas. Y ahora esa mezcla de opinión política y consideraciones jurídicas surge de nuevo en las interpretaciones sobre la tregua de ETA y los supuestos de concesión de medidas de gracia que Fungairiño se permite hacer en la memoria anual de la Fiscalía de la Audiencia.

La convivencia institucional no se fortalece si un representante tan cualificado del ministerio público se acostumbra a entrometerse en asuntos ajenos, sobre todo si son tan delicados como el cese de la violencia terrorista. Las fuerzas políticas, a excepción del PP, se lo han dicho claramente a Fungairiño, aconsejándole que deje de meterse en camisa de once varas.

Los análisis estadísticos, sociológicos y jurídicos sobre la evolución de la delincuencia enriquecen las memorias de la fiscalía, pero corren el riesgo de convertirse en panfletos si sus autores las utilizan para dar rienda suelta a sus particulares ideas -o prejuicios- sobre cómo erradicar el delito o acabar con el terrorismo. Fungairiño no es, desde luego, el primer fiscal en hacer un uso alternativo de las memorias de su fiscalía. Tiene un cualificado precedente en el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal: en 1994, siendo jefe de la Fiscalía del País Vasco, se sirvió de la memoria anual para exponer sus ideas privadas sobre el divorcio, la despenalización del aborto y la protección oficial a la difusión de anticonceptivos.

Pero incluso con maestros tan encumbrados no es aceptable esa confusión de papeles en el seno del ministerio público. Entre otras razones, porque no beneficia en nada su imagen de institución sometida en su forma de actuar a los principios de legalidad e imparcialidad. La comprensión ideológica por las razones del golpe de 1973 contra la democracia chilena que fundamenta el rechazo frontal de Fungairiño a la extradición de Pinochet ha levantado razonables sospechas de sintonía entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y los defensores del dictador chileno. Por ello es lógico que quienes batallan para que Pinochet sea juzgado por sus crímenes hayan pedido a Fungairiño que se abstenga de opinar sobre el asunto. Es un buen consejo para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recobre su obligada imagen de imparcialidad en un caso de tanta trascendencia jurídica y humana como el de la extradición del dictador chileno.