El Partido Popular propone al juez Enrique López como uno de sus representantes entre los magistrados del Tribunal Constitucional

El empeño del Partido Popular en promover al presidente y al portavoz del anterior Consejo del Poder Judicial, Francisco Hernando y Enrique López, respectivamente, a magistrados del Tribunal Constitucional amenaza con dejar en nada el acuerdo alcanzado con los socialistas para desbloquear su renovación parcial -los cuatro magistrados del cupo del Senado-, pendiente desde diciembre. No sólo eso: ensombrece el clima de entendimiento institucional entre los dos grandes partidos, abierto tras las últimas elecciones, especialmente visible estos días en relación con la política antiterrorista.

Los socialistas consideran la propuesta poco menos que una provocación, dada la actuación militante de Hernando y López contra iniciativas legislativas del Gobierno de Zapatero en la anterior legislatura. Empeño que se manifiesta en las maniobras de la dirección del PP para que sus grupos parlamentarios en las comunidades autónomas propongan de manera concertada a Hernando y López, de modo que el Senado no tenga donde escoger y se vea en la tesitura de aceptarlos.

La dirección del PP está haciendo un uso fraudulento de la reforma legal que faculta a los Parlamentos autónomos a presentar hasta dos candidatos cada uno para la elección del cupo de magistrados del Constitucional correspondiente al Senado. Y lo hace al reducir la multiplicidad de candidatos posible a sólo dos, imponiendo una extraña disciplina parlamentaria a sus diputados autonómicos. No sólo se vulnera con ello el espíritu de la ley que justamente intentaba favorecer la participación en el proceso de las entidades territoriales en cuanto tales, sino que se interfiere en la autonomía de los Parlamentos autónomos, llevando hasta el límite y a toque de corneta el poder central del partido.

Habría que preguntarse si el PP no dispone de candidatos menos marcados que Hernando y López para acceder al Constitucional. Y no sólo por sus tomas de posición extemporáneas a veces y beligerantes siempre sobre cuestiones como el Estatuto catalán, el matrimonio homosexual y la memoria histórica, o por haber propiciado antes de dejar sus cargos la impunidad de una juez -la titular del Registro Civil de Denia- que se niega a inscribir matrimonios homosexuales. Es sobre todo la cualificación jurídica exigible a los magistrados del Constitucional lo que obliga a plantear si el PP no cuenta con candidatos más idóneos. Hernando y López son magistrados, el primero desde 1986 y el segundo desde 1989, con más de 15 años de ejercicio. Pero sus títulos y trayectoria profesional hacen dudar que alcancen la «reconocida competencia» y el grado de especialización jurídica exigible a los miembros del Constitucional.

Tanto empeño, a sabiendas del carácter provocador de la propuesta, hace pensar si no estará el PP atado por algún compromiso con quienes actuaron como su punta de lanza: el de pagar con este nombramiento los servicios prestados.

Tras el bloqueo durante casi dos años del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la resistencia del Partido Popular a aceptar una renovación que presumía contraria a sus intereses, el Tribunal Constitucional (TC) se encamina a un periodo parecido de interinidad. Su renovación parcial -la correspondiente a los cuatro magistrados designados por el Senado- está a punto de cumplir un año de retraso.

Este empantanamiento se debe ahora al empeño del PP (a través de las autonomías que gobierna) en proponer de manera concertada a dos únicos candidatos (el presidente y el portavoz del anterior CGPJ, Francisco Hernando y Enrique López, respectivamente), cuyos títulos y trayectoria profesional difícilmente podrán considerarse un aval suficiente de la «reconocida competencia» -lo que implica una cierta especialización- exigida por la Constitución. Dos candidatos, además, que el PP sabe difícilmente aceptables por el PSOE tras su activa beligerancia contra las iniciativas legislativas del Gobierno durante la anterior legislatura.

El acuerdo anunciado en julio pasado por Zapatero y Rajoy no ha impedido el bloqueo; simplemente, aplazó el problema al conocimiento de los candidatos presentados. La renuncia a un mínimo control sobre la idoneidad de los mismos permite maniobras como la del PP, claramente contraria al de la reforma del procedimiento de designación, que intentaba dar participación en la misma a las comunidades autónomas. Se presentan candidatos cuya mayor cualificación es la afinidad ideológica y frente a los que, tras algunos amagos de rechazo, se termina por transigir en aras del principio de hoy por ti, mañana por mí.

Aprovechando ese marco, el PP parece haber decidido dejar las cosas como están hasta que el Constitucional falle el recurso contra el Estatuto catalán. En la anterior legislatura, intentó forzar, con la recusación del magistrado Pérez Tremps, una mayoría favorable a sus posiciones. Ello provocó una reacción en cadena de incidentes de recusación que dividió al Tribunal, afectó a su prestigio y credibilidad y retrasó el pronunciamiento del mismo sobre el estatuto.

Ahora, al proponer a esos dos candidatos, opta por mantener el bloqueo, sin duda porque considera más favorable a sus intereses la actual composición del Tribunal que la que resultaría de su renovación pendiente. El PSOE, por su parte, ha optado por no insistir si ello favorece que el TC alumbre cuanto antes su esperado fallo sobre el estatuto. A su vez, sectores nacionalistas catalanes han planteado, con carácter preventivo, las medidas que tomarían si el TC recorta el texto. Con independencia de otras consideraciones sobre el sentido de tales medidas, se trata de una obvia forma de presión sobre el tribunal. No pueden lanzarse mensajes que buscan contraponer como radicalmente opuestos los principios democráticos y de legalidad, pues obviamente ambos encuentran su acomodo en el marco de la Constitución, de la que el Tribunal Constitucional es supremo intérprete y garante.

De nuevo, por tanto, cálculos políticos e intereses partidistas se interponen en la marcha de las instituciones. No sólo en la del Tribunal Constitucional, sino en este caso también de la del Senado, la institución que junto con el Congreso representa la soberanía popular, que se ha visto obligado a meter en la carpeta de asuntos pendientes una tarea urgente, que ya acumula un importante retraso y que pone en entredicho su funcionamiento. Algo que se está convirtiendo en el más grave problema político de la democracia española y frente al que los partidos políticos, y en especial el PSOE y el PP, no sólo no toman medidas, sino que lo agravan con su reiterativo comportamiento.