Garzón procesa a la Unidad Central de Investigación Fiscal Antidroga (UCIFA) de la Guardia Civil por pagar con droga a confidentes

Pagar a los confidentes con droga, sin otro control que el derivado del criterio de los policías, es un procedimiento condenable en sí mismo: porque nunca el supuesto buen fin justificará medios delictivos. Pero es además ineficaz: estimula, más que evita, nuevos delitos. El levantamiento del secreto del sumario abierto contra 11 guardias civiles acusados de suministrar cocaína a varios confidentes ha confirmado las peores sospechas, hasta el punto de que ya no se sabe si esa práctica irregular fue la causa de la posterior corrupción de los guardias o sólo la coartada para encubrir su participación en negocios de narcotráfico. Al mismo tiempo, el sumario aporta indicios de que algunas operaciones de importación de droga y captura del alijo correspondiente fueron montajes destinados a favorecer el lucro personal de algunos de los componentes de ese grupo de agentes corruptos o a encubrir sus actividades.Si tales indicios se confirman, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad. No sólo por lo que significa de descontrol policial, sino por el descrédito que recae sobre el Estado. La cosa viene de lejos, al menos desde 1989, y en la trama aparecen -algunos altos cargos, como el teniente coronel Quintero, segundo jefe de la unidad central antidroga. También, según las declaraciones de alguno de los detenidos, el coronel Arsenio Ayuso, retirado de la jefatura del servicio fiscal y antidroga de la Guardia Civil en agosto de 1990, pero que sigue siendo asesor del director general, Luis Roldán. Naturalmente, serán los tribunales quienes separen el grano de la paja del abundante material recogido en la investigación. Pero con lo que se sabe a ciencia cierta hay suficiente para concluir que una verdadera mafia organizada ha gangrenado los servicios antidroga de la Guardia Civil. Y que sin una limpieza a conciencia de esos bajos fondos, la impunidad estimulará la persistencia de mafias como las que ya revelaron casos como el del Nani o los GAL.

Las impresionantes revelaciones del sumario publicadas estos días por la prensa cubren de ridículo, por lo demás, a quienes acusaron al juez Garzón de precipitación o irresponsabilidad por haber ordenado las detenciones de los supuestos corruptos. Al hacerlo no dejaba inerme al Estado frente al narcotráfico, sino, por el contrario, asestaba a éste un golpe tal vez más eficaz que algunas espectaculares operaciones que ya no sabemos si fueron lo que parecían o sólo parte de una siniestra comedia. La corrupción tiene tendencia a ir de la mano con la incompetencia. Ojalá que la depuración de los corruptos que aspiraban a la vez a ganar medallas persiguiendo el tráfico y a hacer negocio practicándolo sirva también para que la sociedad pueda reconocer sin temor el indudable mérito de los funcionarios que combaten el delito sin haberlo provocado.

Con el contenido del sumario sobre el caso de la unidad fiscal de la Guardia Civil ya divulgado, el director general del Instituto, Luis Roldán, ha podido precisar públicamente que sólo dos guardias civiles – cabalmente aquellos supuestamente ‘arrepentidos’ cuya delación pusiera en marcha las actuaciones de Garzón – incurrieron en tráfico de drogas y se lucraron con esta criminal práctica. Sólo hay, pues, dos guardias presuntamente ‘corruptos’. Las ilegalidades en que pudieran haber incurrido los restantes agentes y los oficiales y jefes implicados son de muy distinta naturaleza y sólo estuvieron impulsadas por un mal intepretado exceso de celo. No se trata de disculpar unas conductas no ajustadas a derecho. Roldán no las ha disculpado, pero ha subrayado – como ABC ha venido diciendo con insistencia – cómo todas las legislaciones penales del mundo prevén recursos excepcionales de flexibilidad para dotar a las unidades antidroga de instrumentos de insustituible eficacia. Era imprescindible que se formulase ese oportuno esclarecimiento.

El levantamiento del secreto del sumario sobre las irregularidades detectadas en la Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) de la Guardia Civil ha confirmado la alarma anteriormente suscitada por la prisión preventiva decretada contra algunos de sus máximos responsables. Sólo el juicio oral permitirá al tribunal depurar la culpabilidad o la inocencia de los acusados, denunciados por unos arrepentidos más preocupados por librarse de la cárcel que por ayudar al a justicia. Pero la información sobre las diligencias ya practicadas, suministrada por uno de los letrados de la defensa, muestra que los abusos ilegales cometidos por algunos responsables de perseguir el narcotráfico alcanzaron un volumen inaudito.

Según ese escalofriante avance de sumario, la UCIFA ha servido de cobertura para la perpetración de una amplia gama de infracciones penales: la entrega de cocaína a confidentes como pago en especie (rápidamente transformado en dinero contante y sonante por conducto de ese mismo mercado que la Guardia Civil pretende destruir), el montaje de operaciones ficticias con el propósito de embellecer el currículo profesional de esos simuladores de eficacia, la inexplicable desaparición de alijos incautados, las provocaciones a delinquir dirigidas a traficantes absueltos luego por los tribunales, la inculpación de inocentes con pruebas falsas, la sustracción de droga requisada para consumo personal o para su venta, etc. El director general de la Guardia Civil, sin embargo, reserva las prácticas de corrupción en sentido fuerte a los arrepentidos que pusieron en marcha el proceso con sus denuncias; tiempo habrá para que los tribunales se pronuncien sobre esa cuestión y aclaren también si las responsabilidades penales se agotan dentro del actual círculo de procesados o se extienden más allá de sus fronteras y hacia arriba.

La trama puesta al descubierto en España confirma las lecciones ofrecidas por otros países: los perseguidores y los perseguidos por narcotráfico pueden terminar cambiando sus papeles al estilo de Chesterton o de los jueces de policías y ladrones. En grado mucho mayor de lo que ocurrió con la prohibición de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, la criminalización de las drogas está sirviendo ahora de mercancía para fabulosos negocios; mientras que las mareantes cifras del narcotráfico potencian las oportunidades para corromper a funcionarios públicos, los servicios policiales afrontan la tentación de administrar o de crear el delito para su beneficio.

Fieles a su costumbre de rendir pleitesía verbal a la independencia del Poder Judicial para exigirle a renglón seguido impunidades selectivas, algunos medios conservadores han lanzado una estruendosa ofensiva para exculpar de antemano a los mandos de la UCIFA. Las alusiones a la legislación comparada sobre narcotráfico sólo se proponen crear confusión: las entregas controladas bajo vigilancia judicial nada tienen que ver con la droga regalada a los confidentes; y la tolerancia hacia el delito provocado es severamente criticada en los países que lo admiten. La procaz lluvia de insinuaciones lanzadas sobre las supuestos motivaciones del juez instructor, acusado de vanidad y de vedettismo, han sido respaldadas insólitamente por el presidente socialista de Castilla la Mancha en un arrebato adulatorio hacia la Guardia Civil. Pero las malévolas descalificaciones periodísticas dirigidas contra Baltasar Garzón no privarían de existencia material al sumario ni siquiera si esos movimientos reales fueran realmente ciertos.

Mensajes subliminales

El mensaje subliminal de toda esa campaña es que la lucha contra la droga exonera a la Guardia Civil de cumplir las leyes y le obliga incluso a recurrir a prácticas delictivas. Según ese cónico criterio, los jueces deben hacerse los distraídos cuando se producen tales contingencias; de otro modo serán acusados de angelismo ingenuo o de narcisismo exhibicionista. Por supuesto, la soterrada invitación a la infracción de las leyes por los agentes obligados a guardarlas también marcha en paralelo con remilgadas reverencias y solemnes sombrerazos al Estado de Derecho, transformado en ídolo de quita y pon por quienes aplican raseros legales diferentes en función de sus propias conveniencias. Pero si esas propuestas de otorgar licencias para delinquir, robar y matar en nombre de la razón de Estado prosperasen, los agujeros negros creados en el sistema constitucional pondrían en riesgo a la propia democracia.

Javier Pradera

El reputado comentarista del diario gubernamental se encuentra desolado después de conocer la noticia de que el Consejo Superior de Coordinación de las Fuerzas de Seguridad para la lucha contra la droga, que preside el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, ha decidido proponer la modificación de la legislación para la lucha contra el narcotráfico para adaptarla a la de los países democráticos. El columnista arremetía días pasados contra ABC porque defendíamos, ni más ni menos, lo que ahora el Ejecutivo se propone llevar a cabo para evitar que las mafias de narcotráfico campen a sus anchas por España. Inquisidor del purismo democrático, el comentarista llegaba a afirmar que ABC pedía que a los agentes de la Guardia Civil se les diese licencia para matar. El reputado columnista ha quedado atrapado ahora por una decisión del Gobierno del que pretende ser, a la vez, vate, oráculo y guía supremo. Según sus amigos, el señor Pradera se mostraba muy abatido por el baño recibido.