El Presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, aprovecha la apertura del año judicial para advertir por el Estatut y los riesgos de ‘descentralizar la justicia’

Es difícil no ver en el tema elegido por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, para su discurso de apertura del año judicial -el carácter vinculante de la jurisprudencia de este tribunal en toda España- una referencia explícita a las reformas anunciadas por el Gobierno para descentralizar la justicia, adaptando su organización a la estructura autonómica del Estado. A Hernando le preocupa que la reforma del recurso de casación -vinculada con la transformación de los tribunales superiores en las instancias últimas de la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma- pueda dar paso a un «desapoderamiento» del Supremo como órgano jurisdiccional superior en toda España, salvo en materia de garantías constitucionales, como establece la Constitución.

La preocupación parece exagerada, sobre todo si se tiene en cuenta que en otros ámbitos no se ha privado de tachar de inconstitucionales las reformas del Gobierno. El Supremo viene asumiendo tareas de las que puede desprenderse y que lo tienen colapsado, y los tribunales superiores pueden asumir otras -como la segunda instancia penal e incluso la casacional en derecho propio autonómico- sin que la organización judicial del Estado desborde el marco constitucional. En todo caso, la reivindicación de Hernando de una mayor fuerza vinculante de la jurisprudencia del Supremo es plenamente aceptable y no parece que sea cuestionada por los textos de reforma elaborados por el Gobierno, actualmente en trámite de informe por diversos órganos consultivos, en especial el Consejo del Poder Judicial.

Son evidentes los riesgos que para los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley comportaría la proliferación de resoluciones judiciales divergentes o contradictorias sobre supuestos o hechos idénticos según el lugar de España en que se dictaran. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también fue sensible en su discurso a esta cuestión, apoyando igualmente el papel del Supremo en la interpretación y aplicación de los códigos para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, cualquiera que sea el lugar del Estado donde se hallen. Pero no se ve en qué puede trastocar esa función del Supremo, como teme su presidente, una reforma del recurso de casación que reforzaría su carácter de órgano unificador de doctrina en todo el territorio, más propia de su rango jurisdiccional, y que descargaría a su Sala de lo Penal de un trabajo que la desborda, en no pocos casos más bien burocrático.

El Consejo General del Poder Judicial, dominado por la mayoría conservadora afín al PP, ha decidido por su cuenta opinar institucionalmente sobre el proyecto de reforma del Estatuto catalán, extralimitándose en las facultades regladas de informe que le atribuye la ley. No es la primera vez que los vocales conservadores arrastran a la institución a tomas de posición extemporáneas -existe el precedente de la reforma del Código Civil sobre el matrimonio homosexual-, haciéndolo además siempre en asuntos en los que el principal partido de la oposición tiene un especial interés político. El CGPJ pretende erigirse así, de hecho, en una especie de tercera Cámara legislativa, violando el papel que le asigna la Constitución, y en la que el PP trata de hacer valer la mayoría de la que aún goza en ese órgano y que perdió en el Congreso y el Senado tras las elecciones de 2004.

El PP solicitó a la Mesa del Congreso que pidiera un informe al CGPJ sobre la propuesta de reforma llegada a las Cortes. Ese informe, no preceptivo, es un trámite previsto en la ley, pero el Congreso lo desechó, por lo que el Consejo se inmiscuye en un debate al que no ha sido llamado. La iniciativa de los vocales conservadores carece, por tanto, de respaldo legal, lo que la convierte en un elemento perturbador que no ayuda a serenar los ánimos. En una democracia, el respeto a los procedimientos es una exigencia básica, y si quien lo vulnera es el CGPJ la cosa adquiere tintes especialmente preocupantes. ¿A qué institución piensa remitir el Consejo el informe que nadie le ha solicitado? ¿O se trata sólo de emitir un informe público para contribuir a la campaña de agitación que ha organizado el PP en toda suerte de instituciones a cuenta del Estatuto catalán?

El argumento de los vocales conservadores de que el proyecto afecta a la organización judicial y que, por tanto, están obligados a pronunciarse no se tiene en pie. En primer lugar, porque ese pronunciamiento sólo puede llevarse a cabo a petición del Parlamento. Y, en segundo, porque ya se han pronunciado a instancias del Gobierno, y esta vez de acuerdo con las previsiones legales, sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial, que contempla aspectos de la organización judicial recogidos en el proyecto estatutario. Dar a entender que el Estatuto catalán no se atendrá a esta ley básica son ganas de confundir y alarmar todavía más.

Del proyecto de reforma del Estatuto catalán podrán decirse muchas cosas, pero no la que se ha inventado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando: que fractura la jurisdicción penal en España, propiciando que un mismo hecho pueda ser delito en una comunidad autónoma y no serlo en otra. Para que sucediera lo que señala Hernando debería darse al menos uno de estos dos supuestos: que el Código Penal dejara de ser común para todos o que el Tribunal Supremo no tuviera la última palabra sobre los criterios con que dicho Código Penal debe ser aplicado por los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, Cataluña incluida.

De dónde se ha sacado Hernando que estos supuestos están contemplados en el proyecto de Estatuto catalán es un misterio que haría bien en desvelar. Del primero no hay rastro en el proyecto de Estatuto, y el segundo está explícitamente descartado al establecer (artículo 95.2) que las sucesivas instancias de procesos judiciales iniciados en Cataluña se agotan ante los tribunales situados en ese territorio, «sin perjuicio del recurso para la unificación de doctrina que establezca la ley de competencia del Tribunal Supremo». Lo que debería preocupar a Hernando es que el Supremo que él preside mantenga una doctrina jurisprudencial coherente y no suceda que una misma prueba -la de ADN obtenida de un esputo- sea rechazada por una sala y aceptada por otra, con el efecto de condena y absolución.

Lo más asombroso es que Hernando señale como una amenaza lo que el órgano que preside ha dado por bueno. El CGPJ, con el apoyo de sus vocales conservadores y progresistas, informó favorablemente, con algunos reparos técnicos, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que transforma el tradicional recurso de casación en el llamado recurso de unificación de doctrina para mejor ajustarlo a la función del Supremo, a la de los tribunales superiores como última instancia judicial en sus respectivos territorios y, en último término, a la propia organización de la justicia penal. En este punto el proyecto de Estatuto no va más allá de lo previsto en la ley básica del Estado. ¿A qué viene entonces este tremendismo de insistir falsamente en la ruptura de la unidad de jurisdicción en España y en que estamos abocados a códigos penales distintos en las diversas comunidades?

Ese discurso lo mantiene el Partido Popular tanto frente al proyecto estatutario como frente a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No es de extrañar, pues, que se reproche a Hernando estar al servicio de ese discurso diciendo lo que dice. Y al órgano que preside, dominado por una mayoría conservadora afín al PP, de ser la correa de transmisión de ese partido al decidir por libre elaborar un informe sobre el proyecto de Estatuto catalán que nadie le ha pedido y que no servirá sino para sembrar más confusión.