1 febrero 2023

El PSOE impone a Podemos la corrección de la ‘Ley del Sólo Sí es Sí’

Hechos

  • El 30.01.2023 el Gobierno informó a través de D. Félix Bolaño, ministro de presidencia, que corregería la Ley de Libertad Sexual.

30 Enero 2023

Irene Montero no puede seguir en el cargo

EL MUNDO (Director: Joaquín Manso)

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EL ENROCAMIENTO de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en torno a su ley del solo sí es sí solo se explica desde la concepción más soberbia y equivocada del cálculo electoral, que pasa por despreciar el bien de la sociedad en favor de la lucha dogmática por liderar el espacio político del activismo ideológico.

Ya son cerca de 300 los agresores sexuales que han visto reducidas sus condenas por las lagunas y los errores que arrastra el articulado de la norma. De ellos advirtieron los expertos más independientes y desde estas páginas señalamos que la ley del solo sí es sí nunca debió entrar en vigor con semejante diseño. De igual manera que tampoco debió elevarse al Consejo de Ministros sin contar antes con las preceptivas garantías jurídicas. Este fracaso no solo afecta al gabinete de Montero, sino a la Presidencia del Gobierno que lo permitió.

El goteo de reducción de condenas supone una oleada de críticas por dos motivos: desprotege a las víctimas y quiebra un valor esencial como es la seguridad jurídica. Hasta ahora, el Ejecutivo se parapetó y lanzó ataques sin precedentes contra la independencia judicial. Pero la imposibilidad de ponerle a la ciudadanía una venda en los ojos ante la alarma social generada ha obligado al propio Pedro Sánchez a imponer que se trabaje para modificar la ley y «resolver los problemas». Esos eufemísticos problemas tienen nombres, como la mujer que huyó de su ciudad porque el criminal que la había violado vio reducida su condena, está en la calle y sigue amenazándola con matarla.

La música de la ley podía sonar bien de cara a la galería: poner el consentimiento en el centro. La realidad es que legalmente ya era así. La trampa retórica derivó en un caos legal y, en lugar de aceptar el error y enmendarlo, la ministra de Igualdad lo sostuvo a través de una defensa de su ley sin base, como la que esgrimió ayer en un acto en Canarias. Menos de 24 horas después de que el Gobierno reconociera que trabaja en retocar la norma, la ministra insistió en su ataques a «la derecha política, judicial y mediática», alegando que solo una minoría no aplica «de forma correcta» la ley.

Los perniciosos efectos de la norma y una desautorización gubernamental de este calibre supondrían el fin político de cualquiera con un mínimo de amor propio. En su lugar, Montero contemporiza -«Vamos a proteger el corazón de la ley», dijo ayer-, como si se pudiera hacer bandera explotando una posición de máximos de defensa de las mujeres cuando son las víctimas las que están indefensas. La ley del solo sí es sí es una norma que nadie puede esgrimir con orgullo. Las voces críticas de la izquierda cada vez se escuchan más. La última, la de alguien tan poco sospechosa como Manuela Carmena.

La rectificación de la ley del solo sí es sí tiene que acompañarse indefectiblemente del cese de la ministra Montero. El presidente debe destituirla. No hacerlo sería consecuencia de su posición de debilidad en el acuerdo de coalición.

01 Febrero 2023

La ley del sí es sí

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

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Es imprescindible la reforma de la norma para preservar la confianza ciudadana en la protección de las víctimas

Desde su entrada en vigor, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual —también conocida como ley del solo sí es sí— se ha encontrado con efectos indeseados que se han concretado en un goteo de rebajas de condenas y excarcelaciones anticipadas de delincuentes sexuales. Una ley que nació para evitar diferentes interpretaciones sobre las agresiones sexuales ha terminado provocando un rosario de revisiones con distintas aplicaciones de las penas contenidas en la nueva norma. Era, pues, necesario y es positivo que el Gobierno haya admitido finalmente que cometió un error al no incluir una disposición transitoria para evitar una rebaja de las penas a los agresores ya condenados en aplicación del principio de retroactividad favorable al reo. Admitir los efectos indeseados y no actuar —aunque sea para un futuro— solo podría interpretarse como una cerrazón inexplicable con una norma tan delicada. Resulta muy importante preservar la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la justicia para proteger a las víctimas de agresiones sexuales. Aunque el problema con los casos del pasado que pidan revisión ya no tiene remedio —cualquier modificación de la ley solo regirá para los delitos que se cometan a partir de su aprobación—, con esta rectificación el Gobierno emite el mensaje de que escucha las voces de las víctimas y atiende a la alarma social.

Lo más importante ahora es que cualquier ajuste que se introduzca en el Código Penal no modifique o desconfigure lo que constituye el principal avance de esta ley, que es que la definición del delito de agresión sexual pivote sobre la ausencia de consentimiento, algo que no parece ser la intención de ninguna de las dos partes del Ejecutivo. La diferencia fundamental que aportó la nueva ley es que, siguiendo el Convenio de Estambul, la clave del tipo penal es la ausencia de consentimiento para la relación, lo que debe evitar que la causa derive en un examen al comportamiento de la víctima, como ha ocurrido en tantas ocasiones. Este cambio implicó la unificación en un tipo único de ”agresión sexual” de los antiguos delitos de ”agresiones sexuales” (los cometidos con violencia o intimidación) y los ”abusos sexuales” (los que derivan de no haber un consentimiento válido porque la persona atacada no está en condiciones de consentir). Lo verdaderamente relevante no fue cambiar las penas, sino hacer pivotar el consentimiento como elemento central de cualquier agresión sexual. Esto es algo que el Ministerio de Igualdad debió explicar con más claridad en su día, especialmente porque este cambio de paradigma se producía al calor de las protestas por la famosa sentencia de La Manada.

La reforma que se haga ahora debe fundamentarse en el verdadero avance de la ley del solo sí es sí y asumir los aumentos de las penas sin tocar el consentimiento, según han explicado los dos socios del Gobierno. La diferencia entre ellos es de puro matiz. Mientras Justicia (en manos del PSOE) defiende un tipo de modalidad agravada para los casos en los que haya violencia o intimidación, Igualdad (Unidas Podemos) propone elevar las penas mínimas. Ninguna de las dos propuestas afecta al corazón de la norma: lo que define el delito es que no se respete la voluntad de la víctima. Ese y no otro fue el capital político que el feminismo trasladó al legislador de la dramática experiencia de la sentencia de La Manada. Llevar la discusión sobre la reforma a extremos artificiales significaría que nada se ha aprendido de las causas que nos han traído hasta aquí. Lo demás hay que dejarlo en manos de la mejor técnica jurídica.