EL MUNDO y LA GACETA acusan al Grupo PRISA de defender a la familia Pujol por tener negocios comunes con ellos

Un grupo de policías emboscado en el anonimato está lanzando informes sin firma con sospechas de grave corrupción contra la clase política gobernante en Cataluña, contra algunos jueces y fiscales que investigan la corrupción de dirigentes de Convergència y contra directivos de los diarios de mayor difusión en esa comunidad autónoma.

Esta conspiración policial anónima, que el Ministerio del Interior no parece controlar, irrumpió cuando el Gobierno de Artur Mas inició su deriva soberanista para lograr la independencia de Cataluña, convocó elecciones anticipadas y anunció la fecha de una consulta sobre el derecho a decidir.

Desde entonces, los policías que elaboran esos informes contra el soberanismo catalán pretenden defender con su estrategia la unidad de España —en peligro por culpa del plan rupturista de los nacionalistas catalanes—, según interpretan fuentes policiales.

Ese grupo anónimo distribuyó un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) —falso, según declaró el jefe de esa unidad policial al juez— para desacreditar al presidente catalán en plena campaña electoral. Ahora, otros cinco informes, también sin firma, circulan por los mismos territorios con idénticos objetivos.

En estos informes, que ha analizado EL PAÍS, los policías anónimos aíslan datos reales, basados en hechos probados incluidos en sumarios, y los mezclan con otros datos procedentes de investigaciones preliminares, atribuidos a fuentes anónimas, no contrastados por nadie, en algún caso falsos y en otros muchos resultado de elucubraciones sin fundamento.

Esos documentos anónimos pero elaborados supuestamente en algún departamento del Ministerio del Interior se distribuyen convenientemente y se convierten en escándalo de primeras páginas. Los periódicos que acogen esa mercancía irregular fuera del circuito legal y ajena a la instrucción judicial manipulan el titular hasta llevarlo más allá de donde llevó el policía anónimo su propio análisis.

El trabajo de esos agentes sin identificar ha sido amparado por altos dirigentes del Gobierno y del PP a través de declaraciones públicas que sirven como altavoz de las elucubraciones. Ha habido ministros, como el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha llegado a pedir cuentas a los políticos de CiU acusados por esos informes sin firma ni destinatario.

El desconcierto en el Ministerio del Interior respecto a estas prácticas cuanto menos alegales es mayúsculo, a juzgar por las declaraciones públicas de sus responsables. Un mes y medio después de que apareciese el supuesto borrador de la UDEF que sugería, sin aportar una sola prueba, que el presidente Artur Mas había cobrado comisiones ilegales a través de cuentas en Suiza, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que aún ignora quién fabricó el papel.

La víctima principal de estas prácticas anónimas e ilegales es la clase política que gobierna en Cataluña, que, sin embargo, sí está inmersa en varios procedimientos judiciales, como el caso Palau y el caso ITV, donde se acumulan decenas de pruebas sólidas de su presunta corrupción. Esos casos judicializados, que se investigan desde hace mucho tiempo, tienen ya imputados a relevantes dirigentes de Convergència, el partido mayoritario en la coalición CiU.

En los informes policiales anónimos —además del fabricado con el membrete de la UDEF hay otros cinco que circulan sin sello ni firma con el título “Sumario Palau. Análisis de situación”, fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de este año— se citan como fuentes de la información “sectores judiciales no nacionalistas, empresariado catalán, servicios policiales extranjeros, imputados que quieren negociar y sindicalistas de los Mossos”. Entre los imputados que quieren declarar, según uno de los informes anónimos, figura el ingeniero informático Hervé Falciani, que trabajó en el HSBC Private Bank de Ginebra y copió los datos de 130.000 cuentas, entre ellas 3.000 de españoles que supuestamente defraudaron al fisco. Los informes anónimos apuntan que Falciani, ya en libertad, podría facilitar datos referidos a autoridades catalanas que blanquearon dinero a través de Suiza.

Los policías descalifican en sus “análisis de situación” a los jueces y fiscales que investigan los casos de corrupción que afectan al Gobierno catalán de CiU, sugiriendo que quieren tapar el escándalo porque trabajan a sueldo de los políticos independentistas catalanes.

Estos jueces y fiscales a los que descalifican los policías anónimos en sus informes son los mismos jueces y fiscales que han imputado al extesorero de Convergència y los mismos que han impuesto a este partido una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones, además de destapar una red de financiación ilegal a través del Palau que se nutría con las comisiones que pagaban determinadas constructoras, entre ellas Ferrovial, por la adjudicación de obras públicas por parte del Gobierno catalán de Jordi Pujol hasta 2003.

Todo lo que los policías anónimos escriben en sus informes sin firma ni destinatario acaba publicado en determinados periódicos de tendencia conservadora. Así ocurrió con la denuncia policial anónima contra el juez del caso Palau, que decía así: “Su señoría Josep María Pijuan surgiendo como forma de sentirse realizado que le gustaría una Fundación para reinsertar los desclasados socialmente (IRES). A partir de ese momento, al parecer se le ha inyectado a esta Fundación fondos de la Generalitat, en una ingente cantidad de euros por importe de varios millones”. Con esta información bastante incomprensible, los policías querían sugerir que el juez protegía los intereses del Gobierno catalán como pago a la subvención recibida para esa fundación.

Los mossos anónimos que supuestamente nutren de información a los policías anónimos que hacen informes anónimos cuentan que vieron billetes de 500 euros en el maletero del coche del consejero catalán de Interior, Felip Puig; y que Félix Millet, expresidente del Palau de la Música y principal acusado de robar 30 millones de euros en esa institución, habló con Artur Mas el día que registraban su casa, y que si el caso “termina en un juzgado fuera de Cataluña” aportarán documentación que compromete a miembros del Gobierno catalán.

Con esos supuestos chivatazos futuros de los Mossos se fabricó parte del famoso informe de la UDEF que acusaba a Mas de tener cuentas en Suiza con dinero procedente de comisiones ilegales.

Los informes incluyen en algunos casos errores de bulto para magnificar el escándalo. Como cuando señalan que un juzgado de instrucción investiga un pelotazo inmobiliario de 800 millones de euros por la venta de unos terrenos a Eroski que valían “538 millones de euros” y se vendieron por “1.337 millones”. “Se investigan los 800 que faltan, con cuentas en Liechtenstein a nombre de varios dirigentes políticos, entre ellos AM (Artur Mas) y su padre”, señala el anónimo.

El pelotazo inmobiliario se investiga desde hace 15 años, pero fue de 800 millones de pesetas, no de 800 millones de euros, y no aparece Artur Mas por ningún lado.

Otro informe anónimo intenta rebuscar en la vida de los directivos de los principales periódicos que se editan en Barcelona vínculos con el blanqueo de capitales o con el delito fiscal o simplemente con su apoyo al Gobierno catalán de CiU por motivos inconfesables.

En el encabezamiento de los informes anónimos se señala que las denuncias de corruptelas proceden de “fuentes judiciales y de fiscalía que con ocasiones de reuniones cordiales han mostrado preocupación”.

La Fiscalía ha mostrado preocupación, pero no ante la deficiente investigación de los casos de corrupción en Cataluña, sino ante la filtración interesada en las últimas semanas de informes anónimos con datos falsos o sin contrastar que ponen en cuestión el Estado de derecho, según fuentes judiciales.

La única reunión que se conoce entre agentes y fiscales —porque la dio a conocer con otro escrito, también anónimo, el Sindicato Unificado de la Policía— se celebró el 28 de octubre pasado, en plena precampaña electoral catalana, y no resultó muy cordial. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, llegó a considerar la reunión una maniobra irregular “desde el punto de vista de la relación procesal entre las fuerzas del orden y la fiscalía”, dado que “la sugerencia de actividad de los policías a los fiscales estaba fuera de situación porque no era el cauce regular” para plantearla.

Aquella cita en la fiscalía se produjo en las fechas previas al comienzo de la campaña electoral catalana, donde se dirimía el futuro de esa comunidad y el desafío soberanista del candidato Artur Mas. El exjefe de la UDEF José Luis Oliveras, nombrado jefe del Centro de Inteligencia del Crimen Organizado (CICO), pidió una reunión con el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, encargado de la investigación, entre otros, del caso Palau, en el que están imputados los extesoreros de Convergència y que ha puesto al Gobierno catalán bajo la sospecha de grave corrupción.

La excusa de la reunión solicitada por Oliveras era presentar a Marcelino Martín Blas, jefe policial de Asuntos Internos, competente en la investigación de casos de corrupción policial. Tras diez minutos de conversación protocolaria, donde hablaron de temas relacionados con la corrupción policial y un nuevo grupo que se iba a crear para combatirla, Oliveras fue al grano con una cuestión que excedía sus competencias actuales y las de su compañero de Asuntos Internos. “Si encomienda el asunto del Palau a este nuevo grupo, podemos obtener resultados”, le soltó al fiscal, según fuentes conocedoras de la reunión.

En la instrucción de la trama corrupta que salpicaba de lleno al partido en el Gobierno de Cataluña, el fiscal Sánchez Ulled había aconsejado al juez que para rastrear el destino de decenas de millones presuntamente robados por los directivos de la institución cultural sería bueno acudir a una unidad policial de ámbito nacional, dado que el tráfico de dinero podía afectar a bancos y sucursales de toda España. Y por eso encomendaron a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía rastrear el destino de lo robado. Esa unidad policial nacional contó con el apoyo del fiscal y del juez para su investigación y entregó su trabajo hace meses, cuando Oliveras era jefe de la UDEF.

Ahora, en otro puesto distinto de la policía, Oliveras intermediaba a favor del jefe policial de Asuntos Internos para investigar más el caso, al margen de su sustituto en la UDEF. Tras la irregular petición, llegó otra sorprendente. Oliveras y Martín Blas pidieron al fiscal su apoyo para conseguir una orden judicial de registro de la sede de Convergència y la casa del extesorero. El fiscal les explicó que llevaban tres años de investigación del caso y que tanto Convergència como el extesorero hacía muchos meses que conocían toda la investigación abierta contra ellos. En esas condiciones, no habría nada que encontrar en esa sede.

Los policías intentaron argumentar que todo el mundo guarda papeles y sugirieron que los confidentes tenían información. Cuando el fiscal les preguntó si tenían confidentes que les habían contado algo relevante, los agentes contestaron que no, pero que los confidentes se podían buscar.

Los policías mostraron un supuesto informe del caso Palau al fiscal, que comprobó que se trataba de una simple cronología de la instrucción del caso y algunos párrafos copiados y pegados de partes del sumario que él mismo había escrito.

El fiscal consideró muy poco seria la extraña oferta de aquella pareja de policías y les pidió que fueran al juez a pedirle autorización para lo que querían hacer, porque estaba convencido de que obtendrían la misma negativa que él les había dado.

Los dos agentes no fueron a ver a nadie, pero el fiscal, sorprendido y preocupado, advirtió por teléfono a sus superiores y al juez del caso de todo lo ocurrido en ese extraño encuentro.

Un grupo de policías que actúa desde el anonimato y aparentemente sin el control de los responsables del Ministerio del Interior se está dedicando, fuera de los cauces reglamentarios, a prácticas destinadas a desprestigiar a la clase política que gobierna en Cataluña y que se ha embarcado en la aventura independentista. La estrategia de estos agentes consiste en elaborar y difundir informes que nadie parece haber pedido, sin firma y sin destinatario, y con el único objeto de su publicación por determinados medios. Aprovechando investigaciones judiciales en marcha, mezclan datos ciertos con otros sin contrastar, o directamente falsos, que proceden de fuentes anónimas. En esos informes se ataca no solo al Gobierno catalán sino también a jueces, fiscales y periodistas supuestamente afines a los dirigentes de esa comunidad. Así, se atribuye al presidente Artur Mas el desvío a Suiza de dinero del cobro de comisiones ilegales o se deslizan acusaciones de blanqueo y evasión fiscal contra directivos de los principales periódicos que se publican en Cataluña.

El primer episodio de estas prácticas fuera de la legalidad estalló en plena campaña electoral catalana, con un documento que llevaba membrete de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que el jefe policial de este departamento consideró falso al no estar elaborado por ninguno de sus agentes. Ese documento, que el juez ha incorporado al sumario del caso Palau como un anónimo sin validez, arremetía contra Mas y el ex presidente Jordi Pujol con informaciones de supuestos confidentes que los autores del documento ni siquiera habían interrogado. En alguno de los anónimos que siguen fabricándose y circulando por las redacciones hay errores de bulto sobre los que se construyen acusaciones sin pruebas contra Mas y otros políticos.

En uno de los capítulos negros de este serial, el fiscal general del Estado tuvo que salir al paso de una chusca maniobra policial. Dos jefes de unidades que poco o nada tenían que ver con la corrupción política visitaron al fiscal anticorrupción del caso Palau para pedirle que les encomendara la investigación y que les apoyara para lograr sendas órdenes de registro de la sede de Convèrgencia y de la vivienda del extesorero de este partido. Tomaron esta iniciativa sin que el policía competente, el jefe de la UDEF, supiera nada. Lógicamente, el fiscal anticorrupción se negó a ello y puso el caso en manos de sus superiores. El fiscal general del Estado consideró “irregular” la maniobra.

El Gobierno catalán y la coalición que lo apoya, CiU, sin duda tienen un problema con la corrupción. Hay dos sumarios abiertos por tramas ilegales para robar dinero público en los que están implicados, y en algún caso imputados, dirigentes de Convèrgencia Democràtica de Cataluña. La justicia debe llegar hasta el final. Pero esto no puede ser excusa para que circulen supuestos informes policiales anónimos convertidos en arma arrojadiza. El afán rupturista de parte de la clase dirigente catalana debe tener una respuesta política que parta de las instituciones, no de las cloacas del Estado.

Interior ha evidenciado una sorprendente incapacidad para frenar este escándalo, agravada por el aliento que los infundios han recibido de las más altas instancias del Gobierno. Pese a que abrió hace mes y medio una investigación interna para conocer el origen del montaje atribuido a la UDEF, todavía está por conocerse algo al respecto. Episodios como estos empañan el trabajo policial y restan credibilidad a investigaciones que deben sustentar importantes causas penales. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, deben investigar lo sucedido y depurar responsabilidades para evitar que en su departamento cundan prácticas más propias de regímenes autoritarios.

«¿Por qué protege PRISA a los políticos corruptos que intentan destruir España?», nos preguntábamos el lunes. A la vez EL PAÍS clamaba porque la Policía estuviera investigando el origen del abultado patrimonio de la familia Pujol en México y Argentina sin que mediara un mandato judicial. El SUP, principal sindicato policial, difundió a continuación una nota denunciando que EL PAÍS propugnaba «una doble vara de medir» para dar trato de favor a los políticos sospechosos de corrupción «o la absoluta ineficacia de la Policía». Es obvio que sin investigaciones previas nunca se podrían facilitar a los jueces indicios suficientes para abrir sumarios. Hoy aportamos un importante elemento de juicio a este debate. Uno de los hijos de Pujol -Oleguer- controla, vía Luxemburgo, la empresa que ha proporcionado 242 millones de plusvalías a PRISA desde el paraíso fiscal de Guernsey al comprar sus inmuebles y convertirse en su casero. Parece raro que EL PAÍS no haya informado de ello a sus lectores pues no faltará algún malpensado que crea que esa venta y esta renta han engrasado también la impunidad de la cúpula de CiU y algún que otro seminario «Cataluña-España».

La publicación de informes anónimos por parte de algunos policías respecto a delitos y prácticas de corrupción llevadas a cabo supuestamente por políticos nacionalistas enlodó la campaña electoral de los recientes comicios en Cataluña. El hecho de que los informes no estuvieran firmados por nadie, aunque lucieran un sello oficial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF); la aclaración de los jueces encargados de instruir las causas de referencia (casos Palau e ITV), en el sentido de que ellos no habían encargado dichas investigaciones y de que no se incorporarán a la instrucción; la agitación orquestada por parte de la prensa de la caverna (véanse las ediciones de LA GACETA y EL MUNDO de ayer), y la irrupción extemporánea del Sindicato Unificado de Policía (SUP) pronunciándose al respecto, permiten suponer, entre otras cosas, que el control de los cuerpos de seguridad por parte de los responsables políticos es en gran medida inexistente. O lo que sería peor: que es absoluto y se emplea con fines partidistas, sin respeto al ordenamiento legal y con desprecio al amparo judicial efectivo que la Constitución garantiza a todo ciudadano.

Este periódico ha publicado en días pasados un resumen de cinco documentos policiales anónimos que denuncian presuntas corrupciones de la familia Pujol y del actual presidente de la Generalitat. Ni uno solo de esos documentos, que constituyen una amalgama curiosa entre datos ciertos y conocidos, pertenecientes a antiguos sumarios, otros relativos a los dos casos ya citados, y numerosas especulaciones sin prueba documental, ha sido avalado por autoridad judicial o política alguna. Pero el Sindicato Unificado de Policía, en una nota respuesta a las informaciones publicadas por EL PAÍS, ha salido en defensa de la necesidad de llevar a cabo investigaciones policiales sin tutela judicial, so peligro, según los sindicalistas, de que aumente considerablemente el número de delitos.

Sorprende la asiduidad con que portavoces del SUP aparecen en los medios de comunicación informando sobre el desarrollo de operaciones e investigaciones de sus miembros. Los dirigentes del sindicato no tienen legitimación para convertirse en portavoces policiales, ni mucho menos para polemizar con la opinión pública sobre cuestiones sometidas a la instrucción judicial. Ante el silencio ominoso del director general del cuerpo, el protagonismo de quienes defienden solo intereses gremiales a la hora de pronunciarse sobre cuestiones que afectan a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos resultaría chusco si no generara una considerable alarma social. La que corresponde al hecho palpable de que existen fuerzas policiales que operan en la sombra ajenas a todo control y de las que ninguna autoridad sale fiadora.

La hilarante información que la misma prensa cavernícola, con sospechosa coincidencia en sus datos, publicaba ayer en el sentido de que lo difundido por EL PAÍS estaba inspirado por la relación comercial de su editora con una empresa presidida por Oleguer Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol, ilustra bien a las claras sobre las calidades profesionales y el alineamiento con la extrema derecha del periódico propiedad de la editorial italiana Rizzoli.

La información respecto a la venta de inmuebles de PRISA a la empresa Longshore fue comunicada en su día a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y no se necesita que Mortadelo y Filemón investiguen nada al respecto. El grupo PRISA publicó además una nota de prensa hace más de cuatro años (julio de 2008) en la que informaba de las transacciones y señalaba que habían supuesto unas plusvalías de 227 millones, que iban a ser destinadas a la amortización de la deuda. Los intentos de relacionar la línea editorial de un diario con la militancia política de su casero quedarán, por lo demás, inscritos con todos los honores en la antología de las filtraciones chapuceras.

Corrupción

La corrupción política es un hecho que ha adquirido una gravedad inusitada en los últimos años y es de reconocer la brillante actividad de jueces y fiscales a la hora de perseguir a estos delincuentes de cuello blanco que se pretendían impunes por ejercer el poder. Desde el antiguo presidente de Baleares y exministro del Gobierno de Aznar, Jaume Matas, al yerno del jefe del Estado, una variedad de personajes de todos los colores y militancias políticas viene calentando el banquillo de los acusados, imputados como están de graves delitos económicos.

No es el partido del Gobierno el más capacitado moralmente para impartir lecciones al respecto, y en cualquier caso debe dejarse a los tribunales esta tarea, en la que la acción policial es clave si se lleva a cabo con profesionalidad, respeto a la ley y toda clase de garantías procesales al respecto. Si las autoridades consideran que el presidente de la Generalitat o cualquier otro político nacionalista son sospechosos de delitos, su obligación es comunicarlo a la fiscalía. Por lo demás deben poner orden en el Ministerio del Interior, impidiendo la difusión de informes fabulados de los que nadie se siente responsable, pero que difaman gravemente a las personas y agitan las pasiones políticas en tema tan delicado y trascendente como el proceso secesionista que se está viviendo en una comunidad de la relevancia de Cataluña.

Para quienes defendemos la unidad de España desde un convencimiento racional y moderno, frente a intentos independentistas que fragmentan la solidaridad entre los ciudadanos, es desesperante contemplar la resurrección del patrioterismo cavernícola. Este no solo amenaza con agravar las disensiones y debilitar aún más la cohesión territorial. Constituye en sí un enemigo de la democracia al utilizar, como todo argumento ante los nacionalistas, el recurso a la partida de la porra. Pues en eso acaba convirtiéndose cualquier policía del mundo si no se somete a la ley.

No podemos entender las descalificaciones y los insultos de EL PAÍS ayer hacia nuestro periódico por publicar algo que el diario de PRISA corrobora que es cierto punto por punto: que vendió tres edificios a la inmobiliaria de Oleguer Pujol con unas plusvalías de 227 millones de euros. Gracias a nuestra información, sus lectores y oyentes han podido enterarse de un hecho relevante que desconocían, aunque sea cierto que EL PAÍS comunicó la operación a la CNMV -lo cual era una exigencia legal por cotizar PRISA en Bolsa- y que informó escuetamente en sus páginas, omitiendo que Oleguer Pujol era el principal accionista de la empresa compradora. Ahora ya lo identifican como su «casero». Algo ha ganado la transparencia en este envite.

En el colmo de la manipulación, EL PAÍS se jacta falsamente de haber descubierto el caso de las ITV cuando fue EL MUNDO el primero que reveló su existencia al hilo de la investigación del caso Campeón, que el periódico de PRISA se cansó de denostar. Igualmente se vanagloria de haber publicado informaciones sobre el caso Palau, que generó un gran escándalo que centró la atención de la prensa nacional. Eso se llama hacer de la necesidad virtud.

Y después de atribuirse unos méritos de los que carece, intenta descalificar el informe borrador de la Udef -identificado minuciosamente por Asuntos Internos en su contenido y estructura- como si fuera un documento anónimo sin valor alguno.

EL PAÍS nos reprocha haber dado crédito a ese informe pero a la vez se ufana de «haber publicado un resumen de cinco documentos policiales anónimos que denuncian presuntas corrupciones de la familia Pujol». ¿Por qué incurren en lo que ellos nos reprochan falsamente? La explicación es muy sencilla: se trata de una operación preventiva de control de daños, no vaya a ser que en esos informes haya algo cierto.

El diario de PRISA cae en el exceso de inventar una imaginaria «partida de la porra» -que eran los agitadores que sacudían a los periodistas en tiempos de Amadeo de Saboya- dentro de la Policía. Más bien eso les cuadra a los jerifaltes de EL PAÍS, que arremeten también contra los mossos y los agentes que se sienten «españoles», lo cual consideran al parecer motivo de oprobio. Tampoco se libra de sus descalificaciones el SUP, que ayer hizo un comunicado en el que afirma que EL PAÍS exige sanciones contra los «policías decentes» con el propósito de que en Cataluña «puedan seguir campando a sus anchas los corruptos». ¿Tendrá algo que ver con ello la inmensa plusvalía que le proporcionó su recien descubierto «casero»?

Su furibunda y desmedida reacción tiene una explicación: presentar las revelaciones de EL MUNDO como parte de una guerra de medios. Pero la única guerra que libra este periódico es contra la corrupción que encubre EL PAÍS.

A quienes hablan de la existencia de esa «partida de la porra» les podríamos tachar de mercenarios de la legión extranjera de los escamots del Estat Catalá, que sembraban el terror bajo la protección del nacionalismo. Pero no vamos a hacerlo porque lo único que cuenta es la elocuencia de los hechos.