El ministro Arias Salgado (PP) demanda a Iñaki Gabilondo, Carlos Llamas y la SER por acusarle de un ‘pelotazo’ en Marbella

QUIZÁ POR aquello tan manido de que la mejor defensa es un buen ataque, Arias-Salgado pretendió convertir su comparecencia parlamentaria por el caso de sus propiedades familiares en Marbella en un proceso contra la SER y EL PAÍS. Es un ejercicio que forma parte ya de las actividades habituales de algunos ministros (generalmente, los más abrasados por su ineptitud). Con esta práctica pretenden conseguir dos objetivos: atemorizar a los medios y a los periodistas que se niegan a entrar en la senda del servilismo al Gobierno y descalificar a la oposición, presentándola como simple altavoz de un grupo mediático.Arias-Salgado llevaba un conejo en la chistera, que, a juzgar por el tono con que abrió el debate, debía parecerle definitivo: su familia ha completado la venta de las parcelas conseguidas en la última estación del largo viaje compensatorio, aunque se negó reiteradamente a decir cuándo. Casualmente, el precio final obtenido coincidiría con el valor pericial dado a la finca de la familia que dio origen a todo el procedimiento. Con este dato creía que el debate estaba zanjado: el resultado de esta historia era de enriquecimiento cero para el ministro y su familia. El resto de su argumentación pendía de una sistemática derivación de responsabilidades hacia los demás, otra técnica habitual del ministro. En la expropiación, él era sólo víctima de las decisiones municipales; como dijo un diputado de la oposición, fue lamentable ver a todo un ministro de Fomento presentando las expropiaciones como un atraco a mano armada. Las negociaciones eran cuestión de su hermano, como representante jurídico de la familia, con lo cual el ministro pretendía quitarse de en medio.

Quizá Arias-Salgado deberá pedir explicaciones a su hermano Gabriel. Porque el argumento del ministro tropieza ante las evidencias del precio del suelo en Marbella. Conforme a los datos aportados por el diputado socialista Jesús Caldera, el precio que la familia Arias-Salgado dice haber cobrado es sencillamente increíble. Sólo caben tres hipótesis: que el hermano sea un pésimo negociante, que la familia sea extremadamente generosa o que el precio anunciado por el ministro no se corresponda con la realidad.

Lo importante ayer, con todo, no era la parte económica de la operación, sino el hecho de que, una vez más, un ministro no supiese distinguir entre el interés público y sus intereses privados, y que, ayudado por un portavoz popular empalagoso, pretendiera, a través de sus imputaciones a los demás grupos parlamentarios, evitar el control sobre sus propios actos.