El presidente de Francia, Mitterrand, nombra al socialista Laurent Fabius nuevo primer ministro destituyendo a Pierre Mauroy

Pierre Mauroy, de 56 años, al que se podría considerar como representante del ala socialdemócrata del Partido Socialista francés, ha sido primer ministro desde mayo de 1981, cuando François Mitterrand llegó al palacio del Elíseo y le encargó ser el muñidor del cambio a la francesa; pero su suerte estaba prácticamente echada desde marzo de 1983, tras los desfavorables resultados de las elecciones locales. En 1981, Mauroy se lanzó con los ojos cerrados por la senda de las reformas que Mitterrand había prometido en su agenda electoral: nacionalización de la banca y de los cinco grupos industriales más poderosos del país; una ley de descentralización, valorada como «la gran reforma revolucionaria del septenio» que, después, ha sido frenada y aún tardará años en convertirse en una realidad; una legislación que garantiza «los nuevos derechos de los trabajadores» en la que, en definitiva, se consolida la primacía de los sindicatos; y la supresión de la pena de muerte y de los tribunales especiales.

Estas fueron las más importantes reformas de estructuras, todas ellas acometidas en lo que se llamó el período del estado de gracia cuando, en el terreno económico, el Gobierno de Mauroy puso en marcha la promesa de Mitterrand de reactivar la economía por medio del consumo interno. Los primeros resultados de esta estrategia, contraria a la que se ponía en práctica en los demás países industrializados, fueron los que dieron al traste con el estado de gracia.

En 1981 ya se produjo la primera devaluación, pero las ilusiones perduraron algunos meses, hasta que la segunda devaluación, en 1982, forzó el primer plan de rigor. Por fin, el estruendoso fracaso de la mayoría de izquierdas en los comicios municipales del mes de marzo de 1983 fue como un despertador brutal. Ya entonces se pensó que Mitterrand podría prescindir de Mauroy, puesto que tras la tercera devaluación comenzó el segundo plan de rigor implacable, y otro hombre podría representar mejor la nueva fase del pragmatismo, pero el presidente prefirió exprimirlo hasta el final.

Así empezó la etapa más dura. Mauroy, al contrario de lo que los socialistas habían prometido en su programa electoral, colocó al país en el nivel de los 2.500.000 parados (700.000 más que hace tres años) y acometió la reindustrialización, contrariando también todas las promesas que preveían la reactivación de los sectores en declive como la minería, los astilleros y el acero. A esto hay que añadir, recientemente, el fracaso de la izquierda en las elecciones europeas, la ley de la escuela privada y una ley más sobre la prensa que aún no se sabe lo que puede dar de sí.

Anoche, el presidente Mitterrand rindió honores verbales a Mauroy, cuando resaltó el coraje y la entrega que han presidido sus tres años y tres meses de labor como primer ministro. Pero la mayoría de comentaristas coinciden en que el balance del trabajo político de Mauroy no es positivo, ya que, aunque comienza a ser tangible un saneamiento de la situación económica, ello se debe más a -las decisiones del presidente que a las del ya ex primer ministro.

Después de las elecciones al Parlamento Europeo, el presidente Mitterrand estaba obligado a tomar alguna iniciativa para demostrar que era sensible a lo que las urnas habían proclamado con evidencia matemática: que la izquierda, socialistas y comunistas, carecía ya de la mayoría electoral que la había llevado al poder en 1981. Legalmente, los comicios europeos no tenían impacto sobre el Parlamento francés ni afectaban a la estabilidad del Gobierno. Pero políticamente la cosa es muy distinta. La oposición puede acusar al presidente y al Gobierno de que sólo representan a una minoría del país, acosarles y negarles legitimidad democrática. Curiosamente, si se tiene en cuenta la tradición francesa, la derecha ha aflojado últimamente el ataque en el terreno económico y social y lo ha concentrado en el tema de las libertades. Concretamente, una reforma escolar moderada -que garantiza, entre otras cosas, la financiación de la enseñanza católica- es utilizada como punta de lanza en una campaña que acusa a los socialistas de despreciar las libertades públicas.Bastante afectado por esta campaña, Mitterrand ha preparado su respuesta con bastante sigilo y cierta espectacularidad. Sólo estaban en el secreto dos de sus colaboradores: el jefe del Gobierno, Mauroy, y el secretario del Partido Socialista, Jospin. La operación consiste en anunciar un referéndum en septiembre para reformar la Constitución, de forma que se amplíen las materias sobre las cuales será posible consultar a la ciudadanía por medio de aquel tipo de consulta. En cierto modo, nos hallamos ante un referéndum sobre el referéndum. Según las normas vigentes, tal método se puede aplicar sólo a cuestiones referentes a «la organización de los poderes públicos». Mitterrand propone que el referéndum se pueda aplicar también a todo lo relacionado con las libertades públicas. Al mismo tiempo, ha anunciado la retirada de la ley -tan controvertida, y no sólo por la derecha, sino por los sectores de la izquierda más ligados a la tradición laicista francesa- sobre la reforma de la enseñanza, si bien queda en la sombra la forma en que este problema volverá a ser tratado.

No cabe duda de que esta propuesta ha provocado cierto desconcierto en las filas de la derecha. El objetivo de Mitterrand es lograr un sí muy mayoritario en el referéndum de septiembre y obligar a la derecha a que le ayude a obtener esa amplia mayoría, que sería un apuntalamiento de una legitimidad algo erosionada, lo cual no sería poca cosa para un presidente que tiene aún cuatro años de mandato legal en el Elíseo. Si la derecha rechazase la reforma de la Constitución que Mitterrand propone, no cabe duda de que caería en un renuncio: si viene reprochando al presidente que no escucha al pueblo en el tema de las libertades, ¿cómo puede negarle la posibilidad legal de consultar directamente al país en tales materias? Aquí se revela cierta faceta florentina de la personalidad del presidente francés. Es lógico que la derecha busque la manera de evitar que la probable consulta de septiembre se convierta en un éxito del presidente socialista. Ésta podría bloquearla en el Senado, ya que la Constitución exige que un texto idéntico sea aprobado en la Asamblea y en el Senado antes de poder ser sometido a referéndum. Otra fórmula que Chirac, el dinámico alcalde de París, ha adelantado seria exigir a Mitterrand que lleve su reforma mucho más lejos; por ejemplo, imponer el referéndum siempre que haya desacuerdo entre la Asamblea (en la que los socialistas tienen mayoría) y el Senado (en el que no la tienen). Pero ello supondría reforzar considerablemente los poderes de éste, lo que contradice el pensamiento político de De Gaulle, del que Chirac se pretende heredero.

Este ejemplo francés refleja una tendencia a un creciente papel del referéndum que se observa en varios países europeos. Cierta rigidez en el desarrollo del sistema de partidos, en el juego parlamentario, está impulsando a abrir espacios nuevos a formas de democracia directa, como sería la consulta popular. No se trata de oponer una fórmula a otra. Pero el creciente deseo de participación de la ciudadanía aconseja buscar un enriquecimiento de los conductos de expresión de la voluntad popular. Es cierto que el referéndum ha servido a regímenes dictatoriales de falsa coartada democrática. Pero la idea de que el referéndum, en sí, frena el progreso ha sido desmentida en la práctica de varios países. En Italia, por ejemplo, el voto directo de los ciudadanos, por medio del referéndum, sorprendiendo a todos los partidos, fue decisivo para la legalización del divorcio y del aborto. El empleo sensato, inteligente, del referéndum es una manera de compensar el peso de los aparatos y la carencia de flexibilidad que aqueja con frecuencia al sistema de partidos. En todo caso, con su gesto, Mitterrand ha demostrado que no teme a los fantasmas del pasado: en 1969, un referéndum fue la causa del alejamiento definitivo del poder del general De Gaulle.