El sargento Juan Carlos Miravete asesina de un disparo al cabo Samuel Ferrer

SERÍA EXCESIVO afirmar que el ministro, de Defensa, Eduardo Serra, despejó ayer todas las dudas sobre el desdichado caso del cabo Samuel Ferrer, muerto en la Escuela de Montaña de Candanchú (Huesca) por disparo del sargento Juan Carlos Miravete. El informe de Serra al Congreso, largo y minucioso, ofrece una panorámica completa, minuto a minuto, de los hechos que acábaron con la muerte del cabo, pero no aclara finalmente las causas de la tragedia. El informe oficial concluye que el sargento Miravete disparó «accidentalmente» sobre el cabo Ferrer, una presunción que los partidos de la oposición consideran precipitada y que evidentemente hay que poner en cuarentena a la vista de los antecedentes del sargento.Debe reconocerse, sin duda, el interés del ministro de Defensa por informar rápidamente a la opinión pública y a los representantes políticos de los hechos ocurridos en Candanchú. Es igualmente loable su decisión de destituir al coronel director de la Escuela de Montaña por permitir que el sargento ostentase el mando de la escuela -en ausencia de superiores- en el momento en que se produjeron los hechos. Nada negativo hay que decir tampoco de las medidas de corrección anunciadas contra los mandos que no hicieron constar la afición a la bebida en la ficha personal del sargento autor del disparo, ni de la anunciada determinación de controlar o suprimir el alcohol en los cuarteles.

Pero no hay explicación admisible al hecho de que en el expediente militar del sargento Miravete no figurara su condena de 1985 a un año de prisión menor por disparar -también accidentalmente- y matar al sargento José Luis González Bueno en el Regimiento de Cazadores de Alta Montaña en Sabiñánigo (Huescal). Las coincidencias y reincidencias son difíciles de explicar y, sobre todo, más dificiles de admitir.

Es cierto que en términos administrativos los hechos negativos pueden ser borrados de un expediente tres años después de cumplida la condena que se impuso por ellos. Pero que en términos legales sea posible el borrón y cuenta nueva no evita las responsabilidades de los mandos que mantuvieron al sargento Miravete en el servicio a sabiendas de su inclinación por el alcohol y, en el mejor de los casos, de su afición a jugar con armas cargadas. Caben pocas dudas de que una gestión razonable hubiera apartado del servicio de armas al sargento Miravete después de su condena.

En un primer momento, la muerte del cabo Ferrer se quiso explicar a los familiares y a la policía como un desgraciado accidente provocado por una riña en la que el cabo habría intentado mediar. El informe oficial. reconoce incluso que uno de los testigos de los hechos, un sargento primero, arrojó al retrete el casquillo de la bala que mató a Samuel Ferrer, y esta ocultación de pruebas ha sido castigada con la prisión militar.

Este intento de manipulación de los hechos, más propio de cofradías cerradas que lavan sus trapos sucios en casa, cuadra mal con el funcionamiento de un ejército disciplinado, democrático y responsable ante el poder civil. Y, desafortunadamente, tampoco ha sido explicado.

El Gobierno, en suma, debe investigar a fondo las causas de la facilidad con que el sargento Miravete mantuvo, su puesto en el Ejército después de acontecimientos tan graves como los que protagonizó hace más de doce años. Limitar su actuación a las sanciones, correcciones y destituciones conocidas. equivale a mirar de lado para no ver la irresponsabilidad y complacencia con una conducta que sería totalmente inadmisible en la sociedad civil.