El Rey de España, Felipe VI, retira la pensión vitalicia a su padre Juan Carlos y renuncia a cualquier herencia que este pueda dejarle

El comunicado emitido por la Casa de Su Majestad el Rey por el que Don Felipe renuncia a la herencia de Don Juan Carlos y le retira su asignación económica es inédito en la historia de nuestra Monarquía. La decisión del Rey es tan drástica y dura -especialmente desde la esfera personal- como ejemplar. Incluso con España en plena incertidumbre y sometida a estado de alarma por la anomalía causada por el coronavirus, Don Felipe acierta porque no tenía más alternativa en defensa de la Monarquía, de la estabilidad y del rigor institucional para garantizar su futuro. Las investigaciones judiciales en torno a las graves acusaciones que pesan contra Don Juan Carlos por la gestión de dos fundaciones, y por la supuesta percepción de cantidades millonarias en paraísos fiscales, no dejaban más margen de maniobra a Don Felipe. Por eso, el sacrificio personal que supone romper de facto con su padre no es solo demoledor, sino una forzosa obligación basada en la necesidad de la Casa Real de dar ejemplo y prestigiar a la institución, que ya se vio zarandeada durante los últimos años de reinado de Don Juan Carlos por escándalos que dañaron su credibilidad. Hoy, los hechos investigados revisten tal gravedad como para que sea Don Felipe quien haya dictado sentencia, moral e institucional, más allá de lo que puedan fallar en el futuro los tribunales.

En 2011, Don Felipe tomó una primera decisión solvente al romper con su cuñado Iñaki Urdangarin, y más tarde, en 2015, actuó con una determinación sin precedentes cuando retiró el título de Duquesa de Palma a su hermana Cristina. Don Felipe impuso la lógica por el riesgo de pérdida de legitimidad que amenazaba a la Monarquía, y más aún en momentos de un populismo en alza. Ahora, la protección de la imagen de la Corona y la necesidad de expresar públicamente, sin evasivas ni matices, que el Rey siempre estará al servicio de los españoles imponían la contundencia demostrada por Don Felipe, que por supuesto ha renunciado a ser el beneficiario de las cantidades gestionadas por las dos fundaciones vinculadas a Don Juan Carlos. Cantidades de origen posiblemente turbio de las que además Don Felipe no sabía nada. El caso está en manos de la Justicia, y más allá del recorrido procesal que pueda tener en los próximos meses, Don Felipe ha hecho un encomiable alarde de integridad, honestidad y transparencia porque con el sacrificio de la figura de su propio padre refuerza su lealtad a la Corona por encima de cualquier otro interés o persona.

Don Felipe accedió al reinado con un compromiso ineludible de regeneración, sin ataduras emocionales y con la exclusiva prioridad de anteponer su deber a cualquier otra consideración o privilegio. Y así está reinando, con una recuperación muy notable, por cierto, del índice de confianza en la Corona. En una sociedad cada vez más necesitada de liderazgos, como lamentablemente lo demuestra la clase política gobernante en estas circunstancias de severo peligro para la salud pública, el Rey lo ejerce con entereza, dignidad y aplomo. Lo demostró en octubre de 2018, cuando el separatismo catalán puso en riesgo la unidad de España y promovió la fractura de la soberanía nacional, y lo demuestra ahora, con la ciudadanía necesitada de decisiones eficaces. Nadie podrá dudar de los innumerables servicios prestados por Don Juan Carlos a los españoles, pero en la medida en que también sus actos son necesariamente sometidos al escrutinio público y se perciben como graves, Don Felipe ha ofrecido una lección moral a toda la clase política. Nunca en democracia ningún partido político actuó con la rapidez, severidad y ejemplaridad pública con que lo ha hecho ahora Don Felipe en el seno de su propia familia ante la investigación de irregularidades difícilmente explicables. Por eso el Rey aporta un valor incalculable a su reinado y deja claros cuáles son los compartimentos estancos existentes en la Monarquía desde cualquier perspectiva ética.

La inmunidad jurídica de la que goza el Rey en España no puede convertirse en una pantalla que justifique conductas aparentemente abusivas, arbitrarias o directamente contrarias a la legalidad. Don Juan Carlos tiene, por supuesto, la legitimidad de defenderse si así se lo reclamasen los jueces, y mantiene intacto el derecho a la presunción de inocencia. Pero Don Juan Carlos es el primero en asumir conscientemente que su hijo no podía actuar de otro modo. La Monarquía parlamentaria que rige en España, las previsiones constitucionales sobre la Corona, y el propio sentido común no podían aconsejar otra cosa al Rey. España le debe mucho a la Monarquía en estos casi 45 años de democracia. Y se lo seguirá debiendo en años venideros porque Don Felipe no hace sino reforzar y endurecer a la institución.

La Casa del Rey difundió el domingo un comunicado en el que Felipe VI hacía pública la renuncia a la herencia de su padre, don Juan Carlos, y retiraba a este la asignación económica prevista en el presupuesto de la Jefatura del Estado. Estas decisiones responden a las informaciones publicadas sobre la existencia de dos fundaciones en el extranjero en las que el Rey emérito aparece como beneficiario y no declaradas en España, una de las cuales habría recibido pagos de Arabia Saudí y en la que, sin su conocimiento, aparecería el rey Felipe VI, también como beneficiario. La gravedad de unos hechos presuntos sobre los que ya trabaja la justicia no puede ser minimizada con la excusa de proteger el sistema constitucional de 1978. Antes por el contrario, proteger el sistema constitucional, incluida la Monarquía como forma de gobierno que hoy encarna Felipe VI, exige que, según él mismo reclama, el Estado de derecho se aplique con escrupuloso rigor.

Desde el punto de vista político significa, además, que bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan. Ni siquiera en el caso de la monarquía parlamentaria, puesto que, al igual que sucede con otras formas democráticas de gobierno, es el mismo orden constitucional el que prevé las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares y los procedimientos judiciales y parlamentarios para depurarlas. Ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes. Lo serán si, llegado el caso, no tienen respuesta, y la Constitución de 1978 sí la tiene.

Atenerse en las reacciones públicas ante el caso a las diferencias entre las instituciones y las personas será determinante para que el país y el sistema constitucional salgan de esta nueva prueba fortalecidos en lugar de debilitados. Los hechos recién conocidos, y de los que el rey Felipe VI se ha distanciado con acciones inequívocas, han producido conmoción e indignación entre los ciudadanos. Conviene no perder de vista, sin embargo, que, sea cual sea el itinerario judicial que aguarde al caso, se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qué afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constitución de 1978 otorga a la Monarquía. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como también, y pese a todo, a don Juan Carlos.

Este último tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podría quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una época. El respeto y el prestigio que supo ganarse entre los ciudadanos y los Gobiernos de todo signo deberían haber sido suficiente recompensa para quien, como él, desempeñó un papel político insustituible para dejar atrás la dictadura. Exigir que comparezca ante la ley si así lo estiman los jueces y lo permite la interpretación legítima de las normas no es incompatible con seguir reconociéndoselo. Pero no lamentablemente por afecto hacia su persona, sino por inequívoco compromiso con una Constitución que tanto le debe, y con sus instituciones.

La difícil pero inevitable decisión tomada por don Felipe VI a última hora de la tarde de ayer -en una de las situaciones más dramáticas por las que está pasando la democracia española a causa de la crisis sanitaria que ha obligado al Gobierno a decretar el estado de alarma- es una nueva muestra de la altura de estadista de un Monarca que, en sus pocos años de reinado, ha demostrado su firme compromiso con la ejemplaridad que debe caracterizar a la primera institución del Estado. Y que la promesa hecha en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014 de «preservar» el «prestigio» de la Monarquía y «observar una conducta íntegra, honesta y transparente» en el desarrollo de sus funciones constitucionales no es retórica vacía sino un empeño por el que está dispuesto a realizar sacrificios de íntimas consecuencias familiares.

Ya lo demostró cuando como reacción al caso Nóos, en el que la Infanta Cristina compareció como imputada por los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin, tuvo que limitar la Familia Real a su figura, la de la Reina Letizia, sus hijas, Leonor y Sofía, y sus padres, el Rey Juan Carlos I y doña Sofía. Aquella decisión supuso un enorme esfuerzo personal adoptado para proteger a la Corona del desgaste que supondría vincularla con graves acusaciones de corrupción.

Ahora, ante las informaciones aparecidas en diferentes medios nacionales e internacionales y la investigación abierta por la Fiscalía suiza sobre presuntas actividades irregulares de su padre, que lo vinculan con el cobro de 100 millones de euros de Arabia Saudí cuando aún era Jefe del Estado, Felipe VI ha tenido que responder con la misma firmeza -y seguro que con el mismo desgarro personal- rompiendo los vínculos con el Rey Emérito y negando cualquier relación con los hechos. La publicación de nuevos datos en el británico The Telegraph, según los cuales Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de esos pagos a través de una fundación offshore, ha precipitado una decisión que se vendría madurando desde que el 12 de abril de 2019 Felipe VI acudió a un notario para manifestar que desconocía el dinero que su padre podía tener en paraísos fiscales y que en caso de constar su nombre o el de su hija como beneficiarios, habría sido don Juan Carlos el que actuó «sin su consentimiento ni conocimiento» y manifestó «no aceptar participación o beneficio alguno en dichos activos y renunciar a cualquier derecho, expectativa o interés que pudiera corresponderles en el futuro».

Ayer, en un comunicado de la Casa Real, Felipe VI hizo pública dicha decisión al declarar que «el Rey Don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona». Además, y para explicitar su ruptura con la figura del Rey Emérito, se comunicaba que «S.M. el Rey Don Juan Carlos deja de percibir la asignación que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey» y que en los últimos ejercicios rondaba los 195.00 eruos. Se trata, sin duda, de una decisión valiente de la que no existen antecedentes históricos.

Con ella, Felipe VI cumple con su compromiso de regeneración de las instituciones del Estado, de la que deberían tomar nota una parte importante de la clase política. Su honestidad, ejemplaridad y dignidad son el complemento de la inequívoca responsabilidad asumida en la defensa de la unidad de la nación y los principios constitucionales, como demostró con su valiente discurso del 3 de octubre de 2017, tras el golpe independentista en Cataluña. En estos complicados momentos por los que está pasando el país, la ciudadanía puede tener la certeza de contar con un Rey ejemplar, honesto y responsable.

Nada de lo que está pasando con Juan Carlos de Borbón se entiende sin el papel de la prensa, por su falta de fiscalización. Durante décadas, el rey de España ha estado fuera de control. Era inviolable en la Constitución. No podían juzgarlo los tribunales ni tampoco rendir cuentas ante el Congreso. A partir del 23F, del miedo a una involución militar, los principales medios de comunicación españoles llegaron a un pacto no escrito: proteger al rey para proteger la democracia, o al menos así lo quisieron presentar.

Además de inviolable, el rey se convirtió en impublicable. No le tosía ni el ejecutivo ni el legislativo ni el judicial ni tampoco el cuarto poder, la prensa. La inviolabilidad del rey se transformó en una absoluta impunidad.

Todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que ha pasado en estos años con Juan Carlos de Borbón.

En negrita, recojo algunos de los argumentos en defensa de la monarquía de los últimos editoriales sobre el rey de El País, El Mundo y ABC. Entre líneas, mis respuestas.

EL PAÍS: «Bajo ninguna circunstancia se pueden confundir las instituciones con las personas que las encarnan».

Es justo al revés. Si hay una institución inseparable de las personas y de su comportamiento individual esa es la monarquía. Porque la única persona que aparece citada con su nombre y apellido en la Constitución (artículo 57) es Juan Carlos de Borbón. El «legítimo heredero de la dinastía histórica», lo llama el texto constitucional. Su apellido, su persona y su familia son, por tanto, una institución. Una, indisoluble de las personas que la forman, y que cuentan con más derechos que los demás.

EL PAÍS: «Ni siquiera en el caso de la monarquía parlamentaria, puesto que, al igual que sucede con otras formas democráticas de gobierno, es el mismo orden constitucional el que prevé las responsabilidades en las que pueden incurrir sus titulares y los procedimientos judiciales y parlamentarios para depurarlas»

La única responsabilidad que el orden constitucional establece para la figura del rey es que es irresponsable ante la ley. Artículo 56: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Es cierto que, desde que Juan Carlos de Borbón abdicó, perdió su inviolabilidad penal. Pero aún así no se le va a poder juzgar por nada previo al año 2014. Precisamente porque el orden constitucional no tiene previsto nada más que la inviolabilidad –y por tanto la impunidad– si el rey hubiera cometido un delito, como hay indicios que pudo cometer.

En cuanto a los procedimientos parlamentarios, pues tampoco parecen ser una vía a tomar. El Tribunal Constitucional sentenció, a cuenta de un intento de comisión de investigación en el Parlament catalán, que la inviolabilidad del rey también impide a los parlamentos actuar.

ABC: «Don Felipe accedió al reinado con un compromiso ineludible de regeneración, sin ataduras emocionales y con la exclusiva prioridad de anteponer su deber a cualquier otra consideración o privilegio. Y así está reinando, con una recuperación muy notable, por cierto, del índice de confianza en la Corona».

No sabemos cómo de alta es esa recuperación. O si existe siquiera. Entre otros motivos, porque el CIS no pregunta por la monarquía desde el año 2015. Probablemente, porque los resultados no saldrían demasiado bien.

El PAÍS: «Ningún sistema político está en condiciones de garantizar que los más altos dignatarios tengan un comportamiento ejemplar, y no por ello son sistemas deficientes. Lo serán si, llegado el caso, no tienen respuesta, y la Constitución de 1978 sí la tiene».

La gran diferencia es que, cuando un cargo electo no tiene un comportamiento ejemplar, se le puede cambiar. No es así con el rey.

ABC: «Don Felipe ha hecho un encomiable alarde de integridad, honestidad y transparencia porque con el sacrificio de la figura de su propio padre refuerza su lealtad a la Corona por encima de cualquier otro interés o persona.

Lástima que llegue al menos un año tarde. Según la propia versión de la Casa Real, fue en marzo de 2019 –y no este fin de semana– cuando Felipe descubrió que le habían designado como heredero de los bienes ocultos en un paraíso fiscal, a través de una opaca fundación.

EL MUNDO: «En estos complicados momentos por los que está pasando el país, la ciudadanía puede tener la certeza de contar con un Rey ejemplar, honesto y responsable».

Ese es justo el problema que sufrimos hoy. Que en un momento tan terrible como el que estamos pasando, la ciudadanía se encuentra con que el rey emérito –que también nos vendieron como ejemplar, honesto y responsable– es un presunto gran corrupto y defraudador.

El PAÍS: «Se trata de hechos que en ninguna circunstancia han afectado, afectan ni tienen por qué afectar al escrupuloso cumplimiento de las funciones que la Constitución de 1978 otorga a la Monarquía. Y ello tanto por lo que respecta a Felipe VI, como también, y pese a todo, a don Juan Carlos».

El artículo 56 de la Constitución establece que el rey es «el jefe del Estado, símbolo de su unidad». Simbolizar el Estado y ejercer «su más alta representación» obliga a una mínima responsabilidad. Que la institución monárquica tenga hoy su reputación deteriorada, como consecuencia de los actos de Juan Carlos de Borbón, claro que afecta a su capacidad para servir a toda la nación.

Que el rey emérito presuntamente se enriqueciera con el cargo, hiciera negocios privados aprovechando la jefatura del Estado y ocultara una fortuna millonaria en paraísos fiscales es algo que deteriora en grado sumo su capacidad de simbolizar nada que no sea la corrupción.

ABC: «Don Felipe ha ofrecido una lección moral a toda la clase política. Nunca en democracia ningún partido político actuó con la rapidez, severidad y ejemplaridad pública con que lo ha hecho ahora Don Felipe en el seno de su propia familia ante la investigación de irregularidades difícilmente explicables».

La rapidez de un año después. Porque la primera reacción de Felipe de Borbón cuando se enteró fue ocultar lo que sabía a la opinión pública. Solo cuando el escándalo ha llegado a los medios, un año más tarde, ha tomado medidas más drásticas y ha anunciado las que antes tomó y no contó. Exactamente igual que han hecho muchos otros partidos pillados en situaciones equivalentes. No desde luego mucho mejor.

EL PAÍS: «La Constitución y las leyes garantizan la libertad de expresión, pese al estado de alarma, y, en este sentido, quienes participaron en la protesta y en la reclamación ejercieron un derecho inalienable. Pero que ejercieran un derecho no quiere decir que cumplieran mejor que el resto el compromiso cívico que en este momento se espera de cada cual, y más cuando se ejercen responsabilidades políticas. No reconocer las evidentes prioridades e ignorar el sentido de la oportunidad, mezclando unos problemas con otros, solo puede ser prueba de oportunismo. Y no es oportunismo lo que exige este tiempo, ni lo que conviene al país, ni, tampoco, lo que merece la actuación irreprochable del Rey.»

Es un derecho inalienable que, en protestas similares, ha quedado limitado por el delito de injurias a la Corona, que en España protege a la monarquía de forma excepcional. Es un delito cuya interpretación rigurosa ya ha costado a España varias sentencias en contra en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, amparando la libertad de expresión.

Y si ambos problemas se han mezclado es porque fue el rey Felipe, y no los «oportunistas» que protestan, quien decidió comunicar este domingo algo que ya sabía hace un año y tomar en este preciso momento las decisiones que tomó.

ABC: «España le debe mucho a la Monarquía en estos casi 45 años de democracia».

¿Y a cuánto asciende esa deuda con Juan Carlos de Borbón? ¿Con cien millones de dólares en Suiza es suficiente, o hace falta un pago aún mayor?

EL PAÍS: «(El rey Juan Carlos) tuvo en su mano ocupar un lugar en la historia que, dependiendo de lo que establezcan a partir de ahora los tribunales, podría quedar ensombrecido por no haber sabido resistirse al espejismo de una época».

El «espejismo de una época» no sirve para disculpar las comisiones presuntamente cobradas por el rey en todo tipo de negocios. Ni su patrimonio millonario, oculto en paraísos fiscales a través de testaferros y fundaciones opacas que investiga la fiscalía suiza. Ni el presunto fraude fiscal. Ni que recibiera ‘donaciones’ millonarias de Arabia Saudí, no se sabe muy bien a cambio de qué. Ni que le sobraran millones para regalar a sus amantes, por lo bien que le cuidaron.

No ha habido ninguna época en las cuatro décadas de reinado de Juan Carlos de Borbón en la que utilizar el puesto para lucrarse indebidamente haya estado bien visto por ningún código ético o moral de los comúnmente aceptados por la mayoría social española. El único espejismo fue el de tantos medios de comunicación que, durante décadas miraron hacia otro lado, ignoraron las evidencias y blanquearon la figura del rey por un mal entendido sentido de la responsabilidad. Ahora –oh, sorpresa– hasta su propio hijo descubre de repente que su comportamiento no ha sido el más honesto ni ejemplar.

El Rey Juan Carlos forjó parte de su leyenda con su papel en el 23F, a pesar de que sus despectivos comentarios sobre Adolfo Suárez a los militares pudieron haber avivado esa intentona golpista protagonizada por su exsecretario general, Alfonso Armada. Pero en esa crisis, una parte importante de la ciudadanía asumió que la monarquía podía tener sentido por lo que algunos ‘juancarlistas’ calificaron «la reserva de fuerza» del rey, su capacidad de actuar en momentos críticos para España y encarrilar la situación.

En la crisis del coronavirus, el papel de la monarquía ha sido justo el contrario. La prioridad de la institución –y de las personas que la forman, que lo mismo son– ha sido lavar los trapos sucios. Protegerse de ese nuevo caso aislado en la familia real. Anteponer los intereses reales a los de todo el país. Por eso primero llegó el comunicado sobre el rey emérito y, tres días más tarde, el mensaje sobre el coronavirus por televisión.

Nadie hereda los pecados de su padre. Tampoco el rey Felipe. La responsabilidad no es hereditaria –aunque la jefatura del Estado tampoco lo debería ser–. Pero si la prensa no cumple con su papel, fiscalizar al poder, dentro de cuarenta años podríamos estar ante el mismo problema que tenemos hoy. Y nos volveríamos a preguntar el porqué.