El pleito de José Luis Roca Millán contra José María García (ANTENA 3 RADIO) lleva al periodista al borde de la cárcel

EN ESPAÑA, Ios cargos públicos, los m iembros de las instituciones públicas y, en general, todas aquellas personas que están constituidas en autoridad gozan de una fuerte protección legal: la que les otorga la pervivencia de una figura penal anacrónica y de perfiles imprecisos como es la de desacato, que reserva a quienes incurran en ella la pena de hasta seis años de privación de libertad. Ello es ya de por sí grave en cuanto puede condicionar, y de hecho así ocurre, el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión en el ejercicio de la crítica política. Pero todavía lo es más por la tendencia de algunos jueces a interpretar de manera dudosamente constitucional este precepto penal que sobrevive tal cual desde la época autoritaria. Sobre el periodista deportivo José María García acaba de caer el peso de ese precepto y por ello puede ir a prisión.En 1986 el periodista imputó al entonces presidente de la Federacion Española de Fútbol, José Luis Roca, haberse apropiado indebidamente de cierta cantidad de dinero en su condición de diputado de las Cortes de Aragón. La acusación se relacionaba con el cobro de dietas y gastos de desplazamiento no justificados. Las Cortes de Aragón presentaron una querella por presunto desacato, que se resolvió con la condena del periodista a dos meses y un día de arresto mayor. Sin embargo, una comisión de las propias Cortes de Aragón, constituida en el curso de la siguiente legi slatura autonómica -la actual- explicó que Roca había percibido indebidamente cierta cantidad de dinero, le conminó a devolverla a las arcas públicas y reconoció el exceso de celo de la anterior cámara regional al haberse querellado.

A pesar de todo ello García ha sido definitivamente condenado. No porque no haya sido cierta su acusación -en este sentido el papel de los medios de comunicación debe ser aplicar el principio de «la verdad, aunque duela»- sino por la manera innecesariamente insultante en que fue difundida. El Tribunal Constitucional manifiesta, de modo sensato, que los apelativos formalmente injuriosos son innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión. Y por ello precisa que «lo que se ha ventilado en el proceso no ha sido el derecho a la libre información, sino la realidad del derecho a la crítica». Esta apreciación, incuestionable cuando la información afecta a personas particulares, podría derivar en ocasiones extremas en un recorte del derecho a la crítica política a la que están sometidos todos los cargos públicos representativos. El que la propia institución teóricamente agraviada, es decir, las Cortes de Aragón, reconociera a posteriori lo innecesario de las actuaciones judiciales interpuestas debería. tal vez haber sido tenido en cuenta por el alto tribunal. Hay muchas ocasiones en las que disentimos con el estilo de hacer periodismo de José María García, pero no por ello dejamos de considerar aberrante que únicamente por una cuestión de formas el periodista deportivo pueda dar con sus huesos en la cárcel. Y no es una defensa corporativa.

Un alto representante del poder judicial ha asegurado estar avergonzado por algunas sentencias sobre delitos sexuales y ha esgrimido el argumento de que hay jueces sin experiencia, poco maduros, poco formados. Por separado, estas dos afirmaciones pueden ser suscritas por cualquier observador de la galaxia judicial, pero si tratamos de unir las más pintorescas sentencias del lugar y la biología e historia de los jueces que las han emitido, las afirmaciones del señor Peris son radicalmente contradictorias.¿El juez que ha absuelto a dos violadores de una deficiente mental es un jovenzuelo pardillo con pocas horas de toga y mazo? No. ¿El juez que mide la ética del magreador según la longitud de las faldas de la magreada es un adolescente coleccionista de desplegables de Playboy? No. ¿El juez que ha exculpado al violador de una muchacha porque ella no gritó como exigía el guión de la película es un chiquilicuatro con acné? Ni mucho menos. ¿Los señores jueces del Tribunal Constitucional que han condenado a galeras a José María García por llamar pedrusquito y calvo a un señor que se apellida Roca y evidentemente es calvo sonteenagers recién salidos de una discoteca? Ni hablar.

Ante los hechos concretos, las asociaciones bioprofesionales del señor Peris no resisten ni el beneficio de la duda, si acaso el beneficio del lapsus linguae, que en este caso sublimaría un cierto resentimiento por la juventud perdida y una evidente instalación en la sospecha de que la raza, incluso la judicial, degenera. Ante el imperio de la subjetividad que rige la aplicación de las leyes en España, o el ciudadano se echa a temblar o reclama una legislación casuística, algo así como un manual de sentencias sensatas aplicadas a todos los casos posibles que dejen a los señores jueces la exclusiva atribución de poner un uno, una equis o un dos. Y no lo digo con ánimo de desacato, sino de desatasco.

El Tribunal Constitucional, cuyas sentencias han sido polémicas en tantas ocasiones, ha denegado el recurso de José María García, el popular periodista deportivo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que le condenó, en noviembre de 1987, a dos meses de arresto por desacato a las Cortes de Aragón. Tras esto, García ingresará en prisión en los próximos días, si antes no llega un indulto.

Es una noticia que, dada la notoriedad de su protagonista, constituye una auténtica bomba. Es sabido que García no tiene precisamente pelos en la lengua. Sus llamativos comentarios responden  siempre a eso que se conoce como un planteamiento beligerante de la información y la crítica, y ningún corporativo nos lleva hoy a poner en cuestión a la justicia española . Pero precisamente hoy, esa justicia ha sido cuestionada por el propio presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, que, en el Congreso de los Diputados, no ha ocultado sus carencias y sus dificultades entre las que ha señalado como principal la insuficiente preparación de los jueces.

En el caso de esta denegación, llama la atención el hecho de que la información que dio origen a la sentencia se ha probado que era veraz. Una vez más, estamos ante una decisión de la Magistratura que se suma a las muchas que, en estos últimos tiempos, presentan un perfil contradictorio. En este caso concreto, probado documentalmente el cobro indebido de dietas por el parlamento regional de Aragón José Luis Roca, que era lo que denunció García, lo absurdo reside en que mientras el comentarista fue condenado por desacato, el autor del delito ni siquiera se le llamó a declarar.

Ver a un periodista en la cárcel quizá satisfaga a algunos de nuestros dirigentes políticos. Pero creemos que siempre hay soluciones posibles. Pero crecemos que siempre hay soluciones posibles para corregir aquellas situaciones que, como esta que comentamos , pueden conducir al absurdo. El Gobierno tiene en este caso, como en tantas otras cosas, la palabra.