El ministro de Industria denuncia que es objeto de una campaña mediática del diario EL PAÍS contra él

DESDE LA fundación de EL PAÍS, su director tiene derecho de veto sobre todos los originales que publica el diario. Significa eso que decide autónomamente lo que debe o no aparecer en sus páginas. Ejerce esta función en el marco de un Estatuto de la Redacción que obliga a todos (empresa y periodistas). Inevitablemente comete errores, toma decisiones que no son del agrado de algunos e incluso puede lesionar derechos de terceros. Por ello responde del fruto de su trabajo no sólo ante los lectores del diario y ante la empresa -que lo nombra y lo destituye-, sino también ante el equipo profesional y, obviamente, ante los tribunales de justicia. La toma de decisiones en este periódico está muy reglamentada y ha procurado desenvolverse siempre en un marco de respeto al pluralismo y de búsqueda de la excelencia profesional.Para proteger al público frente a un uso abusivo de la libertad de expresión por nuestra parte se adoptaron garantías complementarias mediante un Libro de estilo que establece las normas profesionales, un Estatuto de la Redacción que compromete a cuantos hacemos el diario y la creación de la figura del Defensor del Lector. Pero en ningún sitio está escrito, aquí ni en ningún medio de comunicación, que el director o los periodistas deban responder de su comportamiento ante el Gobierno y su portavoz. Mucho menos que éste posea autoridad o derecho alguno, fuera de los que la ley otorga a cualquier otro ciudadano, para determinar pautas de comportamiento profesionales, éticas o morales, materias sobre las que no puede exhibir ninguna cualificación especial.

Las declaraciones del ministro Piqué proferidas el viernes en la conferencia de prensa institucional que sigue al Consejo de Ministros, y en las que intentó descalificar la labor profesional de este diario y de otros medios que gestiona su empresa editora, significan una presión intolerable para los periodistas que trabajan en los medios de este grupo. ¿O es acaso la sala de prensa de La Moncloa, donde el Gobierno cita a los periodistas cada viernes para dar cuenta de sus acuerdos, el lugar para dirimir litigios casuísticos con un periódico?

Los conflictos entre Gobiernos y prensa son habituales en todas las democracias, habida cuenta del papel que ésta desempeña en materia de control de los abusos en que pueda incurrir el Ejecutivo. En tiempos de UCD y el PSOE, este periódico tuvo que librar numerosas batallas contra los Gobiernos de entonces en defensa de los derechos de los lectores y los profesionales, muchas de las cuales terminaron en los tribunales. Con todo, resulta difícil encontrar precedentes a tanta desmesura como desplegó Piqué el viernes para responder a diferencias que de puro nimias debieron resultar incomprensibles a la mayoría. El portavoz se inscribe así en la peor tradición de abuso de poder y de utilización de un foro institucional para descalificar a un medio. Todo un aviso de los tiempos que se avecinan ante la inminente cita electoral.

Los intentos reiterados del PP por establecer un alineamiento politizado de los medios, adjudicando obediencias a diestro y siniestro y tratando de identificar a este diario con las posiciones del partido socialista, vienen de lejos y están condenadas al fracaso, simplemente porque carecen de todo fundamento objetivo. Pero lo preocupante es que responden a una práctica que Aznar ensayó en la anterior legislatura con éxito electoral: la ruptura del consenso democrático que animó la transición. Independientemente de los réditos que pudiera depararle en 1996, esta sociedad padece aún hoy los efectos de esa lamentable estrategia de la crispación y del todo vale.

Llegados al término de una legislatura que consideran triunfal, Aznar y sus estrategas no entienden cómo los sondeos no reflejan tamaño éxito. Y han optado por culpar al espejo. El comportamiento de Piqué, demasiado acostumbrado a utilizar su condición de portavoz del Gobierno para defenderse de las acusaciones o críticas a su labor como titular de Industria, es sólo una muestra. Su propensión a invocar la verdad en términos bíblicos -«no usar el nombre de la OCDE en vano»- pretendería convertir la opinión del Gobierno en palabra revelada.

Todo empieza a parecerse demasiado al primer semestre de 1997, cuando Álvarez Cascos estaba al mando de la cosa y encargaba supuestos estudios para desautorizar a EL PAÍS. Lo llamativo es que quien se presentó como mascarón de proa de un supuesto viaje al centro encabece ahora el retorno a los peores viejos tiempos. Al menos entonces, el infausto Miguel Ángel Rodríguez miraba a la cara -o a la cámara- cuando se dirigía a los ciudadanos. Piqué, ni eso.