El Presidente de Argentina, Fernando de la Rua, nombra ministro de Economía a Domingo Cavallo para intentar evitar el hundimiento

Todo apunta a que la aguda crisis argentina se le está yendo de las manos a Fernando de la Rúa. Menos de 24 horas después de anunciar que López Murphy, designado hace tan sólo dos semanas, seguiría al timón económico, el presidente ha nombrado a Domingo Cavallo para que regrese a un cargo que ya ocupó entre 1991 y 1996. El tercer cambio de ministro de Economía en tres semanas se produce mientras la paralizada alianza gobernante se resquebraja, en medio de una creciente contestación social y con el rechazo inicial de los partidos a la idea de un Gobierno de unidad nacional con poderes especiales cedidos por el Parlamento.

El sacrificado López Murphy, un duro al que De la Rúa acudió in extremis, había perfilado un programa de austeridad que preveía un recorte de 4.500 millones de dólares en dos años. Su plan de choque ha sido recibido como una bofetada en sectores del propio Gobierno, por los sindicatos y la oposición peronista. Pero hete aquí que Cavallo, su sucesor, anunció ayer que su medicina irá más allá, pues sólo en este año pretende ahorrar 3.000 millones de dólares. El economista aureolado con la liquidación de la hiperflación argentina prometió que mantendrá la convertibilidad dólar-peso que puso en práctica en 1992.

La designación de Cavallo ilustra dramáticamente la falta de opciones de De la Rúa. Hace menos de dos semanas que su propio partido, la Unión Cívica Radical, consideraba anatema la incorporación al Gabinete del superministro de Carlos Menem, un apóstol del libre mercado. El presidente argentino, que cambia de Gobierno por tercera vez en quince meses para intentar salir de una recesión de dos años y medio, lo hace enfrentado tanto a un sector de su partido como a los socios más a la izquierda en la coalición gobernante -el Frepaso-, que le reprochan la falta de un modelo coherente de desarrollo. Hace dos meses que Buenos Aires recibió casi 40.000 millones en ayuda financiera encabezada por el Fondo Monetario.

Argentina, sin embargo, no tiene muchas alternativas para salir de su espiral de estancamiento y endeudamiento límite, que representa ya casi el 55% del PIB. Para remontar el vuelo, el vacilante De la Rúa necesita romper el marasmo de su Gobierno, poner orden en la Alianza y conseguir de la oposición un pacto de supervivencia en el Parlamento o su integración en un Gabinete de emergencia. Sus principales actores políticos deberían haber aprendido de su reciente historia que cuando las constantes vitales fallan tan alarmantemente no es tiempo de banderías.

Al candidato a la presidencia argentina que no obtuvo más del 10% de los votos en las últimas elecciones, Domingo Cavallo, le acaba de conceder la Cámara de Diputados los primeros poderes especiales para, en la práctica, gobernar por decreto durante un año, con el fin de superar la crítica situación económica del país. Una decisión controvertida, pendiente todavía del escollo del Senado, que no ha fortalecido precisamente la ya precaria Alianza gubernamental. Esas facultades excepcionales concedidas al Gobierno acompañan la promulgada Ley de Competitividad en la que el ‘superministro’ basa su plan de salvamento. Un conjunto de medidas entre las que cabe destacar la reforma del Estado para reducir el gasto público, una reforma tributaria o elevaciones arancelarias sobre las importaciones de bienes de consumo de fuera de Mercosur y reducciones de las que gravan las importaciones de bienes de capital. Todo ello, sin modificar el singular régimen cambiario que estableció un tipo fijo de paridad frente al dólar.

Un conjunto de actuaciones menos ortodoxas que las propuestas por su brevísimo antecesor, el dimitido economista de la escuela de Chicago López Murphy, pero que no garantiza la normalización de la situación económica. En gran medida, la principal restricción al crecimiento de Argentina radica precisamente en lo que se considera inamovible, el tipo de cambio fijo frente al dólar, que ha dañado seriamente la capacidad competitiva de las exportaciones y la ha hecho tremendamente permeable a las importaciones de otros países cuya moneda ha sido objeto de depreciación. El real brasileño, sin ir más lejos. La financiación de ese déficit exterior requiere capitales cuya disposición está condicionada por una aversión al riesgo y la rentabilidad potencial y la capacidad de reembolso de los posibles prestatarios. Decía Cavallo en Madrid que no necesita recursos financieros, sino inversiones directas; como si éstas no requirieran muchos dólares adicionales a los ya comprometidos por el Fondo Monetario Internacional, y no dispusieran de una aversión al riesgo similar a la de los flujos crediticios.

España, además de los 1.000 millones de dólares aportados al paquete comprometido por el FMI el pasado diciembre, es el principal inversor en Argentina, con activos próximos a los 5 billones de pesetas. En consecuencia, algunas de sus principales empresas y bancos tienen razones para contemplar con cautela e inquietud la evolución de los acontecimientos. A pesar de que los mercados de bonos y acciones han reaccionado favorablemente al inicial respaldo parlamentario del plan Cavallo, la degradación de la solvencia decidida por una de las más importantes agencias de calificación crediticia no favorece precisamente esa continuidad de las inversiones.

Más allá de lo decidido contrarreloj por la Cámara de Diputados, la situación política no es tranquilizadora. Cavallo gozará de un cierto margen de maniobra, pero en modo alguno ese respaldo que todavía debe ratificar el Senado será incondicional e indefinido. Reducir el déficit público en un país en el que los ingresos tributarios apenas alcanzan el 18% del PIB exigirá actuaciones decididas contra el inmenso fraude fiscal; la rebaja del gasto perjudicará a sectores que tampoco facilitarán la aplicación de las medidas; la atracción de capitales exteriores, por último, requerirá que los argentinos exhiban esa renovada confianza que Cavallo reclama como precondición para que su recetario disponga de la mínima eficacia. Todo ello abona no pocas dudas sobre las posibilidades de éxito de este plan de salvamento, justo diez años después de aquel otro que le concediera el predicamento que ahora trata de hacer valer.