El presidente de la Agencia EFE, Luis Mª Anson propone un carnet de prensa obligatorio con la oposición de EL PAÍS y DIARIO16

En la Federación de Asociaciones de la Prensa de España se agrupan las entidades corporativas de cada una de las provincias de nuestra Patria. La totalidad de los periodistas titulados y en ejercicio, tanto de prensa como de radio, televisión y agencias de noticias, lo mismo los veteranos profesionales como los egresados de las antiguas escuelas y los licenciados por las facultades de Ciencias de la Información, pertenecen a las asociaciones, algunas de las cuales se fundaron el siglo pasado. Este es el caso de Madrid, por ejemplo. La Asociación de la Prensa Madrileña tuvo a su frente, desde 1895, a hombres tan representativos en su época como Miguel Moya, Francos Rodríguez, Alejandro Lerroux o Manuel Aznar. La entidad representativa de los periodistas madrileños ha conocido la regencia de doña Cristina, la monarquía de don Alfonso XIII, la dictadura corta del general Primo de Rivera, la República, la guerra civil, la dictadura larga del general Franco y, ahora, la Monarquía constitucional de don Juan Carlos I. A pesar de las dificultades de algunas épocas, el presidente de la Asociación de la Prensa y los miembros de la junta directiva fueron siempre elegidos democráticamente, por elección directa y secreta de todos los asociados.Enviada hábilmente a los desvanes de la historia la llamada democracia orgánica, los colegios profesionales no participan ahora en la confección de las leyes. La Federación de Asociaciones de la Prensa decidió, sin embargo, poner en conocimiento del Gobierno y de las secretarías de los partidos con representación parlamentaria la opinión de los periodistas sobre la ley de Información y el estatuto de la profesión periodística. En los próximos días se hará llegar a las altas instancias políticas un borrador, que está ya ultimado. A lo largo de todo un año se ha trabajado en este texto, producido de abajo a arriba, en contacto constante con las bases. Así, se ha debatido por las asambleas de las respectivas asociaciones; por una comisión de presidentes, formada por los de Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Santander, Albacete y por el de la Asociación Española de Licenciados en Ciencias de la Información; y en tres ocasiones por la asamblea general de la Federación, con asistencia de delegaciones de las cincuenta provincias españolas, de prestigiosos catedráticos universitarios y de los directivos de la Asociación de Licenciados.

1. Al servicio de la libertad de expresión. El borrador de ley de Información y estatuto de la profesión periodística redactado por la Federación tiene como objetivo sustancial garantizar la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución. La ley propuesta -ley orgánica- es breve. El estatuto , largo y minucioso- puede ser aprobado como ley ordinaria o por decreto-ley.

El ciudadano tiene derecho a la justicia, y el cuidado de ésta se ha encomendado a la profesión de los abogados, los fiscales y los jueces. El ciudadano tiene derecho a que se vele por la salud, y la profesión de la medicina está encargada de su custodia. El ciudadano tiene derecho a la libertad de expresión, y ésta consiste suslancialmente en que se produzca en la nación una información periodística plural. completa y veraz, sin otros límites que los derivados de las leyes democráticas.

A la profesión del periodismo le corresponde la garantía de esa información periódica, plural, completa y veraz, gracias a la cual el ciudadano puede formar su criterio o adoptar sus actitudes políticas, religiosas, económicas, culturales o laborales, según sus personales puntos de vista, pero con conocimiento pleno de los hechos.

2. Titulación y colegiación. Como garantía para la libertad de expresión, el borrador redactado por la Federación mantiene la titulación universitaria en las facultades de Ciencias de la Información, condición para ejercer la profesión del periodismo, cuyas categorías tradicionales continúan siendo las de director, subdirector, jefe de redacción, jefe de sección y redactor. La titulación, conviene no olvidarlo, es un derecho adquirido por la profesión; por cuatro millares de periodistas en ejercicio y por otros muchos miles de licenciados en las facultades de Ciencias de la Información, así como por sus actuales alumnos.

Frente a la natural tendencia de algunas empresas, no todas, por supuesto, de algunos partidos políticos, de algunas centrales sindicales, a manipular la información para que se difunda lo que les conviene, se alza en favor de la comunidad y su derecho a recibir información plural, completa y veraz, sin la cual no existe la libertad de expresión, una profesión con titulación universitaria y toda la responsabilidad que de ella se deriva. Se termina así, al menos en gran parte, con el hombre de paja al frente de los medios de comunicación, con el amiguete, el pariente, el paniaguado, el militante disciplinado y borreguil. La sandez habitual de que en una sociedad de libre mercado quedarían excluidos los hombres de paja manipulados, demuestra una ignorancia supina de lo que es el periodismo. Una fábrica de zapatos se organiza para ganar dinero. Un periódico es algo más que un producto comercial. Y hay gentes dispuestas a perder dinero si consiguen hacer llegar a la opinión información manipulada. Para un periodista honesto los hechos son sagrados, las opiniones, libres. Un empresario o un dirigente de partido, propietarios de un periódico, se esfuerzan muchas veces en que el periodista manipule los hechos para que se ajusten a los intereses de la empresa o del grupo político, aunque la publicación pierda dinero y ventas. El periodista profesional honrado respetará la opinión del medio en el que trabaja, puesto que la pluralidad es indispensable como garantía de la libertad de expresión, pero jamás se prestará a que se manipulen o silencien los hechos.

¿En dónde aprende un abogado a defender un pleito: en la facultad de Derecho o a través de la experiencia, trabajando a veces sin cobrar durante muchos meses en el bufete de un profesional de fuste? ¿En dónde aprende un médico: en la facultad o a través de la experiencia y, el trabajo en el hospital o la clínica, junto al doctor consagrado? ¿En dónde aprende un periodista a hacer un periódico: en la facultad de Ciencias de la Información, o cuando hace calle y mesa en la redacción de un diario impreso, hablado o audiovisual?

El periodista, como el abogado, como el médico. como el arquitecto, nace y se hace. Nace con vocación y aptitudes, y se hace a través de los estudios en la facultad y de la experiencia y el trabajo en las redacciones. Nada sobra, todo es necesario: las aulas y la práctica.

Las más diversas naciones del mundo caminan hacia la exigencia de titulación en casi todas las profesiones. También en el periodismo. Es un avance constante e irreversible. Se está cumpliendo así la sagaz previsión de Joseph Pulitzer: «Antes de que termine el presente siglo, las escuelas de Periodismo serán una de las instituciones de la enseñanza superior, como las facultades de Derecho o de Medicina.» Por fortuna, en los más diversos países se ha pasado o se está pasando del barbero sacamuelas al odontólogo; del charlatán picapleitos, al abogado en ejercicio colegiado; del mago en alquimia, al doctor en Ciencias Químicas; del maestro de obras, al arquitecto; del chico de la prensa, al doctor en Ciencias de la Información.

Titulación universitaria, pues, para los periodistas y colegiación correspondiente, derechos ambos adquiridos por la profesión en España desde hace muchos años. El borrador de la Federación apunta la transformación de las actuales asociaciones de la prensa en colegios de periodistas, según el acuerdo que en octubre de 1979 se firmó con la Asociación Española de Licenciados en Ciencias de la Información, y que ratificó la asamblea general de esta entidad por abrumadora mayoría de votos.

3. Respeto a los derechos adquiridos. La Federación aprobó también en su proyecto un artículo según el cual se respetarán, en todo caso, los derechos adquiridos en el ejercicio de la profesión sin título hasta la promulgación de la nueva ley y el estatuto.

A los profesionales que sin titulación están ejerciendo el periodismo en la actualidad se les reconocerá su situación. Naturalmente, ese reconocimiento no será político, como en ocasiones anteriores, en las que el ministro de turno acreditaba la profesionalidad de amiguetes que nada tenían que ver con el ejercicio del periodismo. Ahora, el reconocimiento de ese ejercicio se efectuará a través de los colegios de periodistas.

4. Libre acceso de todos los ciudadanos a expresarse en los medios de comunicación. La libertad de expresión se nutre sustancialmente de la información periódica, plural, completa y veraz que garantiza la profesión titulada del periodismo. Pero no termina ahí.

Cualquier ciudadano tiene derecho, además, a expresarse en los medios de comunicación. Las empresas periodísticas podrán contratar libremente a los colaboradores que les plazca. Esa es la grandeza de nuestra profesión: convertir los periódicos en boca de la sociedad para que ésta ejerza su derecho a la opinión y al diálogo; abrirlos a las plumas o a las palabras de los científicos, los artistas, los políticos, los dramaturgos, los novelistas, los expertos, los ciudadanos. El borrador de la Federación institucionaliza por primera vez la figura del colaborador como garantía del libre acceso de todos a expresarse en los medios de comunicación. Los artículos del proyecto en los que se define la Figura del colaborador y sus derechos, incluso los laborales, constituyen una de las aportaciones más importantes del proyecto de la Federación.

5. Libertad de empresa. Dentro de este objetivo sustancial que supone garantizar la libertad de expresión, cualquier ciudadano tiene derecho a fundar una empresa periodística y a editar un periódico o revista impreso o radiado.

Las empresas periodísticas constituidas en sociedades anónimas podrán, a la entrada en vigor del nuevo texto legal, modificar sus estatutos con arreglo al régimen previsto en la ley de Sociedades Anónimas, recuperando la junta general, de accionistas y el consejo de administración las facultades que, en su caso, tuviesen atribuidas otros órganos sociales.

6. La figura del editor. En el régimen anterior, el editor era el hombre que pagaba, que generalmente perdía dinero y que carecía de un papel definido en el medio del que era propietario.

El borrador de la Federación reconoce, por primera vez en España, la figura del editor, le considera representante legal de la empresa y especifica que a él corresponde, como propietario o persona designada por la propiedad, garantizar los principios fundacionales del periódico. El director atenderá, como hombre de confianza de la empresa, las indicaciones del editor sobre la orientación ideológica del medio.

7. El director, responsable ante la ley, mantiene su derecho de velo de cualquier original, incluidos los de publicidad. Reconocidos los derechos y facultades del editor, el borrador de la Federación reafirma los del director como organizador del trabajo en la redacción y responsable ante la ley de todo lo que se publica. Y, en consecuencia, con derecho a veto sobre cualquier original, incluidos los de publicidad.

8. Los redactores: cláusula de conciencia, secreto profesional, consejo de redacción y estatuto de la redacción. Las redacciones de los diarios impresos, hablados o audiovisuales, de los semanarios y las agencias de noticias constituyen los cuerpos profesional izados esenciales de los medios y son garantía para la opinión pública de la libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Constitución.

Los redactores tienen derecho a participar en las decisiones técnicas e informativas y en la orientación ideológica del medio donde realicen su trabajo profesional.

Con este fin, en cada medio informativo se constituirá un consejo de redacción, que estará presidido por el director o el que le sustituya, e integrado por un número mínimo de cuatro vocales y un máximo de ocho, elegidos paritariamente por el director y por los periodistas de la redacción entre ellos.

El consejo de redacción tiene carácter asesor y el director deberá escucharlo preceptivamente al menos una vez a la semana.

Las redacciones de los diarios impresos, hablados y audiovisuales, y de los semanarios de información general, podrán pactar libremente con la empresa un estatuto de la redacción, que amplíe y desarrolle los preceptos contenidos en la ley de Información y estatuto de la profesión periodística. El estatuto de la redacción regulará las relaciones profesionales de los redactores con la empresa, con independencia de las laborales y sindicales. En este último aspecto, la Federación ha redactado un estatuto muy escrupoloso en el respeto a los derechos de los sindicatos, cuyo ámbito de acción es diferente del profesional, que corresponde al colegio de periodistas.

El borrador de la Federación contempla, por primera vez, los derechos de los informadores gráficos, los dibujantes de chistes e ilustradores. Aborda también, como es lógico, otros muchos temas, como el derecho de réplica, los corresponsales españoles en el exterior, los periodistas extranjeros en España, la responsabilidad jurídica, el secuestro de publicaciones, las competencias de la Administración pública.

A lo largo de todo un año, se ha hecho un trabajo sereno y riguroso, al servicio de la libertad de expresión como ingrediente sustancial del bien común. Todos los periodistas titulados y en ejercicio de España han participado o pudieron hacerlo en la redacción del proyecto aprobado. Se ha eludido la polémica que algunos trataron de provocar, y ello porque el estatuto de la Federación no es el de los centristas, los socialistas o los comunistas. Es el de los periodistas, entre los cuales hay afiliados a UCD, al PSOE, al PCE, a Coalición y demás partidos. Y, sobre todo, hay profesionales independientes cuya vida es servir a la información.

El brioso desafío que se le plantea ahora al Parlamento está claro: aprobar una ley de Información sometida a los intereses de los partidos, o alumbrar una legislación periodística en favor de la comunidad entera. En el primer caso, se habrá extendido un somero maquillaje sobre las leyes del régimen anterior; en el segundo, se robustecerá, de forma profunda, la libertad de expresión del pueblo español. La tarea no resulta fácil porque los intereses partidistas son ingentes y la musculatura política española todavía no se encuentra suficientemente entrenada Confiemos en que los señores diputados atiendan, sin escayolas mentales, los deseos de los profesionales del periodismo. Las ásperas sangres de la noticia calentarán, entonces, cada madrugada las redacciones de los periódicos y cesará el hostigamiento al que está sometida una profesión nobilísima que aspira a vertebrar libremente, en la parcela que le corresponde, la vida de la nación.

Luis María Anson

Presidente de la agencia EFE, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Este país había conseguido en los últimos cuatro años un aceptable nivel de libertades informativas; el Instituto Internacional de Prensa, en su reciente informe anual, llegó a cualificarlo de «elevado» en un contexto de regresión informativa mundial, y acaso no resultaría excesivo afirmar que donde más lejos ha llegado la joven democracia española ha sido en el terreno de la libre circulación de las noticias. No ha sido un fenómeno casual, ni esta libertad nos ha caído del cielo. La profesión periodística luchó por la consecución de estas libertades desde bastante antes de la muerte de Franco (podría establecerse una «fecha frontera», coincidente con el nacimiento de CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO), consolidó unas ganancias a disfrutar por todos en el interregno de la «transición política» y los partidos parlamentarios acogieron finalmente esos principios de libre información en la carta constitucional; acaso con exceso de detalle.No es baladí, ni sectario, dentro del mundo informativo, recordar lo que ya es historia: que la prensa escrita, con todas sus limitaciones, fue pionera en esta batalla por uno de los más elementales e indiscutibles derechos democráticos. Tanto es así que podría recuperarse la decimonónica acepción de la «libertad de imprenta», circunscrita a los impresos periódicos, para señalar la batalla por la recuperación de la libre circulación de las noticias. La radio aportó, inmediatamente después, su importantísima contribución a esa batalla (sus condicionantes eran más fuertes que los de la prensa escrita) y la televisión ha desdeñado, presumiblemente por largo tiempo, el trabajo de sus profesionales y el interés colectivo en aras de una torpe y grosera política de facción.

En cualquier caso, ya empieza a apuntar toda una pléyade de «guardias de tráfico» de las libertades informativas que caen directamente sobre la prensa escrita. Esgrimiendo un completísimo arsenal de sofismas, Luis María Anson, en nombre de unas asociaciones de la prensa, que durante el franquismo se vieron manipuladas y corrompidas y encontraron la peor picaresca de su historia (Franco recibió el carné de prensa número uno de la de Madrid), ha puesto en circulación un estatuto de la profesión periodística que, antes que defenderla, le pone límites y la reduce. Otro proyecto de ley de información o de desarrollo de esta libertad constitucional ha sido elaborado por el partido del Gobierno a través de su Secretaría de Estado para la Información. Es obvio que para algunos ha llegado la hora de poner límites a la «libertad de imprenta».

No es una frase hecha aquella que estima que la mejor ley de información es la que no existe. Las leyes ordinarias bastan para garantizar los posibles excesos o irresponsabilidades de los periodistas. Ahora se le quiere poner puertas al campo de la libre información a base de registros de empresas periodísticas dependientes del Gobierno, colegios profesionales de informadores amarrados al carné corporativista (un invento de la Italia fascista), la mala traducción del «»editor»» anglosajón -el auténtico director del diario- en las figuras de un director y un editor con papeles profesionales entrelazados y desdibujados, el establecimiento de «carnés» que permiten graciosamente el ejercicio de un periodismo de segunda división, como «fotógrafo», «dibujante» o «colaborador», y la curiosa tesis de que para dirigir un diario es necesario un carné expedido por una corporación que se lo negó antaño a Joaquín Ruiz-Giménez, en un ruin intento político de obstaculizar la salida de CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO, y que no tiene la mínima intención de exigírselo a Fernando Arias-Salgado para dirigir el mayor medio de comunicación social de este país.

La garantía de la libre circulación de noticias no reside en esta proliferación de estatutos profesionales, registros, colegios, proyectos de ley, que ahora nos llueven. Son otros los problemas de la libertad de información: unas ayudas estatales a la prensa cada día menos objetivas y más coaccionadoras, la corrupción creciente de profesionales (con carné o sin carné) alimentados por los fondos de reptiles que distribuye el partido del Gobierno, la conversión de algunas oficinas de prensa oficiales en simples generadoras de propaganda personal, la indiferencia culpable con que se contempla el cierre o desaparición de publicaciones que contribuyeron notablemente al advenimiento de esta democracia, el escándalo financiero, cultural e informativo de RTVE, el monopolio de LAS HOJAS DEL LUNES sobre la información general matutina de ese día, etcétera.

De estos y otros problemas, no menos graves, no hablan ni el señor Anson ni las asociaciones de la prensa que preside; organismos que desgraciadamente no han sabido superar su etapa de grupos de presión corporativa y que es preciso revitalizar, poner al día, limpiar de auténticos intrusos, de funcionarios del poder, y convertir en verdaderas asociaciones de periodistas responsables, y no en cotos de privilegios o de graciosos servicios al que manda. La Federación de Asociaciones de la Prensa no regenta, hoy por hoy, numerosamente a la profesión, y lo que es peor, no la defiende. ¿Cómo ha de hacerlo? Su presidente es nada menos que el de la agencia oficial de noticias EFE, que recibe más de mil millones del presupuesto del Estado pero que no hace ningún tipo de estatuto que garantice su autonomía del poder político. Y, en cualquier caso, esa Federación carece por el momento de títulos sociales para aparecer como paladín de la libertad de expresión que desde bastantes años unos profesionales de la información (redactores, directores, editores) tuvieron que defender sin su amparo y hasta a sus espaldas.

Esta profesión y esta sociedad pueden necesitar de una especie de Press Council, modelo británico perfectamente asimilable. Una institución de este corte podría garantizar la libertad informativa a que tiene derecho la ciudadanía y la profesión sin interferencias con el poder del Gobierno, vigilando la monopolización del poder informativo y la correcta actuación de los medios y sus profesionales. Un verdadero autocontrol, por completo desvinculado de los poderes públicos y en permanente contacto con el poder judicial, que nos alivie de la sumisión administrativa a la que a todos se nos pretende condenar.

Su editorial de hoy, «Contra la libertad de información», es una descarada manipulación, llena, además, de tópicos y falsedades sobre lo que significan y son las asociaciones de la prensa. Responde a una posición política bien conocida por los periodistas y que nada tiene que ver con la profesionalidad, pues no trata de servir la información, sino manejarla.Es inconcebible que todavía se hable del carné de prensa como si se tratara de un favor que se concede, cuando, desde hace bastante tiempo, no es más que una fórmula de credencial del título correspondiente. Naturalmente, el titulo de licenciado en Ciencias de la Información no se le debe exigir al director general de Televisión -cargo político-, sino al director del Telediario, de la misma manera que el título de Ingeniero de Caminos no se le debe exigir al ministro de Obras Públicas, sino a quien firma el proyecto del camino, el canal o el puerto.

(Afirmar, por cierto, que la agencia EFE carece de estatuto sólo demuestra ignorancia. Lo tiene, y fue aprobado en 1977 por los trabajadores en referéndum. En él se exige para presidir y dirigir la agencia una profesionalidad mínima de diez años y no pertenecer a ningún partido político.)

Las asociaciones de la prensa representan a la totalidad de los periodistas titulados y en ejercicio de España. Ellas están defendiendo la libertad de expresión y la dignidad profesional frente a algún editorialista de todos conocido, frente a ciertos empresarios voraces, frente a las maniobras de algún partido político, cuyo propósito consiste en manipular la información y dejar a los profesionales sin defensa para manejarlos a placer.

Luis María Anson

Presidente de la agencia EFE, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y de la Asociación de la Prensa de Madrid.

EL PAÍS ha prestado un mal servicio a la objetividad informativa que reiteradamente ha declarado defender. Parte del error, por desgracia demasiado frecuente pero explicable desde su óptica centralista, de confundir Madrid con el resto de España. Los problemas de la Asociación de Madrid sobre los que nos hemos expresado con claridad en varias asambleas federativas y la larga crisis atravesada como consecuencia de ellos los hemos lamentado y los estamos trabajando todos. Algunos, incluso, materialmente. Diremos de entrada que las Asociaciones de la Prensa han sido y son lo que la mayoría de sus socios han querido que fueran, y que socios de ellas son la mayoría de los componentes de las plantillas de redacción de todos los periódicos del país. ¿Excepciones? Algunos estudiantes de las Facultades de Ciencias de la Información y algunas personas que por la vía del meritoriaje han ido adquiriendo derechos laborales en las empresas y frente a los que en nosotros privó más el compañerismo que el supuesto espíritu corporativo del que se nos acusa. Los demás, la inmensa mayoría de los componentes de las plantillas de los periódicos, periodistas titulados e inscritos en un registro, que, si es verdad que fue oficial, hoy regenta la propia profesión, los demás insistimos, figuran en alguna de las cuarenta y nueve Asociaciones de la Prensa existentes en España. Cada Asociación, quede claro, pues, ha sido lo que han querido los periodistas de cada lugar y ésta es una responsabilidad colectiva que no se puede ignorar, frente a las críticas fáciles y simplistas como las de EL PAÍS.

Eñ presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona, tras hacer un recuento de las actividades de la entidad que preside en favor de la profesión periodística, se refiere al Estatuto del Periodista y al proyecto en los siguientes términos: Fue con este espíritu de salvar los derechos profesionales conquistados cuando bajo la presidencia federativa del firmante se canalizaron inquietudes profesionales a través de las respectivas Asociaciones de la Prensa. Pensemos que en aquel momento (otoño de 1978) los grupos parlamentarios se ocupaban del primer redactado de la Constitución; después, bajo la presidencia de Luis María Anson, se ha desarrollado aquel propósito inicial.

(…) Un último dato para el editorialista de EL PAÍS: La incorporación de la cláusula de conciencia y del secreto profesional en la Constitución son obra de la Asociación de la Prensa de Barcelona, presentada por uno de los grupos parlamentarios catalanes, según consta en las actas de la ponencia constitucional, a instancias de nuestra entidad en enero de 1978.

Un editorial de este periódico sobre el ocurrente proyecto de ley de Información, que el presidente de la Federación dé Asociaciones de la Prensa y presidente de la agencia oficial de noticias EFE pretende hacer prosperar, ha merecido días atrás la contestación en forma de noticia de dicha agencia. En la página 26 de este mismo número encontrará el lector la reproducción de dicho teletipo, que fue leído profusamente en los servicios informativos de la radio y la televisión oficiales el pasado lunes. Al margen de la manipulación de los hechos que la agencia EFE hace, y a la que nos tiene acostumbrados en muchas informaciones -¿para qué hablar de RTVE, cuya actitud en el referéndum andaluz sonroja no sólo a las personas de bien, sino a las malvadas con algún sentido común?-, la campaña desatada por EFE y el coro añadido de LAS HOJAS DEL LUNES de numerosas provincias españolas que se han sumado a ella, lo mismo que la caja idiota del Gobierno que es TVE, merece una serie de puntualizaciones.En efecto, el teletipo de EFE y su reproducción audiovisual pretenden, sin duda, hacer creer a la opinión que EL PAIS es un periódico pagado por el Gobierno. Esto no nos parece del todo una calumnia, pues hay ilustres colegas a los que el Gobierno paga, pero sí nos parece una tontería, porque no sabemos que el Gobierno tenga interés en hacer creer que nuestras opiniones reiteradas sobre UCD y su presidente son las válidas. Remitimos a la colección de EL PAIS al lector curioso para comprobar cuáles opiniones son estas. Pero en cualquier caso, sobre la claridad y cantidad de los dineros estatales que la empresa editora de EL PAIS ha recibido en el entorno de la ayuda general del Estado a la prensa, el lector tiene cumplida explicación en la citada página 26 de este número. Lo que nos preocupa, en cambio, es la existencia de una agencia gubernamental de noticias como la EFE, que recibe 1.100 millones anuales de pesetas del Presupuesto del Estado y que, contra lo que establece la Constitución, no está sometida todavía a ningún estatuto que garantice el control parlamentario. En efecto, el señor Ansón -hermano del otro Ansón, el que organizó el follón televisivo de las cuentas mal dadas y mal enseñadas, asesor de Suárez y creador de imagen-, el señor Ansón, don Luis María, asegura que la agencia EFE tiene un estatuto firmado por los trabajadores, lo que nos congratula. Ahora esperamos un estatuto firmado por los partidos políticos que garantice lo que la Constitución dice: que el señor Ansón, o su eventual sustituto, no serán en el futuro empleados del poder político, como ahora, y que la representación popular en Cortes controlará el uso y el abuso de los Medios de Comunicación Social del Estado, la agencia EFE incluida. De esa manera se evitaría que cuando un periódico inicie una polémica sobre el ridículo proyecto de ley de Prensa del señor Ansón, éste se abstenga de utilizar el dinero de los impuestos de los españoles en tratar de iniciar otra -manipulando hechos y cifras- en torno a la ayuda del Estado a la prensa. El señor Ansón es dueño de hacer lo que quiera con su dinero, no con el nuestro.

Aclarado este tema, analicemos lo que pasa con el señor Arias-Salgado, don Fernando, director general de designación directa del ente público RTVE. Este señor, que acaba de ser multado por el Tribunal de Cuentas del Reino por no dar las ídem cuando era preciso -las ídem se refiere a las cuentas de RTVE, que incluyen varios miles de millones de pesetas del erario público-, este señor, irritado sin duda porque la Intervención General del Estado, del Ministerio de Hacienda, hizo un informe sobre el oscurantismo contable y la dilapidación consciente que TVE hace del dinero de los españoles, y porque este periódico se limitó a publicarlo, decidió, el pasado lunes, emitir repetidas veces por radio y televisión el susodicho teletipo, que causó la natural zozobra entre nuestros lectores. Desde la muerte del Generalísimo no se repetía tanto un evento en nuestra televisión. ¿Cómo es posible -se preguntaba la gente- que EL PAIS cobre del Gobierno para decir las cosas que dice de éste? La sospecha de que las lecturas prohibidas del marqués de Sade habían hecho mella en los sentimientos masoquistas de los ministros de UCD comenzó a tomar carta de naturaleza.

Pero no es masoquismo, es simplemente enajenación mental. En primer lugar, porque nada tiene que ver la ayuda a la prensa con el sugerente proyecto de ley de Información -envidia del propio Goebbels- que el bueno del señor Ansón ha entregado al Gobierno en una reunión de los presidentes de las asociaciones de la prensa de España con el jefe del ejecutivo. En segundo lugar, porque, aunque todos los de EL PAIS fuéramos espías de Moscú, terroristas de ETA, sicarios del Gobierno, ladrones de carteras e incluso un poco travestistas, la corrupción en TVE seguiría siendo la corrupción en TVE, y el señor Arias-Salgado seguiría siendo el señor Arias-Salgado. Eso son cosas que ya no tienen remedio.

Por eso no vamos a gastar mucha más tinta y papel, que están caros, a pesar de las subvenciones gubernamentales esas, en repetir dos cosas: que la existencia de una vía única de acceso a la profesión periodística, además de una necedad, es un sistema coactivo que limita la libertad de prensa. Y en eso no sólo nos apoyan -como resulta la obsesión del presidente de la agencia EFE – las opiniones de algún sindicato marxista, sino la larga, experiencia del liberalismo norteamericano y las concepciones humanistas occidentales sobre la libertad de prensa. Ningún país del Occidente libre tiene ese sistema tan tonto que el señor Ansón propone para ejercer el periodismo. Claro que ningún país tiene al señor Ansón en su nómina. Ni al señor Arias-Salgado, don Fernando. No es una cuestión de países; es una cuestión de señores.

Por lo demás, todo está bastante claro. Este es un periódico gubernamental, y RTVE y la agencia EFE, en virtud de su independencia y bien probada trayectoria de servicio a las libertades, no han tenido otro remedio que denunciarlo a la opinión. Conocedores de nuestro pecado, cumpliremos la penitencia adjunta. Y aunque sigamos cobrando del Gobierno, al menos será para seguir dándole marcha.

Desde hace más de diez años se viene denunciando ante la opinión pública y los Gobiernos que se han sucedido en España la crisis económica de la prensa. Se ha explicado hasta el cansancio que, antes de llegar a nuestro país, la crisis causó estragos en Estados Unidos en el período de entreguerra y en Europa occidental en los últimos treinta años, produciéndose un desfile impresionante e inacabado de periódicos hacia la muerte. Igualmente se ha insistido en que la crisis española se presenta como un caso, único en el mundo, agravado por la competencia desigual de los periódicos del Estado, cuyo déficit cubre el erario público, y la televisión, también estatal y deficitaria, que absorbe la mitad de los recursos del mercado publicitario.Estados Unidos de América resolvió el problema dejando funcionar libremente las leyes del mercado en todo el campo de la información, la televisión incluida. Los países europeos optaron por medidas de auxilio económico que han cristalizado en el concepto jurídico-administrativo de «ayuda del Estado a la prensa». Este concepto forma parte del presupuesto público de todos los países de la Comunidad Económica Europea, de los países escandinavos, de Austria y Suiza y también de Japón; y cada año es objeto de cuidadosas revisiones por los Gobiernos y parlamentos respectivos. (El pasado año, el Parlamento francés aprobó un presupuesto de 50.000 millones de pesetas para esta ayuda.)

Los que en España venimos postulando acciones de Gobierno para atajar el mal económico de nuestra prensa hemos. de reconocer con toda humildad que no hemos sido muy afortunados en nuestro empeño. De ahí que los periódicos y sus hombres dejen aflorar su decepción, tan largo tiempo contenida, y fustiguen la insensibilidad de los poderes públicos.

En los últimos meses arrecian las quejas ante el espectáculo de nuevos cierres de periódicos. Y se dice que cada día la ayuda del Estado a la prensa es menor y más arbitraria su distribución. ¡Alto ahí! Cierto que la ayuda es insuficiente y notoriamente desproporcionada en su reparto, como lo demuestran las cifras que siguen: en los Presupuestos del Estado para 1980 se prevé una ayuda de 15.600 millones de pesetas para los medios de comunicación, de la cual 12.700 millones de pesetas, es decir, un 82%, va destinado a los medios estatales: prensa, radio, televisión y agencia Efe. Quedan, pues, para la prensa privada -que representa el 78% de la tirada total nacional- 2.900 millones de pesetas.

Pero igualmente cierto es que nunca la ayuda del Estado a la prensa ha sido mayor. Que la de 1979 fue superior a la de 1978, y la de éste al anterior. Que por primera vez en la historia de la hacienda española se ha llevado al Presupuesto ordinario de 1980 las ayudas que en años anteriores venía disfrutando la prensa privada, las que, al tener que tramitarse por vía de créditos extraordinarios, se recibían tarde y mal, tras penalidades sin cuento. Que la ayuda del año pasado se ha repartido a todos los diarios no estatales sin excepción conforme al consumo de papel y su difusión, según controles rigurosos aceptados por los propios beneficiarios. Que desde hace apenas dos años que existe la Secretaría de Estado para la Información los editores de prensa cuentan con un órgano de la Administración pública que estudia sus problemas con interés y diligencia. Y con esta Secretaría de Estado estamos comprometidos los empresarios de AEDE a elaborar un proyecto de reestructuración y saneamiento del sector de prensa diaria, que tenga amparo en el Presupuesto de 1981, al modo como en su día lo tuvieron los sectores naval, textil y metalúrgico.

Los proyectos de leyes corporativas que pretenden establecer el Sr. Anson y sus colaboradores ya han sido dura y certeramente criticados por numerosos y prestigiosos profesionales de la información, nacionales y extranjeros: Peter Galliner, director del Instituto Internacional de Prensa; Ronald MacDonald, presidente del mismo Instituto; Hubert Beuve-Mery, fundador de LE MONDE, Yann Clerc, director de LE FIGARO, Juan Tomás de Salas, Alejandro Muñoz Alonso, Miguel Ángel Aguilar, Carmen Rico Godoy, Juan Luis Cebrián y varios otros han escrito artículos o han hecho declaraciones o firmado textos colectivos rechazando por completo esos planes legislativos.

Personalmente quiero remachar el clavo contra esos proyectos de sorprendente gremialismo medievalizante, y con ese fin en primer lugar conviene poner bien de relieve el criterio que la Comisión Internacional de Estudio de los Problemas de la Comunicación, de la Unesco, fija en su ‘Rapport intérimeire sur les probelmes de la communication dans la societé moderne”.

Monopolio de competencia

Después de haber consultado las opiniones de numerosos especialistas en estas cuestiones, ‘se plantea la cuestión fundamental de saber si quienes tienen la responsabilidad de difundir la información ejercen una profesión netamente determinada, que exija competencia específicas y si este profesionalismo y las competencias que implica son asimilables a las de otras profesiones de alta calificación. Si por profesionalización hay que entender un proceso social que hace de una colectividad de iniciados un grupo cerrado, el acceso al cual está reglamentado y dotado de una deontología respecto a la cual el mismo grupo se encarga de velar mediante organismos especiales, se puede hablar en un cierto sentido de una profesionalización de la comunicación, puesto que estos elementos diversos se encuadran en el ejercicio de actividades de los responsables de los medios’.

Ahora bien, advierte el documento del a Unesco: ‘También se puede considerar que ello existe un malentendido, ya que estos responsables no tienen el monopolio de una competencia, y la competencia de la que se reclaman es vaga, heterogénea y se refiere a disciplinas dispersas. Incluso se puede estimar que la libertad de expresión y los principios que de ella dimanan están en contradicción con la profesionalización de la comunicación y con la consagración, en beneficio de una sola categoría de ciudadanos del monopolio de la expresión”.

Los párrafos citados demuestran con total claridad la radical oposición del alto organismo de la educación, la ciencia y la cultura contra todo proyecto legislativo de tipo corporativo.

Mi opinión coincide con el criterio sostenido en ese Informe del que es necesario subrayar asimismo la pluralidad de la formación profesional que ha de poseer el periodista. La complejidad de este oficio requiere una sólida formación generalista que, a mi juicio, conviene decantar en el estudio de las ciencias humanas y sociales: historia, antropología, sociología, psicoanálisis, economía, ciencia política… En todo caso el periodista ha de ser un profesional de una curiosidad ilimitada y permanente: el buen periodista no acaba nunca su formación, aprende constantemente.

En efecto, el periodista tiene que renovar cotidianamente sus conocimientos en general, y en una o en otra rama especializada, a fin de seguir con un ritmo parecido la movilidad de las transformaciones históricas.

Visión histórica

La cultura del periodista no ha de ser sólo producto de la reflexión teórica, sino que debe enriquecerse con el análisis del flujo de los acontecimientos que ofrece la actualidad en su hacerse historia, que esto es el periodismo de calidad: tener, lúcidamente arraigada en el presente una visión histórica de los hechos que diariamente mueven – o detienen el curso de – las sociedades y del mundo en su globalidad.

En la hora presente de nuestro país, uno de los hechos, de prosperar, podría frenar la expansión del régimen de libertades que estamos inaugurando, es precisamente la tentativa del señor Anson. Estos proyectos se tornan hoy más amenazadores ante la serie de procesos y sanciones con los que se trata de hacer callar o por lo menos poner sordina a cuantos escribimos en los periódicos con un talante crítico.

Algunos parece ser que quieren intentar pasar de la corporativización feudalizante de un oficio que ha de ser libre como los pájaros a la reimposición de un régimen corporativo para toda la sociedad española. Esto puede resultar altamente peligroso y debería movilizarnos puesto que, como sabemos desde la Italia de 1922, el corporativismo es una organización típica de los estados fascistas