Feroz campaña contra la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’: el obispo Cañizares denuncia que enseñarla es «colaborar con el mal»

La semana pasada afirmé en un foro universitario que colaborar en la implantación de los Reales Decretos que desarrollan y aplican la nueva materia Educación para la Ciudadanía era colaborar con el mal. El revuelo generado tras esta afi rmación es conocido de todos. Personalmente siempre he entendido y valorado positivamente, incluso lo considero deseable y aún necesario, que haya una materia común que eduque a todos los niños y jóvenes para vivir junto a los otros ciudadanos en nuestra sociedad española. En este sentido no se puede dudar de la conveniencia y necesidad de que la escuela en sus diversos niveles ayude a que los alumnos sean formados en los derechos humanos fundamentales, en los principios constitucionales que rigen nuestra sociedad, en el conocimiento y funcionamiento de nuestras instituciones, en la organización de la sociedad y sus leyes, en la participación ciudadana, en el respeto a todas y cada una de las personas sean de la condición que sean, tengan las convicciones que tengan o profesen la religión que profesen; la escuela debe colaborar, desde su propio cometido, a formar en el valor de la persona y en el respeto a la dignidad inviolable de todos los seres humanos, debe educar para la paz y la convivencia según unos valores comúnmente compartidos; también debe aportar las normas que, en otro tiempo, se llamaban de «urbanidad » (ciudadanía), necesarias para vivir humanamente en la sociedad; y, si mi apuran, hasta algunas enseñanzas de higiene.

Nunca, pues, me he opuesto, ni en público ni en privado, ni en conversaciones semioficiales o absolutamente privadas a la existencia de la materia Educación para la Ciudadanía, como en el resto de Europa. A lo que manifi esto y manifestaré mis reservas y mi oposición, en sintonía plena, literal y de espíritu, con las Declaraciones de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal es al desarrollo curricular concreto –objetivos, contenidos y evaluación– de esta nueva asignatura. Oposición no a la asignatura sino a ésta tal y como se va a aplicar y desarrollar. En otros países de Europa su desarrollo es diferente. El desarrollo de la LOE, en este punto concreto, podría haber sido otro que el elegido en su aplicación sin que el Estado se convierta en formador moral de los niños y jóvenes, según una particular visión del hombre, de la persona y de la vida que se impone, vía legal, a todos los alumnos. Al hacerlo así, el Gobierno ha traspasado sus propias competencias y los límites de los derechos y libertad de los padres y de los alumnos, así como de la libertad religiosa y de conciencia. Ha traspasado, a mi entender, derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Ha llevado a cabo, en efecto, «una lesión grave del derecho inalienable de los padres y de la escuela, en colaboración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos. Se trata de un derecho reconocido por la Constitución Española (art. 27, 3). El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función en el marco de un ordenamiento democrático respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social. En cambio, con la introducción de la Educación para la Ciudadanía de la LOE –tal como está planteada en los Reales Decretos– el Estado se arroga un papel de educador moral que no es propio de un Estado democrático de Derecho. Hablamos de esta Educación para la Ciudadanía» (Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, 20 de junio, 2007).

Nos encontramos, en su desarrollo y aplicación de la nueva Educación para la Ciudadanía –los desarrollos para toda la Nación y los propios de cada Comunidad Autónoma– con una serie de puntos a tener en cuenta: se impone una formación moral de la conciencia, obligatoria, por parte del Estado; no se tiene en cuenta el derecho y la libertad de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; se vulnera el principio de la libertad de conciencia; se impone una enseñanza teñida de relativismo moral; se ofrece una visión del hombre laica, sin Dios y donde Dios no cabe propiamente; se impone, de hecho, la «ideología de género»…, ¿Es esto un bien o un mal? ¿Colaborar a que esto sea posible es un bien o un mal?

Están en juego muchas cosas. Entre otras la libertad. ¿Hay que quedarse callados o colaborar? Mi colaboración es pedir que se revisen los Reales Decretos, que no son la Ley aprobada en el Parlamento. Que en los nuevos Reales Decretos se deje sólo lo que debe ser asumible y cumplido por todos y que no suponga una intromisión en el campo de la formación moral. Y que la formación moral laica se ofrezca como alternativa a la formación religiosa y moral confesional, solicitada en primara libremente por el 80 por ciento de los padres. Es bien sabido, por otra parte, que la Iglesia está colaborando a la educación para la ciudadanía con la enseñanza de la Religión Católica donde se enseña a amar, donde se muestra que Dios es amor y misericordia y que estamos hechos a su imagen y semejanza para que amemos; en ella se enseña el valor inigualable y la dignidad inviolable de todo ser humano y el respeto que todo ser humano, desde su concepción, merece; ahí se forma para el perdón, para el servicio, para la paz; se aprende a ser hombres libres con la libertad de la verdad y que se realiza en el amor; se defi ende ahí la vida en todas sus fases, etc., etc. ¿Hay mejor formación para hacer buenos ciudadanos? ¿Por qué imponer una formación laica a ese 80 por ciento de padres que piden esta formación católica para sus hijos?

Antonio Cañizares

El arquetipo moral de la Atenas clásica cristaliza en un pasaje de Platón que narra el vertiginoso cruce verbal entre Sócrates y Protágoras. “Si he entendido bien lo que propones, hablas de la política y te ofreces a enseñar a los hombres a ser buenos ciudadanos”, interpela Sócrates al gran maestro de retórica, que acaba de llegar a la ciudad. “Ése es, con exactitud –ratifica Protágoras-, el programa que yo enseño”.Todo sucede, a partir de ahí, con una grave elegancia. Las dos mejores cabezas griegas de su tiempo se admira mutuamente y sopesan los riesgos de sus respectivas esgrimas conceptuales. Y es, en fin, más que choque, la constancia de hablar lenguas intraducibles, lo que Sócrates pone a la vista de ese interlocutor a cuyo virtuosismo, pese a todo, rinde noble homenaje: “¡Qué hermoso objeto de saber el tuyo, Protágoras! Si es que lo posees. No te ocultaré que yo, por el contrario, jamás creí que la ciudadanía pudiera enseñarse”.Tampoco, la virtud.

Es el arranque de uno de los más bellos trozos de literatura jamás escritos. Por la fulguración formal que Platón pone en el despliegue de dos inteligencias magistrales. Por la implacables fuerza argumentativa de sus respectivas defensas analíticas, sobre todo. Que ponen en escena uno de esa media docena de dilemas esenciales con los cuales Platón deja marcada toda la historia intelectual de nuestro Occidente griego, latino y racionalista. Si ser ciudadano es ser –ser, sin más-, arrebatarse al universo mudo de cosas y bestias, ¿puede disciplina alguna llegar a hacer ciudadano de aquel, de aquello, que, por no serlo, ni iniciar un aprendizaje lograría, ni un discurso moral articulado, como lograrían jamás hacerlo ni un animal, ni una cosa? Enseñar a alguien a ser ciudadano presupone a ese alguien ciudadano ya. Y su proyecto se cierra en un brutal círculo vicioso. Porque la ciudadanía no es, para el hombre libre del cual habla Platón, del cual debiéramos hablar nosotros, disciplina docente sujeta a programa. Es la condición, previa a toda disciplina, de hombre libre. ¿Quién tendría la arrogancia de enseñarle a nadie lo que es? No se estudia para ciudadano. Se es. O no Sin cura.

¿Qué se oculta detrás de la caricatura por la cual un Estado –el nuestro- se arroga la autoridad de enseñar, en sus centros escolares, asignaturas regladas de correcta política? Lo menos inocente: suplantar lo ciudadano por lo doctrinario. Y erigir al Estado, a través de la escuela pública, en gran iglesia laica que supla con sus solemnes mandatos los dogmas y la fe que otros tiempos, más piadosos, delegaron en los dioses y en sus intérpretes. La propuesta de una asignatura de “Educación para la ciudadanía”, a cursar a lo largo de la vida escolar, entre los 10 y los 18 años, no es sólo una clamorosa estupidez. No es una estupidez. Es trampa de sumisión y pleitesía a un Estado corrector de las conciencias, moderno Leviatán que estruja lo privado. Se enseña ciudadanía a un siervo. Del Estado. No a un ciudadano libre. “por mi parte, Portágoras, no te oculto que jamás creí que la ciudadanía pudiera enseñarse”. Ni la virtud, tampoco.

El Foro Español de la Familia ha defendido el ejercicio de la objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la ciudadanía establecida con carácter obligatorio por el Gobierno. Esta iniciativa ha obtenido el respaldo de la Iglesia Católica, a través de algunos miembros de la Conferencia Episcopal española. En principio, la asignatura es perfectamente prescindible. La propia denominación resulta defectuosa. Cabría preferir la más sencilla de Educación Cívica.

Pero si toda educación persigue la formación del hombre, sería preferible hablar de educación, sin más. Un hombre bueno será necesariamente un buen ciudadano. Así, la formación del ciudadano no sería sino consecuencia de la formación integral de la persona. Y no parece que para ese objetivo sea necesaria una asignatura especial. En cualquier caso, si se decide crearla, debería contar con la adhesión de la inmensa mayoría de la sociedad y, desde luego, con la participación y el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales.

Está claro que no va a ser así, sino que se trata de una forma de adoctrinamiento sectario por parte del Gobierno y de la mayoría, por lo demás exigua, que lo sustenta. Pero la mayoría no puede imponer a la minoría una determinada concepción del mundo ni un particular sistema de valores.

La mayoría parlamentaria no puede convertirse legítimamente en dispensador del criterio pedagógico sin deslizarse por la pendiente de la tiranía de la mayoría. Además, una nueva mayoría podría legítimamente invertir el sentido y el contenido de esa asignatura, con lo que la educación quedaría sometida a los vaivenes de los cambios políticos. Entre las funciones del Estado no se encuentra la de educar a los ciudadanos, sino sólo la de garantizar el ejercicio del derecho a la educación. En este sentido, cabe entender el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los padres, titulares por delegación del derecho a la educación de sus hijos.

Cuando el cumplimiento de la ley entraña para un ciudadano el incumplimiento de un deber moral, debe optar por su conciencia e incumplir la ley. No se trata, en principio, de un derecho, sino de un deber, que, ciertamente, puede acarrear la imposición de las sanciones que el derecho prevea.

Los sistemas jurídicos liberales regulan, en su caso, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Puede discutirse si este caso que plantea la nueva asignatura está previsto por el derecho español, pero la legitimidad de la objeción de conciencia no depende de su reconocimiento por el derecho. Es un deber, antes que un derecho. No existe un derecho a incumplir el derecho, pero sí puede existir, en ocasiones, un deber de incumplirlo. En este caso, el ejercicio de la objeción de conciencia puede resultar dificultado por la imposición de la escolarización obligatoria. Pero siempre quedaría el recurso a la desobediencia civil, institución que cabe distinguir conceptualmente de la objeción de conciencia.

La desobediencia civil consiste en el incumplimiento de una norma vigente para protestar contra la injusticia de ella misma o de otra, apelando a los principios fundamentales vigentes en el propio ordenamiento jurídico. Fue, por ejemplo, lo que llevó a cabo en Estados Unidos Martin Luther King contra las leyes de segregación racial. Así, los padres podrían incumplir una ley, por ejemplo, la escolarización de sus hijos en centros públicos o cualquiera otra como la ley fiscal, para protestar contra la vulneración de su legítimo derecho a decidir la educación que han de recibir sus hijos.

Pongamos un ejemplo. La legislación española actual, vulnerando probablemente la Constitución, admite y regula el matrimonio entre personas del mismo sexo. Admitamos, lo que es más que dudoso, que esté legitimada para hacerlo. En cualquier caso, no puede legítimamente imponer a los padres la obligación de que sus hijos sean educados en unos principios que vulneran sus convicciones básicas. No se puede imponer en la escuela la doctrina de que las uniones entre personas del mismo sexo sean equiparables al matrimonio.

A los padres que discrepen de esa concepción, por más que pueda ser legal, les asiste todo el derecho a que la educación de sus hijos resulte conforme a sus convicciones. Es más que dudoso que el Estado sea señor absoluto del derecho, pero es absolutamente seguro que no es el señor de la moral.

Un Estado que pretende decidir sobre el bien y el mal, y determinar la educación que han de recibir sus ciudadanos emprende el camino del totalitarismo. Entonces, contra su pretensión, cabe ejercer el deber (si no se admite como derecho) de la objeción de conciencia y de la desobediencia civil. El Gobierno está para gobernar conforme a derecho, pero no para dirimir cuestiones morales ni para decidir la formación moral que deben recibir los ciudadanos.

A la nueva asignatura que se ha sacado de la manga el socialismo zapateril ya la han motejado los docentes con el nombre de FEA : «Formación del espíritu antidemocrático» y, si los padres no lo remedian, podría ser una perfecta arma de adoctrinamiento ideológico de nuestros chavales. ¿Modelo cubano?, ¿modelo venezolano? ¿España tercermundista?… Nada extraño.

La mayor desgracia que le ha tocado a España es tener la izquierda más rancia y acartonada de todo el Occidente civilizado. Una forma obsoleta de socialismo regresista y decadente que ya no se lleva ni donde lo fundaron: hasta Putin lo ha fumigado en Rusia. Algunos leales militantes ya nos desvelaron su inútil ranciedumbre en la misma «década prodigiosa» cuando el Che Guevara, que lo practicaba tan bien, nos brindó su ilustre definición. Fue en marzo del 1964, de vuelta de su periplo por la Rusia soviet, cuando le dijo a Fidel: «El Socialismo es una estafa ideológica defendida por un ejército» .

Y lo sigue siendo, solo que ahora esos aplastantes ejércitos ya nos son de tanques ni KGB sino de biendotados equipos mediáticos. Pero el pueblo llano no se ha enterado. La miope y confiada derecha española no supo aprovechar sus años de gobierno para informar al pueblo. No supo o no quiso hacerle pedagogía televisiva mostrándole los innumerables reportajes que se han pasado por toda Europa y EE. UU., desvelando ese mapamundi de campos de concentración, fosas comunes, miseria, ruina moral, y mafia que nos ha dejado el socialismo real a lo largo y ancho de todo el siglo XX y del mundo entero… Con pedagogía televisiva, el pueblo español hubiera aprendido la lección y entendería muy bien el obsoleto calco soviet que ETA prepara para Vasconia y Zapatero para el resto de España.

Con esa pedagogía el pueblo se sublevaría —esperemos que lo haga pronto— contra este adefesio de adoctrinamiento ideológico de la marxistoide FEA zapateril. Bajo el disfraz-máscara de «Educación para la ciudadanía» se prepara para nuestros estabulados infantes la réplica de aquella horrenda asignatura que Stalin y sus acólitos imponían en sus escuelas : la DIAMAT (= dialéctica del materialismo marxista) . Para mayor esclavitud al régimen soviet, para mayor multiplicación de sus «useful idiots» (=tontos útiles del sistema). Entontecidos y estabulados.

De una de mis visitas a Lituania guardo en la memoria las palabras del presidente del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Riga, Viesturs Koziols, denunciando el marxistoide lavado de cerebro durante los años de ocupación socialista: «En aquellos días de la ocupación éramos conscientes de que el 70% de las cosas que nos enseñaban en clase, eran falsas. Pero eso no era lo peor. Lo más grave era tener solo una visión del mundo: la impuesta por la ideología marxista-leninista a través de la DIAMAT —dialéctica del materialismo marxista— que impregnaba todas las asignaturas.

Infectadas por esta uniformizante ideología, todas las Ciencias Sociales que se enseñaban en las escuelas y universidades lituanas carecían de credibilidad entre los estudiantes. Queremos vivir en una auténtica y libre democracia donde toda la gama de opciones de libre elección sea posible: no queremos al «Big Brother» —Gran Hermano— tomando decisiones por nosotros»…

El socialismo zapateril nos quiere ignorantes de la historia relatada por Viesturs y lleva a la desquincallada educación española hacia el mismo abismo de la estabulación marxistoide. Lo quiere hacer a través de su DIAMAT de bolsillo —la FEA— donde el Gran Hermano ZP nos impondrá su «moral lewinsky» , su ética lésbica, su maricomio homosexual, su «menage-a-trois» , su divorcio expressssss, su homicidio legalizado —aborto/eutanasia— , sus parejas de cohabitación, sus disparates multikulturales y pluri-nazi-onales , sus alianzas de civilizaciones delictivas , sus …ensoñaciones totalitarias . La nueva estafa ideológica —como decía el Che—, hecha doctrina. Y tan FEA como la soviet.

Alejandro Llano, filósofo, ex rector de la Universidad de Navarra, persona prestigiosa, publicó el domingo un artículo en «La Gaceta» titulado «Género y ciudadanía» que llama la atención por lo contundente de sus expresiones, precisas y ajenas a la exageración o el espectáculo. Reproduce algunos párrafos de ayuda a los profesores de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, avalados por el Gobierno de Aragón, en lo relativo al sexo, a los comportamientos sexuales de niños y adolescentes y a eso que llaman género, que consiste en la elección del comportamiento sexual con independencia del sexo de cada persona.

«Se recomiendan las películas Philadelphia, Brokeback Mountain y Frida Kahlo. Se aconseja una amplia exhibición de imágenes sexuales dibujadas por los alumnos y alumnas, además de otras tomadas de periódicos y revistas, en las que no falten penes y vaginas, además de corazones», explica Llano, tras resumir los fundamentos teóricos (?) de la ideología de género. Por decirlo en lenguaje comprensible para el profano, el objetivo de esta asignatura consiste en iniciar a los niños y los adolescentes en una comprensión del comportamiento sexual como resultado de una elección hecha en los primeros años, tras experimentar caricias con otros niños y niñas.

Parece como si la polémica suscitada en torno a esta asignatura fuera sólo cosa de católicos, una cuestión de creencias religiosas sobre un asunto quizá nocivo para creyentes, pero inocuo para el resto de la gente. Nada más lejos de la realidad: el planteamiento de esta asignatura va contra la naturaleza y la razón, y los católicos están en contra por la misma razón por la que están contra la estafa, la mentira y el homicidio, sin que se le ocurra a nadie deducir que esos delitos, por ser inmorales, sólo merezcan la reprobación de los católicos.

La influencia que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende imponer sobre los niños en las edades críticas de formación de su personalidad y emergencia de los primeros impulsos sexuales se había llamado hasta ahora corrupción de menores. A partir de ahora se pretende que se llame educación para la ciudadanía.

De ningún modo puede ser pasado por alto el hecho de que la llamada Educación para la ciudadanía sea promovida por un partido de muy documentado historial mafioso, causante principal de la guerra civil, enemigo de Montesquieu y marxista, es decir, totalitario, hasta hace bien poco, sin que haya cambiado su marxismo por ninguna otra cosa. Y «orgulloso de su historia».

Este hecho crucial lo olvidan, sin embargo, bastantes intelectuales. No les importa, según parece, ponerse al servicio de un poder corrompido hasta el tuétano. En cuanto reciben la oferta de la mafia gobernante hacen agua sus pretensiones éticas. ¿Qué importa quien pague, si paga? Debe reconocerse que la tentación no es fácil de resistir. Y no me refiero solo al dinero, pues el pago incluye también, y aún más, vanidad satisfecha, influencia social, sensación de poder o la impresión de estar modelando a su gusto a las nuevas generaciones. Tiene mil formas.

La disposición de muchos intelectuales a servir a poderes totalitarios tiene tradición larguísima, desde que Platón diseñó la monstruosidad de La República, antecedente teórico de los totalitarismos del siglo XX, todos ellos bien surtidos de intelectuales afectos. Lógico: su idea clave es que existe una ciencia del comportamiento humano, que deben aplicar los doctos en ella. La ciencia del bien y del mal, por fin alcanzada.

Savater lo explica así: «Los padres tienen derecho a formar religiosa y moralmente a sus hijos, pero el Estado tiene la obligación de garantizar una educación que desarrolle la personalidad y enseñe a respetar los principios de la convivencia democrática, etc. ¿Acaso esta tarea puede llevarse a cabo sin transmitir una reflexión ética, válida para todos sean cuales fueren las creencias morales de la familia?»

Naturalmente, la «reflexión ética válida para todos» es la de Savater, Marina y otros servidores del poder. Reflexión, por lo demás, directamente enfrentada –no lo disimulan– a la educación moral y religiosa a la que tendrían derecho los padres. ¿Cuál debe prevalecer? Por supuesto, ha de prevalecer la «reflexión» de esos intelectuales, respaldados por el poder del Estado. Pero eso del Estado resulta algo vago, así que seamos más concretos: respaldados por el poder del Gobierno de turno. Más concretos aún: del Gobierno mafioso en el poder.

¿Están seguros Savater, Marina, etc. de que sus «reflexiones éticas» tienen el enorme valor que ellos les atribuyen? ¿Están seguros de que son realmente democráticas, teniendo en cuenta la amplísima experiencia histórica de atrocidades cometidas en nombre, cómo no, de la libertad, la ciencia y el progreso? Ningún intelectual, ninguna persona sensata, puede estar seguro de ese valor, y la soberbia de Savater y de Marina a este respecto llama realmente la atención. Un valor, además, negado desde el momento en que ellos mismos, con toda su supuesta lucidez, «olvidan» el carácter del Gobierno al que sirven. Pero la posibilidad de ejercer el poder les nubla la vista ante los hechos más crudos.

Tocqueville previó esta tendencia a crear un «poder tutelar que se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, por el contrario, no persigue otra cosa que fijarlos irrevocablemente en la infancia». Una infancia permanente, tutelada por los que «saben».

Cabe preguntarse si un poder acreditadamente democrático y virtuoso no podría imponer una auténtica educación para la ciudadanía. En el momento en que se propusiera tal cosa, sospecho, dejaría de ser democrático y virtuoso.

Crece la tensión en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, contestada por el Partido Popular y por la Conferencia Episcopal Española. Algunos barones regionales del principal grupo de la oposición, como Esperanza Aguirre, han venido a coincidir con la asamblea de los obispos en objetar la enseñanza de esta materia, que comenzará a impartirse el próximo curso. Si el reproche que cabe hacer a los prelados es que basan su crítica en afirmaciones que no se corresponden con la realidad, el que incumbe a la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que ver con el respeto a las instituciones: como parte del Estado que es la autonomía que dirige, no puede ser declarada territorio sin ley.

La Conferencia Episcopal se ha encontrado con una contestación inesperada dentro de sus propias filas, con lo que se demuestra que la actual jerarquía eclesiástica no representa, ni mucho menos monopoliza, el sentimiento de los católicos en España. La poderosa Federación Española de Religiosos de la Enseñanza ha expresado su disposición a actuar según se espera que lo hagan los ciudadanos de un Estado democrático: cumpliendo la ley. La organización que agrupa a la mayoría de los colegios católicos considera la polémica desenfocada y desproporcionada. Algo que, al parecer, no es del agrado de los obispos, que han sostenido argumentos tan insólitos como que impartir la asignatura en un centro era «colaborar con el Mal». Ojalá el Mal, de existir con esos tintes apocalípticos, se manifestase a través de expresiones tan apacibles y benéficas como la Educación para la Ciudadanía.

Los obispos vienen denunciando desde hace tiempo el «alarmante laicismo» de la sociedad, considerándolo como el «drama de nuestro tiempo». Tal vez le convendría a la Conferencia Episcopal contemplar la realidad tal y como es, y comprobar que si se quisiera subrayar un drama entre los muchos que padece nuestro tiempo sería el que está provocando el integrismo, la voluntad de fundir la creencia religiosa y el poder político, según pretenden hacer con el aplauso de algunos dirigentes del PP. Los obispos se quejan de que se está coartando su libertad sencillamente porque el Estado no les permite que ellos coarten la de todos. Incluso la de los centros religiosos que han rechazado declararse en rebeldía, como les anima a hacer este montaraz episcopado.

El curso escolar arranca caliente. En siete comunidades -ninguna gobernada por el PP- comenzará a impartirse la asignatura Educación para la Ciudadanía para los alumnos de 14 y 15 años; el año próximo se extenderá a las restantes. Englobada dentro de la LOE, que fue aprobada en marzo de 2006, la materia -una guía de principios éticos individuales y sociales encuadrados en la realidad de hoy- ha sido utilizada exagerada y demagógicamente como ariete contra el Gobierno por los sectores católicos más conservadores, con la Conferencia Episcopal (excluido su presidente) y el PP en la vanguardia de la campaña de desgaste. Desde algunos de esos sectores se ha alentado la desobediencia civil y la objeción de conciencia. El Ministerio de Educación advierte que será obligatoria para obtener el título de bachiller.

Lo grotesco de los ataques que ha recibido, como calificarla «propia del fascismo», en boca de algunos dirigentes de los populares, o el aplastante aviso del cardenal Cañizares de que impartirla equivale a «colaborar con el mal» no parecen incompatibles con no haberse molestado ni en echar un vistazo a los múltiples manuales que cada centro de enseñanza libremente podrá escoger. En general, abordan cuestiones recogidas en la Constitución y ligadas a la realidad de nuestra democracia, como el reconocimiento de la homosexualidad y el aborto, la familia de hoy o principios generales sobre la inmigración, el acoso escolar, la violencia doméstica o la solidaridad con el Tercer Mundo.

Precisamente, resulta significativa y a la vez contradictoria la variada panoplia de argumentos recogidos en esos libros. Esa diversidad llega incluso a que en uno de ellos se afirme que las parejas homosexuales pueden formar uniones respetables, pero no matrimonios, en contra de lo que sostiene la ley, o se rechace frontalmente el aborto. Eso ha facilitado que la FERE, la patronal de los colegios religiosos concertados, se haya desmarcado de la postura hostil de otras asociaciones católicas partidarias del boicoteo, al anunciar que en sus centros se impartirá sin problemas. Como ha dicho su secretario, son ideas perfectamente asumibles para los creyentes: «Basta con que elijan el texto y el profesor adecuado», como si se tratara de una asignatura a la carta. Esa actitud taimada de la FERE encierra pragmatismo por temor a que el rechazo a la misma desemboque en la suspensión de las subvenciones del Estado a sus centros.

De ese pragmatismo mercantilista quiso servirse también el Gobierno, al rebajar su proyecto inicial en sus tanteos negociadores con los obispos. Probablemente era sensato hacerlo así, puesto que no habría necesidad de enfrentamiento alguno con la Iglesia, siempre que los obispos entendiesen, con todas sus consecuencias, que las leyes del Estado las deciden los legisladores en el Congreso. Pero ninguna concesión del Gobierno socialista les ha bastado a los prelados, ni en éste ni en otros asuntos, como el del generoso aumento de la aportación estatal a las finanzas del clero español o la enseñanza de la religión.

Y, por tanto, quizá sí se hubiese requerido una respuesta más contundente en los hechos, especialmente ante planteamientos tan demagógicos como que la disciplina es un «catecismo socialista» o un adoctrinamiento ideológico semejante al de la «formación del espíritu nacional» de la dictadura franquista, cuando en varios países de la UE se imparten materias más o menos parecidas. ¿Qué opinan en público los obispos franceses de la escuela laica del país vecino? ¿Podría explicarlo la Conferencia Episcopal? La actitud condescendiente del ministerio hacia algunos de los textos permitidos a fin de rebajar la tensión con los obispos devalúa los objetivos de la asignatura y puede causar cierta manipulación en los colegios religiosos.

La Iglesia católica no ha hecho gala de comprensión al examinar los planteamientos de una sociedad democrática por encima de los valores religiosos. Por desgracia, su actitud suena más a intromisión y ventajismo que a buenas intenciones, y ha reforzado a los sectores integristas. Es triste que en este fenomenal ruido hayan quedado completamente al margen los propios educadores, que a la postre serán los responsables de impartir la materia. Ellos deberán explicar en clase esos valores éticos, pero de poco servirá si tales principios no emanan antes del núcleo familiar. Y allí sí que hay un gran déficit.